nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

San Miguel, treinta y uno de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (“SUSESO”) con motivo de la Resolución Exenta N°R 01-uju-137858-2025, que le denegó el subsidio especial de maternidad.

Explica que es trabajadora dependiente, y suscribió su último contrato de trabajo a plazo fijo con la empresa ACHS Servicios el 11 de octubre de 2024, el que fue renovado hasta febrero de 2025.

Indica que, a fines de 2024, confirmó su estado de embarazo, con fecha probable de concepción el 3 de noviembre de 2024. Añade que, debido a complicaciones de salud, específicamente la aparición de fibromialgia durante el embarazo, se vio obligada a poner término a su relación laboral a fines de enero de 2025.

Señala que decidió postular al subsidio especial establecido en el artículo 3 de la Ley N°20.545. Refiere que la Comisión de Medicina Preventiva le negó el beneficio, por lo que apeló ante la Superintendencia de Seguridad, la que confirmó la decisión, fundada en que la última cotización más cercana al mes anterior al embarazo no existía (septiembre de 2024), ya que su contrato comenzó a regir en octubre de 2024.

Afirma que el razonamiento de la Superintendencia es errado, toda vez que la fecha de la concepción es el 3 de noviembre, por lo tanto, su última cotización correspondió a octubre de 2024, constituyéndose esa la más cercana al momento real de inicio del embarazo.

Plantea que la exigencia de la Superintendencia genera una aplicación irrazonable, injusta y ajena a la realidad, dejándola sin la protección social que el legislador quiso otorgarle, vulnerando sus derechos fundamentales.

Sostiene vulneración a los derechos consagrados en el artículo 19 N°1, 2, 9, 18 y 24 de la Carta Fundamental.

Pide que se acoja el recurso, dejando sin efecto la Resolución Exenta cuestionada y ordene a la recurrida otorgar y pagar el subsidio especial de maternidad por el total de 126 días de licencia médicas, con reajustes, intereses y prestaciones familiares legales.

Segundo: Que informa la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando el rechazo del recurso.

Primeramente, plantea la extemporaneidad de la acción, argumentando que la recurrente tomó certeza del acto cuestionado el 8 de octubre de 2025, mediante notificación por correo electrónico, en circunstancias que interpuso el recurso el 8 de noviembre de 2025.

En subsidio, alega la improcedencia de la acción en materias de seguridad social, argumentando que la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el artículo 19 N°18 de la Carta Fundamental, el que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de dicho cuerpo normativo.

En subsidio informa el fondo, mencionando el marco jurídico aplicable en la especie, constituido por la Ley N°20.545 que modifica las Normas sobre Protección a la Maternidad e Incorpora el Permiso Postnatal Parental.

Indica que la recurrente solicitó que se le conceda el subsidio especial de maternidad establecido en el artículo 3 de la Ley N°20.545, el que fue rechazado por la COMPIN por renuncia voluntaria de la trabajadora.

Alude a los requisitos normativos para la aplicación del subsidio, consistentes en: i) Registrar doce o más meses de afiliación al sistema previsional, con anterioridad al inicio del embarazo; ii) Registrar ocho o más cotizaciones, continuas o discontinuas, en calidad de trabajadora dependiente, dentro de los últimos veinticuatro meses calendario inmediatamente anteriores al inicio del embarazo. Para el cumplimiento de este requisito bastará tener cotizaciones durante ocho meses dentro de los 24 meses calendario inmediatamente anteriores al inicio del embarazo, independiente del número de días por los que se hayan efectuado cotizaciones dentro de cada uno de dichos meses; y ii) Que la última cotización más cercana al mes anterior al embarazo se haya registrado en virtud de cualquier tipo de contrato de trabajo a plazo fijo, o por obra, servicio o faena determinada.

Indica que se tuvo a la vista el finiquito de la trabajadora, donde consta que el contrato de trabajo terminó por aplicación de la causal prevista en el artículo 159 N°2 del Código del Trabajo.

Precisa que tuvo a la vista la fecha de concepción registrada en la licencia médica prenatal, emitida el 2 de julio de 2025, por el médico tratante nombre reservado, en que se consigna el mes de octubre de 2024, por lo que el mes anterior al embarazo es septiembre de 2024, periodo en que no registra cotizaciones, dado que su contrato inició el 11 de octubre de 2024.

En razón de lo anterior, sostiene que no se cumple con la letra c) de la norma antes referida, de manera que mediante Resolución Exenta N°R-01-UJU-13785-2025 de 8 de octubre de 2025 rechazó las licencias médicas de descanso por maternidad por un total de 126 días a contar de 15 de junio de 2025.

Descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal, afirmando que la resolución cuestionada emana del estudio y ponderación de los elementos pertinentes, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en este Organismo de Control.

Tercero: Que se tuvo por evacuado en rebeldía el traslado conferido a la recurrente en torno a las excepciones opuestas.

Cuarto: Que el recurso de protección consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley– o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, uno o más de los derechos fundamentales protegidos por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, primeramente, en cuanto a la excepción de extemporaneidad alegada, cabe tener presente que si bien la resolución que motivó la interposición del recurso fue notificada el 8 de octubre de 2025, de conformidad al artículo 46 de la Ley N°19.880, aplicable en la especie por remisión del artículo 1 del referido cuerpo legal, las notificaciones realizadas por correo electrónico “producirán pleno efecto legal y se entenderán practicadas al tercer día hábil siguiente contado desde la fecha de su envío”, de lo que se desprende que el recurso de protección fue deducido dentro del plazo establecido en el Auto Acordado que rige la materia, lo que lleva a desestimar la alegación.

Séptimo: Que, luego, respecto de la improcedencia de la acción invocada por la recurrida, cabe consignar que en el recurso se dan por vulneradas las garantías contempladas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, respecto de los cuales el artículo 20 hace procedente el recurso de protección, de manera que, esta alegación tampoco puede prosperar, sin perjuicio de la facultad de esta Corte de determinar al momento de resolver la o las garantías conculcadas por una actuación u omisión ilegal, aún cuando no se mencionen en el recurso planteado, en atención de que éste es desformalizado.

Octavo: Que, en cuanto al fondo, cabe consignar que de los antecedentes no es posible determinar con certeza cual fue la época de la concepción, dado que el mismo médico tratante con fecha 19 de junio de 2025, con anterioridad a la dictación de la resolución que motiva este recurso, consignó que la época de la concepción corresponde al 3 de noviembre de 2024, y, con posterioridad, el 2 de julio de 2025 emitió la licencia médica correspondiente, en la que consignó que la época de la concepción corresponde a octubre de 2024.

Noveno: Que, en consecuencia, existiendo documentos médicos contradictorios en cuanto a la fecha de concepción del embarazo, asunto fundamental para determinar la procedencia del reposo y respecto del cual la recurrida no se hizo cargo en su informe, solo cabe concluir que su decisión de rechazo carece de fundamento, en los términos de los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, considerando que de conformidad al artículo 21 del Decreto Supremo N°3 de 1984, para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los periodos de reposo solicitados, la SUSESO podrá ordenar a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez disponer la realización de nuevos exámenes o interconsultas.

Decimo: Que, por lo tanto, la Superintendencia de Seguridad Social, con su obrar, ha vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley, y afectado además la garantía consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, lo que amerita que la presente acción sea acogida en la forma en que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia se acoge el recurso contra la Superintendencia de Seguridad Social, solo en cuanto se ordena a dicho organismo recabar un informe del facultativo que emitió la licencia y el certificado acompañados en autos, a fin de establecer la fecha probable de concepción del embarazo de la recurrente y los demás antecedentes que estime necesarios.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°4277-2025 Protección