nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

San Miguel, cuatro de marzo dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Linda Nataly Quintero Mogollon, abogada, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección en contra de la AFP Modelo S.A., por el acto ilegal y arbitrario del 29 de octubre de 2025, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos para extranjero, lo que infringe las garantías de los numerales 2, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho que expone.

Refiere que el 20 de octubre del año 205, mediante el portal web correspondiente, solicitó a la Afp recurrida, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, lo que fue contestado mediante correo electrónico del 29 de octubre de 2025, que informó que se rechazó su solicitud, indicando lo siguiente: “…De acuerdo con nuestros registros, se identifica la siguiente solicitud: N° 717, de fecha 13 de octubre de 2025. En esta, se le solicitó remitir la siguiente documentación: • Certificado emitido por el Instituto u Organismo de Seguridad Social o Previsional del país de origen, que acredite su afiliación al sistema de seguridad social. Este documento debe indicar que otorga, al menos, prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y debe encontrarse debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado en el país de origen. La recepción de esta documentación estuvo disponible por tres días hábiles, debiendo adjuntar los antecedentes requeridos. No obstante, no recibimos lo solicitado.

En consecuencia, su requerimiento fue cerrado y su solicitud no pudo ser procesada.…”

Asevera que cumple con los requisitos legales para acceder a la devolución de los fondos, salvo la apostilla de la constancia que acredita su afiliación al sistema de afiliación venezolana, esto en virtud de que no existe representación consular de Venezuela en Chile que permita realizar este trámite, existiendo una imposibilidad material de realizar por un caso fortuito que escapa de sus manos conforme al artículo 45 del Código Civil.

En esa línea, señala que la decisión de la recurrida es arbitraria e imposible de cumplir, toda vez que el propio Sistema de Apostilla Electrónica de la República Bolivariana de Venezuela no contempla la apostilla para este tipo de instrumento, cuestión que consta en los registros oficiales consultados en línea.

Asimismo, de acuerdo a oficios, por la autoridad de Servicio autónomo de Notarias y Registro civil en Venezuela, tampoco pueden realizarse declaraciones juradas de este documento a los fines de que posteriormente sean apostillados.

En este estado de cosas, pide que la AFP recurrida proceda a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente, adoptando las providencias que sean necesarias para reestablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que informa al tenor del recurso la AFP recurrida, expresando que efectivamente, el actor realizó una solicitud de devolución de fondos previsionales de conformidad a la ley N°18.156, la que fue rechazada.

Agrega que el recurrente acompañó los siguientes documentos:

1.- Título de Profesional.

2.- Constancia Electrónica de Cotizaciones.

3.- Contrato de Trabajo y anexo suscrito con el empleador SERVICIOS INTEGRALES PARA EQUIPOS ELECTRONICOS, RAMON FERMANDO RIOBUENO ZAPATA E.I.R.L., RUT RUT reservadoExpresa que, con dichos documentos, su parte realizó el análisis de todos los documentos presentados con el objeto de determinar la procedencia de la solicitud de devolución de fondos regulada por la ley 18.156.

Luego de revisar la documentación acompañada, resolvió otorgar al recurrente un plazo de 4 días hábiles para que acompañara un certificado de afiliación debidamente legalizado o apostillado, según corresponda, en el cual conste que su fecha de afiliación al régimen previsional extranjero y las coberturas exigidas por la Ley 18.156.

Lo anterior, debido a que la documentación aportada, específicamente la Constancia Electrónica de Cotizaciones no da cumplimiento a las exigencias contenidas en la Ley N°18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, ente regulador de mi representada.

En virtud de que el recurrente no acompañó el documento solicitado, AFP Modelo no ingresó la solicitud de Devolución de Fondos regulada por la Ley 18.156.

En virtud de señalado precedentemente, se puede apreciar que el motivo por el cual AFP Modelo no ingresó la solicitud de devolución de fondos para técnicos extranjeros se debe a que el recurrente aportó un documento denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, el cual no cumple con las exigencias establecidas en la normativa vigente, pues no es un certificado de afiliación, no menciona las coberturas con las que cuenta el afiliado en su caso específico, sino que menciona de forma genérica las coberturas del sistema previsional de Venezuela, no se encuentra firmado por la persona que emite el documento y, además, no se encuentra debidamente legalizado o apostillado, según corresponda.

En mérito de lo anterior, asegura que no ha existido ningún acto u omisión arbitrario, ni menos aún alguna vulneración a las garantías establecidas en el artículo 19 N°2 y N°24 de las Constitución Política de la República, toda vez que se ha seguido lo indicado por la Ley y los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones en la revisión de la solicitud y de los antecedentes.

Por todo aquello, pide, en definitiva, el rechazo de la acción interpuesta, con costas.

Tercero: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, uno o más de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que, como se señala ut supra, el acto impugnado mediante la presente acción constitucional es la negativa de AFP Modelo S.A. de acceder a la petición del actor -trabajador extranjero- de devolverle los fondos previsionales que depositó en la referida AFP, comunicada mediante correo electrónico del 29 de octubre de 2025.

Por consiguiente, el objeto de la presente controversia consiste en determinar si la referida negativa resulta arbitraria e ilegal.

De la comunicación recurrida se colige que el motivo del rechazo fue por no cumplir con lo dispuesto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156.

Quinto: Que, el artículo 1° de la Ley N° 18.156 dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

A su vez, el artículo 7° del mismo cuerpo normativo, preceptúa: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Sexto: Que, corresponde a la Superintendencia de Pensiones, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 7° del artículo 47 de la Ley N° 20.255, el numeral 3° del artículo 94 del D.L. N° 3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N° 101 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, interpretar administrativamente las normas del Sistema de Pensiones, razón por la cual y en ejercicio de dicha facultad, dicho organismo ha emitido una serie de disposiciones, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para la correcta aplicación de la Ley N°18.156. De esta manera, el órgano fiscalizador ha generado una jurisprudencia administrativa especialmente encaminada a uniformar criterios de exigencias en los casos en que la legislación concede beneficios de carácter excepcional a los trabajadores.

Conforme a lo indicado, el N° 1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Asimismo, mediante el Oficio N° 21.480 de la Superintendencia de Pensiones, de 20 de septiembre de 2017, la misma ha instruido: “[…] se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 […]”. En esta misma línea, ha indicado el Oficio N° 23208, de 15 de diciembre de 2023: “Ahora bien, el mencionado certificado de afiliación a un régimen de seguridad social en su país debe venir debidamente apostillado y si dicho documento es ratificado por la Oficina Consular de su país, deberá constar que el certificado ha sido extendido en representación de la autoridad competente de la seguridad social de ese país”.

Séptimo: Que, las normas en cuestión deben ser interpretadas de manera restrictiva, por cuanto, la Ley N° 18.156 es de carácter excepcional y, como tal, debe aplicarse solo cuando se cumplen todos sus requisitos. Al efecto, la ley dispone que se otorgará el derecho de devolución de los fondos previsionales en la medida de que “a) el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte”.

Sin embargo, el actor no acompañó los documentos requeridos por la AFP recurrida. Cabe considerar además que la recurrente no se encuentra imposibilitada de obtener la documentación legalizada que se le exige dado que, según se indica por la Excma. Corte Suprema en causa rol 54.247-2025 “… el trámite puede realizarse en las sedes consulares de países que mantienen relaciones con Venezuela, como Colombia o Perú, o a través del portal web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, presentando los documentos físicos a través de terceras personas.”

Octavo: Que, de tal forma, no se advierte acto u omisión arbitrario o ilegal, por cuanto, la decisión adoptada por la recurrida se encuentra debidamente fundada en la normativa vigente, no existiendo un actuar caprichoso o antojadizo, ya que, la Superintendencia de Pensiones ha fijado una interpretación obligatoria para las AFP y en tal sentido, no puede apartarse de lo dispuesto por el ente fiscalizador sin incurrir en responsabilidad administrativa.

Noveno: Que, así las cosas, las exigencias formuladas por la recurrida, encuentran sustento en la ley, y en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, a cuya fiscalización se encuentra sujeta la Administradora recurrida, lo que descarta que su actuación se haya apartado de la legalidad vigente y haya vulnerado las garantías constitucionales invocadas como conculcadas, como sostiene la actora; de contrario, su decisión se ajusta al procedimiento fijado en la Ley N° 18.156, para atender solicitudes de la naturaleza como la efectuada por el recurrente, motivo bastante para desestimar el recurso de protección, que se examina, al no existir, en la práctica, actuación alguna que deba ser corregida por este medio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de AFP Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol 4360-2025 Protección