Protección contra Colegio Cardenal Raúl Silva Henríquez

Foja: 94 Noventa y Cuatro San Miguel, a veintisiete días del mes de enero del año dos mil quince.

Vistos:

A fojas 1 comparecen nombre reservado, en representación de la alumna nombre reservado; nombre reservado, en representación de la alumna Sibbi nombre reservado; nombre reservado, en representación de la alumna nombre reservado; nombre reservado, en representación de la alumna nombre reservado

nombre reservado; nombre reservado, en representación de la alumna nombre reservado; nombre reservado, en representación de la alumna nombre reservado; nombre reservado, en representación de la alumna nombre reservado, nombre reservado, en representación de la alumna nombre reservado; nombre reservado, en representación de la alumna nombre reservado; nombre reservado, en representación de la alumna nombre reservado; nombre reservado, en representación de la alumna nombre reservado; y nombre reservado, en representación de la alumna nombre reservado, quienes deducen acción de protección de garantías constitucionales en contra del Colegio Cardenal Raúl Silva Henríquez, establecimiento educacional perteneciente a la Congregación Belén Educa, y cuya Directora es doña nombre reservado.

El recurso se funda en el hecho de haber aplicado la recurrida sanciones a los alumnos de IV Medio del año 2014, las que se estiman ilegales y arbitrarias atendido a que no se ajustan al Reglamento Interno, con infracción al debido proceso y sin existir antecedentes suficientes. Además, por haber existido divulgación de los hechos acaecidos el día Del Profesor en medios de prensa, todo lo cual sería vulneratorio de las garantías del artículo 19 Nº 3 y Nº 16 (sic) de la Constitución Política de la República, solicitando en definitiva que se acoja el recurso de protección interpuesto, que se suspendan los efectos de las sanciones mientras se conoce del recurso y que “se tenga dar a conocer a los medios de comunicación, cualquiera este sea, impedir que se den reportajes, emitir comentarios de los hechos descritos en el recurso”.

Los recurrentes indican que el día 17 de octubre del año 2014 el Colegio Cardenal Raúl Silva Henríquez celebró el Día del Profesor, festividad en la cual se habrían producido desórdenes, motivo por el cual los alumnos de IV Medio fueron sancionados con una serie de castigos, entre los cuales se encuentran: la suspensión durante dos días para los alumnos que tiraron harina; el cierre de año escolar para quienes ejercieron violencia física; la cancelación de la licenciatura, del Festival de la Voz, de la Despedida de los III Medios a los IV Medios y de la Ceremonia del Timbre; el cambio del contenido y nivel de exigencia en prueba de nivel, y la suspensión de clases.

Agregan que además de las sanciones referidas ocurrieron una serie de otras irregularidades, tal como que los docentes procedieron a escribir en Facebook comentarios en contra de los alumnos, que se habría notificado a medios de comunicación de los hechos acaecidos y que habría existido negativa de ciertos docentes de realizar clases, mientras que otros sólo dictaban sus cátedras, no dando lugar a preguntas o comentarios de los alumnos, que los profesores amenazaron a los estudiantes con cambiar los contenidos de las pruebas y aumentar su dificultad, restricción de la jornada escolar; entre otros, todo lo cual habría sido puesto en conocimiento de la Dirección Regional de Educación y de la Superintendencia de Educación, sin que el establecimiento educacional mudara sus decisiones ni diera respuestas.

Señalan que el actuar del colegio no se ciñó a la normativa aplicable por cuanto las sanciones no se aplicaron previa tramitación del procedimiento establecido, haciendo presente que en el caso particular fue el Consejo de Profesores quien impuso las sanciones, lo que se encuentra fuera de sus atribuciones, que no se respetó la garantía del debido proceso; que se transgredió el Reglamento Interno, que se impusieron sanciones no previstas en la normativa interna, como el cierre del año escolar, sanción que el Mineduc sólo permite cuando un alumno puede significar un peligro para la comunidad en el futuro y no cuando es un hecho aislado como en el caso de autos, haciendo presente además que las sanciones alcanzaron incluso a quienes no estuvieron ese día en el colegio, lo que pugna con la lógica.

Indican que la investigación llevada a cabo respecto de los hechos acaecidos el Día del Profesor, y el procedimiento de aplicación de sanciones incurre en una serie de ilegalidades, a saber: falta de prueba y de acreditación de los hechos y de la participación de los sancionados, siendo los antecedentes referidos por el colegio insuficientes, existencia de un investigador que emite juicios de valor, lo que es ajeno a su labor, falta de respeto a las normas básicas de los procedimientos administrativos, considerando que el proceso disciplinario es un procedimiento reglado que tiene la finalidad de garantizar un debido proceso; y ausencia de fundamentos, pues no se señala los que se tuvieron a la vista para imponer las sanciones, todo lo cual redundaría en que las medidas disciplinarias sean ilegales y arbitrarias y además anulables por adolecer de nulidad de derecho público, ello por carecer de motivos o fundamentos legales lo que es contrario a los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental.

Refiere que la aplicación de las medidas disciplinarias referidas en el caso particular implica una transgresión grave al principio de legalidad del artículo 6 y 7 de la Carta Fundamental y una vulneración del debido proceso, haciendo presente que la sanción aplicable en la especie es la nulidad de derecho público.

Da cuenta que los hechos se habrían materializado el día 19 de noviembre de 2014, en el cual se debía realizar la licenciatura y fiesta de graduación de los alumnos, siendo dejadas sin efecto, y además fue la fecha en que se canceló la matricula a los alumnos.

En definitiva pide que se acoja el recurso de protección interpuesto, que se suspendan los efectos de las sanciones mientras se conoce del recurso y que “se tenga dar a conocer a los medios de comunicación, cualquiera este sea, impedir que se den reportajes, emitir comentarios de los hechos descritos en el recurso”.

A fojas 73, el abogado don Ricardo Manzi Jones en representación de Fundación Belén Educa, Sostenedor del Colegio Cardenal Raúl Silva Henríquez, informa al tenor del recurso de protección interpuesto y solicita el rechazo del mismo.

En primer término indica que la acción constitucional de autos ha sido interpuesta de forma extemporánea, por cuanto al día 15 de diciembre de 2014 habían transcurrido más de 30 días desde la fecha en que los recurrentes tomaron conocimiento de los hechos, lo que habría sucedido el día 17 de octubre de 2014.

Sobre los hechos refiere que el día 17 de octubre del año recién pasado, como todos los años, el Colegio Cardenal Raúl Silva Henríquez celebró el Día del Profesor, y que antes que empezara la celebración oficial, un grupo de alumnos de IV Medio ingresa a la Sala de Profesores refiriéndole a los docentes que les tenían preparado un acto especial, eligieron a 25 profesores y les señalaron que les vendarían los ojos a fin de llevarlos al patio, lugar donde estaba la sorpresa.

Añade que siendo usual que los alumnos del último año les organizaran una sorpresa, los profesores accedieron a la solicitud, siendo trasladados vendados al patio, lugar donde se los sentó en sillas organizadas de manera circular, momento en el cual los alumnos comenzaron a lanzarles harina e insultarlos a tirarles el pelo a las mujeres y golpear a los hombres, y que al sacarse las vendas, se percataron que estaban todos los alumnos de IV Medio riéndose de ellos.

Agrega que ese mismo día la Directora en compañía de otros profesores, concurrieron a las salas de clase de los IV Medios para exigir explicaciones, las que en general fueron confusas y disimiles: algunos se disculpaban, otros indicaban que se habían organizado con antelación, y otros negaban tal organización y lo presentaban como un hecho espontáneo que se les había escapado de las manos, siendo informados que sus actos debían ser analizados por el Consejo de Profesores que se reuniría la semana siguiente.

Señala que el día lunes 20 de octubre la encargada de Convivencia Escolar del Colegio se reunió con los alumnos de cada IV Medio para conversar y recabar su versión de los hechos y además se reunió con los padres de los alumnos que habían tirado harina y propinado golpes a los profesores y asimismo la Directora del Colegio junto al Director Ejecutivo de Fundación Belén Educa se entrevistó con cada IV Medio para volver a conversar sobre los hechos, tratar de entender qué había pasado y explicarles las consecuencias de su conducta.

Menciona que ese mismo día se apersonaron en las puertas del establecimiento periodistas de Chilevisión, los cuales no fueron llamados ni por el colegio ni por los profesores, y, finalmente, ante la insistencia y con la finalidad de evitar interpretaciones desorbitadas y especulaciones, fueron recibidos por la Directora del Establecimiento y por el Director Ejecutivo de la Fundación Belén quienes en lo medular refirieron que se trató de un error emanado de la inmadurez de los alumnos.

Indica que los días siguientes se reunió el Consejo de Profesores y el Consejo Escolar y que con fecha 23 y 24 de octubre se informó de la situación a la Provincial de Educación Cordillera y a la Superintendencia de Educación, citándose además a los apoderados a una reunión, oportunidad en que se les informó las diversas sanciones acordadas por el Consejo, siendo éstas aceptadas por los apoderados, quienes solo solicitaron reconsiderar aquella que canceló la licenciatura, rechazándose dicha petición.

Refiere que con fecha 31 de octubre de 2014, el establecimiento educacional dio por finalizado el episodio y, a petición de la Superintendencia de Educación, se accedió a realizar una misa de despedida lo que se informó a la Superintendencia por correo electrónico del 04 de noviembre, siendo éste el fin del episodio.

Hace presente que en este escenario aparece de manifiesto que el recurso de autos fue interpuesto de manera extemporánea, por cuanto, a la fecha de interposición, esto es, el 15 de diciembre de 2014, había pasado más de un mes desde que los apoderados tomaron conocimiento de los hechos que motivaron el recurso.

Agrega que no es efectivo que las sanciones determinadas se materializaran a partir del día 19 de noviembre, por cuanto éstas se concretaron de manera inmediata a partir de su notificación, a saber: la sanción de suspensión se aplicó inmediatamente, para lo que se citó a los apoderados, se les informó la sanción, firmando cada uno de ellos la respectiva notificación con fecha 22, 24 y 27 de octubre; la sanción de cierre anticipado del año escolar fue notificada con fecha 24 de octubre de 2014, y aprobada vía telefónica por la Provincial de Educación; la determinación de no efectuar la ceremonia de Licenciatura se notificó con fecha 31 de octubre de 2014 y también tuvo efectos inmediatos, suspendiéndose todo preparativo.

Añade que la fecha señalada por los recurrentes, esto es, el día 19 de noviembre, fue el último día de clases de los alumnos de IV Medio, fecha fijada por el Ministerio de Educación y que ese día se realizó la Ceremonia del Timbre.

Señala que tampoco es efectivo que ese día el Colegio cancelara la Fiesta de Graduación o Gala por cuanto si bien ésta es de resorte de cada curso, éstas fueron realizadas.

En cuanto al fondo de la acción deducida la recurrida solicita el rechazo de la misma, con costas, por cuanto no aparecen claramente cuáles serían las acciones u omisiones presuntamente ilegales, arbitrarias y vulneradoras de garantías constitucionales. Señala, asimismo, que su parte no se ha contactado con medio de prensa alguno a fin de ponerlos en conocimiento de la ocurrencia de los hechos y que si bien con fecha 19 de octubre se emitió la noticia en el portal de Radio Biobío, se trata de una fuente anónima, habiendo los propios asistentes de la educación y profesores del colegio manifestado que lo ahí expuesto no representaba su opinión, cuestión que consta en un comunicado público.

Sobre el punto agrega que si bien es efectivo que el día 20 de octubre de 2014 conversó con la prensa, ello se realizó en el escenario que éstos se apersonaron en la puerta del colegio, generando conmoción, y a fin de clarificar los hechos se emitieron cautelosas declaraciones, recalcando que se trataba de un error producto de la inmadurez, y que en la misma fecha el Director Ejecutivo de la Fundación Belén Educa también emitió un comunicado público refiriéndose a los hechos, sin haberse referido a los mismos desde ese entonces.

Asimismo añade que desconoce las actividades de los profesores en Facebook, atendido que es parte de su vida privada, motivo por el cual no se puede hacer cargo de los mismos de ser efectivos;

Sobre las sanciones aplicadas manifiesta que los hechos acaecidos el Día del Profesor dieron lugar a sanciones, las que fueron impuestas tras reuniones del Consejo de Profesores y el Consejo Escolar, lo que fue informado el día 23 y 24 de octubre a la Provincial de Educación Cordillera y la Superintendencia de Educación.

Respecto de la sanción de suspensión indica que se notificó a los apoderados de los alumnos en el mes de octubre; sobre la medida de cierre del año escolar, refiere que se aplicó respecto de siete alumnos que agredieron a docentes, tratándose de la sanción aplicable de conformidad al artículo 34 Nº 17 del Reglamento Interno del Colegio del año 2014, que considera como faltas muy graves las agresiones, siendo procedente, de conformidad al artículo 35 la cancelación de matrícula. Asimismo añade que dicha cancelación se materializó a través del cierre anticipado del año académico, lo cual ocurrió el día 24 de octubre, previa notificación a los apoderados, lo que se informó a la Provincial de Educación Cordillera, la que dio su visto bueno telefónicamente por estar ajustado a derecho, y también a la Superintendencia de Educación, quien tampoco la objetó.

Sobre la sanción de no realizar la Licenciatura a los IV Medios señala que dicho castigo se acordó y notificó a los padres y apoderados con fecha 30 de octubre de 2014 y que dicha medida fue acordada de conformidad al artículo 39 del Reglamento Interno que prescribe que cualquier situación no contemplada por el Reglamento, será resuelta por el Equipo Directivo del Colegio, previa consulta a la Secretaria Ministerial de Educación, según corresponda y que en este caso, la medida fue respaldada por el Consejo de Profesores, el Consejo Escolar y por todo el Equipo Directivo del Colegio y que la decisión se tomó considerando que los actos de los alumnos de IV Medio, por acción u omisión (ya que la mayoría de los alumnos participó mirando y festinando la situación), infringió las normas contenidas en el artículo 34 numerales 11, 17 y 19 del Reglamento Interno.

Sobre el Festival de la Voz y la Despedida de los III Medios, menciona, sobre el primero, que no es un festival propiamente tal sino parte de una asignatura, motivo por el cual los profesores prefirieron hacerlo en cada curso, y sobre el segundo, que es un evento organizado y costeado por los III Medios, quienes atendido los hechos decidieron no realizarlo.

Respecto de las imputaciones relativas a no realizar la ceremonia del Timbre, el cambio de contenido y nivel de exigencia en las pruebas, la no realización de clases y cambio de horario hace presente que no serían efectivas.

Agrega además que no es efectivo que se hayan violado las normas que rigen la materia pues se aplicó el Reglamento Interno para la convivencia Escolar del Colegio Cardenal Raúl Silva Henríquez, año 2014, el cual está en concordancia a lo dispuesto por el Ordinario 476 de 29 de noviembre de 2013 de la Superintendencia de Educación, y además fue aprobado por la Provincial de Educación Cordillera, proceso que se hace cada año y que además fue aceptado por cada apoderado al momento de matricular a su alumno.

Asimismo relata que se trató de un procedimiento ajustado a derecho en el cual no sólo fueron entrevistados los alumnos de IV Medio y sus apoderados, sino que también se escuchó a toda la comunidad escolar, de conformidad a la ley, especialmente el Consejo Escolar y Consejo de Profesores, motivo por el cual no ha existido vulneración de garantías constitucionales, ya que el proceso y medidas adoptadas se ajustaron en todo momento a las normas legales y al Reglamento Interno.

Finalmente hace presente que no comparte la argumentación en torno a la aplicación en la materia de normas de derecho administrativo, por tratarse de materias de fondo que deben ser conocidas en juicio de lato conocimiento, y, por otro lado, por no ser pertinente al caso, lo mismo con las normas contenida en el Código de Procedimiento Penal.

A fojas 87 se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1°) Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio;

2°) Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o mas de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha sido motivo de la acción cautelar;

3°) Que los recurrentes impugnan por la presenta acción constitucional el hecho de haber aplicado la recurrida las siguientes sanciones a los alumnos de IV Medio del año 2014: a) Suspensión durante dos días para los alumnos que tiraron harina. b) Cierre de año escolar para quienes ejercieron violencia física. c) Cancelación de la licenciatura, del Festival de la Voz, de la Despedida de los III Medios a los IV Medios y de la Ceremonia del Timbre y d) Cambio del contenido (sin precisarse a que se refiere). Todas las sanciones antes referidas se estiman ilegales y arbitrarias atendido a que no se ajustan al Reglamento Interno, que fueron decretadas a través de procedimientos diversos de los establecidos en dicha normativa, con infracción al debido proceso y sin existir antecedentes suficientes, amén de hacer referencia que los hechos materia del presente recurso acaecidos con motivo del día del profesor fueron divulgados por la prensa, violando con ello las garantías constitucionales consagradas en los numerales 3° y 16° del artículo 19 del Estatuto Político, es decir, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y la libertad de trabajo;

4°) Que la recurrida informando el recurso sostiene en primer término la extemporaneidad del mismo, en la medida que los hechos a que alude la impugnación ocurren el día 17 de Octubre del año dos mil catorce y los apoderados son notificados de lo resuelto los días 22, 24 y 27 del mes y año antes citado, con lo cual al haber sido la acción cautelar interpuesta el día 15 de diciembre del año próximo pasado, ésta se ha ejercido fuera del término a que alude el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema. Y en lo referido al fondo se solicita su rechazo, por cuanto no se indica cuáles serían las acciones u omisiones presuntamente ilegales, arbitrarias y vulneradoras de garantías constitucionales, sin perjuicio que las sanciones fueron adoptadas por acuerdo del Consejo de Profesores y Consejo Escolar, es decir, de conformidad con la normativa que regula la materia, lo cual fue notificado legalmente a los apoderados;

5º) Que la acción de protección tiene como objetivo principal el proteger que determinadas garantías constitucionales no sean vulneradas ni amenazadas por algún acto que tenga la naturaleza de ilegal o arbitrario, y que de producirse aquello se adopten de inmediato las medidas tendientes a restaurar el imperio del derecho, debiendo tal acción intentarse dentro del plazo máximo de 30 días corridos desde que se tuvo conocimiento de los hechos, esto por expresa disposición del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula el procedimiento de esta medida cautelar;

6º) Que de los antecedentes tenidos a la vista se advierte que las sanciones que tendrían a juicio de los recurrentes el carácter de ilegales y arbitrarias les fueron comunicadas a los apoderados de los alumnos individualizados como autores materiales de los desórdenes los días 22, 24 y 27 de Octubre del año dos mil catorce. No constando de los documentos aparejados al informe de la recurrida de fojas 73 alguna sanción personal a los alumnos nombre reservado, Sibbi nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y Maurren nombre reservado, pero si se les entregó el certificado de licenciatura, según se da cuenta al otrosí de la presentación antes indicada bajo los numerales 4 y 8;

7º) Que en consecuencia, no constando en los antecedentes que las alumnas antes referidas hayan sido objeto de una sanción personal, la suspensión de los actos finales de licenciatura de los IV medios se realizó por el Colegio como una sanción general atendida la entidad de los hechos acaecidos lo que fue comunicado a la Superintendencia de Educación mediante Oficio 27/14 de 23 de Octubre del año pasado, según consta del documento acompañado bajo el numeral 6 de la presentación de fojas 73 y a los apoderados con la misma fecha;

8º) Que de lo antes razonado y habiendo sido presentada ésta acción cautelar con fecha 15 de Diciembre del año pasado lo ha sido fuera del plazo de 30 días corridos que establece el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema;

9°) Que sin perjuicio de la extemporaneidad del recurso como se ha indicado precedentemente estos sentenciadores estiman necesario, atendido la gravedad de los hechos acaecidos el día 17 de Octubre del año pasado al celebrarse el día del Profesor en el Colegio Cardenal Raúl Silva Henríquez, pronunciarse sobre el fondo del asunto para verificar si efectivamente se ha trasgredido por la recurrida el debido proceso al aplicar las sanciones que motivan esta acción cautelar;

10°) Que de los documentos aparejados al otrosí de la presentación de fojas 73 se aprecia el Acta del Consejo Escolar de fecha 23 de Octubre de 2014, por la cual se manifiesta la conformidad con las sanciones impuestas por el Colegio y Consejo de Profesores lo que es comunicado tanto a la Superintendencia de Educación como a los apoderados de los alumnos con sanción personal, sin que estos últimos hayan deducido recurso alguno para impugnar lo decidido;

11°) Que así las cosas, no ha existido vulneración al ejercicio de los derechos que el Estatuto Político garantiza en el numeral 3° del artículo 19 y que los recurrentes invocan como fundamento principal de su impugnación, como tampoco, atendida la naturaleza de los hechos, se aprecia una vulneración a la libertad de trabajo, concluyéndose, en consecuencia, que la agresión física consistente en lanzarles harina a los docentes, tirarles el pelo a las mujeres y agredir a los hombres, constituyen actos que han sido sancionados proporcionalmente a su gravedad, por cuanto no fueron desvirtuados ni siquiera con alegaciones en estrado, toda vez que el apoderado de los recurrentes no se hizo presente en la vista de la causa, como tampoco existe constancia que el cierre del año escolar haya afectado a alumnos que no cursaran el IV Medio;

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección deducido a fojas 1 por las personas que allí se indican y en favor de los alumnos y alumnas que se señalan, tanto por extemporáneo como por no constituir los actuaciones denunciadas actos ilegales y/o arbitrarios que vulneren o amenacen alguna garantía constitucional de aquellas que el Estatuto Político brinda protección, deducido en contra del Establecimiento Educacional Cardenal Raúl Silva Henríquez de la Congregación Belén Educa, con costas.

Regístrese y en su oportunidad, devuélvase Redactó Manuel Hazbún Comandari, Abogado integrante.

Rol Corte 441- 2014 PRO Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, presidida por la Ministro señora María Teresa Letelier Ramírez e integrada por la Ministro señora Carolina Vásquez Acevedo y el Abogado Integrante señor Manuel Hazbún Comandari.

San Miguel, a veintisiete de enero del año dos mil quince notifiqué por el estado diario la resolución precedente.