SOCIEDAD TRANSPORTES TRANSVEL SPA con MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO

San Miguel, veintiséis de junio de dos mil veinte.

Vistos:

El 14 de mayo del año en curso comparece don Exequiel Armijo Díaz, abogado, -mandatario judicial- en representación de la sociedad TRANSPORTES TRANSVEL SpA., RUT RUT reservado, giro de su denominación, representada legalmente por don nombre reservado, chileno, casado y separado de bienes, empresario, C.I.RUT reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la lustre Municipalidad de San José de Maipo, RUT NºRUT reservado, representada por su Alcalde, don Luis Hernán Pezoa Álvarez, chileno, profesor, C.I.RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, la que a través del Decreto Alcaldicio Nº148, de fecha 11 de marzo de 2020, puso término al contrato que las vinculaba y resolvió cobrar la garantía de fiel cumplimiento presentada por su parte con fecha de vencimiento 15 de mayo de 2020, en el marco de la licitación pública ID 3625-17-LR18, enviando la carta respectiva el 27 de abril de 2020, vulnerándose determinados principios que el propio ordenamiento ha declarado indefectibles, porque juegan un rol equivalente a las axiomas en las ciencias exactas, como es el principio de juricidad y legalidad, conculcando con ello los siguientes derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política: la presunción de inocencia (art.19 Nº3, inciso séptimo), debido proceso (art.19 Nº3 inciso séptimo), el derecho a la propiedad (Art.19 Nº24), y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos (art.19 Nº3).

Fundando el recurso expresa que por instrumento de fecha 19 de diciembre de 2018, se suscribió entre la sociedad Transportes Transvel SpA. y la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo, un contrato denominado “CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA A SUMA ALZADA PROPUESTA PUBLICA ID 3625-17-LR18, MEJORAMIENTO EJE PATRIMONIAL CALLE COMERCIO ET.2 SJM”. El precio del contrato se estipuló en la suma de $918.805.409, (novecientos dieciocho millones ochocientos cinco mil cuatrocientos nueve pesos), (IVA incluido), según se explica en la cláusula tercera. Se pactó un plazo de ejecución de 5 meses a contar de la fecha de entrega del terreno en que ejecutaría la obra, estableciéndose en la cláusula octava, el otorgamiento de una garantía de fiel cumplimiento a la orden de la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo, equivalente al 5% del valor del contrato.

Aduce que durante la ejecución de la obra el mandante – la recurrida- ha incurrido en una serie de incumplimientos, a través del actuar de ITO externo de la obra y demás funcionarios que ésta tiene a su cargo. que han causado grave perjuicio a su parte, que la han llevado a un punto de que sea imposible cumplir con la ejecución de la obra dentro de los plazos comprometidos, lo que la pone en la desventajosa situación de tener que enfrentar un eventual término anticipado de la misma, que podría decretar de manera unilateral el futuro demandado, en circunstancias que ha sido éste quien no ha cumplido, perjuicios por cuyo resarcimiento demandará. En efecto, señala que los incumplimientos han consistido en: a) atraso en el pago del anticipo el que se produjo después de 131 días después de la firma del contrato; b) retraso en el pago de la factura Nº502, de fecha 18 de abril de 2019, pago retrasado por 7 meses. El Municipio solicitó que se realizara una nota de crédito y que se emitiera una nueva factura (Nº687), la que se canceló con más de 90 días de mora. c) Atrasos en los cambios, inconsistencias y falencias del proyecto que han sido detectadas por nuestra empresa en los documentos, planos y especificaciones de este, y que fueron entregados en la medida que avanzaban las obras. Desde el inicio se presentaron dificultades para la ejecución de los trabajos, y que en la licitación no fueron señaladas por el mandante; trabajos por tramos; solo se autorizó ir trabajando tramo por tramo, ir dejando cerrados los trabajos antes de iniciar una nueva cuadra, ello llevo a ralentizar las obras a un cuarto de lo programado, (4 cuadras en forma simultánea), con el siguiente perjuicio en el avance. d) Continuo perjuicio estructural en la obra, como roturas de baldosas por camiones, destrucción de señalética, destrucción de las obras provisoras, rotura de postes de iluminación ornamentales, etc. Agrega que si bien se considera que la empresa constructora es responsable hasta la entrega de los trabajos, la deficiente información que la municipalidad entregó a los vecinos, motivó que éstos agredieran a trabajadores de la empresa, lo que fue informado oportunamente en el libro de obras e incluso se pidió la intervención de Carabineros de Chile.

Agrega que no obstante haber realizado numerosos esfuerzos para minimizar o eliminar el impacto de los cambios que se fueron introduciendo al contrato, tales como la reorganización del uso de los recursos materiales y humanos, alterando o ajustando una y otra vez la planificación, materializando los cambios sin esperar su total tramitación, para no perjudicar los plazos deseados por el Mandante, igualmente existe un impacto que no ha sido posible mitigar por cuanto el accionar del Municipio alteró indefectiblemente y de manera drástica el programa de trabajo y su secuencia constructiva lineal, masiva y continua, apareció otro problema en el contrato, relativo al valor proforma en los ítems de las obras de soterramiento de instalaciones eléctricas de CGE , y las Conexiones a Red de Agua Potable por instalaciones de riego, (paisajismo). El presupuesto para estas obras contemplaba un monto estimativo de $150.000.000, siendo que el presupuestado por CGE superaba los $400.000.000. El mandante, desconoció este presupuesto, indicando que mi representada debía asumir dicho costo, obviando la definición misma del valor proforma, siendo los valores a pagar que las mismas compañías o empresas ejecutoras indican en sus trabajos.

Expresa que la municipalidad recurrida, obrando contra sus actos propios, desconociendo la competencia de los Tribunales de Justicia para dirimir la controversia suscitada, dictó el Decreto Exento Nº148-2020, de 11 de marzo de 2020, mediante el cual se dispuso la terminación unilateral del contrato de concesión de que se trata, y pretende hacer efectiva la fianza de garantía tomada por mi representada, sin mediar juicio alguno, vulnerando con ello los derechos constitucionales señalados.

Pide, en definitiva, se acoja el recurso y se decrete dejar sin efecto la orden dada por el ente edilicio de hacer efectiva la garantía mencionada.

Informando la recurrida insta por el rechazo del recurso. En primer lugar expone los antecedentes relativos al contrato que vinculaba las partes, señalando que el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago celebró un convenio de transferencia con la Municipalidad para la ejecución del proyecto denominado “Mejoramiento Eje Patrimonial domicilio reservado”, por un monto total de $921.073.000.-, que fue aprobado con fecha 8 de marzo de 2018 por la Resolución Exenta N°25, la cual señala - en lo atingente - que este proyecto sería desarrollado por la entidad receptora - Municipalidad -, correspondiéndole al Gobierno Regional el financiamiento y la fiscalización de los recursos asignados durante su ejecución (cláusulas primera y novena). Indica que la Municipalidad se obligó, en su calidad de asignataria de los recursos que el Gobierno Regional se comprometió a transferir, a destinar el referido aporte para ejecutar totalmente las obras comprendidas en el proyecto, en los términos y condiciones en que éste fue aprobado para su financiamiento y de acuerdo a lo establecido en el mismo instrumento, lo que implicaba licitar públicamente las obras, en conformidad a la Ley N°19.886 y su Reglamento (cláusulas segunda y quinta de la misma Resolución N°25). En concordancia con el Convenio celebrado y para los efectos da dar inicio al procedimiento licitatorio, mediante el Decreto Alcaldicio Nº533, de fecha 12 de octubre de 2018, la Municipalidad aprobó las Bases Administrativas; Bases Administrativas Especiales; Formatos del N° 1 al N° 6; Especificaciones Técnicas y Planimetría; del proyecto denominado “Mejoramiento Eje Patrimonial Calle Comercio ET.2 San José de Maipo”, código BIP RUT reservado; correspondientes a la licitación denominada “MEJORAMIENTO EJE PATRIMONIAL CALLE COMERCIO ET.2,SJM”, con número identificatorio en el sistema de compras públicas ID 3625-17-LR18; y se dispuso la publicación en el portal informático www.mercadopublico.cl.-. Efectuado el proceso licitatorio, mediante el Decreto Alcaldicio Nº535, de fecha 11 de diciembre de 2918, se adjudicó el Proyecto denominado “Mejoramiento Eje Patrimonial Calle Comercio Et.2,SJM”, Propuesta Pública ID 3625-17-LR18, por el proyecto que debe ejecutarse según lo indicado en las respectivas bases de licitación, administrativas y técnicas, a la demandada SOCIEDAD TRANSPORTES TRANSVEL SPA., que corresponde -como su nombre lo indica y se explicita en las respectivas bases licitatorias -al proyecto para la ejecución de obras de infraestructura urbana y equipamiento comunal, interviniendo la calle Comercio de la localidad de San José de Maipo, entre las calles Uno Sur y Cañada Sur, con la finalidad de darle realce a la patrimonialidad del sector referido, mediante la instalación de mobiliario urbano, reparación de veredas, instalación de luminarias, soterramiento de redes, etc. En dicho marco legal y luego de adjudicarse la licitación referida, con fecha 19 de diciembre de 2018, la Municipalidad y la SOCIEDAD TRANSPORTES TRANSVEL SPA, como Contratista, celebraron un contrato de ejecución de obras a suma alzada, para la realización del proyecto denominado “Mejoramiento Eje Patrimonial Calle Comercio Et.2,SJM”, conforme a las especificaciones técnicas comprendidas en las Bases Administrativas de Licitación, Decreto Alcaldicio Nº533, de fecha 12 de octubre de 2018. En virtud de la suscripción del contrato referido, el Contratista se obligó para con la Municipalidad de San José de Maipo, a la dirección, administración y ejecución de la totalidad de las obras del proyecto anteriormente singularizado, bajo el sistema de suma alzada, sin reajustes, de acuerdo con todos sus antecedentes, sus condiciones específicas y los precios establecidos en el presupuesto de la oferta, con la finalidad de construir las obras correspondientes al proyecto individualizado y cumpliendo con los estándares requeridos en concordancia con las bases administrativas, anexos y bases de prevención de riesgo. Además, como consecuencia de la oferta realizada por la demandada al concursar en el procedimiento licitatorio, el precio estipulado por la ejecución de las obras civiles comprendidas en el proyecto, fue la suma única y total de $918.805.409.- (novecientos dieciocho millones ochocientos cinco mil cuatrocientos nueve pesos), impuesto incluido, cantidad que la Municipalidad se obligó a pagar a la demandada, como ejecutante, a través de “Estados de Avance de las Obras” del proyecto. Los Estados de pago y facturas se formularían de acuerdo al porcentaje de avance de las obras efectivamente ejecutadas, según el precio indicado en esta misma cláusula. El Contratista deberá acompañar a cada estado de pago un detalle desglosado del avance de las obras del proyecto. El Proyecto denominado “Mejoramiento Eje Patrimonial Calle Comercio Et.2,SJM” consiste en la intervención de la calle Comercio de San José de Maipo, entre las calles Uno Sur y Cañada Sur. Principalmente, trata de reposición de calzadas y veredas, instalación de luminarias ornamentales, soterramiento de redes eléctricas (cableado eléctrico y otros) y de empresas de servicios telefónicos y otros, reparación de sumideros de aguas lluvias y sifones; y otras obras descritas en las bases licitatorias; al término de la ejecución de las obras referidas, darían un aspecto realzado a la patrimonialidad del sector. Añade que este proyecto tenía considerado en su ejecución, un valor proforma: el soterramiento de redes de media tensión, baja tensión y alumbrado público, así como la construcción de las obras civiles para corrientes débiles, ubicadas en calle Comercio entre Cañada Sur y uno Sur, de la comuna de San José de Maipo. El valor pro forma es una estimación globalizada del precio de una obra, actividad, partida o conjunto de elementos, ítems o partidas de un presupuesto cuya determinación exacta y precisa en cuanto a su valor de provisión e instalación, no es posible de establecerse en la etapa de diseño del proyecto. Sin embargo, en el caso del proyecto y el convenio de Transferencia de Recursos al que se encuentra asociado el financiamiento del proyecto, el monto del valor pro forma fue establecido por la propia contratista en su oferta licitatoria, de modo tal que se sujetó a dicho guarismo, toda vez que el contrato se celebraría por un precio a suma alzada, esto es, sin que variara o se alterara el monto considerado en su oferta por la empresa constructora. Tales obras - las consignadas para el valor pro forma - debían ejecutarse por la Compañía General de Electricidad S.A., entidad concesionaria de los servicios de distribución de energía eléctrica en la comuna de San José de Maipo. Por consiguiente, con dicha empresa la contratista debía convenirla ejecución de las obra asociadas al valor pro forma. En este punto, cabe señalar que, en su oferta, el valor contemplado en el presupuesto por parte de la contratista oferente, fue de $150.000.000.-. lo que importa que con CGE debía convenir que las obras costaran ese monto y ninguno mayor, dado la naturaleza de “suma alzada” del contrato celebrado con la Municipalidad. Sostiene que, además, para el cumplimiento de la Ley Nº20.703,se licitó y adjudicó la Inspección Técnica de Obras Externa, a Diseño, Ingeniería Y Construcción nombre reservado nombre reservado E.I.R.L., rol único tributario N° 76.525.315-2, representada legalmente por su administrador don nombre reservado. En cumplimiento del Contrato y de las Bases de Licitación del proyecto, el terreno le fue entregado a la Contratista Sociedad Transportes Transvel SpA, comenzando así el plazo de cinco meses corridos contemplado para la realización de las obras y computado desde el día siguiente a la fecha del Acta de Entrega de Terreno, lo que sucedió con fecha 23 de mayo de 2019. En el inicio de la ejecución del Proyecto “Mejoramiento Eje Patrimonial Calle Comercio Et.2,SJM” no se manifestaron problemas o dificultades por parte del Contratista. Sin embargo, en la medida que se acercaba la fecha de finalización de las obras, conforme al plazo convenido, se manifestaba visiblemente que no existía correspondencia con la programación propuesta por la empresa de acuerdo a la carta Gantt entregada en la oferta para la licitación pública, circunstancia que llevó al aumento del plazo original para la ejecución de las obras en dos ocasiones, expirando el último plazo autorizado, el 24 de febrero de 2020. Las múltiples dificultades fueron registrándose por la Inspección Técnica de Obras Externa y la Supervisión Técnica Municipal, de lo que se fue dando cuenta mediante diversas comunicaciones y, en todo caso, en el Libro de Obras, registro oficial de los avances, retrocesos e incidentes acaecidos con ocasión de la ejecución de las obras. A partir del mes de noviembre de 2019, las obras comenzaron a ralentizarse, presentándose retrasos en las instalaciones de agua potable, aguas lluvia, y, principalmente, aunque no exclusivamente, las de soterramiento de redes, las cuales tuvieron un gran impacto en el Contrato dado que corresponden a obras subterráneas, debiendo ejecutarse en forma previa a las obras superficiales, importando ello la existencia de excavaciones en calzadas y veredas, algunas con una profundidad significativa, todo lo cual condicionó en gran medida la ejecución de las obras, aumentando las interferencias con otras actividades y comprometiendo fuertemente la eficiencia de muchas de ellas. En otras palabras, estos hechos provocaron un impacto directo en la ejecución de las obras, lo que a su vez generaba un efecto concreto en los plazos contractuales, toda vez que afectaban actividades de lo que se denomina la ruta crítica de la obra, lo que significaba que si no había acciones de refuerzo en la actividad de la obra que contrarrestaren el referido retraso, el término de la obra se vería afectado en una magnitud idéntica a la del impacto. Sin embargo, la calle debía necesariamente encontrarse terminada antes del período de lluvias, puesto que las precipitaciones afectarían directamente la calidad y funcionalidad de las obras ejecutadas, de no terminarse completamente el proyecto. Con todo, a pesar que la Municipalidad había accedido a la ampliación del plazo para la ejecución de obras y que permitieran su término, lo cierto es que la empresa paralizó las obras en el mes de febrero de 2020; y en la última semana de mes indicado, abandonó las obras, dejó el recinto de la instalación de faenas con máquinas y materiales de la obra en su interior; todo sin ninguna comunicación oficial. En la calle Comercio, resultó evidente el abandono de obras, pues quedaron excavaciones, algunas profundas, en la calzada y las veredas, que ponían en riesgo la circulación de peatones y vehículos, sin perjuicio de otras externalidades negativas, como el polvo en suspensión, el corte de accesos a residencias y establecimientos comerciales, etc. La reacción de la Municipalidad fue requerir de la Inspección Técnica de Obras Externa y de la Supervisión Técnica Municipal, que se informara sobre las obras, las que, en el caso de la Inspección Externa, en forma verbal primero (y que luego plasmó en un informe escrito de fecha 16 de marzo de 2020); y la Municipal por escrito con fecha 6 de marzo de 2020, coincidieron en el señalamiento que la contratista no había realizado avances en la ejecución de las obras desde el mes de enero de 2020, que importaran la finalización o término de las mismas. Además, como se indicó anteriormente, se paralizaron las obras y la empresa abandonó el proyecto. Lo señalado justifica que la Municipalidad, resolviera ponerle término administrativamente al contrato de ejecución de obras que fuera celebrado con la demandada, lo que se plasmó en el Decreto Alcaldicio Nº 148, de 11 de marzo de 2020, notificado a la demandada. Dicha decisión fue tomada en consideración a los informes señalados en el numeral anterior y a la constatación visible de la inactividad de la empresa en la ejecución de las obras; y además, por lo prescrito en el Capítulo 12 de las Bases Administrativas Generales (“Causales de Término anticipado del contrato) y la cláusula 14ª del contrato respectivo (“Resolución del Contrato”), conforme a las que la Municipalidad puede ponerle término al contrato, ipso-facto, administrativamente, sin forma de juicio y sin derecho a indemnización alguna en favor de “El Contratista”, cuando existiere incumplimiento grave a las obligaciones contraídas en el presente instrumento, considerándose como tales las situaciones detalladas en el instrumento. Y terminado que fuere el contrato anticipadamente, conforme a lo expuesto previamente, mediante la dictación del decreto respectivo, podían aplicarse, individual o copulativamente, las siguientes sanciones: a) El no pago del servicio por mala ejecución o por ejecución incompleta; b) Ejecución total de la garantía constituida para asegurar el “Fiel Cumplimiento del Contrato”, lo que se aplicará a título de multa. Según lo expuesto, en su concepto, en el aspecto contractual-administrativo, las acciones realizadas por la municipalidad para terminar el contrato se encuentran ajustadas y concuerdan con el marco regulatorio contractual, que regía las relaciones de las partes contratantes. En efecto, el artículo 66 de la Ley 18.695 prescribe que las municipalidades deben ajustarse, en lo relativo a los procedimientos de contratación administrativos, a lo prescrito en la Ley de Compras Públicas, que corresponde a la Ley N° 18.886 y su Reglamento contenido en el D.S. 254, cuyos artículos 13 y 77 respectivamente, autorizan el término unilateral del contrato. Asimismo, hace presente que los artículos 13 de la Ley Nº 19.886 y 77 de su Reglamento permiten el término unilateral y anticipado del contrato, lo que se encuentra entre las potestades exorbitantes de la Administración, reconocidas por la jurisprudencia administrativa y judicial.

Agrega que las cuestiones alegadas por el recurrente dicen relación con el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones recíprocas existentes entre ambos contratantes, derivadas de la licitación pública y del contrato originado en la misma. Los reparos u observaciones que uno de los contratantes, que se considera afectado por la decisión de la municipalidad, deben conocerse en un juicio de lato conocimiento, puesto que lo medular de lo argüido por la recurrente, alude a la existencia y alcance de las potestades de la municipalidad, para ponerle término al contrato que la vinculaba con la recurrida. Por consiguiente, la resolución dictada para ponerle término al contrato que vinculaba a la recurrente con el municipio, el Decreto N° Alcaldicio N° 148, no constituye, en ningún caso, un acto administrativo que pueda calificarse como arbitrario e ilegal. La decisión que toma el municipio, a través de su alcalde, es congruente con el procedimiento reglado por la ley para evaluar el desempeño de un contratista en el contexto de lo estipulado en un contrato administrativo, que tiene su fuente de generación en un procedimiento licitatorio.

Añade, de otra parte, que la recurrente no explica cómo o de qué modo se infringen las garantías constitucionales que considera conculcadas; y en las peticiones concretas no manifiesta cuál es el remedio específico que requiere para satisfacer su pretensión y restablecer el imperio del Derecho.

En relación con la vulneración de los derechos fundamentales que se denuncia por esta vía, sostiene que su parte no ha infringido garantía constitucional alguna con la decisión de ponerle término unilateral al contrato y hacer efectivo el cobro de la caución por fiel cumplimiento de contrato, que aseguraba el contrato y que fue constituida por la misma recurrida. En efecto, explica que no se infringe la igualdad ante la ley, desde que se trata de un acto administrativo elaborado conforme al procedimiento establecido en la ley y en las normas regulatorias del respectivo proceso licitatorio, incluido el contrato celebrado, que rige respecto de la recurrente y de la Municipalidad. El término anticipado y el cobro de la caución se encuentran debidamente fundados y se contienen en un acto administrativo, actos que se encuentran debidamente reglados, contenidos en un cuerpo legal, de modo tal que, en ningún caso, podría considerárseles “comisiones especiales” o que se afecta la “presunción de inocencia” como pretende el recurrente; tampoco se infringe el derecho de propiedad que invoca el recurrente, del art. 19 N° 24 CPR, toda vez que la cuestión que controvierte es un asunto que releva un conflicto respecto de aplicabilidad y alcance de potestades de un contratante con relación al otro, para terminar un vínculo contractual, lo que no se condice con la alegación de vulneración de alega y, en todo caso, jamás puede dar origen al tipo de propiedad que reclama como vulnerada; por último dice que tampoco se infringe el artículo 19 N° 2 CPR, desde que el acto administrativo impugnado dice relación con el ejercicio de una actividad debidamente reglada, que corresponde ejercer al Alcalde, dentro del propio procedimiento establecido en la ley. Además, lo decidido por el alcalde es razonable y proporcional, de acuerdo a los antecedentes acopiados durante el procedimiento evaluativo del desempeño de la entidad contratista.

Finalmente arguye que el Decreto Alcaldicio N° 148, de 11 de marzo de 2020, impugnado por esta vía, se dictó en ejercicio de una potestad pública, que se encuentra regulada en la propia ley, con el objeto de concluir un procedimiento debidamente reglado. Esto resulta suficiente para desestimar que se trata de un acto arbitrario e ilegal como sostiene el recurrente, por todo lo cual pide se rechace el recurso, con costas.

Encontrándose la causa en estado se ordenó traer estos autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección es una acción de carácter cautelar que tiene por objeto resguardar los derechos fundamentales señalados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República frente a actos que los amenacen, perturben o vulneren.

Así, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, consistente en falta de proporción entre los motivos y la finalidad que efectivamente alcanza; acción u omisión que debe provocar alguno de los efectos ya indicados, eso es, la conculcación de uno o más de los derechos consagrados en la Carta Fundamental, consideración básica para el análisis y decisión del asunto como el que ha motivado el presente recurso.

Además, la acción debe ser deducida oportunamente, en el plazo que al efecto contempla el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia –requisito que se cumple en la especie toda vez que fue notificado mediante carta certificada del acto que se cuestiona el 27 de abril del año en curso, en tanto que el recurso se dedujo el 14 de mayo pasado- y esta magistratura debe encontrarse facultada para adoptar medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho amagado.

Por último, se ha considerado también que debe tratarse de derechos indubitados aquellos cuya protección se busca, de manera tal que este arbitrio no puede ser utilizado para declarar derechos en favor de quien recurre, atendida la naturaleza cautelar de la presente acción. Si existe cuestionamiento acerca del derecho de quien se siente afectado, deberá discutirlo en la sede y por medio del procedimiento correspondiente, que asegure a todas las partes un racional y justo juzgamiento.

Segundo: Que el acto que se reprocha arbitrario e ilegal por el recurrente consiste el Decreto Alcaldicio N° 148, de 11 de marzo de 2020, por el cual se pone término anticipado al contrato que vinculaba a la recurrida con la recurrente y especialmente la orden de hacer efectiva la garantía dada para asegurar el cumplimiento del contrato habido entre ellas.

Tercero: Que claramente se advierte que lo reprochado excede de los márgenes de la presente acción constitucional, toda vez que se trata de derechos que se encuentran controvertidos por el recurrido y que dicen relación con eventuales incumplimientos contractuales que precisan ser dilucidados en un procedimiento de lato conocimiento en el que las partes dispongan de todos los medios probatorios para su adecuada defensa. El presente arbitrio no puede sustituir ese procedimiento ni es la vía para declarar derechos que se encuentran dubitados.

Cuarto: Que la consideración anterior basta para rechazar el recurso sin que resulte necesario entrar analizar la arbitrariedad o ilegalidad del actuar de la recurrida ni la eventual conculcación de derechos fundamentales.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por la sociedad Transportes Transvel Spa en contra de la I. Municipalidad de San José de Maipo.

Redacción de la Ministra señora Sylvia Isabel Pizarro Barahona.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

N°4683-200 Protección.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministras señora Sylvia Isabel Pizarro Barahona, señora Claudia Lazen Manzur y señora Carmen Gloria Escanilla Pérez.