nombre reservado con SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR

San Miguel, ocho de julio de dos mil veinticinco.

Al folio 15: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el abogado Ramón Ignacio Vergara Aguilar, representando a nombre reservado, interpone recurso de protección contra el Servicio de Salud Metropolitano Sur debido a la dictación de la resolución TRA N° 110228/52/2024, de 8 de enero de 2025, que declaró vacante su cargo por salud incompatible, vulnerando los derechos constitucionales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

Expone que el recurrente, funcionario público con 27 años de servicio, desempeñándose como auxiliar titular grado 20° (posteriormente 22°) en el Servicio Clínico de Cirugía y calificaciones sobresalientes, fue desvinculado pese a que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez declaró en dos ocasiones que su salud era recuperable, contraviniendo el artículo 151 del Estatuto Administrativo modificado por la Ley N° 21.050, que exige pronunciamiento técnico previo sobre irrecuperabilidad de la salud.

Agrega que la medida resulta especialmente arbitraria considerando que durante el 2024 solo tuvo 10 días de licencia médica, demostrando su recuperación efectiva.

Detalla que sufrió diversas afecciones laborales, principalmente hernia cervical (tratada con kinesiología por riesgos quirúrgicos) y pterigión en ojo derecho (cirugía en 2022), generando 327 días de ausencia en los últimos 2 años.

Indica que el 21 de enero de 2025 fue informado verbalmente de su desvinculación sin entrega de resolución, conociendo el acto formal solo el 22 de enero mediante un dirigente gremial. Alega además falta de fundamentación adecuada del ejercicio de potestad discrecional y ausencia de etapa previa para ejercicio del derecho de defensa Pide se acoja el recurso, se deje sin efecto la resolución TRA N° 110228/52/2024 y se ordene el pago de remuneraciones no percibidas desde la notificación hasta la sentencia, con expresa condena en costas.

Segundo: Que la abogada María José Delpín Delgado, representando al Servicio de Salud Metropolitano Sur, evacúa informe solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección interpuesto por nombre reservado.

Argumenta que la resolución TRA N° 110228/52/2024 que declaró vacante el cargo del recurrente por salud incompatible fue dictada conforme a derecho por el Hospital Barros Luco Trudeau, establecimiento autogestionado con competencia exclusiva en materia de personal, cumpliendo todos los requisitos del artículo 151 del Estatuto Administrativo. Así, detalla que el funcionario usó 327 días de licencia médica en dos años (superando los 6 meses exigidos), las licencias no correspondían a excepciones legales y la COMPIN declaró su salud como recuperable, habilitando precisamente la aplicación de la causal de salud incompatible.

Indica que nombre reservado se desempeñó desde 1998 como auxiliar en el Servicio Clínico de Cirugía, reconociendo haber sufrido diversas afecciones de salud (hernia cervical y pterigión) que requirieron uso continuo de licencias médicas, registrando 327 días de licencia médica en los dos últimos años, con un ausentismo histórico de 3,084 días. Añade que las licencias no se originaron en accidentes de trabajo, enfermedades profesionales o protección a la maternidad.

Contrario a lo alegado por el recurrente, sostiene que se le notificó de la resolución impugnada mediante carta certificada que fue enviada al domicilio registrado en el Hospital Barros Luco Trudeau.

Enfatiza que la institución ha adoptado idéntica decisión con otros funcionarios en similar situación, garantizando igualdad de trato y que la resolución fue tomada de razón por la Contraloría General de la República el 8 de enero de 2025, confirmando su ajuste a derecho.

Arguye que, de conformidad a la ley, si el informe de la COMPIN estima que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo.

Tercero: Que el recurso de protección consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley– o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se ha indicado y que afecte, además, uno o más de los derechos fundamentales protegidos por el referido artículo 20 de la Carta Política.

Cuarto: Que como se advierte del recurso, el acto que se califica como arbitrario es la Resolución TRA N° 110228/52/2024, que declaró la vacancia del cargo que desempeñaba el actor por salud incompatible.

Quinto: Que las normas que regulan la situación de la recurrente están contenidas en la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, que en su artículo 150 dispone: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo; b) Pérdida sobreviniente de alguno de los requisitos de ingreso a la Administración del Estado; c) Calificación del funcionario en lista de Eliminación o Condicional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50, y d) Por no presentación de la renuncia, según lo señalado en el artículo 148, inciso final.”

Por su parte, el artículo 151 del mismo cuerpo legal establece que: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”

Como se observa de la normativa transcrita y de los antecedentes expuestos, la causal de cese en el cargo del recurrente corresponde a salud incompatible, declarado por el Servicio de Salud Metropolitano Sur mediante la Resolución TRA N° 110228/52/2024, toda vez que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, declaró recuperable la salud de la parte recurrente.

Sexto: Que es del caso señalar que, la duración de sus ausencias con motivo de las licencias médicas, 327 días, ciertamente se enmarcan en la situación prevista en el inciso primero del artículo 151 del Estatuto Administrativo precedentemente transcrito.

De lo anterior, necesariamente se sigue que la recurrida actuó dentro de la esfera de sus atribuciones, en un caso expresamente facultado por el ordenamiento jurídico para hacerlo, lo que impide calificar su accionar como ilegal.

A su vez, tampoco resulta arbitrario, desde que de su lectura se comprueba que en la resolución cuestionada se expresan claramente los motivos por los que se arriba a la decisión que la salud de la parte recurrente es incompatible con el cargo para el que fue contratado y la consecuente declaración de vacancia del cargo que sirve, cumpliendo con el estándar de fundamentación exigido por los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Séptimo: Que, a mayor abundamiento, se debe tener en consideración el principio de servicialidad consagrado en el artículo 1° de la Carta Fundamental, en virtud del cual, la Administración del Estado debe cumplir las necesidades públicas en forma continua y permanente mediante los servicios públicos.

En este sentido, uno de los requisitos para acceder a la función pública es contar con una salud compatible con el desempeño del cargo, ello en armonía con el objetivo de dicha labor que corresponde a prestar el servicio de atención pronta y eficiente a los usuarios, lo que conforme a la situación fáctica descrita no aparece cumplida, pues el estado de salud del funcionario obstaculiza -ciertamente- la labor permanente y continua, a la que está obligada la Administración del Estado.

Octavo: Que en estas condiciones, no se advierte la existencia del acto ilegal y arbitrario denunciado, toda vez que el Servicio de Salud Metropolitano Sur, frente al pronunciamiento por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez acerca de la recuperabilidad de salud del actor, en consideración a los antecedentes médicos aportados por ésta, decidió fundadamente en virtud de lo estatuido en el artículo 151 del cuerpo normativo ya citado, que lo faculta expresamente para ello, disponer la vacancia del cargo.

Por consiguiente, la decisión de declarar la vacancia del cargo que desempeñaba la recurrente ha sido adoptada de manera razonable y fundadamente, en un caso previsto por la ley y con el fin de precaver el debido servicio, al que está obligada la Administración.

Noveno: Que, al no existir acto arbitrario ni ilegal, el presente arbitrio no puede prosperar, resultando innecesario analizar y pronunciarse sobre la vulneración a algún derecho fundamental.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del Servicio de Salud Metropolitano Sur.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Nº 458-2025 Protección