nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACION Y SALUD DE MARÍA PINTO

CERTIFICO: que pese a haberse anunciado oportunamente la vista de la causa en el Monitor de Sala, el abogado señor Nelson Retamales Tirado, quien se anunció para alegar contra el recurso, no se encontraba en sala de espera de la audiencia Zoom y no contestó a los llamados efectuados al teléfono aportado por su parte, habiéndose intentado dicho contacto en tres oportunidades, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 223 bis del Código de Procedimiento Civil. San Miguel, 30 de julio de 2026. Natalia Arancibia Sepúlveda, relatora.

San Miguel, treinta de julio de dos mil veintiséis.

Al escrito de folio 12: Téngase presente.

Vistos y considerando:

Primero: Que María Fernanda Pinto Muñoz, abogada en favor de Adelia nombre reservado, educadora de párvulos, interpone acción constitucional de protección en contra de la Corporación Municipal de Educación y Salud de María Pinto, representada por su Secretario General nombre reservado, por el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en la dictación de la Resolución N°183-2025, de 10 de octubre de 2025, notificada el 13 de octubre de 2025, que aplicó a la recurrente la medida disciplinaria de destitución, actuar que vulneraría las garantías constitucionales de los numerales 1, 2, 3 inciso 5° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Relata que su representada se desempeña como educadora de párvulos en la Escuela G-733 Chorombo Bajo desde el año 2014, con trayectoria intachable, buenas evaluaciones y sin antecedentes disciplinarios. Expresa que el hecho imputado consiste en haber salido del país durante los días 2 y 3 de marzo de 2023 mientras hacía uso de una licencia médica, precisando que los días previos a dicha licencia estaba haciendo uso de su feriado legal y que el ingreso de los párvulos se produjo el 6 de marzo de 2023, por lo que a su juicio no habría existido afectación al servicio, perjuicio a los estudiantes ni necesidad de reemplazo, reincorporándose puntualmente a sus labores para la fecha de ingreso de los alumnos.

Sostiene que la decisión se funda en una interpretación extensiva y retroactiva de criterios administrativos de la Contraloría General de la República y de la Superintendencia de Seguridad Social, aplicando restricciones que no se encontraban vigentes al momento de los hechos, con infracción del principio de legalidad y de irretroactividad. Denuncia, además, que la fiscal instructora no habría informado adecuadamente a la sumariada sus derechos al momento de prestar declaración, con infracción de los artículos 14, 15 y 19 de la Ley N°19.880.

En cuanto a la ilegalidad del acto impugnado, alega: 1) infracción del artículo 11 de la Ley N°19.880, por falta de motivación suficiente, al no explicarse por qué los hechos constituirían una falta gravísima ni cómo habrían afectado al servicio; 2) error de tipificación y falta de legalidad, citando jurisprudencia administrativa según la cual solo se configuraría una infracción disciplinaria si el viaje contraviene el tratamiento, lo que no se investigó; 3) vulneración del principio de proporcionalidad, por aplicarse la sanción máxima a un hecho aislado, sin perjuicio ni mala fe, reservada para faltas gravísimas, dolo, fraude o corrupción; y 4) desviación de fin y arbitrariedad, por apartarse la sanción de la finalidad correctiva de la potestad disciplinaria.

Asimismo, denuncia la vulneración del derecho de propiedad del artículo 19 N°24, por privar ilegalmente a la funcionaria de su cargo, tramo docente y bienios. Asimismo, estima afectada la garantía del artículo 19 N°3 inciso 5°, por no informarse sus derechos a la investigada, no ponderarse pruebas de descargo, no incorporarse atenuantes obligatorias, no analizarse circunstancias personales, no fundamentarse adecuadamente la sanción y carecer de claridad los cargos formulados. Por su parte, denuncia la afectación de los derechos a la integridad psíquica y a la salud de los numerales 1 y 9 del artículo 19, por el menoscabo emocional y económico que la medida provoca, agregando que la destitución no considera el interés superior del niño en relación a sus alumnos. Finalmente, sostiene una afectación al derecho de igualdad ante la ley, al sancionar una falta administrativa de menor entidad con la destitución.

Solicita, en definitiva, acoger la acción, dejar sin efecto la resolución recurrida, ordenar la inmediata reincorporación de la recurrente con el pago de las remuneraciones devengadas y disponer la eliminación de todo antecedente del expediente sumarial.

Segundo: Que informa al tenor del recurso Nelson Retamales Tirado, abogado en representación de la Corporación Municipal de María Pinto para la Educación, Salud y Atención de Menores, solicitando su rechazo, con costas.

Expone, en primer término, que la recurrente ingresó a prestar servicios como educadora de párvulos regida por la Ley N°19.070 el 1 de marzo de 2015, y que durante el año escolar 2025 se desempeñaba como docente titular por 42 horas, con extensión horaria de 2 horas a contrata, en la Escuela G-733 Chorombo Bajo.

Relata que mediante Oficio Confidencial N°E82804-2025, de 22 de mayo de 2025, la Contraloría General de la República remitió listado de funcionarios que, según registros de la Policía de Investigaciones y de la Superintendencia de Seguridad Social, habrían salido del país mientras se encontraban con reposo por licencia médica entre los años 2023 y 2024, apareciendo la recurrente como una de las personas que salió del país por vía aérea el 27 de febrero de 2023, encontrándose con licencia médica otorgada el 25 de febrero de 2023 con inicio de reposo el 27 de febrero de 2023 por 7 días, retornando al país el 5 de marzo de 2023.

Refiere que por Resolución N°066-2025, de 26 de mayo de 2025, se instruyó sumario administrativo; que la recurrente fue notificada personalmente el 2 de junio de 2025 y prestó declaración el 4 de junio de 2025, oportunidad en la que reconoció expresamente haber salido del país durante la vigencia de la licencia, con destino a Buenos Aires y por motivo personal, sin informar a su médico tratante ni a su jefatura, declarando, entre otras afirmaciones, que solicitó la licencia porque necesitaba viajar.

Añade que se formuló cargo único a la funcionaria por vulneración al principio de probidad administrativa, notificado el 29 de julio de 2025; que la recurrente evacuó descargos el 4 de agosto de 2025; que el 8 de octubre de 2025 la fiscal designada evacuó informe final proponiendo el término de la relación laboral; y que por Resolución N°183-2025, de 10 de octubre de 2025, notificada el 13 de octubre de 2025, se aprobó dicho informe y se aplicó la medida de destitución, por estimarse concurrente la causal establecida en el artículo 72 letra b) de la Ley N°19.070.

Agrega que la recurrente dedujo recurso de reposición con solicitud de recurso jerárquico en subsidio el 20 de octubre de 2025, y que por Resolución N°215-2025, de 24 de noviembre de 2025, notificada el 25 de noviembre de 2025, la presidenta de la Corporación rechazó la reposición, por no aportarse antecedentes nuevos, y declaró improcedente el recurso jerárquico, por no contemplarlo el procedimiento de los artículos 127 al 143 de la Ley N°18.883. Hace presente que la acción se dedujo contra la Resolución N°183-2025 cuando el sumario aún no se encontraba afinado, lo que sólo ocurrió con la notificación de la Resolución N°215-2025.

En cuanto al derecho, sostiene que la recurrente se rige por la Ley N°19.070 y, supletoriamente, por el Código del Trabajo, sin que le sea aplicable la Ley N°18.834, pues las normas de remisión de los artículos 72 y 72 bis de la Ley N°19.070 sólo hacen aplicables los artículos 127 al 143 de la Ley N°18.883. Precisa que la causal del artículo 72 letra b) es distinta de las sanciones del artículo 120 de la Ley N°18.883, de modo que el sumario docente sólo puede concluir con el término de la relación laboral, de acreditarse la falta de probidad, o con la absolución.

Afirma que, conforme al artículo 38 de la Ley N°19.070, la recurrente continuó percibiendo la totalidad de sus remuneraciones durante la licencia, y que, según el artículo 41 del mismo cuerpo legal, el feriado docente comprende los meses de enero y febrero, debiendo reincorporarse el 1 de marzo, con independencia del ingreso de los estudiantes, por lo que la alegación de ausencia de afectación al servicio es infundada.

Añade que el procedimiento respetó todas las garantías del debido proceso, pues la recurrente fue oída, conoció cargos precisos, evacuó descargos, rindió prueba y pudo interponer recursos; que el informe final y la Resolución N°183-2025 contienen un análisis pormenorizado de los antecedentes, la normativa aplicable, los descargos y la prueba, ponderándose expresamente la irreprochable conducta anterior de la docente, la que, atendida la gravedad de la falta de probidad acreditada, no resultó suficiente para modificar la sanción.

En relación a la supuesta falta de tipicidad, sostiene que la conducta configura una grave falta de probidad, por el uso indebido de un beneficio otorgado por razones de salud con una finalidad distinta a la autorizada, percibiendo remuneración íntegra durante el período, y que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez rechazó la licencia por incumplimiento mediante redictamen de 26 de septiembre de 2025, con el consiguiente perjuicio a los recursos públicos que administra la Corporación.

En relación con la supuesta infracción al principio de proporcionalidad, argumenta que la conducta en cuestión compromete gravemente la integridad de la institución. Afecta el principio de honestidad y fidelidad que sustentan la función pública, reiterando que en su declaración la funcionaria expresó que solicitó la licencia con la única finalidad de realizar un viaje al extranjero.

Concluye que, no existiendo ilegalidad ni arbitrariedad, y habiéndose aplicado la medida de destitución al acreditarse fehacientemente la causal legal mediante sumario legalmente tramitado, el recurso debe ser rechazado en todas sus partes, con costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la leyó arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, en la presente causa, se ha denunciado como ilegal y arbitraria la Resolución N°183-2025, de 10 de octubre de 2025, que aplicó a la recurrente la medida disciplinaria de destitución por haber salido del país mientras hacía uso del reposo médico que le fue concedido.

Quinto: Que, en el caso de autos, la conducta que determinó la infracción y la aplicación de la sanción, fue hacer uso indebido de una licencia médica para fines particulares, como lo es un viaje al extranjero, lo que genera afectación de carácter grave a la probidad, y, por tanto, la recurrida al aplicar la medida de destitución actuó dentro de la esfera de sus atribuciones y en resguardo del interés general, teniendo especialmente presente que el artículo 8 de la Constitución Política de la República exige a las autoridades y empleados públicos dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, debiendo, por tanto, observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo.

Sexto: Que, a mayor abundamiento, consta del expediente respectivo que el procedimiento disciplinario fue tramitado con respeto a las normas del debido proceso, asegurando el derecho a defensa, ya que la recurrente fue oída al prestar declaración, se le permitió presentar descargos, además de recursos respecto de la decisión primeramente adoptada, por lo que no se observa en esa tramitación alguna ilegalidad.

Séptimo: Que, de igual forma, la Excma. Corte Suprema ha sostenido en su jurisprudencia reiterada que el control que se ejerce por la presente vía impugnatoria no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones desplegadas dentro de un sumario administrativo, como en la especie, la proporcionalidad de la sanción aplicada al recurrente. Por ello, resulta erróneo intentar plantear que en esta instancia jurisdiccional se revise la ponderación de la decisión propuesta a la que arribó el funcionario a cargo de la investigación en la vista y, finalmente, por la autoridad disciplinaria al aplicar la medida sancionatoria.

Que, también, la Excma. Corte Suprema ha sostenido en su jurisprudencia reiterada que el control que se ejerce por la presente vía impugnatoria no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones desplegadas dentro de un sumario administrativo, como en la especie, la proporcionalidad de la sanción aplicada al recurrente. Por ello, resulta erróneo intentar plantear que en esta instancia jurisdiccional se revise la ponderación de la decisión propuesta a la que arribó el funcionario a cargo de la investigación en la vista y, finalmente, por la autoridad disciplinaria al aplicar la medida sancionatoria.

Octavo: Que, por todo lo indicado, se evidencia que no ha existido en la especie un actuar ilegal o arbitrario que conculque los derechos fundamentales de la recurrente, motivo por el cual el recurso de protección necesariamente debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte sobre la materia, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de Adelia nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal de Educación y Salud de María Pinto.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°4345-2025 Protección