nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE PAINE

Certifico: Que se anunció, escuchó relación y alegó contra el recurso la abogada doña Daniela Caro Vargas. Asimismo, se deja constancia que esta audiencia inició a las 09.55 y finalizó a las 10:18 horas. San Miguel, 17 de mayo de 2022.

San Miguel, diecisiete de mayo de dos mil veintidós.

A los escritos folios N°s 39833 y 39848: A todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Juan Rubio Reyes, abogado, en representación de doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, para recurrir de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Paine representada por su alcalde don Rodrigo Alexander Contreras Gutiérrez, ambos domiciliados en domicilio reservado, por los actos ilegales y arbitrarios cometidos, en síntesis al habérsele dictado el ordinario N°128 que le comunica el desalojo de su propiedad sin permitirle regularizar su situación. Expone que el 13 de abril pasado llegó al domicilio de su representada el ordinario en referencia en que se señala que por existir una construcción sin permiso de edificación ni solicitud de cambio de destino, respecto de las propiedades ubicadas en Camino el Escorial, domicilio reservado, y considerando las citaciones emitidas por el Juzgado de Policía Local por personal del Departamento de Obras Municipales, luego de constatar que se realizan labores de hospedaje, y lo dispuesto en los decretos N°902/2022 y N°800/2022 en los cuales se declaró inhabilidad de las construcciones, los que ordenan el desalojo de las construcciones existentes en su propiedad en un plazo de 30 días.

Reclama que existe una animadversión de la D.O.M. respecto de la recurrente quien ha sido multada de manera arbitraria, e indica que la acusación de no encontrarse regularizada su propiedad es falsa, ya que ella no ha edificado ninguna construcción, y las que se emplazan en el predio ya existían cuando ella lo adquirió. Añade que los trámites para regularizar las ampliaciones se encuentran pendientes respecto de la parcela 17 y que cuenta con permiso de recepción respecto de las obras de la parcela 18. Expresa que solicitó una entrevista con el alcalde recurrido, quien le indicó que no le “renovaría la patente” de su negocio de hospedaje.

Manifiesta que su parte tiene en su poder todas las autorizaciones municipales pertinentes para realizar su labor de hospedaje, cuestión que la recurrida ha desconocido de manera arbitraria e ilegal, a lo cual añade que la mayor parte de las propiedades cuestionadas están destinadas a ser la casa habitación de su familia.

Indica que el proceder de la recurrida vulnera el derecho de propiedad de la recurrente, ya que se le impide efectuar una labor económica que no produce ruidos molestos y para la que cuenta con autorización del SEREMI de Salud. Agrega que se menoscaba su derecho a la libertad de trabajo como emprendedora, y su derecho a realizar una actividad económica lícita, porque constantemente le cursan multas, pese a que realiza su actividad respetando las normas legales y estimula el turismo en la comuna.

Solicita declarar “que la Ilustre Municipalidad no puede prohibir de realizar la actividad económica que mi representada realiza en su propiedad ya que ella se encuentra actuando dentro de la legalidad y conforme derecho, solicitando que se reestablezca el imperio del derecho y que no se siga privando y tampoco vulnerando los derechos de mi representada los cuales se encuentran consagradas en la Constitución Política de la República de Chile” (sic).

Segundo: Que emite informe la recurrida, señalando que producto de reiteradas denuncias realizadas por vecinos de la comuna, se realizó una fiscalización en el inmueble ubicado en domicilio reservado, camino interior, parcela N°22 Lotes 17 y 18, constatando que dicha propiedad está compuesta por 2 roles otorgados por el Servicio de Impuestos Internos, a saber, N°00646-00283 y N°00646-00284, los que carecen del permiso de edificación y recepción definitiva de forma total. En razón de ello, se cursó a la recurrente el parte N°267/2021 dirigido al Juzgado de Policía Local de Paine, de fecha 31 de diciembre de 2021, por infracciones a la normativa vigente, consistentes en la construcción sin permiso de edificación y construcción, y sin recepción definitiva de obras, respecto al lote 18. Agrega que mediante un segundo parte, N°016/2022 del Juzgado de Policía Local de Paine, de 3 de febrero del año en curso, se establece que conforme a la fiscalización realizada por personal de la Dirección de Obras Municipales en el Lote 17, se constató la ejecución de construcciones dentro de la propiedad, con una cantidad aproximada de 40.00 metros cuadrados que no poseen permiso de edificación ni recepción definitiva.

Explica que a raíz de la situación descrita se dictaron los decretos N°800/2022 de 23 de febrero de 2022, que declara la inhabilidad de las construcciones emplazadas en el lote 18 y N°902/2022, de 2 de marzo del mismo año, que declara la inhabilidad de las construcciones emplazadas en el lote 17, y que mediante oficio ordinario N°128/2022, de 13 de abril pasado dirigido a la recurrente, se le comunicó que se declaró la inhabilidad de las construcciones instruyendo el desalojo de las mismas en un plazo de 30 días. Precisa que respecto del lote 18 existe el permiso de edificación N°330/2022, de 30 de marzo de 2005, en cuya descripción de las edificaciones se establece que son destinadas a vivienda, y un permiso de recepción definitiva para ese mismo destino respecto únicamente de 267,22 metros cuadrados.

Explica que la fiscalización se realizó por medios satelitales ya que la recurrente no permitió el ingreso al predio, y se pudo verificar la existencia de construcciones, las que en están emplazadas en el Lote 18 que abarcan una totalidad 500 metros cuadrados aproximadamente, de los que 232,78 metros cuadrados no poseen permiso de edificación ni recepción definitiva, mientras que en el lote 17 existen 40 metros cuadrados sin regularizar, y añade que en estricto apego a la normativa vigente la situación expuesta fue informada al Juzgado de Policía Local competente por infracción a los artículos 116 y 145 de Ley General de Urbanismo y Construcción, proceder que es imperativo para el Municipio.

Refiere que la misma recurrente ha reconocido que desarrolla la actividad de hospedaje y que el motivo por el que compró el inmueble referido es precisamente continuar con ese rubro, y que si bien cuenta con patente de microempresa, ésta no fue concedida a la recurrente y existe sólo respecto al lote 18 del inmueble referido donde sólo tiene autorizados 267,22 metros cuadrados, sin que para el lote 17 exista autorización alguna.

Recalca que el recurso se dirige contra el ordinario N°128, de la D.O.M., acto administrativo que sólo informa de los decretos N°800/2022 y N°902/2022 que declaran la inhabilidad de las construcciones emplazadas en los Lotes 17 y 18, por lo que aquél se dirige en contra de un acto administrativo equivocado.

Señala que en tal contexto, no se vislumbra vulneración alguna de las garantías constitucionales aludidas por la recurrente ya que ésta puede ejecutar las construcciones en forma libre dentro del inmueble, siempre y cuando tenga el permiso de edificación y su posterior recepción definitiva, añadiendo que en ningún caso se está limitando o transgrediendo su legítimo derecho a trabajar libremente, en razón que lo único que exige es que la recurrente regularice su situación respecto de las construcciones para que éstas puedan ser habitadas o utilizadas, y que además, si su uso está destinado a una actividad distinta a la de vivienda, se solicite el debido cambio de destino para poder desarrollar la actividad de hospedaje sin inconvenientes. Por último en cuanto al derecho a desarrollar cualquier actividad económica, dice que en ningún caso se ha prohibido a la solicitante que despliegue una actividad económica, sino que ésta se desarrolle en construcciones que estén debidamente reguladas y se ajusten a la normativa.

Pide el rechazo del recurso con costas.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, según lo ha sostenido reiteradamente nuestra Corte Suprema, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Quinto: Que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Sexto: Que la presente acción constitucional se encamina a obtener que esta Corte ordene a la municipalidad recurrida que ésta no prohíba a la recurrente realizar la actividad económica que ésta efectúa en su propiedad.

Séptimo: Que del mérito de los antecedentes se constata que lo discutido no es posible de ser resuelto mediante la presente acción. En efecto, la recurrente sostiene que la recurrida les ha vedado la realización de una actividad de hospedaje al interior de su predio, la cual, según se desprende de los antecedentes allegados al recurso, se está efectuando en construcciones que no cuentan en su totalidad con permisos de edificación y recepción definitiva y respecto de los cuales no se ha pedido el cambio de destino, constando que únicamente uno de los terrenos en cuestión cuenta con un permiso de recepción referido únicamente al destino de vivienda, sin que la recurrente tampoco haya acompañado antecedente alguno del que se desprenda que cuenta con todas las autorizaciones necesarias para efectuar dicha actividad.

Octavo: Que, en tal contexto, se concluye que no se está en presencia de un derecho indubitado o incontrovertido, de lo que resulta que el asunto en estudio excede los márgenes de una acción cautelar, más aún cuando la situación de irregularidad de las construcciones emplazadas en los terrenos de la recurrente fue denunciada ante el Juzgado de Policía Local competente para conocer de ellas, motivo por el cual el presente arbitrio no puede prosperar.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas la acción constitucional deducida por doña nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Paine.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 4648-2022-PROT.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel integrada con los Ministros Sra. M. Carolina Catepillán Lobos, Sr. Luis Sepúlveda Coronado y Sra. Celia Catalán Romero.