nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

San Miguel, treinta de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Rogers Mariangel Oviedo, abogado, interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Padre Hurtado, fundado en la vulneración de la garantía constitucional de igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad, por la dictación del Decreto Alcaldicio N°3198 de fecha 16 de octubre de 2025, por medio del cual se denegó el recurso de reposición, confirmando lo resuelto previamente por Decreto Alcaldicio N°3112 de 02 de octubre de 2025, que dispuso el término de contrato de trabajo por conductas indebidas de carácter grave de don nombre reservado, en el marco de sumario administrativo instruido contra del recurrente según Decreto Alcaldicio N°2019 de fecha 29 de mayo de 2025 de la Municipalidad de Padre Hurtado.

Refiere como antecedente que, se desempeñaba como psicopedagogo desde el año 2013 en la Escuela Cristal Chile, dependiente del Departamento de Educación de la Municipalidad de Padre Hurtado.

Indica que mediante Decreto Alcaldicio N°2019 de 29 de mayo de 2025, la recurrida instruyó sumario administrativo en el contexto sobre uso de licencias médicas y salidas al extranjero de funcionarios públicos. Se le imputó un cargo único por haber realizado durante el reposo médico prescrito, un viaje al extranjero entre los días 16 al 23 de agosto de 2023.

Explica que la licencia médica fue extendida por el psiquiatra nombre reservado, médico tratante desde el año 2022. En su informe, - acompañado en el proceso sumarial- el médico dio cuenta de que el recurrente fue diagnosticado con sintomatología ansiosa y depresiva que, afectan gravemente su funcionalidad. Lo anterior fue desencadenado debido a que en febrero de 2023 su ex pareja y madre de su hija, fue diagnosticada de cáncer a la tiroide y aproximadamente un mes después, el recurrente fue diagnosticado con cáncer testicular.

Afirma que en el proceso sancionatorio quedó acreditado, entre otros hechos que, el incumplimiento del reposo médico reprochado fue parcial, por sólo 8 días de 15 días indicados en la licencia y; a la fecha de ésta no existía claridad respecto de si el reposo ambulatorio permitía o no salir al extranjero, cuestión que sólo fue precisada mediante Resolución Exenta N°R-01-S-127271-2025, de fecha 14 de septiembre de 2025, emitida por la Unidad Jurídica de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), la cual aclaró que las personas con licencias médicas por patologías de salud mental pueden realizar actividades recreativas y viajar dentro del país, pero no fuera del territorio nacional, debiendo en esos casos rechazarse la licencia médica.

Menciona que mediante el Decreto Alcaldicio N°3112 de fecha 2 de octubre de 2025, se aplicó la medida disciplinaria de término de contrato de trabajo por conductas indebidas de carácter grave: falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones conforme a lo dispuesto en el artículo 160 N° 1 del Código del Trabajo, y se estableció que el recurrente hizo uso de licencias médicas durante el mes de agosto 2023, viajando al extranjero con fines recreacionales.

Agrega que interpuso recurso de reposición en contra de dicha resolución fundado en la falta de fundamentación que avale la medida disciplinaria aplicada y en su desproporcionalidad.

Alude que mediante Decreto Alcaldicio N°3198 de fecha 16 de octubre de 2025 el recurso de reposición fue rechazado y confirmada la decisión que estableció la sanción. Añade que el acto recurrido y el proceso administrativo del que forma parte resultan ilegales y arbitrarios. Reprocha como arbitrario el considerando 18 del Decreto Alcaldicio N°3112 de octubre de 2025 el cual consignó que el sumariado viajó al extranjero con fines recreacionales, sin considerar la afectación a la salud mental que evidenciaba en esa época y que justificó con el informe médico y la prueba rendida. Asimismo, refiere que, el cargo por el cual fue sancionado es amplio e inexacto por cuanto no indica cómo la conducta del sumariado configura objetivamente tal causal. También señala que se le aplicó una medida por un incumplimiento de un reposo laboral que se considera una falta grave a la probidad administrativa, sin que tal falta tenga ese carácter.

Luego se refiere a una sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica, rol N° 298-2025 de 16 de septiembre de 2025, interpuesto por una funcionaria de la JUNJI debido a la destitución por el mal uso de licencia médica que implica el incumplimiento del reposo laboral por ausentarse del país y cita (considerando quinto): “no se encuentra subsumida dentro de los supuestos de destitución que señala el artículo 125 de la ley 18.834 esto es, los hechos en sí, no vulneran gravemente el principio de probidad administrativa.”

Aduce que la Municipalidad incurrió en una discriminación arbitraria al no contener su decisión una explicación real, suficiente y sin atenerse a los procedimientos establecidos en la Ley 19.880. Por otra parte, indica que se ha vulnerado el derecho de propiedad en relación con la continuidad de los servicios y la legítima expectativa que tenía el recurrente de obtener sus remuneraciones hasta el cese natural del cargo.

Solicita que se deje sin efecto la resolución impugnada, resolviéndose la absolución del recurrente de los cargos formulados y se ordene su reincorporación a sus funciones, debiendo restituirse el pago de sus remuneraciones no percibidas, desde que se aplicó la medida de destitución hasta su efectiva reincorporación, con condena en costas.

Segundo: Que la Municipalidad recurrida informa refiriendo que la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia ha sostenido que el recurso de protección no constituye un mecanismo idóneo para revisar la legalidad, mérito, tramitación o sanción impuesta en el contexto de un sumario administrativo.

Expone que existen vías especiales de impugnación y la revisión del mérito disciplinario ha sido radicada por el máximo Tribunal en vías declarativas o contenciosas y no en la acción cautelar de protección.

Afirma que en la sanción aplicada a la recurrente no concurren ninguno de los supuestos de ilegalidad o arbitrariedad, porque ésta deriva de un sumario administrativo debidamente tramitado, donde se agotaron todas las instancias investigativas, se garantizó el derecho al debido proceso y a la defensa.

Explica que mediante Oficio N°E82804/2025 de la Contraloría General de la República, se informó la nómina de funcionarios que registraban salidas al extranjero mientras hacían uso de licencias médicas, del Departamento de Educación, ordenando iniciar los procesos disciplinarios que correspondieren. En ese contexto, se realizaron diligencias y se verificó que el recurrente en pleno periodo de clases le fue otorgada una licencia médica que indica reposo domiciliario por 15 días, desde el 11 al 25 de agosto de 2023, pudiéndose constatar que salió del país con destino a Colombia el 16 de agosto y retornó el 23 del mismo mes. Citado a declarar, el recurrente contestó que fue a Colombia por un regalo de su padrino y él accedió porque le pareció bien cambiar de aire. Agrega que los documentos acompañados en el sumario administrativo no justifican ni prescriben un tratamiento en el extranjero y tampoco se acreditó que el viaje se tratara de un regalo ni cuándo se efectuó. Sostiene que la conducta del recurrente afecta directamente la probidad administrativa, al desviar un beneficio financiado con fondos públicos para fines personales, quebrantando el deber de rectitud, honestidad y lealtad institucional que exige el artículo 54 de la Ley N°18.575, generando además un impacto negativo en la confianza ciudadana respecto de la integridad del servicio público. Añade que la sanción disciplinaria aplicada resulta plenamente ajustada a derecho, cumpliendo con los parámetros de juridicidad, proporcionalidad y protección del interés público que exige el ordenamiento jurídico vigente. Entiende que pretender disminuir la gravedad a la probidad argumentando la existencia de una conducta anterior intachable no atenúa el reproche, puesto que su ausencia implicó una sobrecarga de funciones para otros trabajadores, quienes debieron asumir labores que no les correspondía. En relación con las garantías constitucionales presuntamente vulneradas, señala que no es posible sostener que la aplicación de la medida de destitución imponga una vulneración al derecho de propiedad, debido a que el funcionario goza de una titularidad sobre el cargo condicionada al cumplimiento estricto de los deberes públicos. Por otra parte, respecto a la vulneración del principio de igualdad ante la ley, señala que precisamente este principio exige que funcionarios sujetos a un mismo estatuto disciplinario, que cometen infracciones de igual gravedad, reciban la misma respuesta sancionatoria, lo cual impide beneficiar al infractor mediante atenuaciones discrecionales que la ley no contempla.

Agrega que, un funcionario que usa abusivamente de una licencia médica para viajar al extranjero con fines recreativos se encuentra en una categoría jurídica distinta a quienes la utilizan para recuperar su salud, de modo que no puede solicitar igual trato a quienes sí se ajustan a la finalidad del beneficio.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él- que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que según aparece del mérito de los antecedentes, no se han acreditado los presupuestos materia de la presente acción cautelar, esto es, un acto u omisión ilegal y/o arbitrario que amenace prive o perturbe los derechos constitucionales del recurrente, atendido que la sanción de destitución fue dictada por el órgano competente y dentro del ámbito de sus competencias legales y reglamentarias privativas, luego de un procedimiento administrativo legalmente tramitado en el cual el recurrente pudo ejercer su derecho a defensa, no avizorando alguna falencia en el mismo, siendo el motivo de cuestionamiento más bien referido al mérito de la decisión tomada por el señor Alcalde en el uso de sus facultades privativas y debidamente fundada, cuestión que escapa a los límites de la presente acción cautelar.

En efecto, la conducta que determinó la infracción y la aplicación de la sanción, vale decir, hacer uso indebido de una licencia médica para fines particulares, como lo es un viaje fuera del territorio nacional, ajeno a la finalidad que el reposo contemplaba, a fin de obtener descanso y beneficios económicos por sobre los que otorga la ley estatutaria al resto de los funcionarios municipales, afectando con ello el debido cumplimiento de las funciones del órgano y la satisfacción de las necesidades colectivas, junto con el consiguiente menoscabo del patrimonio municipal, constituyen elementos propios de una afectación de carácter grave a la probidad, y, por tanto, la autoridad municipal al aplicar la medida de destitución -como ya se dijo- actuó dentro de la esfera de sus atribuciones y en resguardo del interés general.

Quinto: Que, en este mismo sentido, la Excma. Corte Suprema en los autos Rol 4186-2026, por sentencia de fecha 23 de marzo último, en su considerando segundo ha señalado: “Que cabe tener presente que el artículo 8° de la Constitución Política exige a autoridades y funcionarios públicos dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, debiendo, por tanto, observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular (...)”

Sexto: Que, por todo lo expuesto anteriormente, el presente recurso debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°4397-2025 Protección Pronunciada por la Cuarta Sala integrada por la ministro señora María Alejandra Rojas Contreras, fiscal judicial señora nombre reservado y abogado integrante señor Juan Carlos Silva Aldunate. Se deja constancia que no firma la señora nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo del fallo, por estar ausente.

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