SECURITY SERVICIOS LTDA. con DIRECCION REGIONAL DEL TRABAJO METROPOLITANA ORIENTE

En Santiago, a doce de octubre del año dos mil diecisiete.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece Jessica Paulina Moreira Godoy, abogado, quien interpone recurso de protección en representación de la empresa Security Servicios Limitada, del giro de su denominación, con domicilio en domicilio reservado, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera, representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado° piso, esquina Santa Elena, comuna de Puente Alto, por estimar que el actuar de la recurrida, consistente en haberse cursado en su contra la multa N° 1782/17/37, por el monto de un ingreso mínimo mensual no remuneracional, vulnera gravemente las garantías constitucionales previstas en los numerales 3°, incisos segundo y sexto, y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que la recurrente indica que su representado fue citado a la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera el día 12 de junio de 2017, concurriendo efectivamente a dicha fiscalización, no obstante ello, se cursó igualmente la multa N° 1782/17/37 del año 2017, por el monto de 1 ingreso mínimo mensual no remuneracional, por el fiscalizador nombre reservado Neftalí nombre reservado. Señala que esto afecta su patrimonio, toda vez que se ha decretado embargo ejecutivo por la Tesorería General de la República, por esta multa mal decretada. Además, sostiene que se afecta su derecho a un debido proceso, puesto que no fue notificada por carta certificada, quedando sin derecho a defensa jurídica. Agrega que el 1 de septiembre pasado esta multa fue cargada al formulario F-30, encontrándose dentro de plazo para recurrir de protección.

Cita los numerales 24° y 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, refiriendo que el derecho de propiedad de la recurrente se ve amenazado por el cobro de una multa jamás notificada y frente a la cual no ha podido efectuar sus descargos, en especial consideración a que está basada en un error de hecho, por cuanto su parte sí compareció a dicha fiscalización; mientras que en lo relativo al derecho a un debido proceso, sostiene que ha sido sancionada sin justo motivo, al no ser efectivo que no asistiera a la fiscalización, impidiéndole ejercer la reconsideración administrativa de la multa y cuyo dictamen es posible de reclamar judicialmente.

Solicita que el recurso sea acogido y se ordene a la recurrida que anule la multa indicada, con expresa condena en costas.

A su recurso acompaña el texto de la resolución de multa contra la cual recurre.

TERCERO: Que en primer lugar, la Tesorería General de la República informó al tenor del recurso de protección interpuesto, señalando que la empresa recurrente actualmente mantiene un juicio de cobro con el Servicio, tramitado bajo el rol 15.906-2017-Providencia, seguido ante la Tesorería Regional Santiago Oriente, el cual se encuentra notificado, pero sin embargos efectuados, agregando que en dicho expediente se cobran las multas de la Dirección del Trabajo por $170.296, con fecha de vencimiento el 28 de julio de 2017, y por $2.344.826, con fecha de vencimiento el 4 de marzo de 2017.

CUARTO: Que con fecha 10 de octubre del año en curso, la recurrida informa el recurso, alegando, en primer término, la caducidad de la acción de protección, por cuanto la multa fue cursada el 14 de junio de 2017 y depositada en Correos de Chile el 20 de junio de 2017, estimándose entonces que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo, la notificación por correo certificado se practicó con fecha 28 de junio del presente año. Hace presente que en la orden de transporte y consolidado del correo aparece que la carta certificada se recibió por la oficina respectiva el 20 de junio pasado, por lo que se encuentra legalmente notificado en la fecha que indica. Al efecto cita el artículo 39 del DFL N° 2 y el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección, señalando que el plazo fatal para interponer esta acción venció el 28 de julio de 2017, el que se encontraba cumplido al tiempo de su interposición.

En subsidio, alega la improcedencia del recurso de protección respecto de la garantía del artículo 19 N° 3 de la Constitución, en tanto el artículo 20 de dicha norma sólo lo hace procedente en relación al inciso quinto de dicha disposición.

En subsidio de lo anterior, señala que el recurso es improcedente atendida la naturaleza del acto recurrido, fundado en que la ley establece un recurso natural para el reclamo contra dicha resolución de multa, utilizando esta acción como mero sustituto procesal de las acciones ordinarias, citando diversos fallos que se refieren a la idoneidad del recurso de protección para estas materias.

En subsidio, alega la improcedencia del recurso por la falta de requisitos para su interposición, señalando que no se trata de un acto arbitrario porque la resolución fue dictada en atención a las facultades expresas conferidas por el artículo 505 del Código del Trabajo, fue razonada y fundada conforme a derecho, y con pleno respeto al principio de legalidad y juridicidad, puesto que la multa se cursó por la no comparecencia injustificada a la citación, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del DFL N° 2 de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Agrega que no existe amenaza, privación o perturbación de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, negando que exista un atentado ilegítimo a los derechos al debido proceso y derecho de propiedad.

En subsidio de todo lo anterior, informa derechamente al tenor de los hechos indicados en el recurso, señalando que el 7 de junio de 2017 se efectuó la fiscalización N° 1305/2017/723, producto del programa de fiscalización de guardias y vigilantes 2017, respecto de la empresa recurrente, por las materias de jornada y descansos. Se asignó la comisión de fiscalización al Sr. nombre reservado, quien el mismo día concurrió a las dependencias de la recurrente, donde fue recibido por nombre reservado, gerente de tienda, siendo citado para el 12 de junio de 2017, sin que la empresa compareciera a la citación, de lo que quedó constancia en el formulario F7, cursándose la multa por su no comparecencia.

En mérito de lo anterior, solicita que se rechace el recurso de protección en todas sus partes, con costas.

Al informe acompaña activación de la fiscalización N° 1305/2017/723, de 7 de junio de 2017, informe de inicio de la fiscalización, acta de entrevista y revisión documental, acta de requerimiento de documentación y citación, carátula de informe de fiscalización, informe de exposición y resolución de multa, ambos de fecha 14 de junio de 2017, copia de guía de admisión de correspondencia de Correos de Chile, guía de despacho de correspondencia certificada y copia de seguimiento de la guía de despacho de la correspondencia certificada, de fecha 20 de junio de 2017.

QUINTO: Que teniendo únicamente presente que de la documentación acompañada por la recurrida, consistente en la copia de la guía de despacho de la correspondencia certificada remitida a la recurrente, aparece que ésta fue enviada con fecha 20 de junio de 2017, y que, en consecuencia, la alegación de la actora no resulta efectiva, por cuanto ha tenido pleno conocimiento de la multa impugnada por esta vía, por lo que a la fecha de interposición de este arbitrio, esto es, al día 8 de septiembre del año en curso, el plazo de 30 días indicado en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del recurso de protección se encontraba ampliamente vencido, razón por la cual esta acción constitucional deberá ser rechazada por extemporánea.

Sin perjuicio de lo anterior, la recurrente no allegó al proceso ningún antecedente que permita inferir que efectivamente hubiera comparecido a la fiscalización, sino que, por el contrario, se ha acompañado por la recurrida documentación suficiente para dar por cierto que fue notificada de la multa y que, en definitiva, ha contado con los plazos para ejercer los recursos administrativos y judiciales correspondientes.

Por otra parte, no existe indicio alguno que en la especie la recurrida hubiere realizado algún acto arbitrario y/o ilegal que sea susceptible de enmendar a través de esta acción constitucional, lo que también conduce al rechazo de esta acción.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, con costas, la acción constitucional deducida en representación de la empresa Security Servicios Limitada.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 4651-2017-PROT