nombre reservado con nombre reservado

En Santiago, a veintitrés de octubre de dos mil diecisiete.

VISTOS:

A fojas 1, comparece don HUMBERTO BENJAMÍN RIVEROS ALARCÓN, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, comerciante, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de don nombre reservado, ignora profesión u oficio, en su calidad de Jefe de Departamento de Procedimientos Administrativos del Servicio de Impuestos Internos de la Región Metropolitana Sur, con domicilio en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario en que ha incurrido al dictar la Resolución exenta Nº 80664 de 4 de agosto de 2017, notificada a esa parte el 8 de agosto del año en curso, la que rechazó la solicitud de Revisión de la actuación fiscalizadora efectuada con fecha 2 de junio de 2017. Solicita se deje sin efecto la referida resolución, disponiendo que el recurrente sea legalmente emplazado y pueda ejercer los derechos que la ley le concede en tiempo y forma, asimismo, que ordene dejar sin efecto el embargo decretado en su contra en el expediente administrativo Rol Nº 10617-2015 de Tesorería General de la República, con costas por vulnerar las garantías constitucionales señaladas en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado.

Señala que su representado es contribuyente de 1ª categoría en el giro de transporte de carga por carretera y que con fecha 2 de febrero de 2015 el Servicio de Impuestos Internos emitió un giro bajo el Folio 97527571-K, por la suma de $ 11.145.885, suma que corresponde a la diferencia detectada entre lo declarado por el recurrente en la declaración de renta del año tributario 2011 y lo determinado por el Servicio de Impuestos Internos. Agrega, que en dicho giro se informa que la liquidación Nº 115128000012, que antecede al giro en cuestión, fue notificada con fecha 19 de diciembre de 2013 por una suma de $ 11.145.885, que se indica en el código 296 del Formulario 21. Manifiesta el recurrente, que contrario a lo informado por el referido servicio, dicha liquidación nunca le fue notificada a su representado.

Refiere que atendido lo expuesto, inmediatamente de recibido el giro, se solicitó información verbal en la Unidad de Servicios Internos de La Florida, respecto de Liquidación Nº 115128000012, en cuanto a la forma de notificación, dirección a la cual se habría dirigido y persona que la habría recibido, añade que al no haber recibido respuesta satisfactoria, con fecha 16 de marzo de 2016, se realizó una petición administrativa a través de Formulario 2117, Folio 77315707288, en la que se solicitó la información ya señalada. Añade que con fecha 20 de marzo de 2016 a través de correo electrónico se le informa que la Liquidación Nº12 de 16 de diciembre de 2013, se habría notificado mediante carta certificada el 19 de diciembre de 2013 por un valor neto de $ 11.145.885 y que posteriormente se emitió Giro Folio Nº97527571 de dos de febrero de 2015.

Añade que intentó hacer el seguimiento de la carta certificada digitando el código que aparece en extremo superior izquierdo del extracto de la liquidación referida, pero al realizarlo la respuesta que entrega Correos de Chile es “el envío 9950970381238, no existe”. Manifiesta el recurrente que de aquello se desprende que no hubo tal carta certificada en tránsito a su destinatario, por lo que se infiere que nunca se efectuó la notificación de la Liquidación Nº 115128000012, vulnerándose con esto el derecho a defensa.

Expresa, que como corolario de todo lo anterior, la Tesorería de la República con fecha 28 de junio de 2017 trabó embargo sobre la cuenta corriente de su representado, pues en paralelo a la reclamación de la liquidación antes aludida, se llevó a cabo el cobro ejecutivo de la deuda, que para el Servicio de Impuestos Internos ya está firme y ejecutoriada, habiendo incluido al recurrente en la Nómina de Deudores Morosos del Fisco, con lo que se conculca el derecho de propiedad.

En el derecho, además de las normas ya referidas, se han vulnerado los artículos 6º y 7º de la Constitución Política del Estado, artículo 2º de la Ley 18.575, que fija las bases Generales de la Administración del Estado, oponiéndose además, a las disposiciones establecidas en las letras j), m), p), u) del punto 3 y punto 4 de la Circular Nº26 de 28 de abril de 2008 que establece el “Procedimiento Administrativo de revisión de las actuaciones de fiscalización”

A fojas 21 informa don nombre reservado, en su calidad de Jefe de Departamento de Procedimientos Administrativos Tributarios XVI regional metropolitana Santiago Sur del Servicio de Impuestos Internos, quien solicita el rechazo del recurso incoado, por improcedente, con costas, por los argumentos que pasa a exponer.

Señala que producto del proceso de revisión de antecedentes del recurrente, se detectaron diferencias entre la declaración del impuesto de la renta del año tributario 2011, folio 97527571, presentada por el contribuyente nombre reservado y la información con la que contaba el Servicio, por lo que mediante comunicación de 22 de diciembre de 2011 (carta 710117275) se le solicitó que se presentara en la oficina de Servicios de Impuestos Internos a efecto de aportar la documentación necesaria a fin de aclarar las observaciones realizadas. Atendido que el contribuyente no aportó antecedentes suficientes a fin de acreditar la veracidad de sus declaraciones, con fecha 16 de diciembre de 2013 se procedió a determinar las diferencias de impuestos detectadas por concepto de Impuesto Global Complementario por la suma de $ 11.145.885, mediante la emisión de liquidación Nº115128000012, la que fue notificada conforme lo dispuesto en el artículo 11 del Código Tributario mediante carta certificada de fecha 19 de diciembre de 2013, en el domicilio registrado por el recurrente ante ese órgano. Añade, que no habiendo recibido reclamo tributario conforme a lo dispuesto en los artículos 124 y siguientes del citado código, en contra de la liquidación ya individualizada, y conforme a lo señalado en el inciso 2º del mismo cuerpo legal, ese organismo emitió el giro correspondiente, folio 97527571 de fecha 2 de diciembre de 2015.

Manifiesta que con fecha 16 de marzo de 2015, el recurrente a través de su mandatario presentó una petición administrativa mediante Formulario 2117, la que ingresó al sistema de seguimiento y control interno SISPAD con el folio 77315707288, en la que solicitó la notificación de la liquidación 11512800001 de 16 de diciembre de 2013, señalando la dirección de correo electrónico al cual debía dirigirse la respuesta. Añade, que con fecha 20 de marzo a través de correo electrónico se informó al contribuyente que la referida liquidación, fue notificada a través de carta certificada el 19 de diciembre de 2013 por impuestos ascendentes a la suma de $ 11.145.885. Asimismo, se le señaló que con fecha 2 de febrero de 2015 se emitió giro folio Nº 97527571, entregándole copia de la liquidación consultada.

Agrega, que con fecha 2 de junio de 2017, el recurrente dedujo solicitud de revisión de la actuación fiscalizadora de la liquidación precitada y del giro asociado, a objeto que se declarara la nulidad de los actos administrativos señalados por cuanto la liquidación no fue debidamente notificada, afectando su derecho a defensa, emitiéndose posteriormente el giro asociado, sin que previamente tuviese conocimiento del acto que le sirve de fundamento, por efectuadas averiguaciones en Correos de Chile, no es posible acreditar que la carta certificada a través de la cual se notificó el acto haya sido recibida en su domicilio por persona adulta, hecho que invalida el giro asociado emitido.

Refiere que mediante Resolución Exenta Nº 80.664/2017 del Jefe del Departamento de Procedimientos Administrativos Tributarios, previo informe legal N° 177 de 1 de agosto del año en curso, resolvió no dar lugar a la solicitud, por las razones establecidas en el propio acto administrativo, las que se dan por reproducidas.

Señala que el recurso interpuesto es extemporáneo, por cuanto de su recurso queda claramente establecido que su objeto es la falta de notificación de la liquidación Nº 1151128000012 de 16 de diciembre de 2013, que es de una data muy anterior a la del giro de impuestos, actuación última que motivó el inicio del procedimiento que culminó con la dictación de la mencionada resolución exenta Nº 80.664.

Sostiene que el propio actor tomó conocimiento de la liquidación y de su supuesta falta de notificación, en el mes de febrero de 2015, oportunidad que supo de la existencia del giro folio 97527571 de 2 de febrero de 2015, lo que queda de manifiesto ya que en marzo de dicho año hace una presentación al Servicio a través del Formulario 2117, solicitando información de la referida liquidación. En tal sentido el recurso de protección se ha presentado dos años después de haber tomado conocimiento de la supuesta vulneración de sus derechos, siendo deducido recién con fecha 9 de septiembre del presente, encontrándose vencidos latamente los 30 días que establece la norma pertinente.

Indica que la acción de protección no es la vía idónea para el conocimiento del asunto, existiendo en el artículo 123 del Código Tributario un Procedimiento General de reclamaciones, mediante el cual el contribuyente que ha sido notificado de su liquidación podrá reclamar de ella ante un Tribunal Tributario o Aduanero.

A fojas 34, informa don nombre reservado, Jefe de División Jurídica de la Tesorería General de la República, señalando que respecto al recurrente se inició con fecha 7 de abril de 2015, un procedimiento que corresponde al Expediente Administrativo N° 10617, por cobro de impuestos, seguido ante Tesorero Provincial de la Florida en su calidad de Juez Sustanciador, el que se ha enmarcado dentro de las disposiciones del procedimiento ejecutivo de cobro establecido en el Libro III, Título V, en los artículos 168 a 199, del Código Tributario.

Precisa que del referido expediente consta del embargo de una propiedad con fecha 12 de mayo del año 2015 y el embargo de dineros en cuenta corriente a fojas 17 con fecha 28 de junio del año 2016. Todo lo cual demuestra que no es efectivo lo que señala el contribuyente en cuanto a que los embargos se produjeron en el año 2017.- Ambas partes alegaron ante el Tribunal y dicha causa quedó en acuerdo con fecha 17 de octubre en curso.

CONSIDERANDO.- PRIMERO.- Que se debe tener presente que el recurso de protección es una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ante actos u omisiones arbitrarias o ilegales de autoridades o particulares que importen una privación, perturbación o amenaza, mediante la adopción de medidas concretas destinadas a restablecer el imperio del derecho y poner fin a dichos actos u omisiones.

En consecuencia, para la procedencia del recurso interpuesto se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia del acto u omisión reprochada; b) Que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción; c) Que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y, d) Que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección debida, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO.- Que el contribuyente y recurrente interpone el presente recurso con fecha 6 de septiembre de 2017 fundado que con fecha 2 de febrero de 2015 se emitió un giro por diferencia de impuestos por liquidación de renta, mediante formulario 21 individualizado con el folio N° 97527571-k por un valor que asciende a $ 11.145.885, giro en cuyo detalle se indicaba originado en la declaración de renta correspondiente al Formulario N° 22 presentado en el año tributario 2011 con el folio ya señalado. En dicho giro se hace referencia a la Liquidación N° 115128000012 que antecede al giro, dándosele a entender que esta liquidación se le habría notificado con fecha 19 de diciembre de 2013. Lo que alega el recurrente es que dicha notificación jamás existió, haciendo el seguimiento de dicha carta conforme al número que otorga Correos de Chile arrojó la información de “no existe”. Ante ello se reclamó verbalmente en muchas ocasiones ante el Servicio hasta que lo hizo por escrito a través del formulario 2117, folio N° 77315707288 el día 16 de marzo de 2015 en donde se solicita la fecha de notificación de la Liquidación en cuestión, el tipo de notificación, dirección en la cual se notificó, datos personales de la persona que habría recibido la notificación y número de identificación de envío correspondiente de Correos de Chile.

TERCERO.- Que en estrados la reclamada adujo, en lo esencial, dos argumentos. El primero de ellos tendría relación con la interposición extemporánea del recurso y, como segundo planteamiento relevante, refiere que el proceso administrativo se llevó acorde con los procedimientos- para estos efectos- establecidos en la Ley, el recurrente fue debidamente notificado por carta certificada de todas las resoluciones dictadas en el proceso de cobranza, incluida la liquidación que, es en definitiva lo que viene a objetar con este recurso, ya que la resolución contra la cual se ejerce la presente acción cautelar se sustenta precisamente en esa liquidación, cuya notificación fue despachada por Correos de Chile, jamás fue devuelta por esa Oficina y la consulta que ha formulado el contribuyente a la Oficina de Correos la efectuó dos años después de despachada por lo cual no es de extrañar que arroje la información como inexistente. Debidamente notificado jamás objetó esta liquidación.

CUARTO.- Que con fecha 7 de abril de 2015 se ordenó despachar mandamiento de ejecución y embargo en contra del recurrente en la causa de cobranza judicial seguida en su contra y cuyas copias parcialmente se han acompañado a esta causa.- Con fecha 12 de mayo de 2015 se trabó embargo sobre una propiedad del recurrente, siendo notificado por carta certificada el 29 de abril de 2015, según consta a fojas 6 del expediente, cuyas copias se guardan en custodia. Se solicitó su inscripción ante el Conservador de Bienes Raíces el 29 de mayo de 2015, notificándose por carta certificada al recurrente con fecha 12 de mayo de 2015. El embargo en las cuentas corrientes se produjo el 28 de junio de 2016.- De ninguna de estas gestiones- debidamente notificadas por carta certificada- el recurrente formuló objeción u observación alguna.

QUINTO.- Que sumado a lo anterior se tiene que el propio recurrente señala como primera gestión escrita que realizó ante el Servicio de impuestos Internos, el 16 de marzo de 2015, mediante formulario 2117, formulario que en versión de la recurrida constituye un formulario tipo para efectuar consultas a todos los contribuyentes que lo requieran. El recurrente sostiene que a través de esta petición requirió la notificación de la liquidación que motivó el giro ordenado posteriormente. Indica que aquella no le fue notificada. Sus alegaciones se sustentan en que dicha notificación jamás le llegó, puesto que pudo comprobar a través de la página de Correos mediante el folio obtenido de seguimiento de la carta, su inexistencia, sin considerar, el recurrente, que tal consulta la efectuó alrededor de dos años después que se le había despachado la carta cuestionada, tal como lo ha venido sosteniendo el recurrido.

QUINTO.- Que no obstante lo anterior, existen diversos antecedentes que demuestran que el recurrente tenía conocimiento de la situación, aun alegando falta de notificación, mucho antes de la presentación de este Recurso. En efecto, por Ord. 192 de 25 de mayo de 2015, el Director Regional haciendo uso de sus facultades y suspendió el procedimiento ante una petición expresa del contribuyente por un plazo de noventa días, que fue el mismo solicitado por el peticionario y respecto del giro folio N° 97527571. Posteriormente se hicieron dos presentaciones más en el mismo sentido y, el Director Regional accedió a tales suspensiones. Es decir a la fecha de la primera petición de suspensión, mayo de 2015, el recurrente estaba en pleno conocimiento de la existencia de un proceso de cobranza judicial, en consecuencia mal puede dos años después, al año 2017, plantear un recurso de protección cuyo plazo la Ley lo fija en 30 días desde la ocurrencia del hecho que se pretende arbitrario o ilegal, sea que se considere la fecha de la liquidación o la fecha del giro, en ambos casos los 30 días han transcurrido con creces. Aún más, el embargo de la propiedad de Alonso de Ercilla en la comuna de La Florida le fue notificado el 29 de abril de 2015, conforme consta a fojas 6 del cuaderno de ejecución, y no aparece oposición alguna a ello como tampoco respecto a la liquidación tantas veces aludida.

SEXTO.- Que por último los fundamentos del presente recurso y de las alegaciones expuestas en estrados por el recurrente, están destinadas a tratar de demostrar que la notificación de la liquidación jamás le llegó a su domicilio, sin que exista en esta causa antecedente alguno que la Oficina de Correos haya comunicado la devolución al remitente o que el domicilio es inexistente como suele ocurrir en estas situaciones y, a mayor abundamiento el recurrente sólo cuestiona esa notificación y ninguna de las otras notificaciones a que se ha hecho referencia y que constan en el cuaderno administrativo.

SEPTIMO.- Que aun en el evento de estimarse que el recurso se encuentra planteado dentro de plazo, los derechos que pretende conculcados el recurrente y contribuyente no llegan a constituir ninguno de los protegidos por nuestra Constitución Política. En efecto, el procedimiento seguido en su contra se encuentra expresamente regulado en Libro III, Título V del Código Tributario y no puede constituir un hecho arbitrario las resoluciones dictadas en un debido proceso, en donde el afectado no hizo uso de los recursos o alegaciones que la propia Ley le franquea, en donde consta que cada resolución le fue legalmente notificada, sin que pueda revivir plazos ya precluídos a través de un recurso excepcional como lo es la presente acción cautelar cuya aplicación es restringida a aquellos actos ilegales y arbitrarios. En este caso no existe ilegalidad ni arbitrariedad por haber emanado los actos denunciados de la autoridad y procedimientos debidamente establecidos por la Ley.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara, que SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto a fojas 1 y siguientes por don HUMBERTO BENJAMÍN RIVEROS ALARCÓN, abogado, en representación de don nombre reservado.

Regístrese y archívese.

Redacción de la Fiscal Judicial, nombre reservado.

Rol N° 4588- 2017-PROT Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros señor Diego Simpértigue Limare, señora Carolina Vásquez Acevedo y la Fiscal Judicial señora nombre reservado.