nombre reservado con AFP MODELO S.A.

San Miguel, seis de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece nombre reservado, venezolano, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., fundado en el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales como trabajador extranjero, notificado el 28 de octubre de 2025. Expone el recurrente que, habiendo ingresado su solicitud con fecha 21 de octubre de 2025, acompañó la documentación exigida por la normativa, incluyendo constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la que —afirma— acredita su afiliación a un sistema previsional extranjero que otorga cobertura en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Señala que la recurrida rechazó su solicitud por no encontrarse dicho documento apostillado o legalizado, además de no considerarlo un certificado de afiliación válido, exigencias que —sostiene— no se encuentran contempladas en la Ley N°18.156.

Añade que existe una imposibilidad material de cumplir con la apostilla debido a la inexistencia de representación diplomática venezolana en Chile, configurándose un caso fortuito que no puede perjudicarle. Indica, asimismo, que la afiliación puede ser verificada mediante plataformas electrónicas oficiales, por lo que la negativa de la Administradora constituye una interpretación excesivamente formalista de la normativa, que vulnera su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales y la igualdad ante la ley, al imponer requisitos no previstos por el legislador.

Segundo: Que, en lo que respecta al informe evacuado por AFP Modelo S.A., la recurrida solicita el rechazo del recurso, sosteniendo que su actuación se ha ajustado estrictamente a la normativa vigente. Señala que el recurrente presentó solicitud de devolución de fondos respecto del período comprendido entre marzo de 2019 y octubre de 2025, acompañando, entre otros antecedentes, una constancia electrónica de cotizaciones, contratos de trabajo y anexo.

Expone que, tras el análisis de dichos documentos, la solicitud fue rechazada por no acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, particularmente la afiliación a un sistema previsional extranjero mediante certificación idónea. Precisa que la constancia electrónica acompañada no constituye un certificado de afiliación válido, por cuanto no señala de manera específica las prestaciones cubiertas, no se encuentra firmada por la autoridad competente y carece de legalización o apostilla, conforme a lo exigido por el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia.

Añade que, además, no fue posible verificar la autenticidad de la documentación laboral acompañada. En consecuencia, sostiene que la devolución de fondos previsionales constituye un régimen excepcional que exige el cumplimiento copulativo de todos los requisitos legales, los que no concurren en la especie, no existiendo ilegalidad ni arbitrariedad en su actuación.

Tercero: Que, en relación con el informe de la Superintendencia de Pensiones, dicho organismo expone que el sistema previsional chileno se rige por la regla general de obligatoriedad de cotizar, siendo la devolución de fondos prevista en la Ley N°18.156 una excepción que debe ser interpretada restrictivamente y aplicada sólo cuando se cumplan copulativamente los requisitos legales. En este sentido, indica que para acceder a dicho beneficio el trabajador extranjero debe acreditar, mediante certificación emanada de la autoridad previsional competente y debidamente legalizada o apostillada, que se encuentra afiliado a un sistema de seguridad social en su país de origen que otorgue cobertura efectiva en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el período trabajado en Chile.

Señala que la constancia electrónica de cotizaciones acompañada por el recurrente no constituye un medio idóneo para acreditar dicho requisito, por cuanto no se encuentra firmada ni legalizada, no especifica las prestaciones cubiertas ni permite determinar el período efectivo de cobertura, limitándose a señalar de forma genérica las prestaciones del sistema previsional extranjero. Añade que, conforme a la jurisprudencia administrativa del Servicio, tampoco resultan suficientes documentos genéricos o cartolas de cotizaciones, debiendo acreditarse de manera específica la cobertura previsional durante toda la relación laboral. Concluye que, atendido el carácter excepcional de la normativa y la falta de acreditación de los requisitos legales, no resulta procedente la devolución de los fondos previsionales, no configurándose ilegalidad ni arbitrariedad en la actuación de la Administradora.

Cuarto: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, uno o más de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, como se señala ut supra, el acto impugnado mediante la presente acción constitucional es la negativa de AFP recurrida de acceder a la petición del actor -trabajador extranjero- de devolverle los fondos previsionales que depositó en la referida AFP, comunicada el 28 de octubre de 2025, por no cumplir con lo dispuesto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156. Por consiguiente, el objeto de la presente controversia consiste en determinar si la referida negativa resulta arbitraria e ilegal.

Sexto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156 dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

A su vez, el artículo 7° del mismo cuerpo normativo, preceptúa: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Séptimo: Que, corresponde a la Superintendencia de Pensiones, de conformidad con lo dispuesto en el N°7 del artículo 47 de la Ley N°20.255; N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3 del D.F.L. N°101 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, interpretar administrativamente las normas del Sistema de Pensiones, razón por la cual y en ejercicio de dicha facultad, dicho organismo ha emitido una serie de disposiciones contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para la correcta aplicación de la Ley N°18.156.

De esta manera, el órgano fiscalizador ha generado una jurisprudencia administrativa especialmente encaminada a uniformar criterios de exigencias en los casos en que la legislación concede beneficios de carácter excepcional a los trabajadores.

Conforme a lo indicado, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Asimismo, mediante el Oficio N°21.480 de la Superintendencia de Pensiones, de 20 de septiembre de 2017, la misma ha instruido: “[…] se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 […]”. En esta misma línea, ha indicado el Oficio N°23208, de 15 de diciembre de 2023: “Ahora bien, el mencionado certificado de afiliación a un régimen de seguridad social en su país debe venir debidamente apostillado y si dicho documento es ratificado por la Oficina Consular de su país, deberá constar que el certificado ha sido extendido en representación de la autoridad competente de la seguridad social de ese país”.

Octavo: Que cabe señalar, que las normas citadas precedentemente deben ser interpretadas de manera restrictiva, por cuanto la Ley N°18.156 es de carácter excepcional y, como tal, debe aplicarse solo cuando se cumplen todos sus requisitos. Al efecto, la ley dispone que se otorgará el derecho de devolución de los fondos previsionales en la medida que “a) el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte”.

Sin embargo, consta que los documentos que fueron acompañados por el actor al impetrar el beneficio rechazado no tienen la aptitud para acreditar los requisitos del artículo 1° tantas veces referido.

Noveno: Que, de tal forma, no se advierte acto u omisión arbitrario o ilegal, por cuanto, la decisión adoptada por la recurrida se encuentra debidamente fundada en la normativa vigente, no existiendo un actuar caprichoso o antojadizo, ya que, la Superintendencia de Pensiones ha fijado una interpretación obligatoria para las AFP y en tal sentido, no puede apartarse de lo dispuesto por el ente fiscalizador sin incurrir en responsabilidad administrativa. Cabe considerar además que el recurrente no se encuentra imposibilitado de obtener la documentación legalizada que se le exige dado que, según se ha indicado por la Excma. Corte Suprema en causa rol 54.247-2025 “… el trámite puede realizarse en las sedes consulares de países que mantienen relaciones con Venezuela, como Colombia o Perú, o a través del portal web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, presentando los documentos físicos a través de terceras personas.”

Décimo: Que, así las cosas, las exigencias formuladas por la recurrida, encuentran sustento en la ley, y en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, a cuya fiscalización se encuentra sujeta la Administradora recurrida, lo que descarta que su actuación se haya apartado de la legalidad vigente, como sostiene la actora; de contrario, su decisión se ajusta al procedimiento fijado en la Ley N°18.156, para atender solicitudes de la naturaleza como la efectuada por el recurrente, motivo bastante para desestimar el recurso de protección, que se examina, al no existir, en la práctica, actuación alguna que deba ser corregida por este medio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de AFP Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°4543-2025 Protección