Protección contra Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur

Foja: 53 Cincuenta y Tres En Santiago, a veintiséis de Diciembre de dos mil dieciséis.

VISTOS:

A fojas 14 doña nombre reservado, en representación de ISS Servicios Generales Ltda., domiciliada en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur, sosteniendo que con fecha 26 de Mayo de 2016, la fiscalizadora de la Inspección del Trabajo de Santiago Sur, doña nombre reservado, dictó la resolución N°4424.16.34, notificada a su parte el 9 de Junio del presente año, por medio de la cual se aplicaron tres multas administrativas a su parte por el siguiente hecho: “1)Exceder la jornada ordinaria legal de trabajo; 2)No llevar correctamente registro de asistencia y determinación de las horas de la trabajo” y 3) No otorgar descanso de 2 domingos en el mes calendario”.

Con fecha 8 de Julio de 2016, se envía por Chile Express a la recurrida formulario F 10, junto con un anexo, con el objeto de obtener una rebaja sustancial de la multa a través de un recurso administrativo de reconsideración de multa, el que fue rechazado con fecha 04 de Noviembre de 2016 por haber sido presentado extemporáneamente, sosteniendo la recurrida que fue presentado fuera del plazo de 30 días de notificada la resolución de multa, el que vencía el 9 de Julio del año en curso, conforme lo dispone el artículo 512 del Código del Trabajo.

Indica que la Inspección del Trabajo de Santiago Sur ha incurrido en hechos graves excediendo sus atribuciones desconociendo un derecho que le ha entregado el ordenamiento jurídico a su representada, citando jurisprudencia al efecto. Concluye que ante el vacío de procedimiento se debe recurrir a la Ley 19.880, por lo tanto el plazo de días establecido en la norma antes mencionada es de días hábiles.

Refiere que lo anterior constituye una vulneración a las garantías constitucionales de igualdad ante la Ley y derecho de propiedad consagradas en los artículos 19 N°3 y N°24 de la Constitución Política de la República, respectivamente.

Pide, que se deje sin efecto la resolución N°1453 de 4 de Noviembre de 2016 que niega lugar al recurso administrativo y en consecuencia deja firme la multa impuesta a su parte de 180 UTM, declarando que el recurso fue presentado dentro de plazo, sin perjuicio de las demás consideraciones que se estimen pertinentes, con costas en caso de oposición.

En el primer otrosí de fojas 14, la parte recurrente acompañó los siguientes documentos:

Copia de multa administrativa N°4424.16.34-1-2-3 de 26 de Mayo de 2016 y la respectiva acta de notificación.

Copia de ingreso del reclamo administrativo (Formulario 10 y anexo) de fecha 8 de Julio de 2016.

Copia del Ordinario N°1435 de 4 de Noviembre de 2016 pronunciado por la recurrida.

A fojas 31 rola informe de la recurrida Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur, que alega la improcedencia del recurso en atención a la naturaleza del acto recurrido, por no resultar ser la vía idónea para reclamar en contra de una multa de la autoridad, agregando que lo recurrido no es un verdadero derecho fundamental que se pueda proteger mediante esta acción constitucional, toda vez que se trata de una materia contenciosa administrativa, pidiendo que se declare la improcedencia del mismo.

En subsidio alega la improcedencia del recurso por no reunirse los requisitos constitucionales para su interposición atendido lo prescrito en el artículo 20 de la Carta Fundamental, no existe acto arbitrario alguno, toda vez que la resolución recurrida fue dictada razonada y fundadamente en virtud de lo dispuesto en los artículos 512 y 508 del Código del Trabajo en virtud de las facultades expresamente conferidas por el legislador, por lo que ésta tampoco se tornaría ilegal, debiendo la parte recurrente haber concurrido al Juez competente de fondo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo a fin de reclamar lo que estimara en derecho.

Además informa derechamente sobre los hechos materia del recurso, refiriendo que efectivamente con fecha 26 de Mayo del año en curso la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur, aplicó la Resolución de Multa N°4424/16/34, la que fue notificada con fecha 9 de Junio de 2016, solicitando la parte recurrente la reconsideración de la misma mediante presentación de 11 de Julio de 2016, es decir fuera del plazo de 30 días corridos que exige el artículo 512 del Código del Trabajo, citando jurisprudencia administrativa al efecto.

En virtud de lo anterior, con fecha 4 de Noviembre de 2016 mediante Ordinario N°1435 se comunicó a la recurrente que su solicitud no sería acogida a tramitación atendido que había sido presentada extemporáneamente.

Concluye que lo que procedía era utilizar la vía judicial atendido lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo, o bien la vía administrativa, en virtud el recurso de reposición del artículo 59 de la Ley 19.880, no correspondiendo la interposición de ésta acción constitucional, por lo que pide que el recurso sea rechazado.

En el otrosí de fojas 31, se acompañaron los siguientes documentos:

Copia de la Resolución de Multa N°4424/2016/34 de 26 de Mayo de 2016, con la guía de despacho de correspondencia de carta certificada, con acta de notificación de la misma fecha.

Copia de Formulario F-10 correspondiente a la solicitud de reconsideración administrativa de la multa antes aludida, ingresado con fecha 11 de Julio de 2016.

Copia de Ordinario N°1435 de 4 de Noviembre de 2016, con guía de despacho de correspondencia certificada.

A fojas 47 se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que a fin de dilucidar el asunto sometido a la decisión de esta Corte, se hace necesario señalar que la acción de protección contenida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República debe ser ejercida ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que provoquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías a que dicha norma se refiere, para que en su caso, se adopten las providencias necesarias en el restablecimiento del imperio del derecho, asegurándose la debida protección del perjudicado. De lo que se sigue, que se trata de un procedimiento extraordinario, de emergencia, cuyo objetivo es remediar pronta y eficazmente los efectos lesivos de un actuar ostensiblemente contrario al ordenamiento jurídico o carente de fundamento o caprichoso, reparándose así el amago provocado a derechos o prerrogativas derivadas de situaciones ciertas y definidas y, por ello, con resguardo constitucional preferente. Todo ello sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los Tribunales correspondientes.

Segundo: Que atendido lo anterior, es preciso determinar si ha existido de parte de la entidad recurrida un acto ilegal y/o arbitrario que amenace, perturbe o prive a la recurrente del legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías establecidos en la Constitución Política de la República, especialmente en este caso, de acuerdo a lo señalado por la recurrente, aquellos contemplados en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Tercero: Que a juicio de la recurrente, el acto ilegal y arbitrario que atribuye a la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur, es la resolución de la Inspectora del Trabajo de 4 de Noviembre de 2016, que proveyendo su petición de reconsideración de multa resolvió que no cumplía los requisitos señalados por la Ley para su aprobación, toda vez que fue presentada extemporáneamente, acto que a su juicio conculca el legítimo ejercicio de su derecho a la igualdad ante la Ley en el ejercicio de sus derechos, garantizado en el numeral 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y el derecho de propiedad, resguardado en el número 24 del mismo precepto constitucional.

Cuarto: Que para determinar si el recurso de protección es o no la vía idónea para dejar sin efecto la actuación del Inspector Comunal del Trabajo Santiago Sur, es necesario para este Tribunal, analizar la normativa legal aplicable a estas materias.

En efecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo Art. 508 del Código del Trabajo “Las notificaciones que realice la Dirección del Trabajo se podrán efectuar por carta certificada, dirigida al domicilio que las partes hayan fijado en el contrato de trabajo, en el instrumento colectivo o proyecto de instrumento cuando se trate de actuaciones relativas a la negociación colectiva, al que aparezca de los antecedentes propios de la actuación de que se trate o que conste en los registros propios de la mencionada Dirección. La notificación se entenderá practicada al sexto día hábil contado desde la fecha de su recepción por la oficina de Correos respectiva, de lo que deberá dejarse constancia por escrito.

A su vez el artículo 512 señala: “El Director del Trabajo hará uso de esta facultad mediante resolución fundada, a solicitud escrita del interesado, la que deberá presentarse dentro del plazo de treinta días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa.”

Esta resolución será reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo dentro de quince días de notificada y en conformidad al artículo 474 de este Código.”

Quinto: Que conforme a las normas señaladas, no se advierte que en el ejercicio de sus facultades legales la recurrida hubiera incurrido en un acto ilegal o arbitrario al dictar la resolución impugnada, por cuanto de lo razonado, aparece claramente que la solicitud de rebaja de multa fue ingresada en la Inspección del Trabajo más allá de los 30 días que señala la disposición pertinente.

Por otra parte nada le impedía a la recurrente alegar por la vía que le otorga la respectiva disposición del Código del Trabajo respecto a la infracción que le atribuye a la Sra. nombre reservado, por lo que no resulta pertinente que renunciando a ello, haga uso de esta acción constitucional, que en el presente caso no puede ser el sustituto de un procedimiento que de mejor manera garantiza el ejercicio de sus derechos.

Sexto: Que atendido lo señalado y habiendo actuado la funcionaria fiscalizadora dentro del ámbito de sus atribuciones, no puede concluirse que haya conculcado el derecho de protección de la Ley en el ejercicio de sus derechos, como se sostiene por la recurrente, como tampoco es posible estimar que su actuar, haya vulnerado el derecho constitucional contemplado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política, en términos tales que esta vía resultara la única adecuada para poner fin a las vulneraciones alegadas, motivos por los cuales, tampoco el recurso puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Autos Acordados de la Excma. Corte SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección interpuesto doña nombre reservado en representación de ISS Servicios Generales Ltda.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por la Ministro Sra. Adriana Sottovia Giménez.

Rol 4290-2016 – PROT.

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