nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA

San Miguel, veinticinco de junio de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que recurre de protección don nombre reservado, en representación convencional de don nombre reservado, profesor, e interpone el presente recurso de protección en contra de Ilustre Municipalidad de La Cisterna, representada legalmente por don nombre reservado en razón de los fundamentos que pasa a exponer.

Señala que la recurrida dictó oficio N°124 de fecha 06 de abril de 2020 el cual rechazó su solicitud de reincorporación o reapertura de investigación sumaria, explicando que el 16 de noviembre de 2015, su representado fue notificado de la aplicación de la medida disciplinaria de término de la relación laboral, adoptada en sumario seguido en su contra fundado en lo preceptuado en la letra B) del artículo 72 de la Ley 19.070.

Indica que el sumario se instruyó por resolución N°24 de fecha 11 de mayo de 2015, en el cual se responsabilizó a su representado de haber cometido el delito de abuso sexual en contra de una alumna, el cual fue denunciado e investigado por el Ministerio Público, proceso que concluyó con sentencia absolutoria del sexto tribunal Oral en lo Penal de nombre reservado, estableciendo que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito. Este antecedente a su juicio debiera ser suficiente para decretar la reapertura de la investigación sumaria o en subsidio la reincorporación inmediata del actor.

Expresa que el artículo 119 de la Ley 18.883 dispone "La sanción administrativa es independiente de la responsabilidad civil y penal, en consecuencia, las actuaciones o resoluciones referidas a esta, tales como el archivo provisional, la aplicación del principio de oportunidad, la suspensión condicional del procedimiento, los acuerdos reparatorios, la condena, el sobreseimiento o la absolución judicial no excluyen la posibilidad de aplicar al funcionario una medida disciplinaria en razón de los mismos hechos. Si se le sancionare con la medida de destitución como consecuencia exclusiva de hechos que revisten caracteres de delito y en el proceso criminal hubiere sido absuelto o sobreseído definitivamente por no constituir delito los hechos denunciados, el funcionario deberá ser reincorporado a la municipalidad en el cargo que desempeñaba a la fecha de la destitución o en otra de igual jerarquía. En este caso conservará todos sus derechos y beneficios legales y previsionales, como si hubiere estado en actividad". Esta última es la hipótesis en que se encuentra el recurrente y pese a ello no se dio cumplimiento a lo preceptuado por la norma en referencia.

Dice que la remoción de la cual fue objeto su representado, no solo trae consigo la separación de funciones de la Municipalidad, sino que además, la prohibición de ejercer cargos públicos como profesor por el periodo de 5 años, causándole además un daño irreparable en su honra.

Se refiere al concepto de derecho a la honra, derecho que estima ha sido conculcado por el obrar de la recurrida al acusarlo de cometer actos contrarios a la ley.

Añade que el acto denunciado conculca la libertad de trabajo del recurrente, ya que en el caso concreto, claramente se efectuó una discriminación hacia su persona, desde el momento que no se ponderaron de manera objetiva los antecedentes aportados en investigación sumaria, sumado a la negativa sin fundamento legal para decretar la reapertura de la investigación sumaria, lo que transgrede además su derecho de igualdad ante la ley.

Denuncia finalmente una transgresión a la garantía fundamental del debido proceso, porque se llevó a cabo un sumario en la completa ilegalidad e injusticia.

Pide que se disponga que la recurrida deje sin efecto el oficio impugnado, y por lo tanto, proceda a una nueva investigación sumaria respetando todas las garantías constitucionales y legales que amparan a los involucrados, dando garantía de un procedimiento racional y justo, realizando diligencias investigativas, de manera objetiva e imparcial tendientes a establecer si procede absolución de los cargos o en su efecto, una propuesta de sanción proporcional de carácter administrativa acorde a la luz de los antecedentes en relación a los hechos materia de sumario en contra de su representado.

Segundo: Que evacúa informe la recurrida, alegando en primer término la extemporaneidad del recurso, ya que el mismo tiene como finalidad que se modifique la decisión del sumario administrativo, ordenado instruir por Resolución N°24 de fecha 11 de mayo de 2015, el que terminó con la medida disciplinaria de destitución, de manera que el recurrente, pretende utilizar el presente recurso para modificar una sanción que ya se encuentra firme, que fue consecuencia de un procedimiento disciplinario legalmente tramitado y que finalizó por Decreto N° 01665, de fecha 10 de diciembre de 2015, que ordena aplicar la medida disciplinaria.

Excepciona a continuación de cosa juzgada, ya que los hechos que se someten a consideración de esta Corte ya fueron conocidos en otro recurso de protección interpuesto por el recurrente, rol 1611-2015, en contra del mismo proceso disciplinario contra el cual se recurre hoy, el cual fue rechazado.

Arguye que el asunto puesto en conocimiento de esta Corte, es uno de lato conocimiento y por ende, absolutamente ajeno a la finalidad propia del recurso de protección, el cual tiene carácter de excepcional en nuestra legislación. Asimismo, y según se desprende del recurso interpuesto, la recurrente persigue se emita un pronunciamiento acerca del fondo del sumario administrativo de que se trata y su correspondiente decreto sancionatorio, ya que lo que solicita es "que se disponga "una nueva investigación sumarial tendiente a establecer la absolución de cargos o en su defecto una propuesta de sanción proporcional", materia que excede el ámbito de aplicación del recurso de protección, ya que el mismo en ningún caso puede tener por objeto la declaración o constitución de derechos, en atención a su naturaleza.

Sostiene que el recurso de protección no es un medio idóneo para impugnar sumarios administrativos, cuyo objetivo es determinar y hacer efectiva la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, toda vez que lo contrario, significaría desconocer el procedimiento fijado por el ordenamiento jurídico para aquéllos.

Dice que en este caso, el recurrente pretende impugnar la sustanciación y resolución del sumario administrativo instruido en su contra y, en definitiva, que se rectifique el decreto alcaldicio emitido a su término, en circunstancias de que el recurso de protección no ha sido creado para solucionar conflictos que se encuentren sometidos a normas y procesos perfectamente establecidos y entregados al conocimiento de organismos competentes, que actúan dentro del marco de sus atribuciones legales, como dispone el artículo 156 de la Ley 18.883.

Añade que mediante decreto N° 1655 de 10 de diciembre de 2015 el proceso fue debidamente registrado por la Contraloría General de la República y, no existe dictamen alguno del Órgano Contralor que establezca que deba reducirse la sanción al actor o que este deba ser reincorporado al Municipio.

En cuanto a los hechos sobre los que versa la acción, expresa que el 16 de noviembre de 2015 se le notificó al recurrente, la medida de destitución contenida en el Decreto 1665 de 10 de Diciembre de 2015, y aclara que en ese proceso administrativo aludido no se responsabilizó al recurrente por haber cometido el delito de abuso sexual, sino que de diversas infracciones a sus deberes funcionarios, al reglamento de higiene y seguridad, y al estatuto docente, en específico, por falta de probidad.

Comenta que las responsabilidades penales y administrativas son independientes, como señala la misma norma a la que alude el recurrente, reiterando que en el proceso administrativo nunca se imputó un delito, y que en cuanto a la reapertura de la investigación porque no se habrían tomado todas las medidas conducentes para establecer el esclarecimiento de los hechos, ello no es efectivo.

Indica que la Contraloría General ha resuelto que la facultad de reabrir el proceso, está radicada en la superioridad con potestad disciplinaria, la cual debe resolver si existe mérito suficiente para disponer tal medida, de manera que sólo puede reabrir el mencionado proceso en la medida que estime existan elementos que revistan la condición de circunstancias no conocidas ni ponderadas y, además, calificar si son de tal magnitud que puedan alterar lo resuelto.

Opina que lo que el artículo 119 de la Ley 18.883 exige para que se ordene la reincorporación del funcionario es que la medida de destitución se haya aplicado como consecuencia exclusiva de hechos que revisten caracteres de delito y en el caso sub-lite, la medida de destitución no se aplicó como consecuencia de haberse establecido que el hecho revestía el carácter de delito sino una falta administrativa, por lo que tampoco se cumple dicha exigencia.

Niega que en los hechos descritos existe acto ilegal o arbitrario que afecte o vulnere garantía constitucional alguna. En cuanto a la afectación del derecho a la honra, dice que el proceso se inició por la denuncia que efectuó la madre de la menor afectada, por lo que la administración se encontraba en la obligación de investigar los hechos denunciados y de denunciarlos. En cuanto a la libertad de trabajo y su protección, argumenta que no puede entenderse que el ejercicio de un acto disciplinario y de las facultades sancionadoras que tiene la administración, puedan afectar la libertad de trabajo y su protección, ya que éstas suponen un actuar correcto y carente de la imputación de faltas a la probidad, y destaca que durante el sumario el recurrente contó con todos los medios para su defensa, sin que se haya impedido, restringido el ejercicio de sus derechos, que efectuara sus descargos y presentación pruebas.

Pide en definitiva el rechazo del recurso intentado.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Cuarto: Que, adicionalmente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Quinto: Que para efectos de una mejor ilustración, el acto ilegal y arbitrario que denuncia el recurrente supone la vulneración al legítimo ejercicio de sus derechos, dice relación con la negativa a su reincorporación o bien la reapertura de sumario, resuelto por la recurrida mediante oficio N°124 de fecha 06 de abril de 2020, a propósito de un sumario que se instruyó en su contra por resolución N°24 de fecha 11 de mayo de 2015, en el cual se responsabilizó al recurrente de haber cometido faltas graves a la probidad administrativa relación a un el delito de abuso sexual en contra de una alumna, el que concluyó con su destitución, y negativa a partir de la cual y en concordancia con lo prevenido en el artículo 119 de la Ley N° 18.883, en aquella parte que dispone, entre otras hipótesis, que frente a la absolución judicial en sede penal, por no constituir delito los hechos denunciados, luego de que un funcionario ha sido objeto de una medida disciplinaria de destitución por los mismos hechos en sede administrativa, que revistan el carácter de delito, el funcionario deberá ser reincorporado en el mismo cargo que ejercía a la fecha de la destitución con todos los derechos y prerrogativas asociados al mismo.

Sexto: Que en el presente recurso se dispuso por esta Corte, como medida para mejor resolver, que el Tribunal Oral en lo Penal que dictó la sentencia a que se alude, pedida por lo demás por la propia recurrente, fuere remitida junto con el certificado de ejecutoria respectivo a objeto de revisar el contenido del fallo y la eventual inconcurrencia de causa por parte de la I. Municipalidad de La Cisterna para justificar la negativa a la reincorporación del recurrente a sus labores como profesor, o bien ordenar la reapertura del sumario seguido en su contra, en el marco de la hipótesis contenida en el motivo que precede.

Séptimo: Que de la lectura del fallo en comento, se desprende que con fecha 19 de junio de 2019, el Sexto Tribunal Oral en lo Penal de nombre reservado en causa RIT 178-2019, dictó sentencia en la causa, absolviendo de los cargos imputados al recurrente, lo que se desprende con toda evidencia de la parte resolutiva del referido fallo que consigna la absolución de don nombre reservado, en calidad de autor de un delito de abuso sexual, en grado de consumado y en calidad de reiterado, presuntamente cometido entre los meses de marzo y mayo de 2015.

Octavo: Que no obstante lo consignado en el considerando precedente, resulta que la norma del artículo 119 ya aludida a objeto de hacer procedente la reincorporación o reapertura que se viene comentando, frente a la absolución penal, exige para su concurrencia que el mencionado acto procesal que absuelve lo haga en razón de no constituir delito los hechos denunciados, cuestión que no declara el señalado tribunal, sino que concluye no se logra acreditar los hechos denunciados en relación al tipo penal en la acusación del Ministerio Público y el querellante, convicción que se adquiere por unanimidad de los jueces, por existir duda razonable, lo que logra colegirse con suficiente fundamento del motivo noveno, párrafo sexto de la sentencia aludida, cuando sostiene: “Sobre el punto en particular, como se ha dicho, para los efectos de condenar a una persona como autor de un delito de abuso sexual, el estándar requerido debe ser suficiente para lograr convicción en el tribunal tanto respecto de los hechos que constituirían el ilícito como respecto de la participación del acusado.(…) no es posible tener por establecido, más allá de toda duda razonable, los hechos denunciados y que los mismos tengan o revistan un carácter sexual y de relevancia como lo exige el artículo 366 bis en relación con el 366 ter del Código Penal. Y luego, más adelante, al afirmar en el considerando décimo, párrafo cuarto “(…) la prueba rendida en este juicio oral sólo puede conducir, por unanimidad, a la absolución del acusado al no haberse logrado acreditar, más allá de toda duda razonable, que se ha cometido el hecho típico y antijurídico, materia de la acusación”, de lo que no cabe sino concluir el rechazo de la presente acción constitucional en atención a que la norma del artículo 119 en comento, requiere que la absolución devenga de la circunstancia de no constituir delito los hechos denunciados, como expresamente sostiene la norma en análisis, y en la especie la sentencia absolutoria no concluye dicha aseveración, como exige el texto en referencia para los efectos de la reincorporación o bien la apertura del sumario que más arriba se señala.

Noveno: Que, asimismo, si bien está claro que el recurso se dirige contra la determinación plasmada en el oficio N° 124, por el cual, vía requerimiento de Ley de Transparencia se informó rechazo de la petición de reapertura del sumario disciplinario, promovida por el recurrente, lo cierto es que al plantear su solicitud y promover diversos cuestionamientos en esta acción constitucional, los dirige derechamente contra lo resuelto en aquél sumario, que es de fecha muy anterior al señalado oficio, por lo que es efectiva la alegación de extemporaneidad que en aquella parte promueve la recurrida. Se advierte aquí una evidente confusión en el libelo, porque se dirige la acción y la petición contra lo resuelto en fecha reciente, pero se argumenta contra el sumario ya concluido.

Luego, aunque pudiera querer entenderse que lo hace para justificar su pretensión, con el objeto de demostrar con ello que la negativa a reincorporarlo a sus funciones o a reabrir el sumario fueron ilegales o arbitrarias, sucede que si se examina el tenor de la petición dirigida a la autoridad que debía resolverla -que es del mismo tenor del recurso- el recurrente la asiló en el primer párrafo del artículo 119 de La Ley 18.883, que se refiere al caso en que la destitución se aplicó “como consecuencia exclusiva de hechos que revisten caracteres de delito y en el proceso criminal hubiere sido absuelto o sobreseído definitivamente por no constituir delito los hechos denunciados”, único argumento que esgrimió en su libelo, cual es del todo improcedente, desde que en el fallo, cuya copia se agregó a los autos, consta que la absolución derivó única y exclusivamente del hecho de no haber adquirido convicción suficiente el tribunal, más allá de toda duda, acerca de la ocurrencia de los hechos e intervención del sujeto, como ya se dijo, derivada de imprecisiones y algunos otros defectos que allí se señalan.

Consecuente con ello, la Municipalidad requerida rechazó la petición del otrora funcionario, decisión que no puede ser calificada de ilegal y tampoco de arbitraria, porque la reincorporación es improcedente en la forma pedida, de acuerdo a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 119 de la ley citada y, en cuanto a la reapertura del sumario, amén de no haber sido solicitada con fundamento legal que la autorice, no se agregó por el requirente otro motivo que la haga plausible y que permita hacer una nueva revisión de los antecedentes ya afinados en los que, como asevera la recurrida, se concluyó que el funcionario incurrió en una grave falta a la probidad, sumario que por lo demás fue revisado a través de otra acción constitucional promovida ante esta Corte.

En atención a ello, por no existir acto ilegal ni arbitrario, no aparece preciso tampoco, hacerse cargo de revisar las garantías constitucionales que se dicen conculcadas, las que en todo caso, también han sido descritas por el compareciente desde la óptica de lo obrado en el sumario en fecha anterior y no, a resultas de la resolución que le permitió ejercer esta nueva acción constitucional.

Décimo: Que de lo dicho, no aparece suficientemente acreditado que se haya producido alguna privación, perturbación o amenaza por parte del recurrido que afecte una garantía constitucional en los términos señalados por el recurrente.

En consecuencia, no encontrándose acreditados los hechos que dieron fundamento a la acción deducida, no existen medidas que adoptar por parte de esta Corte, por lo que se rechazará el presente recurso.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y normas del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación convencional de don nombre reservado.

Acordado lo anterior con el voto en contra del Ministro Sr. Contreras, quien estuvo por acoger el recurso intentado, solo en cuanto habiéndose solicitado la reapertura del sumario administrativo y dictado sentencia absolutoria en sede penal, la que se encuentra ejecutoriada y de la que se colige la inexistencia de los elementos del tipo penal de abuso sexual, se encuentra justificada dicha petición desde el punto de vista normativo al tenor de lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley N° 18.883, por cuanto nace para el recurrente evidentemente, -frente al evento de absolución en sede penal-, el derecho a la reapertura referida de la investigación administrativa que se siguió por los mismos hechos y concluyó en su destitución, velando porque los intervinientes realicen sus alegaciones en el marco del debido proceso y se ejerza adecuadamente la potestad sancionatoria administrativa de manera de no incurrir en arbitrariedades y abusos.

La propia recurrida en su informe, como se ha colacionado precedentemente en el fallo, indica que la Contraloría General ha resuelto que la facultad de reabrir el proceso está radicada en la superioridad con potestad disciplinaria, la cual debe resolver si existe mérito suficiente para disponer tal medida, de manera que sólo puede reabrir el mencionado proceso en la medida que estime existan elementos que revistan la condición de circunstancias no conocidas ni ponderadas y, además, calificar si son de tal magnitud que puedan alterar lo resuelto.

No puede menos que considerarse, entonces, que la tantas veces mencionada absolución penal por actos que fueron materia del sumario administrativo, es supuesto fundante para la reapertura requerida, y al no decidirse así, se incurre en ilegalidad y arbitrariedad, toda vez que correspondía atender al cuestionamiento que se hace por el pretendiente y se actuó al margen del marco legal y reglamentario vigente, obviando los procedimientos de adopción de las decisiones administrativas.

Tornase entonces en vías de hecho, al actuar como comisión especial, por propia mano de modo también antojadizo, con vulneración evidente a la garantía consagrada en el inciso cuarto del N° 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por adoptarse sin ajuste a las formalidades requeridas.

La acción de protección consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es procedente respecto de cualesquiera actos u omisiones arbitrarios o ilegales que produzcan en los afectados una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías que se protegen a través de arbitrio y, siendo del caso –solo por lo constatado- correspondía restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del perjudicado y acoger así la pretensión cautelar invocada.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Redacción del Ministro (I) Carlos Hidalgo Herrera y del voto disidente su autor.

N° 4393-2020–Protección.

Pronunciada por la Sexta Sala Zoom de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel integrada por los ministros Sr. Roberto Contreras Olivares, Sra. Carolina Vásquez Acevedo y Sr. Carlos Hidalgo Herrera.

Se deja constancia que no firma el ministro señor Contreras no obstante haber concurrido a la vista de la causa y fallo, por encontrarse ausente.