nombre reservado con DIRECCION GENERAL DE CARABINEROS Y OTRO

Dejo constancia que se anunció y alegó en contra del recurso la abogada doña Andrea Godoy Poblete. En San Miguel, a 26 de noviembre de 2024, Andrea Corvalán Sáez, relatora.

San Miguel, veintiséis de noviembre de dos mil veinticuatro.

Al escrito folio N°22: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, ex Sargento 1° de Carabineros de Chile, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Dirección General de Carabineros, representada por su General Director nombre reservado y la nombre reservado, representada por el Prefecto Subrogante, Coronel nombre reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la Resolución Exenta N°469 de 23 de agosto de 2024 emitida por la nombre reservado, por orden de su Prefecto Subrogante que dispuso su baja de las filas de la institución por conducta mala y con efectos inmediatos, la que estima vulnera sus garantías constitucionales garantizadas en el artículo 19 N°2, 4 y 16 de la Constitución Política de la República.

Explica que ingresó a Carabineros de Chile el 1 de enero del año 2000, por lo que sirvió más de 24 años de manera efectiva, cumpliendo con todos los aspectos profesionales para desempeñar las tareas encomendadas con irrestricto apego al régimen disciplinario y pleno respeto a los principios que rigen a la referida institución, lo que se verifica con su hoja de vida intachable, así como sus calificaciones.

Refiere que el motivo de la baja por conducta mala, de conformidad a lo expresado en la resolución impugnada, obedeció a que “el día 8 de agosto pasado, encontrándose como jefe del segundo patrullaje, acompañando del Cabo 1° nombre reservado y movilizados en el Z-9580, a las 3:31 horas, proceden a consultar vía radial antecedentes respecto del ciudadano nombre reservado, obteniendo como respuesta que este mantiene un total de 18 causas y además mantiene una orden de detención vigente, no adoptando el procedimiento correspondiente y establecido en el artículo 127 y 128 del Código Procesal Penal e instrucciones impartidas en la orden general 1877, de fecha 09.06.2023, permitiendo que este diera a la fuga del lugar sin adoptar los cursos de acción necesarios y pertinentes para su persecución y lograr de esta forma su detención”.

Esgrime que el motivo indicado por la recurrida para expulsar al actor carece de sustento como de un mínimo mérito probatorio para adoptar la medida disciplinaria más severa de todas aquellas que establece la reglamentación interna de Carabineros. En este sentido, alega que el Prefecto (S) Coronel nombre reservado, no fue quien presenció u observó la supuesta falta ni tampoco existió alguna confesión o reconocimiento culpable del hecho, de conformidad al artículo 127 N°4 del Reglamento N°8 de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, en relación a los artículos 12 y 23 N°2, letra e) del Reglamento N°11 de Disciplina, sino que, únicamente, se basó en lo informado por Personal de CENCICAR.

Añade que no se ponderó la exigua evidencia ni se realizó un análisis objetivo e imparcial de los antecedentes, además los hechos no fueron esclarecidos mediante un procedimiento sumario legalmente tramitado, que entregara mayores garantías a todos los involucrados, atribuyendo lo anterior a la intención de los recurridos de desentenderse rápidamente del supuesto problema que acarrearía la permanencia del funcionario sancionado en la institución que lo relacionaban con un caso policial controversial, siendo lo más fácil su inmediata eliminación, lo que va en contravención con un debido proceso.

Expone que Carabineros de Chile no dio cumplimiento a lo ordenado en el inciso 2° del artículo 12 del Reglamento de Disciplina que impone la obligación de instruir una investigación antes de sancionar, cuando las faltas no se advierten de manera indubitada o bien, cuando el inculpado no confiese su responsabilidad como fue en el presente caso, sino que se resolvió de manera inmediata la medida disciplinaria sin esperar el resultado de un proceso investigativo, además la institución recurrida se arrogó facultades jurisdiccionales que no posee, calificando los hechos como delito, sin contar con una sentencia condenatoria ejecutoriada, lo que transgrede la presunción de inocencia, además, su situación se agrava por el hecho de que el sumario administrativo se encuentra suspendido, motivos por lo que estima vulnerada su garantía contemplada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, en relación a otros funcionarios que sí pueden intervenir activamente en sus procesos sumariales, manteniendo la incertidumbre del recurrente y sin permitirle rehacer su vida laboral y personal, afectando, además, su honra y dignidad.

Señala que también debe tenerse en consideración que la resolución de baja tampoco le permite presentarse como un buen prospecto laboral, pues se le exige certificado de nota y conducta para cualquier trabajo de exigencia media, lo que afecta su derecho a la libertad de trabajo y protección y libre contratación.

Finalmente, reclama que era improcedente dictar la resolución impugnada, puesto que el procedimiento debía suspenderse a contar del 18 de julio de este año (sic), por haberse constatado la formulación de denuncia ante la Fiscalía Local de San Felipe, sin embargo, se resolvió la baja inmediata con posterioridad, lo que truncó su carrera.

Pide que se declare la ilegalidad y/o arbitrariedad y se deje sin efecto de la Resolución Exenta N°469 de 23 de agosto de 2024.

Segundo: Que evacúa informe el Prefecto Subrogante de la nombre reservado, Teniente Coronel de Carabineros nombre reservado, quien solicita se rechace el presente recurso.

Reitera lo señalado en la impugnada Resolución Exenta en cuanto a los hechos y añade que, de acuerdo a lo informado por CENCICAR y los registros de la cámara corporal, el recurrente en su calidad de jefe del Servicio, le señaló a su acompañante no dar cuenta, lo que infringe los artículos 22 N°2 letras a) y c); 23 letras a) y d) y 33 letras a), d), f) e i) del Reglamento N°11.

Añade que el mando de la Prefectura emitió la orden de sumario N°20271/1 de 23 de agosto del año en curso, a fin de esclarecer la forma y circunstancias en que ocurrieron los hechos y establecer responsabilidades disciplinarias, sin embargo, dicho procedimiento se suspendió en virtud de lo establecido en el nuevo artículo 84 ter de la Ley 18.961, mediante Resolución Exenta N°536 de la Prefectura Santiago Costa de 25 de septiembre pasado, por cuanto los hechos que involucraron al recurrente fueron denunciados a la Fiscalía Local de Talagante, por el delito de conducta indebida.

Explica que se aplicaron los procedimientos administrativos disciplinarios regulados en los Reglamentos N°8, 11 y 15, y en relación a las medidas disciplinarias que pueden aplicarse a los funcionarios de Carabineros, se encuentran previstas en el artículo 23 N°2 letra e) del segundo de los Reglamentos citados.

Explaya que, si bien la regla general es que la desvinculación de un funcionario de Carabineros se produce luego de instruirse un sumario administrativo, existe de manera excepcional en la reglamentación vigente, la posibilidad de desvincular a un funcionario con efectos inmediatos y, luego proceder con el procedimiento administrativo disciplinario cuando la comisión de una falta que de origen al referido sumario, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la institución y el inculpado confiese su responsabilidad o ésta se haga evidente, de conformidad al artículo 127 N°4 letra a) del Reglamento N°8.

Agrega que, sin perjuicio de lo anterior, esta misma norma dispone que si un funcionario que fue dado de baja en forma inmediata, pero al termino del sumario se le aplica una medida que no importa, necesariamente, su eliminación, aquél será reintegrado en el grado que tenía antes de abandonar Carabineros determinándose su ubicación en el escalafón o rol respectivo, considerando el tiempo que permaneció en la institución. Además, destaca que esta medida no es definitiva, sino que depende de un procedimiento administrativo que quede firme.

Esgrime que, por otro lado, la Circular N°1847 de la Subdirección General de Carabineros de 22 de mayo de 2020, refiere que la sanción de baja con efectos inmediatos está exenta del trámite de toma de razón y el ente contralor ha reconocido esta medida a través de su jurisprudencia administrativa, permitiendo la desvinculación de un funcionario antes del respectivo sumario al igual que diversos fallos de esta Corte y de la Excma. Corte Suprema.

Finaliza señalando que la competencia de los mandos de Carabineros de Chile se encuentra establecida en el artículo 35 del Reglamento de Disciplina y la referida normativa habilita al jefe de la Prefectura para aplicar la medida de eliminación en fecha inmediata y que los implicados tendrán la oportunidad de solicitar, presentar y ofrecer medios de prueba y ejercer los medios de impugnación pertinentes en el procedimiento sumario.

Tercero: Que evacúa informe el General (J) de Carabineros, Director de Justicia Auditor General nombre reservado Burgos, quien solicita se rechace la presente acción constitucional, con costas.

Alega la falta de legitimación pasiva de la recurrida, atendido que el recurso impugna la Resolución Exenta N°469 de 23 de agosto de 2024, emitida por la nombre reservado que es una autoridad administrativa distinta a la máxima autoridad institucional, sin que el General Director haya tenido intervención alguna en la dictación del referido acto administrativo.

En cuanto al fondo, reitera lo señalado en la resolución impugnada en cuanto a las circunstancias en que se desarrollaron los hechos, añadiendo que el sujeto que mantenía la orden de detención vigente, posteriormente, se retiró del lugar sin que el personal policial actuara ni realizara acción tendiente a evitar lo ocurrido, instantes en que el funcionario que mantenía la cámara corporal le manifestó a su acompañante: “déjalo no más (…)”. A raíz de lo anterior, una persona que se encontraba en el lugar le preguntó al personal policial de los hechos ocurridos, recibiendo como respuesta “tiene una orden vigente y no me quiere acompañar”. En este contexto antes de aplicar la sanción, se realizó audiencia previa entre el recurrido, su acompañante y el Prefecto Subrogante de la nombre reservado el 23 de agosto de 2024, instancia en que no aportaron elementos de convicción que permitiesen desacreditar su real responsabilidad administrativa en los hechos.

Replica lo señalado en el informe de la nombre reservado en cuanto a las normas infringidas y el derecho aplicable y hace presente que al recurrente le asiste derecho a pensión de retiro e indemnización de desahucio de acuerdo a la Ley Orgánica de Carabineros de Chile por acreditar más de 20 años de servicio efectivo en la institución.

Alega la improcedencia de la acción constitucional, pues el recurrente debe estar en posesión de un derecho indubitado lo que, en este caso, no acontece. Sin perjuicio de lo anterior, estima que no se han vulnerado las garantías alegadas por el recurrente, pues la medida adoptada se realizó por autoridad competente, siendo legítimas las causales que autorizaron para disponerla, actuando conforme al ordenamiento jurídico.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en el-, que provoque ́ alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

En cuanto a la de falta de legitimación pasiva:

Quinto: Que la Dirección de Carabineros de Chile realizó la referida alegación atendido que el acto que se estima ilegal y arbitrario es la Resolución Exenta N°469 de 23 de agosto de 2024, emitida por la Prefectura de Carabineros Costa, que corresponde a una autoridad administrativa distinta a la máxima autoridad institucional, sin que el General Director haya tenido intervención alguna en la dictación del referido acto administrativo, por lo que la falta de legitimación pasiva será acogida respecto de este organismo, como se dirá en lo resolutivo de este fallo.

En cuanto al fondo:

Sexto: Que corresponde precisar que el acto que por esta vía se estima ilegal y arbitrario, consiste en la decisión contenida en la Resolución Exenta N°469 de 23 de agosto de 2024 dictada por el Prefecto Subrogante, Coronel nombre reservado.

Séptimo: Que la competencia del Sr. nombre reservado recurrido para aplicar la sanción que impuso al actor le viene dada por lo que establece el artículo 35 N° 4° letra c) del Reglamento de Disciplina N° 11 de Carabineros de Chile, que regula precisamente las facultades de las diversas jefaturas y las sanciones que están autorizados para imponer según el grado y condición contractual del sancionado. A su vez, la “baja por conducta mala” se encuentra establecida como una de aquellas posibles de aplicar a funcionarios de Carabineros, según dispone el artículo 23 N° 2° letra e) del referido reglamento. En cuanto a la regulación específica de la mentada sanción, el N° 9° del artículo 25 establece que “Se aplicará de acuerdo con lo prescrito en el Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile N° 8. Sus efectos sobre los derechos previsionales se ajustarán a las disposiciones legales y reglamentarias”.

A su vez, el artículo 127 del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile N° 8 establece las causales y condiciones en que puede ser eliminado de la Institución el Personal de Nombramiento Institucional, refiriéndose su N° 4 a la “Conducta Mala” en los términos siguientes: “4) Por "Conducta Mala": Establecida en Sumario Administrativo o por Investigación Simple por alguna de las siguientes causales: a) Por la comisión de faltas graves de tal naturaleza o entidad que lesionen gravemente la moralidad funcionaria o el prestigio de la Institución, el sistema jerárquico o disciplinario, que lo hagan merecedor de esta medida, y b) Por asistirle responsabilidad en crímenes o simples delitos de la jurisdicción militar u ordinaria, establecida en sentencia ejecutoriada.

Estas causales autorizarán la aplicación de la sanción disciplinaria de baja prevista en el Nº 9 del artículo 25º del Reglamento de Disciplina, Nº 11. En el caso que se disponga la baja por la causal establecida en la letra b) del numeral 4, la Dirección General de Carabineros, previa calificación de los antecedentes, determinará si la conducta del afectado reviste la gravedad necesaria para disponer su eliminación.

Ello siempre que no haya sido condenado por el delito de deserción, o pena aflictiva por otros delitos, en cuyo caso el licenciamiento será obligatorio. No obstante lo anterior, cuando la comisión de una falta que dé origen a un Sumario Administrativo o Investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución, y, el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente, el Jefe que ordene la instrucción del Sumario podrá eliminarlo de inmediato por ‘conducta mala’, sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la nota que en definitiva le corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del Sumario o investigación.

Con todo, el funcionario que habiendo sido dado de baja en conformidad al inciso anterior, se le aplicare en definitiva sanción que no importe necesariamente su baja, será reintegrado en el grado que tenía antes de abandonar las filas determinándose su ubicación en el escalafón o rol respectivo, considerando el tiempo que permaneció alejado de la Institución.”

Octavo: Que de las disposiciones antes transcritas se puede inferir que, al resolver la eliminación por conducta mala del recurrente, la recurrida lo hizo en uso de sus facultades, en un caso previsto por la ley y con las formalidades requeridas.

En efecto, el Coronel nombre reservado en su calidad de Prefecto se encontraba facultado para sancionar al Sargento Primero nombre reservado, con la eliminación por la causal de “baja por conducta mala” y, estimando concurrente la responsabilidad de dicho funcionario en los hechos que la motivaron, eventualmente constitutivos de delito o de infracciones disciplinarias graves, pudo asimismo disponer que ella tuviera efecto inmediato, decisión que corresponde precisamente a quien ordena la instrucción del sumario.

Noveno: Que la sanción de eliminación de las filas de la Institución dispuesta por la causal de “baja por conducta mala” debe ser aplicada como resultado de un sumario administrativo o de una investigación disciplinaria. Sin embargo, la normativa de Carabineros de Chile autoriza a aplicarla de inmediato, sin que ello obste a la tramitación del referido sumario, de modo que no puede estimarse ilegal la decisión que así la impone.

Décimo: Que la “baja por conducta mala” asume –en la normativa citada tanto el carácter de sanción como el de causal de eliminación de las filas de la institución y, pese a que la circunstancia de haberse impuesto de inmediato conlleva en sí la convicción de haberse configurado dicha causal, queda a salvo la posibilidad de retrotraer dicha decisión si en el sumario se le aplicare en definitiva una sanción que no importe necesariamente su baja; en tal evento el inciso final del citado artículo 127 dispone que “…será reintegrado en el grado que tenía antes de abandonar las filas determinándose su ubicación en el escalafón o rol respectivo, considerando el tiempo que permaneció alejado de la Institución.” Naturalmente, tal efecto de retrotracción incluye –y así lo reconoce la recurrida- el pago de la remuneración correspondiente al período de separación.

Undécimo: Que finalmente, cabe señalar, que no corresponde analizar ahora la proporcionalidad de la medida disciplinaria aplicada, desde que ello, en definitiva, se revisará, en otra instancia, previas las correspondientes defensas que los recurrentes hagan en dicha sede administrativa.

Duodécimo: Que, conforme a lo que se viene razonando, no siendo ilegal ni arbitrario el acto en contra del cual se recurre, ni advirtiéndose que él afecte el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se dice conculcadas, el recurso no podrá prosperar, sin que resulte necesario analizar pormenorizadamente cada una de dichas garantías.

Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia:

1.- Se acoge la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la Dirección General de Carabineros.

2.- Se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Prefectura de Carabineros Costa.

Regístrese, y archívese, en su oportunidad.

N°4507-2024 Protección.