nombre reservado con nombre reservado

San Miguel, veintitrés de diciembre de dos mil veinticinco.

A los escritos de folios 17 y 19: estese al mérito de autos.

Al escrito de folio 18: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, coordinadora de la Oficina Local de la Niñez de La Granja (“OLN La Granja”), domiciliada en domicilio reservado, quien deduce acción de protección en favor de los hermanos Amaru nombre reservado y nombre reservado, ambos hijos de nombre reservado y nombre reservado.

Refiere que el caso ingresó a la Oficina Local mediante transferencia del 2° Juzgado de Familia de San Miguel, dispuesta por resolución de 14 de julio de 2025 en causa P-1851-2025, oportunidad en que se remitió el requerimiento iniciado por el Hospital Félix Bulnes por la negativa de la madre a cumplir con el plan nacional de vacunación respecto de sus dos hijos.

Explica que el 13 de agosto pasado se asignó una profesional gestora del caso, quien comenzó con el diagnóstico biopsicosocial, realizando múltiples gestiones.

Añade que se intentó intervenir con los adultos responsables, generando instancias que permitan explicar la importancia de la inmunización, sin embargo, ellos mantienen su postura contraria a las vacunas por contar con métodos alternativos para conseguir ese efecto a través de la alimentación.

Plantean que los padres presentan competencias parentales disminuidas, ya que, si bien mantienen a sus hijos con los controles de salud al día, no han cumplido con el esquema del Plan Nacional de Inmunización.

Manifiesta que los padres no cuentan con fundamento plausible para no inocular a sus hijos, actuación ilegal y arbitraria que antepone sus creencias personales, vulnerando directamente el derecho a la vida, integridad física y psíquica y la salud de los niños por quien se recurre.

Invoca los artículos 32 y 33 del Código Sanitario, el 1 del Decreto Exenta N°6 del Ministerio de Salud; el N°10 del Decreto Exento N°29 del Ministerio de Salud y el interés superior del niño como consideración primordial para resolver.

Pide que se acoja el recurso, ordenando a los recurridos que accedan a la vacunación de los niños.

Segundo: Que comparece la abogada Javiera Cabezas León, quien informa al tenor del recurso, en representación de nombre reservado y nombre reservado.

Manifiesta que los recurridos están comprometidos con la defensa de los derechos de sus hijos, asegurando que el Plan Nacional de Inmunizaciones no ofrece las condiciones para una vacunación ética y responsable.

Indica que la decisión de los padres se ha basado en una evaluación de información científica sobre los riesgos, incertidumbre y limitaciones de las inoculaciones, como también información sobre los derechos en salud y atención médica.

Explica que cuando nació la hija mayor, llamada Amaya, no contaban con más información sobre el proceso de inoculación. Sabían únicamente que podían existir reacciones adversas leves, como resfríos o malestares posteriores. Por lo tanto, confiando en el sistema, autorizaron las vacunas correspondientes al nacimiento y a los dos meses (meningococo). Sin embargo, inmediatamente a su aplicación Amaya presentó una reacción alérgica que perduró por varios días, lo que despertó las primeras inquietudes de sus padres. Añade que, a partir de ese momento, comenzaron a investigar cada una de las vacunas del Calendario Nacional.

Describe que en ese proceso encontraron testimonios y casos que les generaron preocupación, así como opiniones de distintos profesionales de diversas áreas citando estudios y publicaciones provenientes de la pediatría, neurología, biotecnología, fisiología molecular, medicina natural, química, entre otras.

Menciona que esa búsqueda los llevó a profundizar en el tema y a evaluar alternativas de cuidado y fortalecimiento de la salud en el hogar, especialmente teniendo en cuenta que en esa etapa la niña Amaya estaba recibiendo lactancia materna exclusiva. Durante esta revisión, consultaron comparaciones entre niños vacunados y no vacunados, así como teorías sobre posibles efectos de componentes presentes en las vacunas. Entre las fuentes revisadas se encontraba material del neurólogo francés Dr. Romain K. Gherardi, cuyas publicaciones mencionaban que ciertas partículas de aluminio podrían acumularse en determinados tejidos.

Sostiene que, con todos estos antecedentes, los padres decidieron, de forma informada, no continuar con el calendario de vacunación del Plan Nacional recomendado por el Ministerio de Salud.

Señala que los padres han sido orientados, acompañados y apoyados por doctores particulares que siguen esa misma postura, quienes acreditan que actualmente los niños se encuentran sanos, en perfectas condiciones de salud, así como de los excelentes cuidados de salud de los recurridos hacia sus hijos, quienes reciben sus atenciones de salud regularmente, toma de medicamentos y exámenes al día.

Indica que, luego, cuando nació su segundo hijo, Amaru, tuvieron que acudir a urgencias del Hospital Félix Bulnes. Desde antes del nacimiento los progenitores comunicaron a las matronas su decisión de no administrar vacunas de recién nacido. Añade que esa situación generó insistencia, comentarios enjuiciadores y conversaciones reiteradas, incluso en momentos en que la madre se encontraba sola y atravesando un trabajo de parto de 14 horas con mucho dolor y contracciones constantes. Tras el nacimiento, la a insistencia continuó.

Describe que, además, recibieron la visita de una asistente social y una psicóloga, quienes les informaron a los padres que se iniciaría una investigación y que debían responder una entrevista detallada sobre su entorno familiar y los motivos su nuestra decisión. Esto convirtió un momento que debía ser íntimo, seguro y respetado, en una experiencia cargada de tensión y ansiedad.

Expresa que a esa molestia que sumó la solicitud de un test de drogas como requisito para autorizar el alta de la madre, en circunstancias que no es un examen que se realice habitualmente a una mujer que acaba de dar a luz, asociándolo con la decisión manifiesta de no acceder a la vacunación. Refiere que el test se realizó y que incluso se les indicó que, de resultar positivo, no podrían regresar a casa con su bebé, sintiéndose discriminados por esta decisión.

Afirma que los fundamentos de los padres se basan en todos los casos de efectos adversos y reacciones alérgicas posteriores al suministro de vacunas a su hija mayor. Ahonda en que la preocupación de los padres se enfoca en la variedad, tipo y gravedad de las reacciones adversas en atención a cientos componentes tóxicos de las vacunas (reacciones anafilácticas, síndromes neurológicos, autoinmunes, lesiones de diverso tipo y gravedad, condiciones invalidantes, desenlace fatal).

Reclama que. en torno a esos riesgos, la autoridad no ha cumplido con informar de manera veraz y oportuna, como indica el derecho al consentimiento informado, establecido en la Ley N°20.584 de derechos y deberes del paciente.

Se refiere a las vacunas BCG y hepatitis B, controvirtiendo la necesidad de ser suministrada en atención a las condiciones sanitarias actuales.

Plantea que cada vacuna conlleva un riesgo estadístico de causar efectos adversos graves y/o la muerte y que, ante esta posibilidad, los padres apelan a su derecho y deber de proteger la integridad física y psíquica de sus hijos.

Manifiesta que el Estado de Chile no posee actualmente una política de compensación por lesiones de vacunas, como lo han hecho otros países.

Afirma, en consecuencia, que la vacunación obligatoria no cumple con las garantías de protección a la salud y la vida establecidas en el artículo 19 N°1 de la Carta Fundamental.

Por otra parte, sostiene que el artículo 33 del Código Sanitario establece la posibilidad de ser eximido de la vacunación, exhibiendo un certifico médico que lo justifique, lo que concurre respecto de su hija mayor Amaya.

Invocan el derecho a la libertad de conciencia, consagrado en el artículo 19 N°16 de la Carta Fundamental.

Menciona actuales estudios sobre la vacunación infantil en Estados Unidos, entre ellos, el de Henry Ford que reveló que los niños vacunados presentan una tasa estadísticamente mayor de diversas enfermedades crónicas.

Finalmente, controvierte cualquier ilegalidad o arbitrariedad que vulnere los derechos de los niños en cuyo favor se recurre.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza tutelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Cuarto: Que, en estos actos, se califica de ilegal y arbitraria la negativa de los recurridos en orden a suministrar a sus hijos menores de edad las vacunas correspondientes al Plan Nacional de Inmunización dispuesto por la autoridad sanitaria.

Quinto: Que, para una acertada resolución de la controversia, se debe tener presente que el artículo 32 del Código Sanitario dispone: “El Servicio Nacional de Salud tendrá a su cargo la vacunación de los habitantes contra las enfermedades transmisibles.

El Presidente de la República, a propuesta del Director de Salud, podrá declarar obligatoria la vacunación de la población contra las enfermedades transmisibles para los cuales existan procedimientos eficaces de inmunización. Igualmente, podrá declarar obligatoria la vacunación de los animales contra enfermedades transmisibles al hombre.

El Servicio Nacional de Salud podrá disponer de las medidas necesarias para que, en interés de la salud pública, las autoridades controlen el cumplimiento por parte de los habitantes del territorio nacional de la obligación de vacunarse contra las enfermedades transmisibles en los casos en que tal vacunación sea obligatoria”.

Sexto: Que, por su parte, el artículo 1 del Decreto N°6 del Ministerio de Salud establece la vacunación obligatoria de la población contra las enfermedades inmunoprevenibles, dentro de las que se menciona la tuberculosis y hepatitis B, siendo su objetivo toda la población infantil.

Séptimo: Que, en atención a las normas antes mencionadas, se desprende la existencia de una acción ilegal y arbitraria atribuible a los recurridos, consistente en obstaculizar la inoculación de sus hijos, conforme a la planificación diseñada por la autoridad técnica en la materia y autorizada por ley para tales fines.

Octavo: Que, en cuanto a la libertad de conciencia invocada por los padres recurridos, si bien dicho derecho ampara a las personas para tener sus propias creencias y actuar conforme a ellas, éste no es de carácter absoluto, sino que encuentra su límite tanto en la moral, buenas costumbres y el orden público, como en la razonabilidad y proporcionalidad de su ejercicio.

Noveno: Que, en cuanto a la razonabilidad y proporcionalidad, cierto es que éste se trata de un caso de colisión de derechos en que, por una parte, se encuentra el de los hijos a acceder al plan de vacunación respecto de enfermedades inmunoprevenibles, y, por la otra, el de los padres para transmitir sus valores propios a los hijos para la formación de su personalidad.

Décimo: Que, en ese entendido, esta Corte es de parecer que, en la especie, el examen de ponderación debe ceder en favor de los derechos de los niños por quienes se recurre, en atención al interés superior como consideración primordial que apunta al ejercicio pleno de sus derechos.

Undécimo: Que, en consecuencia, esta Corte, a fin de resguardar su integridad física, dispondrá que se les apliquen las vacunas que, atendida su edad, tengan el carácter de obligatorias, según el Plan Nacional de Inmunización.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por Oficina Local de la Niñez de La Granja, en contra de nombre reservado y nombre reservado, solo en cuanto se dispone que de forma inmediata se apliquen a sus hijos, en cuyo favor se recurre, todas las vacunas que, atendida su edad, tengan el carácter de obligatorias.

Se previene que el ministro señor Quezada fue de opinión de imponer a los recurridos el pago de las costas.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° 4309-2025 Protección