Ir al contenido
BuscadorConstitucional

Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 4288-202526 may 2026

nombre reservado con SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA SANTA ROSA

Fecha
26 de mayo de 2026
Corte
Corte de Apelaciones de San Miguel
Sala
Segunda
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol N° 4288-2025, sentencia de 26 de mayo de 2026

Resumen

Se rechaza la protección contra el SLEP Santa Rosa por no acatar el oficio de Contraloría que ordenaba reincorporar al recurrente: se busca ejecutar una decisión administrativa, ajena a esta vía, y el derecho invocado no es indubitado.

Texto íntegro

San Miguel, veintiséis de mayo de dos mil veintiséis.

Al escrito de folio 10: téngase presente.

Al escrito de folio 12: a lo principal, téngase presente; al otrosí, a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, José Ignacio Díaz Maldonado, abogado, interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, en contra del Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa (SLEP Santa Rosa), representado por su Director Ejecutivo, nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en no acatar las instrucciones de la Contraloría Regional Metropolitana a través de Oficio E158547, de 16 de septiembre de 2025.

Indica que nombre reservado fue contratado por el Departamento de Educación Municipal de la Ilustre Municipalidad de San Ramón; que, durante el mes de septiembre de 2021, fue desvinculado de conformidad con la causal prevista en el artículo 161 del Código del Trabajo; y que reclamó de ello ante la Contraloría General de República, entidad que a través del Oficio E158547, de 16 de septiembre de 2025, ordenó al municipio realizar las gestiones pertinentes a fin de reincorporarlo a sus funciones, precisando que para ello “resulta imperativo que, en coordinación con la Dirección de Educación Pública y el SLEP Santa Rosa” regularice su traspaso a ésta última repartición, “dado que en su calidad de asistente de la educación debió ser traspasado por el solo ministerio de la ley el 1 de enero de 2025”. Refiere, asimismo, que el citado oficio dispuso el pago de todas las remuneraciones devengadas durante el tiempo que se mantuvo separado de sus funciones, siendo de cargo del municipio aquellas anteriores al traspaso del servicio educacional al SLEP Santa Rosa, y de cargo de esta última entidad las posteriores (hecho ocurrido el 1 de enero de 2025).

Indica que dicho oficio fue puesto en conocimiento de la recurrida, pero que ésta no ha dado cumplimiento a lo ordenado, infringiendo lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N°10.336 que regula el carácter obligatorio de las decisiones y dictámenes de Contraloría General de la República para los órganos de la Administración del Estado y se vulneran los derechos a la igualdad ante la ley y de propiedad del recurrente, previstos en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide acoger el recurso y disponer que la entidad recurrida de íntegro cumplimiento a lo resuelto por la Contraloría General de la República, dentro del plazo de 10 días hábiles, con expresa condena en costas.

Segundo: Que, Jorge Cárdenas Inostroza, abogado, evacúa informe por el SLEP Santa Rosa, solicitando que el recurso sea declarado inadmisible, con costas.

Indica que el traspaso del sistema educacional que prestan las municipalidades a los Servicios Locales de Educación se rige por lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio de la Ley N°21.040; que en particular, el traspaso del servicio educacional prestado por la Municipalidad de San Ramón al SLEP Santa Rosa, se encuentra reglamentado en el D.S. N°162 de 2022, del Ministerio de Educación que, en su artículo vigésimo primero transitorio, literal a), estableció la obligación de remitir con a lo menos seis meses de anticipación a la entrada en funcionamiento del respectivo Servicio Local de Educación Pública una serie de antecedentes, entre los que se encuentra la nómina de profesionales que, de conformidad a la ley, serán traspasado a dichos servicios.

Añade que, a su turno, el artículo vigésimo segundo transitorio de la Ley N°21.040, reguló la existencia de una resolución de traspaso, dictada con al menos dos meses de anticipación a la entrada en funcionamiento del respectivo Servicio Local de Educación, en la cual se debe, también, individualizar el personal traspasado.

Refiere que, en cumplimiento de dichas obligaciones, la Dirección de Educación Pública dictó la Resolución Exenta N°2017, de 2024, efectuando el traspaso de los profesionales y asistente de la educación que se desempeñaban en establecimientos educacionales, desde la Ilustre Municipalidad de San Ramón al Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa, no encontrándose el recurrente dentro de la nómina allí contenida. Señala que lo anterior es de toda lógica, toda vez que, a la fecha del traspaso, esto es, el 1 de enero de 2025, nombre reservado no cumplía con los requisitos para ser traspasado.

Sostiene que, en dicho contexto, resulta del todo improcedente que el recurrente sea reincorporado a dicho Servicio, dado que no existe evidencia objetiva que demuestre el ejercicio real de funciones de asistente de la educación y no cumple con los presupuestos legales para el traspaso, conforme a los términos del artículo cuadragésimo primero transitorio de la Ley N°21.040.

Afirma que -en este caso- debe primar el principio de primacía de la realidad, no bastando a sola existencia de un contrato de trabajo o designación formal, sino que la existencia efectiva de una relación laboral o de prestación de servicios, tal como ha sido sostenido por la Contraloría General de la República en otros casos análogos, a saber, dictámenes N°E21666, de 2022; N°E33624, de 2020 y N°E179239, de 2022.

Finalmente, sostiene que en virtud de lo expuesto y las extrañas circunstancias en que el recurrente habría sido contratado para prestar funciones como asistente de la educación – durante periodo de receso escolar y emergencia sanitaria- mediante Oficio N°867, de 6 de noviembre de 2025, se solicitó reconsideración de lo resuelto en el Oficio E158547, de 16 de septiembre de 2025, de la Contraloría General de la República, de modo que, mientras dicha solicitud se encuentre pendiente, el presente recurso debe ser declarado inadmisible y no puede prosperar.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que la presente acción constitucional se encamina a establecer la afectación de los derechos de igualdad ante la ley y propiedad del recurrente, en razón de no haberse dado cumplimiento a lo ordenado por la Contraloría General de la República en el Oficio E158547, de 16 de septiembre de 2025, a saber, la reincorporación del recurrente -asistente de la educación incorrectamente desvinculado de la Ilustre Municipalidad de San Ramón- al Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa, sucesor de dicho municipio en la prestación del servicio de educación pública; y el pago de las remuneraciones correspondientes al tiempo en que se mantuvo separado de sus funciones.

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes aparece que lo que se pretende de esta Corte es la ejecución de una decisión adoptada por el órgano de control de la Administración del Estado, petición manifiestamente ajena al objeto de esta vía extraordinaria y de cautela urgente de derechos fundamentales, máxime cuando del oficio denunciado como incumplido se desprende que el recurrente carece de un derecho indubitado o suficientemente determinado, desde que, la forma en que debería materializarse la reincorporación del recurrente a un órgano distinto del que fue desvinculado no sé encuentra mínimamente determinada y que los montos, o forma de cálculo de las remuneraciones que correspondería pagar a una y otra entidad, tampoco se encuentra precisada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional interpuesta por nombre reservado en contra del Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa -SLEP Santa Rosa-.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N°4288-2025 Protección.