Protección contra dicho establecimiento educacional y de su Director

San Miguel, nueve de junio de dos mil veintiséis.

Al folio 11: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el abogado Davis Enrique Torres Pinto, en representación de doña nombre reservado y en favor de su hijo menor de edad, alumno de 8° año B de la Escuela nombre reservado, interpone recurso de protección en contra de dicho establecimiento educacional y de su Director, por haber incurrido en un acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en la imposición de la sanción de prohibición de asistir a eventos de la comunidad educativa, ceremonias y/o graduaciones, contenida en el “Informe Concluyente Investigación” de 17 de octubre de 2025.

Explica que la medida disciplinara se originó a partir de comentarios efectuados por la apoderada en un grupo de WhatsApp de padres ajeno al establecimiento y sin participación de alumnos, los que fueron calificados como falta grave de respeto y “amedrentamiento digital”, tras un procedimiento que, a su juicio, careció de garantías de debido proceso, atendido que la recurrente no contó con una instancia efectiva para ejercer su defensa, pues no tuvo acceso previo al expediente ni oportunidad de presentar descargos formales, acompañar antecedentes o solicitar diligencias, porque el mismo órgano encargado de convivencia y dirección recibe la denuncia, investiga, califica los hechos y propone la sanción, sin separación de funciones, lo que compromete su imparcialidad y porque el informe no explica de manera fundada por qué se opta por una medida especialmente gravosa en vez de otras menos intensas.

Además, refiere que se incurrió en irregularidades porque se sostiene que la sanción habría sido acordada por un Consejo de Profesores, lo que sería falso según antecedentes recabados, y porque la conducta se califica como “acoso”, “hostigamiento” o “amedrentamiento digital”, pese a tratarse de comentarios entre adultos en un chat privado, sin participación de estudiantes, lo que supone una aplicación forzada del reglamento interno.

Finalmente, alega la aplicación de una sanción desproporcionada, pues el propio informe reconoce que no hubo conductas reiteradas ni otros hechos adicionales, tratándose de comentarios aislados, no se consideraron alternativas como advertencias, mediaciones o disculpas, optándose directamente por una de las sanciones más intensas y la medida recae en la madre, pero en la práctica perjudica al alumno al impedir que sea acompañado en su graduación, trasladando la sanción a un tercero ajeno a los hechos.

Sostiene que ello vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°1, 2, 3, 4 y 10 de la Constitución Política de la República, en relación con la Ley N°21.430, la Ley General de Educación y la Convención sobre los Derechos del Niño, por cuanto se afectaría la integridad psíquica, la igualdad ante la ley, el debido proceso, la honra y el interés superior del niño.

Solicita se acoja el recurso, declarando ilegal y arbitraria la sanción impugnada, dejándola sin efecto, ordenando permitir a la recurrente asistir a todos los actos escolares, especialmente a la ceremonia de graduación de su hijo, disponiendo la eliminación o rectificación de los registros internos que la califican negativamente, con costas.

Segundo: Que, evacuaron informe en representación de la recurrida las abogadas Carolina Carrillo Yantani y Pamela Docmac Soto, solicitando el rechazo íntegro de la acción. En primer término, alegan la improcedencia del recurso por falta de oportunidad y de amenaza actual, atendido que la ceremonia de graduación del alumno se verificó el 15 de diciembre de 2025 y que no subsiste vínculo jurídico entre las partes, lo que privaría de objeto la acción cautelar.

Agregan, además, que se pretende utilizar este arbitrio como instancia revisora de decisiones disciplinarias propias del establecimiento educacional.

Explican que la sanción cuestionada se originó en un reclamo formal de la psicóloga del establecimiento por comentarios denigratorios vertidos por la recurrente en un grupo de WhatsApp de apoderados, los que fueron calificados como denostativos hacia una funcionaria, lo que activó el protocolo previsto en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE), desarrollándose un procedimiento reglado que incluyó investigación, formulación de cargos, resolución fundada, y posterior recurso de reconsideración interpuesto por la propia apoderada, el cual fue conocido por el Consejo de Profesores y rechazado, confirmándose la sanción consistente en la prohibición de asistir a determinados eventos escolares.

Aclaran que la conducta de la apoderada fue subsumida en las normas del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, que regulan los deberes de los apoderados como integrantes de la comunidad educativa, particularmente el deber de respetar a sus demás miembros, mantener un trato digno y al deber de cumplir las normas de convivencia escolar y el reglamento interno. En cuanto al hecho sancionado, refieren que fue encuadrado dentro de las conductas infraccionales tipificadas, siendo calificados formalmente, conforme al Capítulo 11 del reglamento, como una “falta grave” atribuible a apoderados. Además, el mismo Reglamento contempla una tipificación y graduación de las faltas en leves, medianas, graves y gravísimas, asociando a cada categoría un conjunto de medidas disciplinarias, siendo en este caso aplicable el régimen de faltas graves por afectación a la honra y convivencia escolar.

Especifican que las normas sobre apoderados y en el catálogo de medidas disciplinarias para faltas graves contempla expresamente, entre otras, las de sanciones suscripción de compromisos; suspensión de la calidad de apoderado; cambio de apoderado; prohibición de asistir a determinados eventos o ceremonias escolares; y prohibición de ingreso al establecimiento y, dentro de este marco normativo, el establecimiento aplicó la sanción de prohibición de asistir a eventos, ceremonias y/o graduaciones determinadas, la que corresponde a una sanción expresamente prevista en el Reglamento para faltas graves, siendo aplicada conforme al procedimiento formal regulado en el Capítulo 11, la que, además, fue confirmada mediante la resolución de una reconsideración, previa consulta al Consejo de Profesores, lo que forma parte de las instancias de revisión contempladas en el propio Reglamento, todo ello luego de un procedimiento racional y justo.

En este sentido, esgrimen que el actuar del establecimiento se ajustó plenamente a la normativa educacional vigente y al Reglamento Interno de Convivencia Escolar, instrumento obligatorio que regula derechos, deberes y procedimientos aplicables a todos los integrantes de la comunidad educativa, incluyendo apoderados, destacando la legitimidad de su potestad disciplinaria y el cumplimiento de un debido proceso con respeto a la bilateralidad, derecho a defensa, notificación y revisión de lo decidido.

Niegan la existencia de ilegalidad o arbitrariedad, afirmando que la medida fue adoptada conforme a normas preexistentes, con adecuada motivación y proporcionalidad, y descartan vulneración de garantías constitucionales, sosteniendo que no existe afectación a la integridad, igualdad, debido proceso, honra ni al interés superior del niño, por tratarse de una medida dirigida exclusivamente a la apoderada y orientada a resguardar la convivencia escolar.

Tercero: Que evacuó informe don nombre reservado, Director Regional Metropolitano de la Superintendencia de Educación, señalando, en cuanto a sus facultades legales, que conforme a los artículos 48 y siguientes de la Ley N°20.529 le corresponde fiscalizar el cumplimiento de la normativa educacional por parte de los sostenedores, atender denuncias y reclamos de la comunidad educativa y ejercer potestades interpretativas, normativas, inspectivas y sancionadoras, pudiendo actuar de oficio o a petición de interesado, e iniciar procedimientos administrativos ante eventuales infracciones.

Agrega que, en materia de convivencia escolar, los establecimientos deben sujetarse a sus reglamentos internos, los cuales deben contemplar conductas, sanciones, procedimientos y mecanismos de revisión, todo bajo los principios de legalidad, proporcionalidad y debido proceso, sin que dicha Superintendencia tenga facultades para dejar sin efecto medidas disciplinarias concretas, tales como reincorporar o revertir decisiones internas, limitándose a revisar la legalidad del procedimiento y eventualmente sancionar administrativamente al establecimiento en caso de infracción.

Además, hace presente que respecto del reclamo formulado por la apoderada en esa instancia, se resolvió derivar los antecedentes a la Unidad de Fiscalización por advertirse eventuales irregularidades, consistentes en la posible falta de acreditación de un procedimiento racional y justo previo a la sanción, deficiencias en la descripción de medidas disciplinarias en el reglamento interno, y la activación parcial o incorrecta de los protocolos de maltrato entre integrantes adultos de la comunidad educativa, ordenándose su análisis en sede administrativa mediante el correspondiente proceso de fiscalización, sin que se hubiere emitido aún un pronunciamiento sancionatorio definitivo.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes aparece que la controversia dice relación con la legalidad y razonabilidad de la decisión del establecimiento educacional de aplicar la medida disciplinaria de prohibición de asistir a eventos de la comunidad educativa, ceremonias y/o graduaciones a la apoderada recurrente, así como con la forma en que dicho procedimiento se llevó a cabo.

Sexto: Que, analizados los antecedentes aportados, no se advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario en los términos exigidos para la procedencia del recurso de protección, por cuanto la medida adoptada por la recurrida se enmarca en el ejercicio de las facultades disciplinarias que el ordenamiento jurídico reconoce a los establecimientos educacionales, particularmente en el ámbito de la convivencia escolar.

Séptimo: Que, en este mismo sentido, la circunstancia de discrepar de las conclusiones alcanzadas por la autoridad escolar o de cuestionar la valoración de los antecedentes reunidos no constituye, por sí sola, un acto arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar, desde que el recurso de protección no constituye instancia de revisión integral de procedimientos disciplinarios ni de ponderación probatoria extensa, materias que corresponden a otras sedes jurisdiccionales o administrativas de lato conocimiento.

Octavo: Que, sin perjuicio de lo antes expuesto, y a mayor abundamiento, de los antecedentes que obran en autos se desprende que no existe actualmente un acto u omisión ilegal o arbitraria actual que vulnere el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales alegados por la recurrente, atendido que la graduación del alumno de marras ya se llevó a cabo, no advirtiéndose la necesidad de adoptar alguna medida a su favor, al haber perdido oportunidad su petición.

Noveno: Que, en consecuencia, no verificándose la concurrencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario actual que afecte derechos fundamentales en la forma denunciada, el recurso de protección deducido no puede prosperar.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza el recurso de protección deducido en representación de nombre reservado y en favor de su hijo menor de edad, en contra de la Escuela nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° 4673-2025 Protección.