nombre reservado con AFP PLANVITAL S.A.

San Miguel, dieciocho de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Linda Nataly Quintero Mogollon, abogada, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en rechazar su solicitud de devolución de fondos previsionales efectuada conforme a la Ley N°18.156, con lo que vulnera los derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N° 2, 24 y 26 de la Constitución Política de la República.

Expone que presentó su solicitud de devolución de fondos previsionales y el 16 de octubre de 2025, se le notifica mediante correo electrónico que su solicitud fue rechazada porque no se acompañó certificado o constancia de afiliación vigente y susceptible de validación que logre acreditar que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, por todo el período de prestación de servicios en Chile, debidamente apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Indica que ingresó un reclamo ante la Superintendencia de Pensiones el 22 de octubre de 2025 y también fue rechazado.

Explica que la extranjera ha dado cumplimiento íntegro de los requisitos establecidos en la ley 18.156, salvo la apostilla de la constancia que acredita su afiliación al sistema de afiliación venezolano, esto en virtud de que no existe representación consular de Venezuela en Chile que permita realizar este trámite, pero que, sin embargo, dicha exigencia resulta arbitraria e imposible de cumplir, toda vez que el propio Sistema de Apostilla Electrónica de la República Bolivariana de Venezuela no contempla la apostilla para este tipo de instrumento, cuestión que consta en los registros oficiales consultados en línea.

Sostiene que dicha conducta vulnera el derecho de propiedad de la solicitante, al imponer condiciones no previstas en la Ley N° 18.156, la cual solo exige acreditar la cobertura previsional en el extranjero y no la apostilla del documento.

Indica que la constancia acredita que la parte recurrente mantiene activa su cobertura previsional en Venezuela y que el sistema de seguridad social de ese país otorga prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, cumpliendo así los requisitos establecidos en la ley chilena. Además, el certificado electrónico emitido por el IVSS es verificable en línea mediante un código alfanumérico y emana de la autoridad competente.

En consecuencia, argumenta que el rechazo de la solicitud carece de motivación suficiente y se basa en una interpretación excesivamente formalista y restrictiva de los requisitos legales, contraviniendo el principio de juridicidad y el deber de fundamentación de los actos administrativos. Finalmente, refiere que la conducta de la AFP vulnera los derechos a la igualdad ante la ley y a la propiedad, reteniendo de manera injustificada los fondos previsionales de la recurrente, por lo que corresponde acoger la acción de protección y restablecer el imperio del derecho.

Solicita que se ordene que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente o el que esta Corte estime conforme al mérito de autos, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, al evacuar el informe solicitado, la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. solicita el rechazo del recurso, con expresa condena en costas.

Señala que la parte recurrente solicitó la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, el 13 de octubre de 2025, sin embargo, sostiene que dicha solicitud adolece de un problema ya que, entre los documentos presentados con la solicitud, se incluyó una 'Constancia Electrónica de Cotizaciones' y una 'Declaración bajo fe de juramento', por lo que se rechazó la solicitud y fue comunicado oportunamente el 16 de octubre de 2025.

Señala que el Oficio Ordinario N° 12.954, emitido con fecha 15 de julio de 2025 por la Superintendencia de Pensiones, que responde a una consulta realizada por distintas administradoras de fondos, el Oficio señala que para cumplir con el requisito de la letra a) del artículo 1° de la ley 18.156, el trabajador debe acreditar mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país de origen, que efectivamente contó con cobertura por todos los riesgos exigidos, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, y que dicha certificación debe venir legalizada o apostillada, según las normas del Convenio de la Haya y el Código de Procedimiento Civil.

Indica que el mismo oficio refiere la ineficacia de la constancia electrónica y declaraciones juradas señalando que no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero las certificaciones electrónicas que no hayan sido legalizadas o apostilladas ni contengan mención específica de los riesgos cubiertos. Asimismo, se establece que las declaraciones juradas del afiliado, incluso si están notariadas o apostilladas, no tienen valor probatorio suficiente para efectos previsionales, ya que, no emanan de la autoridad previsional competente del país de origen y que dicho oficio concluye señalando expresamente que: “En consecuencia, los documentos venezolanos que deban presentarse para producir efectos en Chile deben ser apostillados por la autoridad competente de Venezuela, no requiriéndose ninguna otra intervención adicional sobre dicha apostilla”.

En cuanto al derecho, argumenta que el rechazo de la solicitud no constituye un acto ilegal ni arbitrario, sino que se ajusta estrictamente a la Ley N°18.156, al Compendio de Normas y a las instrucciones vinculantes de la Superintendencia de Pensiones, conforme a las facultades que le otorgan el DFL N°101/1980, el DL N°3.500/1980 y la Ley N°20.255.

Añade que la negativa no afecta el derecho de propiedad del recurrente sobre sus fondos, que permanecen en su cuenta individual para financiar su pensión futura, ni lo deja en situación de indefensión, puesto que puede subsanar los antecedentes y reingresar su solicitud conforme a las exigencias legales.

Por último, sostiene que el recurso no es la vía idónea, dado que existen mecanismos administrativos específicos ante la AFP o la Superintendencia para resolver este tipo de gestiones, por lo que no se configura vulneración a las garantías del artículo 19 N°2 ni N°24 de la Constitución.

Tercero: Que, al tenor de lo solicitado, la Superintendencia de Pensiones, por medio de oficio evacuado el 2 de diciembre de 2025, indicó que el señor nombre reservado solicitó a la Superintendencia de Pensiones el retiro de sus fondos previsionales como técnico extranjero y que su solicitud fue rechazada por falta de un certificado de afiliación a seguridad social extranjera, debidamente legalizado o apostillado.

El solicitante argumentó que no puede obtener ese documento debido a la falta de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, por lo que presentó una declaración jurada notarial en Chile, sin embargo, tanto la Superintendencia como la AFP Planvital reiteraron que solo se aceptan certificados emitidos por la autoridad previsional del país de origen y apostillados, no declaraciones juradas ni certificados electrónicos sin apostilla.

Sin perjuicio de ello sostiene que la ley N°18.156 que establece beneficios de exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales, es un régimen de excepción solo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que además den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de la ley, por ello, las Administradoras de Fondos de Pensiones sólo pueden acceder a las solicitudes de los trabajadores extranjeros para obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales o la exención de cotizar en el Sistema de Pensiones del D.L. N°3.500, de 1980, siempre y cuando los solicitantes acrediten haber cumplido los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, de conformidad con la normativa aplicable en la especie y con la sistemática jurisprudencia administrativa de la Superintendencia.

Indica que de conformidad con el N°8 del artículo 47 de la ley N°20.255; el N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980; y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N°101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, le corresponde a la Superintendencia la interpretación administrativa de las normas del Sistema de Pensiones.

Refiere que la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia ha resuelto que para acreditar el requisito de cobertura establecido en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, se podrá presentar un certificado de cobertura otorgado por la embajada o consulado del país de origen, en el cual expresamente se indique que este ha sido extendido en representación de la autoridad competente de la Seguridad Social del país que corresponde.

Precisa que, en lo que respecta a la cobertura previsional fuera de Chile, el trabajador extranjero debe aportar un documento que acredite en forma específica que en su caso ha contado durante la prestación de sus servicios en Chile, con la protección para todos los riesgos indicados en dicho precepto legal, esto es, vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad y, hace presente que, al referirse a la cobertura de salud, se ha exigido, además, que se especifique si ella comprende prestaciones pecuniarias (entendiendo esto último que dé derecho al pago de subsidios) y médicas, en caso de enfermedad de origen común.

Por otra parte refiere que en cuanto a la Constancia Electrónica de Cotizaciones, que habría aportado la parte recurrente ante la Administradora, emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no señala las coberturas con que cuenta el recurrente, ni de este se puede inferir un determinado período de cobertura, sino que se limita a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano, además, no se encuentra firmada por quien emite el documento, ni apostillada o legalizada, conforme a la normativa contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla y, además, dicho documento no da cuenta de que el trabajador haya contado con cobertura efectiva y a todo evento, de los riesgos a que hace referencia la ley y la norma administrativa, durante todo el tiempo que prestó servicio en Chile. Por lo tanto, no es un documento útil para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156.

Por último, la Superintendencia señaló no contar con antecedentes sobre la situación previsional reclamada por la recurrente, que permitan concluir que cumple con las exigencias de la ley N° 18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la leyó arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744.

A su vez, el artículo 7 de la Ley 18.156, establece que los trabajadores extranjeros que registre cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley, cuales son: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Sexto: Que, en relación con la afirmación de la recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Séptimo: Que, examinados los antecedentes presentados por la parte recurrente, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. En efecto, presentó una Constancia Electrónica de Cotizaciones, que no cuenta con una firma autorizada, ni tampoco cumple con el requisito de ser apostillada o legalizada, lo que constituye un incumplimiento de los requisitos en la normativa vigente, para dar cumplimiento a la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, ya que no permite acreditar que el solicitante durante todo el tiempo que trabajó en Chile se encontraba cubierto por un sistema de seguridad social extranjero que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Por otra parte, tampoco se ha allegado ningún antecedente certero de que el recurrente va a volver definitivamente a su país de manera que correspondiese devolver a la Institución de Seguridad Social de su país los fondos que pudiese haber reunido en la A.F.P. durante su estadía en Chile.

Octavo: Que, conforme lo que se viene razonando, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consiste en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de la Ley 18.156 y las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, lo son en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias.

En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias y el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, toda vez que, en la especie, no se da cumplimiento al artículo 7° de la Ley N°18.156 al no concurrir los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley para el retiro de fondos, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria, y, por tanto, es innecesario entrar a analizar la existencia de vulneración de algún derecho fundamental, todo lo cual conduce a desestimar la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°4327-2025 Protección.