nombre reservado con AFP PLANVITAL S.A.

San Miguel, dieciocho de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Linda Nataly Quintero Mogollon, abogada, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en rechazar su solicitud de devolución de fondos previsionales efectuada conforme a la Ley N°18.156, con lo que vulnera los derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N° 2, 24 y 26 de la Constitución Política de la República.

Expone que presentó su solicitud de devolución de fondos previsionales y el 30 de octubre de 2025, se le notifica mediante carta que su solicitud fue rechazada porque no se acompañó certificado o constancia de afiliación vigente y susceptible de validación que logre acreditar que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, por todo el período de prestación de servicios en Chile, debidamente apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Indica que ingresó un reclamo ante la Superintendencia de Pensiones el 6 de noviembre de 2025 y también fue rechazado.

Explica que el extranjero ha dado cumplimiento íntegro de los requisitos establecidos en la ley 18.156, salvo la apostilla de la constancia que acredita su afiliación al sistema de afiliación venezolano, esto en virtud de que no existe representación consular de Venezuela en Chile que permita realizar este trámite, pero que, sin embargo, dicha exigencia resulta arbitraria e imposible de cumplir, toda vez que el propio Sistema de Apostilla Electrónica de la República Bolivariana de Venezuela no contempla la apostilla para este tipo de instrumento, cuestión que consta en los registros oficiales consultados en línea.

Sostiene que dicha conducta vulnera el derecho de propiedad de la solicitante, al imponer condiciones no previstas en la Ley N° 18.156, la cual solo exige acreditar la cobertura previsional en el extranjero y no la apostilla del documento.

Indica que la constancia acredita que la parte recurrente mantiene activa su cobertura previsional en Venezuela y que el sistema de seguridad social de ese país otorga prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, cumpliendo así los requisitos establecidos en la ley chilena. Además, el certificado electrónico emitido por el IVSS es verificable en línea mediante un código alfanumérico y emana de la autoridad competente.

En consecuencia, argumenta que el rechazo de la solicitud carece de motivación suficiente y se basa en una interpretación excesivamente formalista y restrictiva de los requisitos legales, contraviniendo el principio de juridicidad y el deber de fundamentación de los actos administrativos. Finalmente, refiere que la conducta de la AFP vulnera los derechos a la igualdad ante la ley y a la propiedad, reteniendo de manera injustificada los fondos previsionales de la recurrente, por lo que corresponde acoger la acción de protección y restablecer el imperio del derecho.

Solicita que se ordene que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente o el que esta Corte estime conforme al mérito de autos, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, al evacuar el informe solicitado, la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. solicita el rechazo del recurso, con expresa condena en costas.

Señala que la parte recurrente solicitó la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, el 24 de octubre de 2025, sin embargo sostiene que determinó que la documentación presentada no cumple con los requisitos copulativos exigidos por la normativa vigente, presentando deficiencias sustanciales que impiden dar curso favorable a la solicitud, vinculadas principalmente al incumplimiento del requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, referido a la acreditación de cobertura previsional en el extranjero por todo el período de prestación de servicios en Chile, mediante constancia válida, vigente y susceptible de verificación, conforme a lo dispuesto en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Indica que el solicitante acompañó dos documentos para acreditar el cumplimiento del requisito indicado: una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y una declaración consular legalizada por la representación diplomática venezolana en Chile y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, ninguno de estos documentos cumple con los estándares exigidos por la normativa vigente, ya que la constancia electrónica carece de firma autorizada, no ha sido apostillada ni legalizada y no acredita cobertura real y efectiva durante todo el tiempo trabajado en Chile, mientras que la declaración consular, aunque proviene de una fuente oficial, no cumple con los requisitos de vigencia exigidos por la normativa.

Agrega que la Superintendencia de Pensiones, mediante diversos pronunciamientos, ha instruido que las administradoras deben exigir documentos emitidos por la autoridad previsional competente, debidamente legalizados o apostillados, y que detallen de forma clara e inequívoca la cobertura integral otorgada. Asimismo, se ha descartado expresamente el uso de declaraciones juradas y constancias electrónicas sin legalización o apostilla como medios probatorios válidos, pues no cumplen con las formalidades exigidas ni acreditan la vigencia actual de la cobertura.

Refiere que la jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema ha confirmado que la verificación en línea mediante código no suple las exigencias formales establecidas por la normativa, y que no corresponde crear vías de excepción por circunstancias de fuerza mayor, por lo tanto, la documentación presentada por el recurrente no cumple con los requisitos copulativos exigidos por la Ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales, lo que impide dar curso favorable a la solicitud.

Sostiene que el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales no constituye un acto ilegal ni arbitrario, sino que responde a la aplicación estricta de la normativa vigente, en particular la Ley N°18.156 y las disposiciones y criterios emitidos por la Superintendencia de Pensiones, autoridad competente en la materia.

Destaca que la exención de cotizaciones previsionales establecida en la Ley N°18.156 es de carácter excepcional y requiere el cumplimiento estricto de los requisitos legales, especialmente la acreditación de cobertura previsional en el extranjero mediante certificación válida, legalizada o apostillada, que demuestre cobertura real y efectiva por los riesgos exigidos durante todo el periodo trabajado en Chile. Enfatiza que no tiene margen de discrecionalidad, debiendo rechazar solicitudes que no cumplan con los requisitos copulativos, como ocurrió en este caso.

Asimismo, argumenta que la negativa no afecta el derecho de propiedad del afiliado sobre sus fondos, los cuales permanecen en su cuenta individual y podrán ser solicitados nuevamente cuando se cumpla con la normativa.

Finalmente, sostiene que el recurso de protección no es la vía idónea para impugnar este tipo de decisiones, existiendo mecanismos administrativos específicos para resolver dichas gestiones, y que en la revisión del caso se han seguido los mismos criterios aplicados a todos los afiliados en situaciones similares, sin arbitrariedad ni ilegalidad.

Tercero: Que, al tenor de lo solicitado, la Superintendencia de Pensiones, por medio de oficio evacuado el 12 de diciembre de 2025, indicó que el señor nombre reservado solicitó a la Superintendencia de Pensiones el retiro de sus fondos previsionales como técnico extranjero y que su solicitud fue rechazada por falta de un certificado de afiliación a seguridad social extranjera, debidamente legalizado o apostillado.

El solicitante argumentó que no puede obtener ese documento debido a la falta de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, por lo que presentó una declaración jurada notarial en Chile, sin embargo, tanto la Superintendencia como la AFP Planvital reiteraron que solo se aceptan certificados emitidos por la autoridad previsional del país de origen y apostillados, no declaraciones juradas ni certificados electrónicos sin apostilla.

Sin perjuicio de ello sostiene que la ley N°18.156 que establece beneficios de exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales, es un régimen de excepción solo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que además den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de la ley, por ello, las Administradoras de Fondos de Pensiones sólo pueden acceder a las solicitudes de los trabajadores extranjeros para obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales o la exención de cotizar en el Sistema de Pensiones del D.L. N°3.500, de 1980, siempre y cuando los solicitantes acrediten haber cumplido los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, de conformidad con la normativa aplicable en la especie y con la sistemática jurisprudencia administrativa de la Superintendencia.

Indica que de conformidad con el N°8 del artículo 47 de la ley N°20.255; el N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980; y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N°101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, le corresponde a la Superintendencia la interpretación administrativa de las normas del Sistema de Pensiones.

Refiere que la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia ha resuelto que para acreditar el requisito de cobertura establecido en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, se podrá presentar un certificado de cobertura otorgado por la embajada o consulado del país de origen, en el cual expresamente se indique que este ha sido extendido en representación de la autoridad competente de la Seguridad Social del país que corresponde.

Precisa que, en lo que respecta a la cobertura previsional fuera de Chile, el trabajador extranjero debe aportar un documento que acredite en forma específica que en su caso ha contado durante la prestación de sus servicios en Chile, con la protección para todos los riesgos indicados en dicho precepto legal, esto es, vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad y, hace presente que, al referirse a la cobertura de salud, se ha exigido, además, que se especifique si ella comprende prestaciones pecuniarias (entendiendo esto último que dé derecho al pago de subsidios) y médicas, en caso de enfermedad de origen común.

Por otra parte, refiere que en cuanto a la Constancia Electrónica de Cotizaciones, que habría aportado la parte recurrente ante la Administradora, emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no señala las coberturas con que cuenta el recurrente, ni de este se puede inferir un determinado período de cobertura, sino que se limita a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano, además, no se encuentra firmada por quien emite el documento, ni apostillada o legalizada, conforme a la normativa contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla y, además, dicho documento no da cuenta de que el trabajador haya contado con cobertura efectiva y a todo evento, de los riesgos a que hace referencia la ley y la norma administrativa, durante todo el tiempo que prestó servicio en Chile. Por lo tanto, no es un documento útil para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156.

Agrega que el documento además fue emitido el 17 de julio de 2024, con una vigencia por 120 días, es decir, su plazo de vigencia expiró en el mes de noviembre de 2024, mientras que la presentación de la solicitud de retiro se ingresó con fecha 23 de octubre de 2025. En consecuencia, a la fecha en que el recurrente ingresó su solicitud de retiro de fondos en calidad de técnico extranjero ante la AFP recurrida, la constancia de afiliación al IVSS se encontraba vencida.

Por último, informa que, mediante el oficio N° 12.954 de 17 de julio de 2025, la Superintendencia respondió a consultas de AFP Cuprum S.A. y Uno S.A. sobre la situación de los afiliados venezolanos tras el cierre de la Embajada de Venezuela en Chile. En dicho oficio, la Superintendencia ratificó el criterio previamente sostenido respecto a los requisitos probatorios para acreditar la cobertura previsional en el extranjero, alineándose con la jurisprudencia judicial citada. Se advirtió a las Administradoras que tanto la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales como la declaración suscrita por un trabajador extranjero no son documentos idóneos para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la leyó arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744.

A su vez, el artículo 7 de la Ley 18.156, establece que los trabajadores extranjeros que registre cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley, cuales son: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Sexto: Que, en relación con la afirmación de la recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Séptimo: Que, examinados los antecedentes presentados por la parte recurrente, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. En efecto, presentó una Constancia Electrónica de Cotizaciones, que no cuenta con una firma autorizada, ni tampoco cumple con el requisito de ser apostillada o legalizada, lo que constituye un incumplimiento de los requisitos en la normativa vigente, para dar cumplimiento a la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, ya que no permite acreditar que el solicitante durante todo el tiempo que trabajó en Chile se encontraba cubierto por un sistema de seguridad social extranjero que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Por otra parte, tampoco se ha allegado ningún antecedente certero de que el recurrente va a volver definitivamente a su país de manera que correspondiese devolver a la Institución de Seguridad Social de su país los fondos que pudiese haber reunido en la A.F.P. durante su estadía en Chile.

Octavo: Que, conforme lo que se viene razonando, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consiste en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de la Ley 18.156 y las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, lo son en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias.

En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias y el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, toda vez que, en la especie, no se da cumplimiento al artículo 7° de la Ley N°18.156 al no concurrir los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley para el retiro de fondos, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria, y, por tanto, es innecesario entrar a analizar la existencia de vulneración de algún derecho fundamental, todo lo cual conduce a desestimar la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°4584-2025 Protección.