Protección contra Hospital Doctor Sótero del Río

San Miguel, ocho de julio de dos mil veintiuno.

Vistos:

Comparece el abogado señor Omar Meza Castro y recurre de protección a favor de nombre reservado y en contra del Hospital Doctor Sótero del Río, representado legalmente por nombre reservado. Funda su recurso en la que considera una afectación ilegal y arbitraria consistente en la destitución del señor nombre reservado en virtud del sumario administrativo llevado en su contra, conculcando las garantías consagradas en el artículo 19 números 1, 2, 3, 4, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que desde su ingreso a trabajar a la Unidad de Paciente Crítico del Hospital Sótero del Río fue objeto de constantes humillaciones y denigraciones, por lo que el 22 de octubre de 2020 presentó una denuncia ante el Comité de Clima Laboral por acoso laboral, la que se encuentra en estado de investigación.

Señala que posteriormente se presentaron dos denuncias en su contra, las que originaron sendos sumarios administrativos instruidos por parte del Director del Hospital. Explica que el primero de ellos dice relación con el supuesto acoso de su parte a la señorita nombre reservado, residente de medicina interna, en el que se dictó sobreseimiento el 7 de julio de 2020, mientras que en el segundo sumario, ordenado a instruir por Resolución Exenta N°1439, de 28 de octubre de 2019, para investigar y determinar responsabilidades administrativas en relación a presunto acoso sexual, se determinó aplicar la medida disciplinaria de destitución de acuerdo a lo establecido en el artículo 121, letra d), y artículo 125 de la Ley 18.834, por infringir la prohibición funcionaria contenida en el artículo 84 de la mencionada ley.

Sostiene que dicha medida disciplinaria resulta desproporcionada y vulnera una serie de garantías constitucionales. Específicamente, expresa que se vulnera el principio non bis in ídem y el artículo 19 N° 2, en relación con el artículo 19 N° 3, inciso quinto, de la Constitución Política de la República, toda vez que en el segundo sumario, la señorita nombre reservado expuso con fecha 30 de octubre de 2019 los mismos hechos que en su declaración prestada con fecha 26 de diciembre de 2019 para el sumario administrativo que resultó sobreseído, en tanto que en el sumario no existen medios de prueba para comprobar la veracidad de las declaraciones de las involucradas.

En cuanto a su integridad física y psíquica, el respeto a la vida privada y honra, y libertad de trabajo y su protección, señala que aun cuando las conductas alegadas no constituyen acoso sexual en los términos establecidos en el artículo 2º, inciso segundo, del Código del Trabajo, se ha visto expuesto a comentarios, ofensas y discriminaciones.

Finalmente, sostiene que se ha vulnerado su derecho de propiedad, al privársele de sus remuneraciones, situación que no le fue notificada a él ni a su abogado.

Afirma el recurso que el acto es arbitrario, porque existe falta de fundamento racional de la resolución de destitución, y es ilegal porque se infringen normas jurídicas relativas al procedimiento de un sumario administrativo, vulnerando no sólo normas de carácter administrativo, sino también constitucionales y de derecho internacional, por lo que solicita se declare que los actos del recurrido son arbitrarios e ilegales y se ordene restituir en sus funciones al señor nombre reservado, dejando sin efecto la medida disciplinaria de destitución, ordenando el cálculo de los salarios y demás beneficios que éste ha dejado de percibir, con costas.

El recurrente acompaña la siguiente documental a su libelo:

a) Resolución exenta N° 453, de 7 de julio de 2020, que sobresee el sumario iniciado por Resolución N° 1106, de 29 de julio de 2019.

b) Denuncia de 25 de octubre de 2019, presentada por nombre reservado a la Unidad de Convivencia Laboral del Hospital Sótero del Río, por acoso laboral.

c) Resolución exenta N° 13, de 7 de enero de 2021, que ordena instruir sumario por denuncia de trato laboral presentada por nombre reservado.

d) Resolución afecta N° 3, de 22 de marzo de 2021, que aplica la medida disciplinaria de destitución a nombre reservado.

e) Copia de Resolución RA N° 110229/3137/2020, de 30 de noviembre de 2020, con la decisión de no prorrogar la contrata de nombre reservado, y copia del atestado de su notificación por carta certificada entregada con la misma fecha.

f) Antecedentes académicos y de interés profesional en el área profesional del señor nombre reservado.

Informando al tenor del recurso interpuesto, nombre reservado, en representación del Complejo Asistencial Doctor Sótero del Río, solicita el rechazo del mismo. Al efecto, refiere las siguientes circunstancias:

a) Mediante Resolución Exenta N° 1106, de 29 de julio de 2019, se instruyó sumario administrativo en relación a un presunto acoso por parte del químico farmacéutico nombre reservado a una residente de medicina interna en la Unidad de Pacientes Críticos Adultos, el cual se sobreseyó mediante Resolución Exenta N° 453, del 7 de julio de 2020.

b) Posteriormente, en Resolución Exenta N° 1439, de 28 de octubre de 2019, se dispuso la instrucción de sumario administrativo por una nueva denuncia de acoso sexual hecha en contra del señor nombre reservado, en cuya tramitación el Director acogió la proposición de la vista de la Fiscalía sumariante en orden a aplicar al sumariado la medida disciplinaria de destitución.

c) Por Resolución Exenta N° 352, de 20 de mayo de 2020, se instruyó sumario administrativo para investigar la denuncia interpuesta en la Unidad de Trato Laboral, folio N° 80/2019, por nombre reservado en contra de nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos funcionarios de la Unidad de Pacientes Críticos Adultos, sumario que se sobreseyó mediante Resolución Exenta N° 496, de 10 de mayo de 2021.

d) La Resolución afecta N° 3, de 22 de marzo de 2021, que sancionó con la medida de destitución al recurrente en el sumario administrativo, instruido según Resolución Exenta N° 1439, de 28 de octubre de 2019, fue remitida a la Contraloría General del República para toma de razón con fecha 22 de marzo de 2021, estando aquello aún en trámite.

e) Sin perjuicio de esa sanción administrativa, mediante Resolución RA N° 110229/3137/2020, de 30 de noviembre de 2020, el Director del Hospital resolvió no prorrogar la contrata al señor nombre reservado, a contar del 1 de enero de 2021, resolución que fue notificada al afectado en el mismo domicilio indicado en el libelo de autos, mediante carta certificada de 1 de diciembre de 2020 y que se encuentra firme, por cuanto no fueron interpuestos recursos administrativos ni judiciales en su contra, cesando el recurrente en sus funciones desde el 1 de enero de 2021.

Sobre la base de esa exposición, la recurrida alega la prescripción de la acción de protección, considerando que la resolución que terminó la contrata al recurrente, notificada conforme a derecho en diciembre de 2020, se ejecutó a partir del día 1 de enero de 2021 y habida cuenta de que en el petitorio del recurso el actor solicita a la reincorporación, por lo que no puede sino concluirse –dice el informe- que la acción se encuentra prescrita por haber transcurrido más de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o, según la naturaleza de éste, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto del mismo, añadiendo que el recurrente no puede alegar desconocimiento de la resolución que no le renovó la contrata a partir del 1 de enero de 2021 si dejó de percibir remuneración desde ese mes hasta la fecha.

En cuanto al fondo, sostiene que no existe ilegalidad en la conducta del Director del Hospital en cuanto acoge la proposición de sanción disciplinaria de destitución en el sumario administrativo en ejercicio de la potestad disciplinaria prevista en el artículo el artículo 36, letra f), del D.F.L. Nº 1 de 2006 del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley 2.763 de 1979, y de las leyes 18.933 y 18.469, por cuanto dispone de la facultad legal para adoptar esa determinación. Agrega que tampoco es arbitraria la decisión, toda vez que los fundamentos de la sanción se encuentran en el mérito de los antecedentes reunidos en el sumario administrativo y que la Resolución afecta N° 3, de 22 de marzo de 2021, recoge en sus considerandos.

Refiere también que el recurrente no ha sido sancionado dos veces por el mismo hecho, toda vez que la resolución que sobresee un sumario administrativo no produce cosa juzgada y no impide que este sea reabierto si se presentan nuevos antecedentes que ameriten tal decisión. Por otro lado, y en cuanto a la ponderación de los medios de prueba, no existe vicio de ilegalidad ni arbitrariedad si la autoridad facultada por la ley resuelve en base o a la vista de los antecedentes objetivos que reúne un sumario.

Finalmente, sobre las remuneraciones, arguye que el recurrente cesó en el desempeño de funciones a contar del 1 de enero de 2021, como consecuencia de la dictación de la Resolución RA N° 110229/3137/2020, de 30 de noviembre de 2020, del Director del Hospital, que resuelve no prorrogar la contrata al señor nombre reservado a contar de esa fecha, notificada al domicilio del interesado mediante carta certificada de 1 de diciembre de 2020 y se encuentra firme y ejecutoriada.

La recurrida acompañó a su informe la siguiente documentación:

a) Resolución exenta N° 1106, de 29 de julio de 2019, que ordena instruir sumario por denuncia de acoso por parte de químico farmacéutico a residente de Medicina Interna de la Unidad de Pacientes Críticos Adultos.

b) Resolución exenta N° 453, de 7 de julio de 2020, que sobresee el sumario ordenado instruir por Resolución exenta N° 1106, de 29 de julio de 2019.

c) Resolución exenta N° 1439, de 28 de octubre de 2019, que ordena instruir sumario para investigar presunto acoso sexual por parte de químico farmacéutico de la Unidad de Pacientes Críticos.

d) Resolución afecta N° 3, de 22 de marzo de 2021, que aplica la medida disciplinaria de destitución a nombre reservado de su cargo en calidad de contrata en la Unidad de Farmacia del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río.

e) Resolución RA N° 110229/3137/2020, de 30 de noviembre de 2020, que decide no prorrogar la designación a contrata de nombre reservado.

f) Guía de entrega a la oficina de Correos de Chile, sucursal Plaza Puente Alto, de 1 de diciembre de 2020, de 7 cartas certificadas enviadas por el Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río a siete remitentes distintos, uno de ellos don nombre reservado.

g) Certificado del Jefe de Recursos Humanos del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, de 29 de abril de 2021, con la relación de cargos y servicio registrados a nombre de nombre reservado.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1º) Para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales estatuido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, perturba o amenaza ese atributo;

2º) En síntesis, la acción cautelar interpuesta por a favor de don nombre reservado se endereza en contra de la decisión del Director del Hospital Dr. Sótero del Río de aplicar a su respecto la medida de destitución de su cargo a contrata, dictada en un procedimiento de sumario administrativo que, según afirma el recurso, se tramitó con infracción al principio non bis in ídem y sin prueba que permitiese acreditar la veracidad de los dichos de las involucradas, por lo que pide sea dejada sin efecto dicha determinación disciplinaria.

A su vez, el recurrido alega la prescripción de la acción de protección y, en lo atingente al fondo del recurso, argumenta que el sumario administrativo en el que se impuso la destitución fue tramitado conforme a las facultades que la ley prevé al efecto y conforme a los antecedentes reunidos, por lo que no hay ilegalidad ni arbitrariedad en el mismo, como tampoco un doble juzgamiento respecto de un sumario anterior, atendido que se contaba con nuevos antecedentes para la apertura del segundo, cuyo resultado, es decir la medida de destitución, aún se encuentra en trámite ante la Contraloría General de la República; y por último, que el cese de funciones del señor nombre reservado ocurrió a raíz de la no renovación de su contrata, determinación que no fue cuestionada en su oportunidad;

I. En cuanto a la prescripción de la acción:

3º) La recurrida ha alegado la prescripción de la acción de protección aduciendo para ello que se puso término a la contrata del recurrente por resolución que le fue notificada en diciembre del año pasado, con efectos a partir del 1 de enero del actual, mes desde el cual dejó de percibir remuneración, por lo que no puede alegar desconocimiento;

4º) Analizado el fundamento de esta alegación de la parte recurrida, se advierte que lo que subyace a la misma es una afirmación de extemporaneidad del recurso deducido en autos. Para resolverla, es necesario recordar que el acto cuestionado en el recurso es la medida de destitución que le ha sido aplicada a propósito de la sustanciación del sumario administrativo incoado por Resolución exenta N° 1439, de 28 de octubre de 2019.

Así, dado que la medida de destitución aparece aplicada mediante la Resolución afecta N° 3, de 22 de marzo de 2021, y considerando que la acción fue interpuesta el 15 de abril pasado, se desestimará la extemporaneidad solicitada, por no haber alcanzado a transcurrir íntegro el plazo de treinta días corridos estatuido para los efectos de su interposición en el numeral 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las garantías constitucionales;

II. En cuanto al fondo:

5º) Atendida la naturaleza y finalidad de la acción tutelar ejercida, para su procedencia se precisa de la confluencia de los siguientes elementos: a) existencia de la acción u omisión reprochada; b) ilegalidad o arbitrariedad de esa conducta; c) directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegidas por esta vía; d) posibilidad material y jurídica de la Corte de brindar la protección debida mediante la adopción de medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio;

6º) Una importante clave para dilucidar de qué trata esta acción de protección está en precisar si la actuación denunciada es "ilegal" o "arbitraria". En cuanto a lo ilegal del acto, se debe tener presente que este lo es si se ha dictado o ejecutado en contravención a las normas que integran el ordenamiento jurídico chileno, esto es, no autorizado por el mismo (si se trata de una acción) o exigido por el mismo (si se trata de una omisión). La evaluación de legalidad, por tanto, exige contrastar la decisión o el contenido del acto cuestionado con el sistema de normas que integra el derecho nacional, sean del nivel constitucional, legal o infra legal.

En cuanto a la arbitrariedad, cabe entender que un acto es arbitrario en la medida que es contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho.

De acuerdo con la doctrina, un acto es arbitrario cuando es injusto, irracional, desproporcionado, caprichoso, o movido por el favoritismo o la odiosidad (José Luis Cea Agaña, Derecho Constitucional chileno, tomo II, Editorial Universidad Católica de Chile, 2004, p. 633), y carente de fundamento racional o una manifestación del simple capricho del agente (Verdugo, Pfeffer y Nogueira, Derecho Constitucional, tomo I, Editorial Jurídica de Chile, 2002, p. 339);

7º) De acuerdo a lo anotado en la parte expositiva, el postulado de protección deducido a favor de nombre reservado se encamina en tres vertientes: la primera, una transgresión al principio non bis in ídem que informa el derecho sancionador; la segunda, la falta de sustento probatorio de la decisión de destitución; y en tercer lugar, la ausencia de una conducta con características para ser catalogada de acoso sexual;

8º) Para esclarecer lo pertinente a las tres vías de cuestionamiento presentadas por el actor, primeramente, se dirá que el principio, garantía o regla de non bis in ídem tiene por vocación la de precaver que un hecho que ha sido materia de juzgamiento pueda ser utilizado para imponer una sanción o agravar una pena en un procedimiento posterior, sea que el primero haya terminado con decisión de condena (sanción) o de absolución. Si bien en el ámbito procesal penal su vigencia no se discute por encontrarse reflejado en diversas disposiciones, por ejemplo: el inciso segundo del artículo 1º del Código Procesal Penal, lo cierto es que en el ámbito administrativo su incidencia también ha sido aceptada por la jurisprudencia y la doctrina.

Ahora bien, en la especie, los documentos allegados por ambas partes muestran que por Resolución exenta N° 1106, de 29 de julio de 2019, se ordenó instruir un sumario por “presunto acoso por parte de Químico Farmacéutico a residente de Medicina Interna en la Unidad de Pacientes Críticos Adultos”. Como se ve, la referida resolución no expresa el nombre del sumariado ni de la presunta ofendida, ni dato alguno en relación al tipo de acoso y sus circunstancias. Tanto el recurrente, como la recurrida, coinciden en que el sumariado fue el señor nombre reservado, sin embargo sólo el actor devela el nombre de la persona que habría sido la presunta afectada con la conducta investigada. Por lo tanto, no existe antecedente del que pueda afirmarse de manera fehaciente que los hechos materia de esa primera indagatoria hayan sido idénticos a los que se sometieron a la instrucción del sumario ordenado por medio de la Resolución exenta N° 1439, de 28 de octubre de 2019, que dio pábulo a la Resolución afecta N° 3, de 22 de marzo de 2021, que dispone la destitución.

Por lo demás, el contenido literal de esta última resolución deja en claro que su mérito se nutre de cuatro órdenes de hechos independientes entre sí, referentes a cuatro personas distintas y, aunque una de ellas coincide con la nombrada en el recurso como la residente de Medicina Interna que habría sido afectada por el hecho denunciado en el primer sumario, lo cierto es que la Resolución afecta N° 3 no la individualiza como tal y, de cualquier modo, tampoco se cuenta con la refrendación de que los hechos investigados hubieren sido iguales en lo que a ella concernía. En suma, el procedimiento administrativo iniciado en virtud de la Resolución N° 1439, de 28 de octubre de 2019, no presenta la equivalencia indispensable para considerar que con su tramitación y resultado se atropelló el principio non bis in ídem;

9º) Seguidamente, una eventual insuficiencia del material probatorio y la falta de entidad o relevancia de las conductas que sirven de base a la medida disciplinaria de destitución a la que refiere el recurso en estudio constituyen aspectos que exceden el radio de conocimiento y fallo propio de esta sede cautelar extraordinaria, cuyo espíritu y rasgos distintivos están orientados a brindar protección urgente a un derecho fundamental de los que se encuentran previstos para los efectos de este arbitrio, particularidades que descartan abordar aquella clase de discusión, más propia de un procedimiento declarativo;

10º) En definitiva, lo pertinente a los efectos del razonamiento que tiene autorizado este tribunal a propósito de la acción constitucional de protección, es que el sumario administrativo incoado por medio de la Resolución exenta N° 1439, tantas veces aludida, se basó en antecedentes de hecho con características que permitía asimilarlos al atropello a la dignidad y derechos de las personas que los dieron a conocer durante la sustanciación, cuyo mérito fue conocido en el marco del procedimiento formal previsto en la ley y en el que se ejerció la potestad disciplinaria asignada a la autoridad administrativa que la ejerció dentro de los márgenes autorizados.

Por consiguiente, no ha quedado al descubierto la ilegalidad o arbitrariedad en el proceder de la recurrida en los términos acusados en el escrito del recurso;

11º) Por otra parte, es de relevar que el informe de la recurrida es claro en señalar que la medida disciplinaria de destitución aplicada en el sumario administrativo por la que se recurrió de protección no se encuentra afinada, toda vez que aún se encuentra pendiente el trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República, instancia que habrá de abocarse al estudio de los antecedentes de la destitución en una órbita con la amplitud pretendida por el recurrente. Por lo tanto, de momento no se está ante un acto administrativo terminado que pueda afectar, todavía, las garantías constitucionales invocadas por el actor;

12º) Finalmente, se dejará expresado que el informe de la recurrida ha dejado en evidencia que mediante la Resolución RA N° 110229/3137/2020, de 30 de noviembre de 2020, no fue prorrogada la designación en el cargo a contrata que tenía el señor nombre reservado, acto que no ha sido comprendido en el postulado cautelar de estos autos, pese a que es la razón actual por la que se concretó su separación del Complejo Asistencial Doctor Sótero del Río por decisión de su Director;

13º) En las condiciones antes anotadas, no queda más que concluir que el arbitrio constitucional en estudio tendrá que ser desestimado.

Y de conformidad, además, con lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra del Hospital Doctor Sótero del Río.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la ministra Alejandra Pizarro.

N° 468-2021 Protección.- Pronunciada por la Primera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel integrada por los ministros Sr. Roberto Contreras Olivares, Sra. nombre reservado. Alejandra Pizarro Soto y Sra. nombre reservado. No firma el Ministro señor Contreras, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo por encontrarse con feriado legal.