CENTROS DE DIAGNOSTICO Y ESPECIALIDADES MEDICAS LIMITADA (DIAGMED LTDA.) con DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONT

San Miguel, doce de enero de dos mil veintiuno.

VISTOS:

PRIMERO: Que el CENTRO DE DIAGNÓSTICO y ESPECIALIDADES MÉDICAS LIMITADA, Diagmed Limitada, sociedad del giro hospitales y clínica, representada por don nombre reservado, tecnólogo médico, ambos domiciliados en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de la DIRECCIÓN DE COMPRAS y CONTRATACIÓN PÚBLICA, servicio público descentralizado creada por la Ley de Compras Públicas Nº 19.886, dependiente del Ministerio de Hacienda, representada por su Directora doña nombre reservado, Ingeniero Civil en Obras Civiles, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Funda la acción constitucional en el comportamiento de la recurrida, que mediante un acto que califica de ilegal y/o arbitrario excluyó a la recurrente del Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración de la Dirección de Compras Públicas, aplicando al efecto la sanción contemplada en el artículo 4 inciso primero de la ley 19.886.

Explica que la decisión fue conocida por su representada recién el 7 de mayo de 2020 cuando intentó postular a la licitación ofertada por la I. Municipalidad de Vitacura Nº ID: 2667-20-LQ20 publicada el 30 de abril de 2020 y con fecha de cierre de postulación el 20 de mayo de 2020, en la que pudo evidenciar que la empresa se encuentra bajo la condición de Proveedor Inhábil en el Registro de Chile Proveedores, no cumpliendo con los requisitos de inscripción, porque “registra condena por Prácticas Antisindicales y/o Infracción a los Derechos Fundamentales del Trabajador”.

Para contextualizar el modo en que se produce el acto arbitrario e ilegal antes descrito, señala que su representada, del giro hospitales y clínica, con la finalidad de obtener los recursos imprescindibles para su viabilidad y pago de sus trabajadores y, en consecuencia, poder desarrollar su actividad, se encuentra inscrita en el Registro Electrónico Oficial de Contratista de la Administración y, junto con ello, participa activamente en el Mercado de las Compras Públicas, al punto que sus únicos contratos, en los últimos años, provienen de las adjudicaciones y contrataciones que realiza directamente con el Estado.

Expresa que en causa RIT N° T-1885-2018, seguida ante el 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, por sentencia de 29 de noviembre de 2019 fue condenada en procedimiento de tutela laboral por lesión de derechos fundamentales seguido por la demandante señora nombre reservado.

Afirma que cumplió íntegramente con las obligaciones pecuniarias contenidas en la sentencia lo que consta en la resolución de 5 de mayo de 2020 y en la certificación de 6 de mayo de 2020, ambas del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, en causa ROL N° C-8-2020 caratulada “nombre reservado con nombre reservado”, en las que se da cuenta de la consignación y el giro de cheque a la ex trabajadora por la suma de $ 27.803.552. Junto con lo anterior, el Tribunal en cuestión ordenó oficiar a las instituciones de seguridad social y a la Dirección del Trabajo, disponiendo: “Ejecutoriada que sea la presente sentencia, cúmplase lo resuelto en ella dentro de quinto día, en caso contrario se dará inicio a su ejecución, de acuerdo a lo establecido en el artículo 462 del Código del Trabajo, remítase copia autorizada de la presente sentencia a la Dirección del Trabajo para que quede en el registro respectivo”, lo que se realizó mediante el envío de un oficio a la Dirección del Trabajo. Diligencia que se llevó a cabo el 31 de diciembre de 2019 mediante correo electrónico, cumpliendo así con lo ordenado en dicho fallo. Resalta que la referida sentencia no ordenó su notificación a la Dirección de Compras y Contratación Pública, por lo tanto, esta última hace extensivo los efectos de un fallo del que no se le ha ordenado cumplir jurisdiccionalmente, resultando entonces su actuación arbitraria e ilegal.

Refiere que su representada no interpuso recurso alguno contra dicha sentencia.

Continúa manifestando que la aludida condena además de ser desproporcionada, para la recurrente, ha devenido en el acto arbitrario e ilegal recurrido por medio de esta acción, el que apareja que su representada haya sido declarada Proveedor Inhábil en el Registro Chile Proveedores.

Sostiene que la consecuencia del actuar ya descrito determina la aplicación arbitraria e ilegal de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.886, que dispone: “Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y con los que exige el derecho común. Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal”.

Luego cita jurisprudencia del Excmo. Tribunal Constitucional respecto al precitado artículo 4° de la Ley N° 19.886, que ha declarado su inaplicabilidad.

Continúa sosteniendo que la Ley N° 19.886 no contempla la oportunidad para discutir ante los tribunales laborales la procedencia o duración de esta pena de inhabilitación impuesta en virtud del inciso primero de su artículo 4°.

De otro lado, asevera que el acto administrativo impugnado es arbitrario porque no existe motivo real que lo fundamente. Es más, como ha sido reiterado y aplicado a otros sujetos, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago ha condenado a la recurrida por el mismo acto recurrido, declarando que: “(…)no puede ser ignorado por la recurrida la evolución jurisprudencial especialmente de la Corte Suprema posterior a la reforma del inciso primero del artículo 4 de la Ley 19.886, que en ocasiones ha llevado a que entes públicos hayan sido considerados sujetos pasivos de la acción de tutela laboral por derechos fundamentales en los términos del artículo 485 del Código del Trabajo, por lo que era del todo previsible que entre las condenas comunicadas por los Juzgados del Trabajo a la Dirección del Trabajo, se incluyeren condenas a organismos públicos a los que no les es aplicable la sanción de inhabilidad que establece la citada norma- como fue el caso que motiva este recurso.” (Rol Protección 43854-2017)

Acusa la contumacia de la recurrida, toda vez que el acto que se impugna mediante la presente acción constitucional, deriva de su comportamiento ilegal y/o arbitrario al seguir aplicando una sanción, pese a estar al tanto que no procede aplicar por ser ésta inconstitucional, conforme variados procesos seguidos ante el Excmo. Tribunal Constitucional, por vulnerar derechos fundamentales.

Afirma que, si bien su representada fue condenada por una tutela de derechos fundamentales, en ningún caso la demandante (ex trabajadora de DIAGMED LTDA.) solicitó en dicho juicio aquella sanción, no fue una materia controvertida en el juicio y menos el Juez de Primera Instancia del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, al momento de dictar la sentencia, condenó a su representada a dicha sanción, sino que sólo ordenó que se remitiera copia del fallo a la Dirección del Trabajo. Así las cosas, la sanción aplicada no tuvo ninguna instancia de ser discutida por su representada, vulnerando gravemente y afectando sus derechos fundamentales, como lo son en este caso, el derecho a la igualdad ante la ley establecido en el artículo 19 Nº 2 inciso 2 de la Carta Fundamental, esto es, ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias; el Derecho al Debido Proceso resguardado en el artículo 19 Nº 3 inciso 6 de la Constitución Política de la República, a los que se agrega la afectación al Derecho de Propiedad estatuido en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución. Ello porque la recurrente en los últimos años sólo presta servicios para organismos públicos, por lo que mantenerle esta sanción, es condenar directamente a la empresa a que se vaya a liquidación, por no poder cumplir con sus obligaciones civiles, comerciales, tributarias y sobre todo laborales.

En cuanto a las garantías afectadas, señala en primer término que se ha vulnerado su derecho a la igualdad ante la ley, estatuido en el inciso 2° del numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política, el que se hace plenamente relevante en el caso concreto, pues da origen al llamado principio de razonabilidad o de interdicción de la arbitrariedad, que no es otra cosa que la obligación de los poderes del Estado de obrar conforme a criterios no solo legales, sino también razonables. Así, se ha concluido que la razonabilidad es el cartabón o standard de acuerdo con el cual debe apreciarse la medida de igualdad o la desigualdad.

Añade que la recurrida vulnera el derecho de igualdad ante la ley garantizado en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución, mediante la exclusión de la recurrente del Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración de la Dirección de Compras Públicas, al no diferenciar situaciones jurídicas objetivamente distintas, ya que la norma del artículo 4 inciso primero de la ley 19.886 contempla la imposición de una única e ineludible sanción, sin el previo procedimiento justo y racional que además exige el artículo 19 Nº 3 inciso sexto de la Constitución que desarrolla a continuación, al existir una sanción que no fue solicitada por la demandante, no fue controvertida en el juicio, no hubo momento alguno para desacreditarla y tampoco se ordenó su aplicación en la sentencia. Aduce que en este caso, la actuación de la recurrida atenta contra la razonabilidad, siendo el acto recurrido palmariamente ilegal.

Afirma que dicho acto atenta contra los principios básicos del procedimiento administrativo al desentenderse de los principios de escrituración, gratuidad, celeridad, conclusivo, economía procedimental, contradictoriedad, imparcialidad, abstención, no formalización, inexcusabilidad, impugnabilidad, transparencia y publicidad, lo que, lo torna arbitrario ya que no supera el test de la razonabilidad.

Agrega que el proceder de la recurrida, por el cual excluye o suspende a su representada del Registro de Proveedores o “Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración”, vulnera la exigencia constitucional del juzgamiento con arreglo a un debido proceso sancionatorio, conforme al cual las sanciones accesorias o consecuenciales a otras, impuestas por órganos jurisdiccionales, requieren de declaración condenatoria expresa, en el fallo que impuso la pena principal.

Argumenta que si la sentencia laboral no impuso la sanción de exclusión o suspensión de la recurrente del Registro de Proveedores, o su calificación de inhábil para figurar en él, esto es, si en ellas no se condenó a su representada a ser excluida o suspendida del Registro de que se viene hablando, resulta que la sanción que ahora se impone, ha sido impuesta por esta Administración, de forma automática, sin emanar de una sentencia dictada por un juez de la República, lo que es ilegal y, además, vulnera abiertamente el artículo 19 N° 3 inc. 6° de la Constitución Política de la República.

Como un segundo acápite, alega la existencia de infracción al artículo 19 N° 3 inciso 1° de la Constitución Política de la República, consistente en la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, en tanto la norma impugnada de constitucionalidad genera una desigual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos para su parte y desigualdad de armas.

En tercer término, esgrime una vulneración de la igualdad ante la ley mediante transgresiones al debido proceso infringiendo el inciso 5° del número 3° del artículo 19º de la Constitución Política de la República, la que estima se produce en este caso al vulnerar las normas básicas del derecho a defensa, pues la limitación que se hace al derecho al recurso, pieza fundamental del debido proceso, deja en la más total indefensión al particular ante las decisiones de un órgano administrativo.

Finalmente señala que se ha afectado su derecho de propiedad, regulado en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución, ya que no se le permite participar en licitaciones a que llamen los organismos del Estado, enfatizando que sólo ha contratado con organismo públicos, por lo que mantener el acto ilegal y arbitrario, importa condenar a la empresa a no poder seguir funcionando, afectando su derecho de propiedad y en definitiva, teniendo que prescindir y despedir a más de 58 trabajadores contratados, debiendo solicitar su liquidación, pues no podría recurrir a la reorganización, desde que está impedida de contratar por el lapso de 2 años, con el que ha sido su único mercado. Así las cosas, mantener dicho acto arbitrario e ilegal, ocasiona una pérdida de ingresos totales y un grave detrimento patrimonial para DIAGMED LTDA., que pone en peligro su viabilidad, desarrollo y capacidad para cumplir sus obligaciones civiles, tributarias, comerciales y sobre todo laborales.

Atendido lo referido, solicita:

1. Se declare ilegal y/o arbitrario el acto por el cual la Institución recurrida declaró a la sociedad de DIAGMED LTDA como Proveedor no habilitado en el Servicio de Chile Proveedores.

2. Se deje sin efecto dicha inhabilidad y proceda a reincorporar a la sociedad de DIAGMED LTDA al Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración de la Dirección de Compras y Contratación Pública, o el que haga sus veces, como un Proveedor habilitado.

3. Se adopten todas las demás medidas que esta Corte estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la recurrente.

4. Que se condene en costas a la recurrida, solo en el caso que hubiere oposición al informar, o no lo hiciera, SEGUNDO: Que por su parte la Dirección de Compras y Contratación Pública a través de su Directora, doña nombre reservado, evacuó el informe que le fuera requerido, pidiendo el total rechazo del presente recurso.

Esgrime al efecto, que la inhabilidad del artículo 4° de la ley N° 19.886 y la del artículo 92, N° 7 del Reglamento de la Ley N° 19.886, poseen alcances, efectos y características particulares que las diferencian entre sí. Pues bien, en lo que dice relación a la inhabilidad del artículo 4° de la ley N° 19.886, dicha Dirección no cumple rol alguno en relación a su aplicación y control, por cuanto es responsabilidad de cada entidad pública compradora, individualmente considerada, el constatar si el respectivo proveedor con el que se pretende contratar ha incurrido o no en la citada causal legal de inhabilidad.

Expresa que distinta es la situación que rodea la inhabilidad del artículo 92 N° 7 del reglamento de la ley N° 19.886, que a diferencia de la primera inhabilidad citada, sí debe ser constatada y aplicada por la Dirección Chile Compra, en su calidad de administrador del Registro de Proveedores.

Así, el precitado artículo 92 N° 7 establece una inhabilidad para inscribirse en el Registro de Proveedores, con prescindencia de la época en la cual la condena haya quedado firme y ejecutoriada, a diferencia de la inhabilidad del artículo 4° de la ley N° 19.886, respecto de cuya causal se exigió su concurrencia al momento de la presentación de la respectiva oferta, o durante los 2 años anteriores, tratándose de licitaciones públicas. Es más, el mismo reglamento reconoce de manera expresa en el artículo 93, que esta inhabilidad opera en forma sobreviniente, en cuanto afecta a quienes ya se encuentran inscritos.

Aduce que la Dirección de Compras y Contratación Pública es un servicio público descentralizado, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda, que tiene dentro de sus funciones, de acuerdo a lo dispuesto en la letra f) del artículo 30 de la ley N° 19.886, la de “Administrar, mantener actualizado y licitar la operación del Registro de Contratistas y Proveedores a que se refiere el artículo 16, otorgando los certificados técnicos y financieros, según lo establezca el reglamento”. Por su parte, el artículo 16 referido, reitera la citada función al indicar que “Existirá un registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública. En dicho registro se inscribirán todas las personas naturales y jurídicas, chilenas y extranjeras que no tengan causal de inhabilidad para contratar con los organismos del Estado. (…)”.

Explica que dado que la notificación de la sentencia condenatoria, ya sea por prácticas antisindicales como por infracción a los derechos fundamentales del trabajador se hace a la Dirección del Trabajo, la recurrida sólo realiza un acto de constatación para aplicar las medidas relacionadas con la configuración de la referida causal de inhabilidad, ya que la causal para quedar inhabilitado de formar parte del registro de contratista se configura desde que el pronunciamiento del tribunal respectivo quede ejecutoriado, lo que ocurre cuando habiendo transcurrido el plazo no se han presentado recursos o estos han sido fallados.

Esgrime que la Dirección de Compras y Contratación Pública y la Dirección del Trabajo suscribieron un convenio de colaboración el 20 de enero de 2009, por el que la Dirección del Trabajo entrega a la recurrida la información relativa a las condenas por prácticas antisindicales e infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

En ese orden de ideas, indica que conforme al principio de juridicidad, contenido en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y 2° de la Ley N° 18.575, la entidad informante se encuentra obligada a aplicar la normativa legal y reglamentaria vigente, sin corresponderle interpretar su sentido y alcance. En definitiva, el cambio en la plataforma del estado del proveedor, de hábil a inhábil, derivado de la información entregada por la Dirección del Trabajo, no es sino la concreción del ejercicio de las facultades y atribuciones que por mandato legal corresponden a la Dirección informante, no pudiendo, por ende, calificarse de ilegales, desde que la inhabilitación del proveedor se funda en una sentencia firme y ejecutoriada, informada por la Dirección del Trabajo, inhabilidad que no importa un ejercicio deliberativo por parte de la Dirección recurrida, sino que la sola constatación de la información originada en la fuente oficial, esto es, la Dirección del Trabajo.

Sostiene que su actuación no es ni ilegal ni arbitraria o carente de motivación, señalando que la inscripción de la recurrente se encuentra vigente, no habiendo dicha institución sido eliminada del Registro, sino que únicamente se ha procedido respecto de esta a un cambio de su estado en el señalado Registro de Proveedores, de hábil a inhábil, cuya motivación no es otra que la certificación de la ejecutoriedad de una sentencia condenatoria por violación a los derechos fundamentales de los trabajadores. De allí que la aplicación de la inhabilidad del proveedor en el Registro de Proveedores, a través del referido sistema, derivada de la información entregada por la Dirección del Trabajo, fue practicada en cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria vigente.

Manifiesta que la citada norma del artículo 92 N° 7 del Reglamento de la ley N° 19.886, constituye simple y llanamente “derecho” (iuris), el cual debe ser aplicado en forma estricta por esa Dirección, en cumplimiento del citado principio de juridicidad. Desde tal perspectiva, no corresponde que el actuar de la recurrida sea bajo ninguna circunstancia calificado como arbitrario.

En esta misma línea, afirma que de la sola lectura del precepto reglamentario aplicado, no cabe sino entender que la inhabilidad para formar parte del registro se configura tras la certificación de estar ejecutoriada la sentencia condenatoria, en este caso, por infracción a los derechos fundamentales. En consecuencia, no se trata de una pena accesoria impuesta en sede laboral, como quiere establecer el recurrente, sino que la condena, en sí misma, configura la inhabilidad para inscribirse o mantenerse inscrito en el registro por el período de tiempo que la norma establece, esto es, 2 años. Así las cosas, la inexistencia de orden jurisdiccional no excusa a la Dirección recurrida de cumplir un imperativo legal, cual es, dar estricto cumplimiento al artículo 17 de la ley N° 19.886, en relación con el artículo 92 del reglamento, que establece las causales de inhabilitación para inscribirse en el registro. Tampoco corresponde ponderar a dicha Dirección la proporcionalidad de la medida o reducir su disvalor o aplicabilidad por encontrarse la sentencia cumplida desde el punto de vista pecuniario.

En cuanto a la garantía enunciada en el citado artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, manifiesta que la inhabilidad del artículo 4° que señala el recurrente, escapa del control de esa Dirección, debiendo ser constatada por cada comprador público. Distinto es la consecuencia que genera una condena por infracción a los derechos fundamentales en el estado de un proveedor en el Registro de Contratista del Estado, ya que, conocida por dicha Dirección una condena como la señalada, está en la obligación de informar dicha situación en el registro, por cuanto las causales de inhabilidad para inscribirse están descritas en el reglamento de compras, por remisión que hace la ley. En tal sentido, el cambio de estado de la actora, a la condición de “inhábil”, en el registro de proveedores, en ningún caso implica una violación al derecho o garantía contenido en el citado artículo 19 N° 2 de la Constitución, toda vez que la Dirección de Compras y Contratación Pública dio cumplimiento estricto a la normativa legal y reglamentaria que la regula, a saber, el artículo 16 de la ley N° 19.886, y los artículos 92 y 93 del reglamento del citado cuerpo legal. Es más, el hecho de reflejar la inhabilidad se ciñó exactamente a la aplicación de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, actuando consistentemente y sin hacer distinción alguna en la aplicación del precepto reglamentario. Entonces, aquel proveedor que tenga una causal de inhabilidad para inscribirse o permanecer en el registro será informada, recibiendo el mismo tratamiento todos quienes se encuentren en esta situación.

En lo que se refiere a la supuesta afectación de los derechos y garantías asegurados por el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, observa que el actuar de esa Dirección se ha limitado a constatar la inhabilidad que afecta a la recurrida, la que proviene de su propio actuar.

Finalmente, en lo que dice relación con los derechos y garantías asegurados por el artículo 19 N° 24, cabe señalar que la condición de habilidad o inhabilidad de un proveedor en el registro de proveedores, al estar condicionada al cumplimiento de los requisitos del artículo 92 del reglamento de la ley N° 19.886, es esencialmente transitoria y mutable, por lo que no se traduce en situaciones jurídicas consolidadas y, menos aún, en derechos adquiridos que ingresen al patrimonio del respectivo proveedor. En tal sentido, en ningún caso puede entenderse que el cambio del estado de un determinado proveedor en el registro de proveedores, de hábil a inhábil, incida en una conculcación a la garantía constitucional protegida mediante el artículo 19 N° 24. Por otro lado, agrega que todos los derechos adquiridos que hayan ingresado a su patrimonio en razón de los contratos ya suscritos, no se deberían ver afectados por la actual inhabilidad en el Registro de Proveedores, por lo que se mantiene intacta la garantía protegida por el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Por lo expuesto, pide lo más arriba indicado.

TERCERO: Que para dilucidar el asunto sometido a la decisión de esta Corte, es preciso señalar que la acción de protección contenida en el artículo 20 de nuestra carta fundamental, debe ser ejercida ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que provoquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías con resguardo constitucional, para que en su caso, se adopten las providencias necesarias en el restablecimiento del imperio del derecho, asegurándose la debida protección del perjudicado. De lo que se sigue, que se trata de un procedimiento extraordinario, de emergencia, cuyo objetivo es remediar pronta y eficazmente los efectos lesivos de un actuar ostensiblemente contrario al ordenamiento jurídico o carente de fundamento o caprichoso, reparándose así el amago provocado a derechos o prerrogativas derivadas de situaciones ciertas y definidas y, por ello, con resguardo constitucional preferente. Todo ello sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los Tribunales correspondientes.

CUARTO: Que atendido lo anterior, es necesario determinar si ha existido de parte de la entidad recurrida un acto ilegal o arbitrario que amenace, perturbe o prive a la reclamante de protección del legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías establecidos en la Constitución Política de la República, especialmente en este caso, aquellos contemplados en los numerales 2, 3, y 24 del artículo 19 de la carta fundamental.

QUINTO: Que al respecto, de la lectura del libelo recursivo, lo sostenido por la entidad recurrida y lo manifestado por los abogados de los anteriores en estrado, es evidente que no existe discusión ni cuestionamiento entre ellas, en cuanto a que la sociedad recurrente fue condenada por sentencia ejecutoriada en un juicio laboral por tutela de derechos fundamentales, al pago de diversas prestaciones e indemnizaciones. Asimismo, que con motivo de dicha sentencia se ordenó remitir copia de la misma a la Dirección del Trabajo, lo que realizado, derivó en que la institución recurrida constató la configuración de la causal de inhabilidad que afecta a la recurrente, cambiando el estado de proveedor hábil a inhábil en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración de la Dirección de Compras Públicas. Acto que, precisamente, la reclamante de protección estima ilegal y arbitrario, con el que, en su opinión, se conculcan los derechos constitucionales más arriba señalados y respecto de los que por esta vía reclama.

SEXTO: Que en consecuencia, encontrándose claramente establecido el acto realizado por la recurrida, corresponde determinar si este es arbitrario y/o ilegal, y verificado aquello, si con él se conculca algún derecho resguardado por la Constitución Política de la República.

SEPTIMO: Que al efecto se hace necesario considerar que como se lee del artículo 28 de la Ley 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, la institución recurrida fue creada por dicha norma y se encuentra regulada por ella y su Reglamento.

Así conforme lo establece el artículo 30 de la aludida Ley, entre las funciones que le competen está: “f) Administrar, mantener actualizado y licitar la operación del Registro de Contratistas y Proveedores a que se refiere el artículo 16, otorgando los certificados técnicos y financieros, según lo establezca el reglamento.” A su turno el precitado artículo 16, en lo que interesa, estatuye: “Existirá un registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

En dicho registro se inscribirán todas las personas naturales y jurídicas, chilenas y extranjeras que no tengan causal de inhabilidad para contratar con los organismos del Estado.” Adiciona el mismo precepto: “Este registro será público y se regirá por las normas de esta ley y de su reglamento.”

A su vez, el señalado reglamento, aprobado por Decreto N° 250 del Ministerio de Hacienda de 24 de septiembre de 2004, en su artículo 1° dispone: “Los contratos que celebre la Administración del Estado, a título oneroso, para el suministro de bienes muebles, y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones, se ajustarán a la Ley de Compras, sus principios y al presente Reglamento. Supletoriamente, se les aplicarán las normas de Derecho Público y, en defecto de ellas, las normas de Derecho Privado.

En lo que sea pertinente, se aplicarán a los contratos señalados anteriormente las normas establecidas en los Tratados Internacionales sobre la materia, ratificados por Chile, y que se encuentren vigentes.”

A su vez, su artículo 2° entrega varias definiciones, entre ellas de “Entidades”, que describe como “Los órganos y servicios indicados en el artículo 1° de la ley N° 18.575, salvo las empresas públicas creadas por ley y demás casos que la ley señale; también del “Registro de Proveedores”, respecto del que indica: “Registro electrónico oficial de Proveedores, a cargo de la Dirección, de conformidad a lo prescrito por la Ley de Compras.”

De otro lado, y en lo atingente al asunto que se revisa, el artículo 41 del reglamento ordena: “No podrán adjudicarse ofertas de Oferentes que se encuentren inhabilitados para contratar con las Entidades.” Adicionando el artículo 66, “las Entidades podrán exigir a los Adjudicatarios su inscripción en el Registro de Proveedores para poder suscribir los contratos definitivos.”

Por su parte, los artículos 80 y 81 del reglamento señalan, el primero, titulado “Registro de Proveedores: Existirá un Registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública. En dicho Registro se inscribirán todas las personas, naturales y jurídicas, chilenas y extranjeras que no tengan causal de inhabilidad para contratar con los organismos del Estado.”; y, el segundo, bajo el encabezado “Objeto del Registro de Proveedores: El Registro de Proveedores tendrá por objeto registrar y acreditar antecedentes, historial de contratación con las Entidades, situación legal, financiera, idoneidad técnica, así como la existencia de las causales de inhabilidad establecidas en el artículo 92 del presente reglamento, para contratar con las Entidades.”

Por último, en lo que interesa en esta acción cautelar, el artículo 92, bajo el epígrafe: “Causales”, señala: “Estarán inhabilitados para inscribirse en el Registro de Proveedores los que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:…7) Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.” y el artículo 93 bajo el enunciado “Inhabilidad Sobreviniente:” indica: “Si a un Proveedor inscrito le sobreviene alguna causal de inhabilidad con posterioridad a la inscripción, ésta será dejada sin efecto.”

OCTAVO: Que de lo expuesto, es inconcuso que la situación de proveedor inhábil en que se encuentra la recurrida en el Registro de Proveedores deviene de su propio actuar, el que fue conocido y sancionado por un Tribunal de la República con cabal acatamiento a la normativa pertinente, especialmente la relativa al debido proceso.

Asimismo es manifiesto que constatada por la recurrida la condena de que fue objeto la recurrente, acorde a lo dispuesto en los artículos 92 y 93 del Reglamento de la Ley 19.886, actuó dentro de la esfera de sus obligaciones como administradora del Registro de Proveedores, entre ellas mantenerlo con los antecedentes actualizados, sin que en ello se advierta arbitrariedad ni ilegalidad alguna.

NOVENO: Que atendido lo precedentemente concluido, no pudiendo inferirse del mérito de los antecedentes allegados, que el actuar reprochado a la recurrida fuere ilegal y/o arbitrario, imperioso es concluir que en este caso no concurren los presupuestos del artículo 20 de la Constitución Política de la República, lo que necesariamente lleva a desestimar la presente acción cautelar constitucional.

DECIMO: Que no obsta a lo precedentemente colegido la sentencia del Tribunal Constitucional que acogió la inaplicabilidad por inconstitucional del artículo 4°, inciso primero, segunda oración, de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, toda vez que la actuación por esta vía reprochada obedece a lo estatuido en los artículos 16 y 30 de la Ley precitada y especialmente en los artículos 1, 41, 66, 80, 81, 92 N° 7 y 93 del Reglamento de la misma.

Se adiciona a lo dicho, que esta Corte comparte lo razonado y concluido en los votos de minoría de la sentencia del Excmo. Tribunal Constitucional y de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, especialmente en cuanto al deber del Estado de actuar y operar con estricto apego al ordenamiento jurídico en todas las materias, quedándole vedado actuar con personas naturales y/o jurídicas que infrinjan tales preceptos, como es precisamente el caso.

En mérito de lo expuesto y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por el Centro de Diagnóstico y Especialidades Médicas Limitada, Diagmed Limitada, en contra de la Dirección De Compras y Contratación Pública.

Regístrese, notifíquese, y en su oportunidad, archívese.

Redacción de la Ministro señora María Soledad Espina Otero.

Nº 4634-2020-PROT.

Pronunciada por esta Cuarta Sala de esta Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los Ministros señor Diego Simpértigue Limare, señora Ana Cienfuegos Barros y señora Soledad Espina Otero.