nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA

En Santiago, a treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a fojas 23 y 38, en recursos acumulados Rol N° 4424-2018 y Rol N° 4576-2018, comparecen doña nombre reservado, comerciante, domiciliada en domicilio reservado; don nombre reservado, comerciante, domiciliado en domicilio reservado; doña nombre reservado, comerciante, domiciliada en domicilio reservado; doña nombre reservado, comerciante, domiciliada en domicilio reservado; doña nombre reservado, comerciante, domiciliada en domicilio reservado; doña nombre reservado, comerciante, domiciliada en domicilio reservado; doña nombre reservado, comerciante, domiciliada en domicilio reservado; doña nombre reservado, comerciante, domiciliada en domicilio reservado; doña nombre reservado, comerciante, domiciliada en domicilio reservado; don nombre reservado, comerciante, domiciliado en domicilio reservado; don nombre reservado, comerciante, domiciliado en domicilio reservado; doña nombre reservado, comerciante, domiciliada en domicilio reservado; don nombre reservado, comerciante, domiciliado en domicilio reservado; doña nombre reservado, comerciante, domiciliada en domicilio reservado y don nombre reservado, comerciante, domiciliado en domicilio reservado, quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y dentro de plazo, interponen recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, y en contra del Ministerio de Obras Públicas, por las actuaciones ilegales y/o arbitrarias que narran en su recurso, las cuales sostienen vulneran los derechos consagrados en los números 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica.

Fundan su acción en que los recurrentes conforman un conjunto de comerciantes que jurídicamente organizados en forma notoria y pública, ejercen sus labores comerciales en el sector ubicado frente al ingreso del Centro de Detención Preventiva, Santiago Uno, por más de 10 años. En ese sentido, manifiestan que con posterioridad a la construcción de dicho Centro de Detención se instalaron en la vereda norte de la calzada frente a dicho establecimiento, sector perteneciente a la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en un sitio eriazo contiguo a la vereda de la calle Centenario. Agregan que, con posterioridad a ello, se acercaron a la Municipalidad para tramitar Patentes Comerciales tendientes a ejercer el comercio de manera formal, las cuales se encuentran vigentes. Así la recurrida, a través de su Dirección de Desarrollo Comunal, en el año 2012, los alentó a crear una personalidad jurídica.

Agregan que, a través de funcionarios municipales, se les notifica personalmente en cada uno de sus puestos, que deben desalojar el sector el lunes 23 de julio del 2018, ello en razón de que se construiría una extensión del parque inundable en torno al Zanjón de la Aguada por una extensión de 4,7 kilómetros. Señalan en ese sentido que el parque proyectado en nada se contrapone a sus derechos a ejercer una actividad económica legítima y a prestar un servicio de utilidad pública a los ciudadanos que frecuentan ese sector.

Alegan que dicha acción es arbitraria e ilegal ya que: a) No se les ha notificado instrumento jurídico alguno en el que se funde dicha comunicación; b) Existe mera tolerancia del municipio al permitir la residencia de algunos de los recurrentes, la que constituye un precario no sólo conforme a lo dispuesto en el artículo 2195 del Código Civil, sino a la misma jurisprudencia administrativa; c) Porque existen actos jurídicos con los que el municipio se involucra en la actividad económica que desarrollan en el sector; d) Que el desalojo, o despojo de sus derechos legítimamente adquiridos no puede ocurrir por vía de un acto completamente informal de autotutela, sino mediante el debido proceso y; e) que los motivos aducidos por el municipio, no constituyen razón suficiente para fundar un acto administrativo que no se pueda considerar arbitrario.

Agregan que el hecho denunciado afecta el derecho a desarrollar una actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad, y el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales según lo dispuesto en el artículo 19 N° 21 y 24 de la Constitución Política de la República. En ese sentido, obran en base a la patente concedida y cuyo pago se encuentra al día, vulnerando además el derecho a propiedad que tienen sobre dicha patente.

Finalmente, y en base a lo anteriormente expuesto, solicitan declarar que debe restablecerse el imperio del derecho sobre la base de cesar, en forma inmediata cualquier afectación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales invocadas por los recurrentes, todo ello, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que, a fojas 69, informa al tenor del recurso, doña nombre reservado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, solicitando su total rechazo, con costas, atendido que no resulta efectiva la vulneración de garantías constitucionales invocadas, en atención a que los comerciantes que presentaron el recurso, tienen permiso para “Comercio Ambulante”, no estacionado, por ello, sus permiso para el ejercicio de la actividad comercial es para que vendan sus productos en las vías públicas de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, sin que se encuentre autorizado el comercio en un lugar determinado.

Indica que es el Ministerio de Obras Públicas el que tiene un Proyecto denominado “Parque Inundable Intercomunal nombre reservado Jara ex La Aguada”, en beneficio de toda la Región Metropolitana, ante lo cual funcionarios del Ministerio de Obras Públicas han conversado con los comerciantes y vecinos del sector sobre el proyecto, lo cual ha ocurrido hace meses no enterándose por la prensa al respecto.

Añade que los recurrentes no tienen permiso de ocupación de dicho bien nacional de uso público, ya que su actividad comercial es ambulante, por lo que no se afectarán sus derechos, agregando además que los mismos al ocupar dicho bien, no pueden adquirir derechos sobre el mismo y añade que no se daña el derecho a la actividad económica, pues conservan el permiso ambulante ya indicado.

TERCERO: Que, a fojas 77, informa don nombre reservado, Ministro de Obras Públicas (S), quien evacúa el informe exponiendo que con fecha 23 de julio el Jefe de Proyecto del Parque lnundable Parque nombre reservado Jara (Ex La Aguada) de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicos entregó a los recurrentes un documento en el cual se informó que la Dirección de Obras Hidráulicas ha dado inicio a las obras ya comentadas y que producto de ello, y en atención a que dichos terrenos son de propiedad del Fisco, es necesario que abandonen dichos terrenos.

En ese orden de ideas, agrega que el terreno en donde actualmente se ubican los recurrentes corresponde a un predio de propiedad de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, que fue adquirido por el Fisco mediante un proceso de expropiación ya que dicho lote 60-C resultaba imprescindible para la construcción del proyecto ya mencionado.

Añade que el objetivo del proyecto es diseñar un espacio público con un diseño hidráulico y paisajismo incorporado, por medio del cual se conduzcan y regulen las crecidas del Zanjón de la Aguada en periodos de grandes lluvias, generando un espacio recreacional y de esparcimiento para los habitantes de la zona sur de Santiago. En ese sentido, el proyecto generará un parque longitudinal de 4,7 kilómetros de extensión que permitirá una continuidad de áreas verdes y espacios públicos, con equipamiento deportivo y recreativo, recuperando la zona urbana colindante.

De este modo refiere, al informar su recurso, que el acto recurrido corresponde a una notificación emanada del jefe de proyecto del parque ya aducido en donde se informa el trámite de toma de razón de la Contraloría General de la República, el inicio de la obra, que los terrenos son de propiedad del Fisco y que por lo tanto se requiere desocupar el terreno. En ese sentido, dicho acto no obliga a los recurrentes a renunciar a sus fuentes de trabajo, no teniendo el ministerio facultad, además, para pronunciarse sobre la validez o vigencia de las patentes otorgadas por el Municipio, sin perjuicio de que las mismas no habilitan a los actores a ejercer el comercio en terrenos privados y que tampoco son, ni han sido en el pasado de dominio público o municipal. Añade que el municipio no pudo tolerar o no la instalación de los locales de los recurrentes ya que dicho terreno, desde el 10 de enero de 2012, era de propiedad del Fisco, y con anterioridad a esa fecha, de la Empresa de Ferrocarriles del Estado. Por último, agrega que el pago de las respectivas patentes solo puede autorizar la ejecución de la actividad de comercio ambulante, y no el uso exclusivo de un predio expropiado.

A continuación, explica que el recurso adolece de falta de fundamento ya que no se indica cuáles serían las acciones ilegales y arbitrarias cometidas por el municipio ni cuales habría cometido el ministerio, ante lo cual no se vislumbra la existencia de una privación, perturbación o amenaza a los derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 N° 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

Posteriormente expone que existe un litigio pendiente ante el 6° Juzgado Civil de Santiago, en causa rol V-199-2011 en el cual se regula la expropiación como así mismo la forma en que terceros interesados pueden formular oposiciones a dicho proceso. Agrega además que los recurrentes ocupan ilegalmente dicho predio toda vez que la patente comercial otorgada por el municipio no es un justo título para ocupar el predio objeto del litigio, de este modo, no existe acto arbitrario e ilegal alguno ya que el ministerio ha actuado dentro de un procedimiento expropiatorio tramitado en conformidad al DL N° 2186 de 1978. Añade, además, que aun cuando el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Carta Magna reconoce y garantiza el derecho de propiedad privada, también establece la facultad que le asiste al Estado para expropiar dicho dominio, por causa de utilidad pública o interés nacional.

Finaliza su informe estimando que no se ha afectado derecho constitucional alguno, producto de lo cual concluye que el presente recurso no puede prosperar.

Mediante resolución de quince de noviembre pasado se requirió informa en relación a estos hechos, a la Asociación de Emprendedores Centenario, el que fue evacuado por el apoderado de los recurrentes, en similares términos a los argumentos contenidos en el recurso y alegando también que el predio en donde se emplazan no es el lote 60-C si no que el lote 61 correspondiente a Famae.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, en el caso de marras, el recurrente acciona por esta vía constitucional en resguardo de las garantías de derechos consagrados en el artículo 20 N°21 y 24 de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que los recurrentes todos comerciantes ambulantes de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, con patente para desarrollar su actividad dentro de la comuna de marras, aducen sobre la base de esta circunstancia tener derecho a permanecer en el lugar en donde realizan su comercio y a no ser desalojados del sector, porque la I. Municipalidad con su actuar, en orden a haberlos reconocido además conforme a personalidad jurídica de Emprendedores Centenarios, pasa a llevar las garantías constitucionales ya referidas.

SEPTIMO: Que, en razón de los antecedentes aportados, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, es posible establecer que los recurrentes han ejercido de hecho, en ese lugar la actividad de comerciantes ambulantes y que con ocasión de la obra pública consistente en Proyecto Inundable Parque nombre reservado Jara (Ex la Aguada) de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, se les ha comunicado que deben desalojar el lugar. El terreno de marras conforme a lo que consta de autos, corresponde al lote 60-C, que pertenecía a Ferrocarriles del Estado y que en razón del proyecto referido, cuya ejecución en el tramo pertinente se dispuso por la Dirección de Obras Hidráulicas, mediante Ordinario N° 3632 de 12 de julio último ( fs. 65 ), procedió a expropiarlo, conforme Decreto Exento MOP N° 3769 de 22 de Noviembre de 2011, en una superficie de 22.080 metros. En razón de ello, actualmente se sigue, ante el Sexto Juzgado de Santiago, causa Voluntaria Rol N° 199-2011 en donde con fecha veintisiete de marzo de 2012, se dispuso la entrega material del terreno al Fisco, mediante la correspondiente autorización de toma de posesión material del mismo. En las gestiones de notificación previa se advierte que medió oposición de parte de la Agrupación de Locatarios Centenario Uno, y de un representante de un campamento. A su vez del certificado extendido por el Secretario Municipal de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda se constata que la casi totalidad de los recurrentes además conforman la Agrupación de Emprendedores Centenario, con excepción de uno, que se encuentra fallecido y otra recurrente que figura en el recurso como nombre reservado y en el certificado ya indicado como nombre reservado sin poder determinarse si corresponden a la misma persona.

OCTAVO: Que conforme a estos hechos las comunicaciones hechas por los recurridos a los recurrentes, se advierten como meras noticias sobre una situación que se encuentra sometida al imperio del Derecho y que dice relación con la entrega del predio de marras, que además le fue notificada a los ocupantes del mismo, mediante receptor judicial, el 14 de mayo de 2012 y requerida su entrega sin fuerza pública con fecha 03 de octubre pasado, actuaciones todas practicadas en la causa ya colacionada.

NOVENO: Que en relación a los restantes cargos que se le imputan a la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, no se trata entonces de un bien nacional de uso público y la Municipalidad, en relación a ello no ha otorgado una patente que permita a los recurrentes ejercer su oficio o actividad o servicio que prestan en un recinto a lugar determinado, por lo tanto no se advierte una actuación ilegal de su parte, como tampoco el hecho de haber propiciado una agrupación de comerciantes ambulantes, esto es, una organización civil de personas que trabajan en la comuna, en esa calidad, resulta indiciaria de lo argüido por los recurrentes, sin que tampoco, de los hechos anteriormente referidos, se constate arbitrariedad alguna, que pueda entenderse como un capricho o mera liberalidad que resulte en vulneración de derechos para los recurrentes.

DECIMO: Que en relación a los derechos de garantías invocadas como pasadas a llevar, esto es el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, ella no se ve conculcada toda vez que la actividad comercial está plenamente vigente y no se divisa que se le haya limitado su ejercicio, conforme al alcance de las patentes que figuran como “ambulantes sector comunal PAC”, esto es, comprendiendo la comuna que la otorga y con patente al día.

En lo que se refiere al derecho de propiedad, y acorde a los argumentos esgrimidos, lo razonado resulta plenamente aplicable, ya que no se advierte limitación a la propiedad que se encuentre conculcada y los derechos que blanden sobre sus patentes y actividades, tampoco se observan amenazados.

UNDECIMO: Que, en el caso del otro recurrido, las actuaciones hasta ahora desarrolladas se encuentran amparadas por el Derecho, conforme es posible establecer de la causa sobre expropiación ya referida, en donde quienes puedan tener derechos son llamados por el DL 2.186 que regla la materia a apersonarse al juicio para hacerlos valer, conforme al procedimiento que allí se establece.

En efecto, la expropiación por causa de utilidad pública encuentra su amparo en la ley, tanto en lo referido a la toma de posesión como a la entrega material del predio, conforme a las reglas que allí se establecen.

DUODÉCIMO: Que en relación a los derechos de garantías constitucionales alegados como conculcados, no se advierte que en su actuar, el recurrido haya pasado a llevar el derecho de los recurridos consagrado en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República ni aun a título de amenaza, puesto que no le compete facultad alguna en orden a los permisos de comerciantes ambulantes ni a las patentes que poseen, de modo que de su actuar no es posible desprender ninguna limitación, exclusión o impedimento al libre ejercicio de su actividad económica. En lo relativo a la del artículo 19 N° 24, esto es el Derecho de Propiedad, ningún derecho han acreditado los recurrentes en torno al predio expropiado, derecho de propiedad que además encuentra su limitación en esta circunstancia y en lo relativo a sus patentes y actividad de ambulantes, no se constata en qué medida ella pudiere verse afectada, conforme la forma en que deben desarrollarla, ni menos como este recurrido pudo afectarlas.

DECIMO TERCERO: Que en lo relativo a las alegaciones formuladas por los recurrentes en orden a que el expropiante ha confundido los predios, ningún antecedente se encuentra en autos, más aún cuando consta de las piezas del expediente voluntario, que la oposición a la entrega material del predio expropiado se ha efectuado por la misma Asociación a la que dicen representar pese a no haber recurrido en ese carácter.

DECIMO CUARTO: Que en razón de los fundamentos precedentemente expuestos el recurso de protección ha de ser desestimado, en atención a no haber incurrido los recurridos en actos ilegales o arbitrarios, que deban ser protegidos por esta vía de carácter extraordinario Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza sin costas, la acción constitucional deducida por doña nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado y, don nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, y en contra del Ministerio de Obras Públicas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro (S) señora Escanilla.

Nº 4424-2018- PROT.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de nombre reservado Miguel por la Ministro Sra. Carmen Gloria Escanilla Pérez, Fiscal Judicial Sr. Viviana Toro Ojeda y Abogado Integrante Sr. Carlos Castro Vargas.

Se deja constancia que no firma no obstante haber concurrido a la vista de la causa y fallo, por encontrarse ausente, la Ministro (S) señora Escanilla.