nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

San Miguel, trece de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, interpone acción de protección constitucional en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y la Superintendencia de Pensiones, por el acto que estima ilegal y arbitrario de haber rechazado su solicitud de retiro de fondos para extranjero presentada por su representado al amparo de la Ley N°18.156.

Expone que su representado presentó su solicitud de la devolución de fondos previsionales y por medio de correo electrónico de 12 de noviembre de 2025 le informan que rechazan su solicitud porque “Falta constancia de afiliación vigente, el cual debe estar apostillado en el país extranjero en que fue otorgado”

Refiere que el sentido de la ley 18.156 en sus artículos 1° y 7° es claro al señalar que el técnico solo tiene que estar afiliado a la seguridad social de su país de origen, manifestar en el contrato de trabajo o en sus anexos la voluntad de mantener la afiliación referida y en el caso de que ellos registraren cotizaciones en una AFP podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, por lo que la recurrida desatiende el sentido literal de la ley, aunado al hecho de incorporar requisitos que no están expresamente señalados, lo que se traduce en un actuar arbitrario e ilegal.

Señala que ha dado cumplimiento íntegro de los requisitos establecidos en la ley 18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con una obstaculización en su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen.

Acompaña documentación destinada a acreditar que cumple con los requisitos legales para acceder al retiro de fondos, incluyendo la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) con código de verificación electrónico y constancia de validación por medios oficiales.

Solicita se ordene que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente o el que se estime conforme al mérito de autos.

Segundo: Que nombre reservado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., evacúa el informe, solicitando su rechazo en todas sus partes, con expresa condena en costas, por estimar que la acción interpuesta resulta improcedente y que su representada ha actuado conforme a derecho.

Sostiene que el recurso de protección no constituye la vía idónea para resolver controversias de carácter previsional que requieren un conocimiento lato de fondo como es lo que se busca en este recurso ya que se pretende modificar normativa vigente, y agrega que el actuar de la AFP no ha sido ilegal ni arbitrario, sino que se ha ajustado estrictamente a las disposiciones de la Ley N°18.156 y a la normativa dictada por la Superintendencia de Pensiones.

En cuanto al fondo, reconoce que Provida rechazó la solicitud del recurrente de autos, por cuanto la documentación presentada por este no acreditó debidamente los requisitos exigidos por la Ley N°18.156, Explica que si bien el recurrente aporta una constancia de cotización SIN FIRMA esta no puede ser considerada, ya que, según el Oficio N°5376 emitido por la Superintendencia de AFP “Para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.”

Precisa que, conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones referida al valor probatorio en Chile de los documentos expedidos en el extranjero, resulta evidente que las certificaciones electrónicas (Constancias Electrónica de Cotizaciones) emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana y sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura, cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) de la citada ley N°18.156. Respecto de la apostilla, hace presente que, a contar del 30 de agosto de 2016, fecha de entrada en vigor del Convenio de la Apostilla en Chile, y considerando que Venezuela también es un Estado Parte de dicha convención, se exigió que dicha certificación debía venir apostillada por la autoridad competente venezolana.

Sostiene que, por instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, ProVida debe observar todas y cada una de las formalidades legales antes de aprobar una solicitud de devolución de fondos en calidad de técnico extranjero.

Afirma, por tanto, que no ha existido en consecuencia una acción u omisión arbitraria o ilegal, que haya privado, perturbado ni amenazado garantía constitucional alguna del recurrente, por lo que debiera ser desechado el recurso que motiva esta presentación.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia del recurso referido por la recurrida, esta será desestimada desde que el recurrente reclama como conculcados los derechos constitucionales de igualdad ante la ley y de propiedad, los cuales se encuentran comprendidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, haciendo procedente la revisión de los antecedentes por parte de este tribunal.

Quinto: Que, en este caso, el objeto del recurso es determinar si la detención de la solicitud de la devolución de fondos solicitada por el recurrente a A.F.P Provida constituye un acto arbitrario e ilegal que afecte el derecho a la igualdad ante la ley y el de propiedad del recurrente.

Sexto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Séptimo: Que, en relación con la afirmación de la parte recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Octavo: Que, examinados los antecedentes presentados por el recurrente, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. En efecto, presentó una Constancia Electrónica de Cotizaciones, que no cuenta con una firma autorizada, ni tampoco cumple con el requisito de ser apostillada o legalizada, lo que constituye un incumplimiento de los requisitos en la normativa vigente, para dar cumplimiento a la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, ya que no permite acreditar que la solicitante durante todo el tiempo que trabajó en Chile se encontraba cubierto por un sistema de seguridad social extranjero que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Noveno: Que, conforme lo que se viene razonando, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consiste en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de la Ley 18.156 y las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias.

En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias y el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria, lo que hace innecesario entrar a analizar la existencia de vulneración de algún derecho fundamental.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°4525-2025 Protección.