nombre reservado con HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO

Dejo constancia que alegó por el recurso la abogada Erika Flores Arevalo. San Miguel, 21 de enero de 2025. Sebastián Platt, relator.

San Miguel, veintiuno de enero de dos mil veinticinco.

Al folio 11: Téngase presente Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, la abogada Erika Flores Arevalo en representación de nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra del Hospital Padre Alberto Hurtado, representado por su director don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por la acción ilegal y arbitraria consistente en la dictación de la Resolución TRA N°861/9/2024 de 25 de julio de 2024, emanada del Director del Hospital recurrido, mediante la cual se declaró vacante el cargo de la recurrente por salud incompatible, lo que afecta sus derechos consagrados en el artículo 19 N°s 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que su representada ingresó a trabajar al Hospital recurrido el 7 de febrero de 2017, inicialmente como personal transitorio y luego a contrata, indicando que su última renovación de contrato fue en diciembre de 2023. En cuanto a sus funciones, refiere que desempeña un cargo administrativo, respecto de labores vinculadas a la admisión de pacientes y desarrollando labores de secretaría. Afirma que en el desempeño de su cargo nunca fue objeto de reparos, o sumarios, y fue siempre calificada en lista 1 de distinción.

Expone que desde septiembre de 2020, y debido a problemas de acoso laboral por parte de un funcionario del hospital, se emitieron a su favor una serie de licencias médicas de origen psiquiátrico. Luego, a principios de 2021, presentó la condición de embarazo, lo cual implicó por protocolo Covid, el desarrollo de su labor por teletrabajo. Señala que su reingreso al trabajo ocurrió en el 2022, comunicándole que debía reincorporarse al área de ginecología, misma área donde se mantiene al agresor. Indica que ello gatilló que volvieran las crisis de ansiedad y pánico que repercutieron en su salud. Agrega que durante el 2022 a su hija se le diagnosticó una grave enfermedad, lo que agravó su situación personal.

Refiere que el 27 de agosto de 2024 se le notificó la Resolución N°861/9/2024 de 25 de julio de 2024, emanada del Director del Hospital Padre Alberto Hurtado, tomada de razón por la Contraloría el 20 de agosto de 2024, en la cual se expuso que: “1.- Que según Resolución Exenta Nº145170 con fecha 05/06/2024 de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Sub-Comisión Sur Oriente se pronuncia un estado de salud recuperable de la funcionaria más abajo individualizada. 2.- Que, se adjuntan los siguientes antecedentes: Resolución Exenta No 145170/2024, Informe de ausentismo detallado y Licencias Médicas. (…) RESUELVO: DECLÁRASE VACANTE POR SALUD INCOMPATIBLE, a contar de la notificación de la total tramitación del presente acto administrativo, por haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, el cargo servido por: 1) Don(a) nombre reservado, R.U.N NºRUT reservado, ADMINISTRATIVO, grado 22º ESCALA UNICA DE SUELDOS, Contrata, con jornada de 44 horas semanales, del SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE.”

Indica que la Resolución que se impugna se fundamenta en la facultad discrecional que le entrega la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo, al jefe de servicio, en su artículo 151, que indica en lo pertinente: "El jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable".

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”

En cuanto a los fundamentos de la decisión anterior, indica en primer término que mediante Resolución Exenta N°145170, de 5 de junio de 2024, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, COMPIN, Sub comisión Sur, resolvió que la recurrente adolece de un estado de salud recuperable. No obstante, dicho pronunciamiento se formuló por requerimiento del Hospital Padre Hurtado, que solicitó evaluar un periodo que va desde el 1 de enero de 2022 al 31 de enero de 2023, periodo que no cumple con el precepto legal que indica que, el periodo de 6 meses de ausencia debe considerarse en los dos últimos años, previos a la declaración solicitada al COMPIN.

Luego, a pesar de que la COMPIN señaló que su estado de salud era recuperable, la recurrida solo tomó en cuenta el número de días licencias médicas, sin realizar algún peritaje si su salud es compatible o no con el cargo. Al respecto, refiere que desde el 18 de noviembre de 2018, el Ministerio de Salud aprobó el Instructivo sobre gestión del ausentismo laboral por licencia médica curativa con enfoque biopsicosocial, el que es obligatorio para todos los establecimientos asistenciales de Salud, y que no se aplicó en su caso, así como tampoco se evaluó el estado de salud de su representada ni se adoptó medida alguna para propender a la disminución de la tasa de ausentismo, fundamento necesario para no incurrir en arbitrariedad como ocurre en la especie.

En dicho sentido, indica que es efectivo que la funcionaria hizo uso de licencia médica por un lapso discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años, no obstante, la manera en que se procedió a ejercer dicha potestad aparece como sorpresiva, antojadiza, carente de fundamento si se toma en cuenta que su estado de salud es recuperable y que la funcionaria se encontraba en funciones.

En cuanto a la falta de motivación, señala que el acto administrativo, como el impugnado, debe basarse en motivos que deben explicitarse más allá de la simple referencia a normas, por lo cual, carece de fundamentación, ya que si bien hace referencia al informe de la COMPIN, no contiene otra fundamentación que justifique el ejercicio de las facultades de quien lo dicta, y que no se podría considerar como fundamento suficiente de la declaración de salud incompatible con el cargo, el uso de licencias médicas, que dichas consideraciones en nada permiten comprender porque la salud del funcionario es incompatible con sus funciones.

Solicita que se acoja el recurso de protección y que, en definitiva, se deje sin efecto el acto administrativo impugnado, reincorporando a su representada a sus labores y proceder al pago de todas las remuneraciones devengadas desde la fecha del cese de funciones y hasta la efectiva reincorporación, con expresa condenación, con costas.

Segundo: Que, evacuó informe el abogado Alberto Herrera Gallegos en representación del Hospital Padre Alberto Hurtado, solicitando el rechazo del recurso.

Señala que la recurrente se desempeñó como funcionaria a contrata del hospital y que desde el 2022 a la fecha de su desvinculación, presentó reiteradas licencias médicas por enfermedad.

Manifiesta que no consta en los registros del hospital que la recurrente haya presentado una denuncia formal por acoso laboral, ni que haya ingresado licencias médicas de la ACHS relacionadas con una enfermedad laboral. Asimismo, afirma que las licencias médicas presentadas por la recurrente se clasifican como de Tipo 1, lo que indica que corresponden a enfermedades o accidentes comunes, sin evidencia de que estén relacionadas con una enfermedad de origen laboral.

Expresa que, según consta en el Memorándum N°255 de 23 de diciembre de 2024, la ex funcionaria si fue contactada por el hospital, y de manera voluntaria se presentó a una entrevista el 22 de mayo de 2024, en el que incluso posteriormente entregó un certificado psicológico, todo esto con el fin de poder evaluar su situación.

Sostiene que la COMPIN declaró que la salud de doña nombre reservado, a raíz de los antecedentes y la solicitud de evaluación por salud irrecuperable, resolvió que la recurrente presenta un estado de salud recuperable. No obstante lo anterior, afirma que la Resolución de la evaluación que realice la COMPIN constituye para la autoridad que la solicita solo un antecedente sobre la irrecuperabilidad de la salud del servidor, ya que se trata de la valoración que un organismo técnico especializado realiza acerca de la condición de salud de ese empleado.

Concordante con lo anterior, indica que el Dictamen N°17.351 de 2018 declaró que en el evento que el informe de la COMPIN estime que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo.

Sostiene que la conclusión anotada permite darle sentido a la modificación legal introducida por la Ley Nº21.050 al citado artículo 151 del Estatuto Administrativo, puesto que la declaración de salud recuperable que hace la COMPIN no puede impedir al jefe de servicio declarar la salud incompatible de los funcionarios que se encuentren en los supuestos que la norma indica, puesto que sostener lo contrario, importaría una interpretación que deja sin aplicación la causal de vacancia del cargo por salud incompatible.

En conclusión, la recurrente padece una patología y que, pese a la declaración de salud recuperable efectuada por la COMPIN, no resulta efectivo que tenga salud compatible para desempeñar el cargo propiamente tal.

Tercero: Que el recurso de protección de derechos y garantías constitucionales constituye una acción de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, uno o más de los derechos constitucionales protegidos por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que como se advierte del recurso, el acto que se califica como arbitrario es la Resolución TRA N°861/9/2024 de 25 de julio de 2024, que declaró la vacancia del cargo que desempeñaba la actora, por salud incompatible.

Quinto: Que las normas que regulan la situación de la recurrente están contenidas en la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, que en su artículo 150 dispone: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo; b) Pérdida sobreviniente de alguno de los requisitos de ingreso a la Administración del Estado; c) Calificación del funcionario en lista de Eliminación o Condicional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50, y d) Por no presentación de la renuncia, según lo señalado en el artículo 148, inciso final.”

Por su parte, el artículo 151 del mismo cuerpo legal establece que: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”

Como se observa de la normativa transcrita y de los antecedentes expuestos, la causal de cese en el cargo de la recurrente corresponde a salud incompatible, declarado por el Servicio de Salud recurrido a través de la Resolución TRA N°861/9/2024 de 25 de julio de 2024, toda vez que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Subcomisión Sur Oriente mediante Resolución Nº145170 de 5 de junio de 2024 declaró recuperable la salud de la recurrente.

Es del caso señalar que la duración de sus ausencias con motivo de las licencias médicas, 384 días, ciertamente se enmarcan en la situación prevista en el inciso primero del artículo 151 del Estatuto Administrativo precedentemente transcrito. De lo que necesariamente se sigue, que el Servicio recurrido actuó dentro de la esfera de sus atribuciones, en un caso expresamente facultado por el ordenamiento jurídico para hacerlo, lo que impide calificar su accionar como ilegal. A su vez, tampoco resulta arbitrario, desde que de su lectura se comprueba que en la Resolución cuestionada se expresan claramente los motivos por los que se arriba a la conclusión que la salud de la recurrente es incompatible con el cargo para el que fue contratada y la consecuente declaración de vacancia del cargo que sirve, cumpliendo con el estándar de fundamentación exigido por los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

De esta manera, se constata que la entidad recurrida se ha limitado a ejercer sus facultades sin que se divise ilegalidad ni arbitrariedad en su ejercicio.

Sexto: Que, a mayor abundamiento, se debe tener en consideración el principio de servicialidad consagrado en el artículo 1° de la Carta Fundamental, en virtud del cual, la Administración del Estado debe cumplir las necesidades públicas en forma continua y permanente mediante los servicios públicos.

En este sentido, uno de los requisitos para acceder a la función pública es contar con una salud compatible con el desempeño del cargo, ello en armonía con el objetivo de dicha labor que corresponde a prestar el servicio de atención pronta y eficiente a los usuarios, lo que conforme a la situación fáctica descrita no aparece cumplida, pues el estado de salud de la funcionaria no ha permitido la labor permanente y continua, a la que está obligada la Administración del Estado.

Séptimo: Que en estas condiciones, no se advierte la existencia del acto ilegal y arbitrario denunciado, toda vez que el Hospital recurrido, frente al pronunciamiento por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Subcomisión Sur Oriente acerca de la recuperabilidad de salud de la actora, en consideración a los antecedentes médicos aportados por ésta, decidió fundadamente en virtud de lo estatuido en el artículo 151 del cuerpo normativo ya citado, que lo faculta expresamente para ello, disponer la vacancia del cargo.

Por consiguiente, la decisión de declarar la vacancia del cargo que desempeñaba la recurrente ha sido adoptada de manera razonable y fundadamente, en un caso previsto por la ley y con el fin de precaver el debido servicio, al que está obligada la Administración.

Octavo: Que conforme a lo que se viene razonando, el presente recurso de protección será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra del Hospital Padre Alberto Hurtado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°4663-2024 Protección.