nombre reservado con TESORERIA PROVINCIAL DEL MAIPO

Certifico que se anunció y alegó en la Segunda Sala, revocando el abogado Sebastián Calderon y confirmando el abogado Rafael Di Pillo. San Miguel, 07 de noviembre de 2024. nombre reservado. Relator.

San Miguel, siete de noviembre de dos mil veinticuatro.

A los escritos folios 16, 17 y 18: a todo, téngase presente.

Al escrito folio 19: a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el abogado Sebastián Calderón Cifuentes interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, en contra de la Tesorería General de La República, Provincial Maipo, por el acto ilegal y arbitrario consistente en embargar de su cuenta corriente dineros para el pago de una multa administrativa que no se encuentra firme y ejecutoriada, toda vez que se mantiene con un recurso pendiente, lo que vulnera sus derechos de igualdad ante la ley y de propiedad, consagrados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Indica que el 8 de abril pasado fue multado por la Seremi de Salud al pago de 200 Unidades Tributarias Mensuales, decisión que fue objeto de recurso administrativo el 15 del mismo mes y año, impugnación que se encuentra pendiente de resolver.

Señala que, sin perjuicio de lo anterior, la Tesorería General de la República, el 11 de junio último, le notificó requerimiento de pago por dicha multa, oponiéndose formalmente mediante la excepción del artículo 177 N°3 del Código Tributario, esto es, por no empecerle el título, fundado en la falta de ejecutoriedad de dicha sanción. Agrega que el 1 de agosto pasado, la recurrida embargó de su cuenta corriente Nº[cuenta reservada] la suma de $2.891.623, lo que le fue comunicado por el Banco el 9 de agosto, aun cuando la excepción interpuesta se encuentra pendiente de resolver, lo que lesiona los derechos constitucionales referidos, por ser objeto de una ejecución fundada en un proceso administrativo que no se encuentra afinado.

Pide, en definitiva, se ordene al organismo recurrido cesar con el actuar arbitrario e ilegal, competiéndola a tramitar legalmente el proceso y resolver, previo a ejecutar embargo alguno, los recursos que en su conocimiento se han puesto, dejando sin efecto el embargo trabado y ordenando emitir un vale vista a su nombre por la misma suma embargada, esto es $2.891.623.-, con expresa condena en costas.

Segundo: Que informa la Tesorería General de la República, solicitando el rechazo del recurso.

En primer lugar, alega la extemporaneidad del recurso, toda vez que el recurrente esgrime como hecho fundante de su acción un embargo notificado el 9 de agosto, en circunstancias que fue notificado del expediente de cobro Rol N°10288-2024, de la comuna de El Bosque, el 11 de junio de 2024.

Por otra parte, alega la falta de legitimación pasiva, toda vez que se reprocha la falta de pronunciamiento de un recurso administrativo que corresponde a la Seremi de Salud y no a ese Servicio, quien por Ley sólo ejecuta la cobranza de las multas determinadas previamente por la Administración, no teniendo injerencia en el cargo de la multa que se registró en la carpeta tributaria del contribuyente por parte de la Seremi.

En relación con lo anterior, refiere que esta no es la vía idónea para resolver la controversia, toda vez que, al derivar la multa de un procedimiento administrativo sanitario, es aplicable el artículo 171 del Código Sanitario, que dispone que “De las sanciones aplicadas por el Servicio Nacional de Salud podrá reclamarse ante la justicia ordinaria civil, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, reclamo que tramitará en forma breve y sumaria.”, no siendo esta vía cautelar el procedimiento para impugnar las infracciones cursadas por la autoridad sanitaria.

En cuanto al procedimiento de cobro ejecutivo que actualmente tramita, refiere que el Código Tributario otorga competencia al Tesorero Provincial o Regional para conocer de estas causas actuando como Juez Sustanciador, siendo sus pronunciamientos resoluciones judiciales para todos los efectos legales, en contra de las cuales no se puede recurrir por medio de esta vía cautelar de derechos, sin perjuicio de las vías de impugnación ordinarias que al efecto la legislación contempla.

Finalmente, por las razones expuestas aduce la fata de un derecho indubitado del recurrente y la ausencia de un acto ilegal o arbitrario de su parte que pueda lesionar o amenazar sus derechos constitucionales.

Tercero: Que informa la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, solicitando el rechazo del recurso.

Indica que el recurrente que sancionado través de Sentencia Sanitaria N°24135798, el 8 de abril de 2024, entre otras cosas, a una multa de 200 Unidades Tributarias Mensuales, decisión recurrida el 15 de abril de 2024.

Agrega que dicha impugnación fue rechazada a través de la Resolución N°241312074, de 8 de octubre de 2024, ratificando la Sentencia Sanitaria y la multa, demora que se explica por la alta tasa de procedimientos sanitarios e impugnaciones derivadas de la pandemia que afectó al país y cuyas consecuencias aún se reflejan en la alta tasa de trabajo que deben enfrentar los abogados de dicha repartición.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, de los antecedentes expuestos se colige que el acto que se denuncia como ilegal o arbitrario es el embargo efectuado por la recurrida el 1 de agosto pasado en el contexto de una cobranza ejecutiva de multa administrativa.

Sexto: Que tal como lo indica la Tesorería General de la República, a ésta solo le corresponde efectuar la cobranza de la multa en cuestión, luego que le fuera enviada por la Seremi de Salud para dichos efectos, de manera que se limitó a cumplir las funciones que le imponen los artículos 30 y 35 del Decreto Ley Nº 1.263, de 1975, Ley Orgánica Constitucional de Administración Financiera del Estado.

Séptimo: Que, por otro lado, respecto a la actuación de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, cabe señalar que, si bien se ha establecido de los antecedentes que el envío a cobranza de la multa administrativa se efectuó estando pendiente un recurso administrativo en contra de dicha sanción, no es posible soslayar en esta instancia que dicha alegación ha perdido oportunidad desde el momento que el recurso de reposición administrativa fue resuelto el 8 de octubre último, lo que ha motivado al recurrente a ejercer las acciones de reclamación judicial que al efecto dispone el artículo 171 del Código Sanitario con fecha 14 de octubre último.

Octavo: Que, actualmente la circunstancia de encontrarse pendiente la reclamación judicial deducida por el actor, no torna en ilegal el cobro efectuado, toda vez que de acuerdo al artículo 172 del Código Sanitario “Las sentencias que dicte la autoridad sanitaria podrán cumplirse no obstante encontrarse pendiente la reclamación a que se refiere el artículo anterior, sin perjuicio de lo que por sentencia definitiva ejecutoriada o que cause ejecutoria resuelva la justicia ordinaria al pronunciarse sobre aquélla”, lo que quita sustento a su pretensión de no efectuar los cobros mientras se tramita su reclamación.

Noveno: Que, en virtud de lo expuesto anteriormente el presente arbitrio no puede prosperar, desde que no existe medida por esta Corte que adoptar.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra Tesorería General de La República.

N°4359-2024 Protección