Protección contra Dirección del Trabajo Cordillera

En Santiago a veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Jorge Andrés Reyes Salinas, abogado, en representación de Protector Security Market SPA., e interpone acción de protección en contra de la Dirección del Trabajo Cordillera, representada legalmente por don nombre reservado, institución que dictó las resoluciones de multa Nº6141/17/19 y 6141/17/20, ambas cursadas a su representada con fecha 27 de abril del presente año, por considerar que las mismas representan una amenaza a la garantía consagrada en el artículo 19 Nº3 de la Constitución Política del Estado, según los fundamentos que pasa a exponer.

Refiere que las multas cursadas ascienden cada una a la suma de $3.405.920, que éstas no le fueron notificadas en tiempo y forma, y que tomó conocimiento de las mismas recién con fecha 11 de agosto del año en curso, al revisar el portal web de la página de Dicom Equifax, instante en que su representada se percata de que ambas multas se encontraban en etapa de cobro.

Indica que la notificación de las multas se le hizo de manera equivocada, puesto que si bien las respectivas cartas se despacharon con fecha 03 de mayo pasado, no fueron notificadas a ningún funcionario dependiente de la empresa, figurando entregadas a una persona de nombre nombre reservado, que no labora en la misma, dado que conforme los pertinentes números de seguimiento de Correos de Chile, los envíos aparecen entregados en la comuna de Santiago, no obstante que su representada tiene su casa matriz en Providencia. De esta manera estima que la situación descrita implicó que la empresa no pudo ejercer legítimamente los derechos que le otorgan los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, afectando de esta manera su derecho a un debido proceso, y provocándole con ello un perjuicio irreparable.

Solicita que se acoja el presente arbitrio, decretando la nulidad de todo lo obrado por la recurrida, por falta de notificación válida, dejando sin efecto las multas impuestas, o en su defecto declarar la nulidad de la notificación y establecer un nuevo plazo para que la recurrente ejerza su legítimo derecho a defensa, todo ello con costas.

Segundo: Que a fojas 26, evacúa informe al tenor del recurso don Pablo Moreira Lumbrera, abogado, en representación de la Inspección Comunal del Trabajo Cordillera, alegando en primer término la improcedencia del recurso de marras atendida la naturaleza del acto recurrido. Indica al efecto, que la acción de protección constituye un remedio urgente ante la vulneración real y efectiva de un derecho indubitado, de manera que no está destinado a reemplazar procedimientos precisos contemplados en la ley, como lo es el que se consagra en el artículo 504 del Código del Trabajo, y en el artículo 60 de la Ley 19.880 de Bases del Procedimiento Administrativo, el que consagra el recurso de revisión ante el superior jerárquico, que no fue ejercido por la recurrente.

En subsidio de lo anterior reclama la improcedencia del recurso en atención a la falta de los requisitos que al efecto establece el artículo 20 de la Carta Fundamental. En ese contexto manifiesta que el acto recurrido no es arbitrario, puesto que no responde a un mero capricho o sinrazón, en cuanto las multas decretadas en contra de la recurrida se dictaron de forma razonada y fundamentada, y fueron notificadas en el domicilio denunciado por el trabajador y en el cual se fiscalizó al empleador, cumpliéndose de este modo con lo que al efecto establece el artículo 508 del Código del Trabajo, que señala como domicilio válido para efectuar la notificación aquél que conste en los registros propios de la Dirección del Trabajo, en este caso, el que se encuentra ubicado en Concha y Toro 1477 de la comuna de Puente Alto.

En subsidio de las alegaciones precedentes, se refiere a los hechos fundantes del acto que motivan el presente recurso, manifestando que no es efectivo que las multas que se intentan impugnar hayan sido notificadas al reclamante mediante los números de envío de Correos de Chile que se constatan en la documentación que éste acompañó, puesto que no corresponden a las notificaciones efectuadas por la recurrida, sino que a multas diferentes y que están dirigidas a otras empresas. Explica al efecto, que el actor yerra al tomar como números de envío el primero y el último de la guía respectiva que contempla un total de seis envíos, dentro de los cuales los que iban dirigidos a la actora son los números 3 y 4, y no los 1 y 6.

Agrega que las cartas enviadas por correo certificado fueron recibidas por don nombre reservado en el domicilio en que tuvo lugar la fiscalización pertinente, y en la que se entrevistó al administrador nombre reservado y al Supervisor Cristian Arratia.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, según lo ha sostenido reiteradamente nuestra Corte Suprema, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Es decir, se trata de una acción de urgencia, cautelar, que tiene como objetivo la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales frente a ciertas acciones u omisiones que los lesionen, o afecten, mediante la adopción de medidas para obtener el pronto restablecimiento del derecho. Si bien el artículo 20 de la Constitución Política señala que el recurso de protección es sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, el mismo artículo previamente establece este recurso para los casos de vulneración de los derechos que señala, con la finalidad de que las Cortes adopten de inmediato las medidas que estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Es decir, la norma constitucional establece un recurso que permita a las Cortes de Apelaciones adoptar una solución rápida, urgente, para casos tan graves como la vulneración de derechos constitucionales, de manera que se trata de una acción de tutela, de urgencia, lo que desde luego importa que no puede esperarse entonces la tramitación de un proceso ante el derecho común para restablecer el imperio del derecho. Por ello la significación de la expresión “sin perjuicio de otros derechos”, importa que la interposición del recurso no obsta a la interposición de acciones en los procedimientos que la ley establece, siempre y cuando exista una situación urgente que amerite el pronto restablecimiento del derecho, como puede ser por ejemplo el caso en que se cierra por un parcelero la única vía de acceso que tiene la parcela con la que colinda, impidiendo así la entrada o salida del predio afectado. En dicho caso el dueño de este último desde luego puede interponer un recurso de protección y obtener el restablecimiento del derecho, como sería la orden al recurrido de abrir el camino cerrado, y además podrá demandar ante los tribunales ordinarios una servidumbre de tránsito, o alegar el incumplimiento de la existente. Es justamente por ello que la sentencia que se dicte en el recurso de protección solo produce cosa juzgada formal, y no material.

Quinto: Que en el caso sub lite se pretende por el recurrente obtener la nulidad de las notificaciones efectuadas en sede administrativa de las resoluciones de multas que se le impusieron por la Inspección del Trabajo, cuestión que desde luego resulta del todo ajena a la naturaleza y finalidad de la acción de protección interpuesta, desde que tal impugnación debe hacerse a través de los medios que franquea la ley en sede administrativa, y, eventualmente, ante el juzgado del trabajo correspondiente. Así entonces, el recurso de protección no es la vía para obtener la declaración de nulidad que se pretende, de manera que la acción tutelar interpuesta no puede prosperar.

De conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fojas 9.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol 4555-2017-PRO.