Protección contra dicho establecimiento asistencial

San Miguel, cinco de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparecen nombre reservado, técnico grado 23° E.U.S., y nombre reservado, técnico grado 22° E.U.S., ambos funcionarios a contrata del Hospital Barros Luco Trudeau, quienes, en causas acumuladas, deducen recursos de protección en contra de dicho establecimiento asistencial, con ocasión de actuaciones verificadas en el marco de un mismo procedimiento disciplinario seguido en su contra.

Refieren que mediante Resolución Exenta N° NUM000, de 15 de octubre de 2025, la autoridad administrativa dispuso la medida disciplinaria de destitución respecto de los recurrentes —junto a un tercer funcionario—, en el contexto de un sumario instruido a raíz de hechos ocurridos durante un turno nocturno en el mes de octubre de 2024, consistentes en la salida no autorizada del recinto hospitalario, la participación en un incidente vehicular al interior del establecimiento y la existencia de indicios de consumo de alcohol.

Señalan que, deducidos los correspondientes recursos de reposición, estos fueron rechazados mediante Resolución Exenta N° NUM001, de fecha 23 de octubre de 2025, acto que estiman ilegal y arbitrario.

En cuanto a las particularidades de cada acción, nombre reservado indica que se le atribuye, además, haber conducido el vehículo involucrado en el incidente ocurrido aproximadamente a las 01:30 horas, impactando una barrera de seguridad al interior del recinto, así como haber proporcionado información errónea respecto de su unidad de desempeño al ser requerida por personal de seguridad, imputándosele igualmente la eventual ingesta de alcohol durante el turno, circunstancias que —a su juicio— no se encuentran debidamente acreditadas en el procedimiento disciplinario. Por su parte, nombre reservado refiere que su participación en los hechos se circunscribe a su calidad de acompañante en el vehículo, reconociendo haber salido del recinto sin autorización durante su turno, pero negando haber incurrido en consumo de alcohol o en otras conductas de la gravedad que justificarían la sanción impuesta, cuestionando asimismo la suficiencia y coherencia de la prueba reunida en el sumario.

Ambos recurrentes sostienen que en la tramitación del procedimiento disciplinario se incurrió en diversas irregularidades, tales como la insuficiencia probatoria, la errónea valoración de los antecedentes, la aplicación de una causal legal incongruente con los hechos investigados y la desproporcionalidad de la sanción de destitución, lo que vulneraría sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso, libertad de trabajo y derecho de propiedad, solicitando en definitiva se deje sin efecto la medida disciplinaria, disponiéndose su reincorporación y el pago de las remuneraciones dejadas de percibir.

Segundo: Que, al evacuar los informes solicitados, la recurrida solicitó el rechazo de ambas acciones, señalando, en lo pertinente, que los hechos impugnados se enmarcan en un procedimiento disciplinario regularmente tramitado, instruido mediante Resolución Exenta N° NUM002 de fecha 4 de abril de 2025, destinado a investigar un incidente ocurrido durante la madrugada del 28 al 29 de octubre de 2024 al interior del Hospital Barros Luco Trudeau, en el cual participaron tres funcionarios del servicio de Traumatología, verificándose la salida no autorizada del establecimiento durante el turno, la participación en un accidente vehicular y la existencia de indicios de consumo de alcohol.

Expone que, en el curso del sumario, se incorporaron diversos antecedentes, tales como declaraciones de personal de seguridad y de salud, informes institucionales —incluido el emitido por la empresa de seguridad—, registros fotográficos y actas del procedimiento, formulándose cargos a los funcionarios inculpados, quienes ejercieron su derecho a defensa mediante la presentación de descargos y recursos administrativos.

Sobre la base de dichos antecedentes, el fiscal instructor propuso la aplicación de la sanción de destitución, recomendación que fue acogida por la autoridad administrativa al dictar la Resolución Exenta N° NUM000, la cual fue posteriormente confirmada mediante el rechazo de los recursos de reposición deducidos.

En cuanto a la situación particular de los recurrentes, la recurrida indica que nombre reservado fue sindicada como conductora del vehículo involucrado en el incidente, atribuyéndosele una participación directa en los hechos investigados, mientras que nombre reservado fue considerado partícipe en calidad de acompañante, reconociendo ambos la salida no autorizada del recinto hospitalario durante su turno, pero negando el consumo de alcohol, lo que — a juicio de la autoridad— no logra desvirtuar los antecedentes reunidos en el procedimiento.

Sostiene, en definitiva, que no concurre acto ilegal ni arbitrario alguno, por cuanto la determinación de los hechos y la sanción aplicada corresponden al ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración, no siendo la acción de protección la vía idónea para revisar cuestiones relativas al mérito, valoración de la prueba o proporcionalidad de la sanción, existiendo al efecto mecanismos específicos de impugnación, como el reclamo de ilegalidad contemplado en el artículo 160 del Estatuto Administrativo.

Tercero: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías fundamentales frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que importen su privación, perturbación o amenaza, siempre que tales afectaciones aparezcan de manera evidente y puedan ser restablecidas mediante medidas urgentes y eficaces. En este sentido, la presente acción no constituye una instancia de revisión general de decisiones adoptadas por la Administración, especialmente cuando ellas han sido dictadas en el marco de procedimientos legalmente establecidos, salvo que se advierta una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que justifique la intervención cautelar.

Cuarto: Que, en la especie, los actos impugnados se insertan en el marco de un procedimiento disciplinario instruido conforme a las normas del Estatuto Administrativo, el cual culminó con la dictación de la Resolución Exenta N° NUM000, de 15 de octubre de 2025, que aplicó la sanción de destitución a los recurrentes, decisión que fue posteriormente confirmada mediante la Resolución Exenta N° NUM001, de 23 de octubre del mismo año, al rechazarse los recursos de reposición deducidos en su contra.

De los antecedentes allegados a la causa aparece que dicho procedimiento fue tramitado por la autoridad competente, dentro del marco de sus atribuciones legales y con observancia de las etapas esenciales que lo rigen, habiéndose formulado cargos, recibido descargos y ponderado los antecedentes reunidos en la investigación, sin que se advierta la concurrencia de un actuar ilegal o arbitrario en la adopción de la medida disciplinaria cuestionada.

Quinto: Que, en cuanto a la alegación relativa a la aplicación de una norma que —según sostienen los recurrentes— no guardaría relación con los hechos investigados, cabe señalar que, si bien de la revisión de los actos administrativos impugnados se advierte un error en la cita de la disposición legal utilizada para fundamentar la sanción de destitución, dicho yerro carece de la entidad suficiente para afectar la legalidad del acto recurrido. En efecto, tal circunstancia constituye un error de carácter formal o de transcripción, que no incide en la motivación sustantiva de la decisión administrativa, la cual se encuentra debidamente fundada en la constatación de conductas que la propia normativa estatutaria califica como infracciones graves a los deberes funcionarios.

En estas condiciones, no corresponde a esta Corte efectuar un control amplio o indeterminado del procedimiento, especialmente considerando que el mismo contempló instancias de formulación de cargos, descargos y recursos.

Sexto: Que, en efecto, de los antecedentes expuestos por la recurrida, aparece que la sanción impuesta se sustenta en la verificación de conductas consistentes en el abandono no autorizado del lugar de trabajo durante la jornada de turno nocturno, la participación en un incidente vehicular al interior del recinto hospitalario y la existencia de indicios de consumo de alcohol en dicho contexto, hechos que fueron calificados como infracciones graves a los deberes funcionarios establecidos en el artículo 61 del Estatuto Administrativo, particularmente en lo relativo al cumplimiento de la función pública, la observancia de una conducta funcionaria intachable y el deber de probidad administrativa. Dichas infracciones, atendida su naturaleza y gravedad, resultan compatibles con la aplicación de la medida disciplinaria de destitución, conforme a las facultades conferidas a la autoridad administrativa por el mismo cuerpo normativo, sin que el error en la referencia específica de una de las disposiciones legales citadas tenga la aptitud de desvirtuar la existencia de fundamentos suficientes para adoptar la decisión impugnada.

Séptimo: Que, en este contexto, el error advertido no altera la calificación jurídica de los hechos ni la procedencia de la sanción aplicada, desde que los motivos que la sustentan se encuentran claramente explicitados en el acto administrativo, pudiendo ser comprendidos en el marco normativo que regula la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos, razón por la cual dicho defecto resulta subsanable y no reviste la entidad necesaria para configurar una ilegalidad o arbitrariedad en los términos exigidos para la procedencia de la acción cautelar intentada.

Octavo: Que, por otra parte, las alegaciones formuladas por los recurrentes dicen relación, en lo sustancial, con la valoración de la prueba rendida en el procedimiento disciplinario, la suficiencia de los antecedentes considerados por la autoridad administrativa y la proporcionalidad de la sanción impuesta, materias que exceden el ámbito propio de la acción de protección, por cuanto importan un examen de mérito que corresponde a otras vías de impugnación previstas por el ordenamiento jurídico.

Noveno: Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado la existencia de un acto ilegal o arbitrario en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, resulta innecesario emitir pronunciamiento respecto de las garantías constitucionales que los recurrentes estiman vulneradas, máxime si las alegaciones formuladas a su respecto no contienen un desarrollo preciso que permita establecer de qué manera concreta se habría producido su afectación.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales, se rechazan, sin costas, los recursos de protección deducidos por nombre reservado y nombre reservado en contra del Hospital Barros Luco Trudeau.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4512-2025.

En San Miguel, cinco de mayo de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.