nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

San Miguel, veintisiete de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que Aldo Rodolfo Campos Ayala, abogado, en representación de nombre reservado, interpone acción constitucional de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Melipilla y su Dirección de Aseo y Ornato, por la omisión en que habría incurrido la recurrida en el cumplimiento de sus deberes de aseo y limpieza del sector donde se emplaza la feria libre en que la recurrente ejerce su actividad, omisión que califica de ilegal y arbitraria y que vulneraría las garantías de los numerales 8 y 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que la recurrente se desempeña como trabajadora de ferias libres en el rubro de la pescadería, actividad que ejerce hace más de veinte años, y que, por la naturaleza de los productos que comercializa, alimentos perecibles de alta sensibilidad sanitaria, requiere condiciones de higiene óptimas en el espacio público. Señala que el 28 de diciembre de 2025, al llegar a instalar su puesto de trabajo, se encontró con que el lugar destinado a su ubicación estaba cubierto de basura acumulada, escombros e incluso restos orgánicos de animales muertos.

Agrega que la recurrida, a través de su unidad técnica de Aseo y Ornato, no realiza la limpieza de las ferias libres, de modo que cada vez que estas se instalan el lugar se encuentra lleno de basura, y que, con posterioridad a su realización, solo se efectúa un barrido básico que deja percolados y líquidos en la calle, provocando una contaminación cruzada que, sumada al calor del verano, hace emanar olores y gases tóxicos que la recurrente no puede controlar, tornando indigno el desarrollo de su trabajo.

Expone que estos hechos constituyen acciones y omisiones ilegales que afectan la garantía del artículo 19 N°8 de la Constitución, esto es, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, precisando que, conforme al inciso segundo del artículo 20 de la Carta Fundamental, dicha acción procede cuando ese derecho es afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.

En cuanto a la ilegalidad que denuncia, invoca la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo artículo 3° letra f) establece como función del municipio el aseo y ornato de la comuna, correspondiendo a la Dirección de Aseo y Ornato ejecutar las labores de saneamiento. Cita, asimismo, el artículo 11 letra a) del Código Sanitario, que impone a las municipalidades proveer a la limpieza y a las condiciones de seguridad de los sitios públicos, de tránsito y de recreo, y su artículo 80, que exige autorización del Servicio de Salud para todo lugar destinado a la acumulación o disposición de basuras o desperdicios, autorización que en la especie no se encontraría acreditada. Invoca también el artículo 79 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sobre saneamiento de poblaciones deterioradas o insalubres, y la Ley N°20.285, sobre acceso a la información pública, alegando que no ha podido acceder a información municipal acerca de la existencia de resoluciones o autorizaciones que dispongan el uso del terreno como punto de depósito de desechos.

Funda, en segundo término, la vulneración de la garantía del artículo 19 N°1 de la Constitución, que asegura el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, sosteniendo que el traslado y acopio de basura, sin autorización ni medida sanitaria alguna, afecta la salud de quienes concurren a las ferias libres de la comuna, especialmente niños y personas de la tercera edad, al exponerlos a vectores y a gases tóxicos que, con el calor extremo de la época, agravan la presencia de enfermedades respiratorias y sanitarias.

Solicita que se acoja la acción, se declare la ilegalidad de los actos y omisiones denunciados y se ordene a la recurrida adoptar de inmediato todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, especialmente la instalación de contenedores para los desechos de la feria y el posterior retiro de los residuos acopiados durante los días de su realización, todo con expresa condena en costas.

Segundo: Que informa al tenor del recurso Claudia Urrejola Estrada, abogada, en representación de la Ilustre Municipalidad de Melipilla, solicitando su rechazo, con expresa condena en costas.

Expone, en cuanto a los hechos, que mediante Decreto Exento N°03828/2025, de 1 de diciembre de 2025, el municipio adjudicó la licitación pública denominada “Servicio de Barrido y Aseo de Ferias Libres, Comuna de Melipilla”, a la empresa Demarco S.A. Precisa que el servicio se ejecuta una vez finalizado el funcionamiento de las ferias, a partir de las 15:00 horas y, tratándose de los días domingo, desde las 16:00 horas, debiendo completarse en un plazo máximo de tres horas posteriores al levante total de la feria.

Señala que la feria del día domingo presenta una mayor complejidad operativa, debido a la tardanza en el retiro de los puestos y a la alta generación de residuos, especialmente orgánicos, y que se ha constatado de manera reiterada la permanencia de un carro de venta de pescados y mariscos que no es retirado oportunamente, lo que dificulta el inicio del servicio de limpieza y obliga a lavar la calzada aun cuando dicho carro permanece instalado, situación que atribuye a un factor ajeno a la responsabilidad de la empresa prestadora.

Detalla que, para la ejecución del servicio, la empresa dispone del equipamiento y personal mínimo exigido en las bases, esto es, un camión recolector, un camión aljibe o hidrolavadora y un minicargador, además de un supervisor, dos conductores y siete auxiliares. Agrega que, finalizado el barrido, se procede al lavado del área con camión aljibe, incorporando la aplicación de un producto desodorizante para la mitigación de olores.

Añade que, en forma previa al funcionamiento de la feria dominical, la empresa realiza labores de limpieza de microbasurales en la zona urbana, contando el sector de calle Merced con una ruta de limpieza programada de lunes a sábado, de modo que la limpieza efectuada el sábado 27 de diciembre de 2025 daría cuenta de que el sector se encontraba en condiciones adecuadas antes del inicio de la feria. Indica, asimismo, que la recolección de residuos sólidos domiciliarios del sector se realiza los días lunes, martes, jueves y sábado, en horario de 06:00 a 15:00 horas.

Expresa que, conforme al Decreto Exento N°792, de 31 de marzo de 2014, que modifica la Ordenanza de Ferias Libres, los feriantes tienen la obligación de efectuar el aseo y barrido del lugar una vez levantados sus puestos, de acopiar los residuos en los puntos determinados por la Dirección de Inspección Municipal y de mantener limpio el entorno de sus puestos, especialmente en el manejo de residuos orgánicos, evitando el escurrimiento de líquidos, cuyo incumplimiento incide directamente en las condiciones de limpieza del sector. Añade que, una vez realizadas las labores de aseo, vecinos del sector vuelven a depositar residuos domiciliarios en la vía pública en días y horarios que no corresponden a la recolección, lo que escapa al control operativo del servicio contratado.

En cuanto al derecho, sostiene que la función de aseo y ornato que establecen el artículo 3° letra f) de la Ley N°18.695 y el artículo 11 letra a) del Código Sanitario constituye una obligación de medios y no de resultado, que el municipio cumple estrictamente destinando recursos humanos y materiales, de manera que la existencia de un cúmulo de desechos en un momento y lugar determinados no configura por sí sola una omisión ilegal, la que solo se verificaría si el municipio hubiese abandonado por completo su función. Agrega que el artículo 80 del Código Sanitario se refiere a instalaciones permanentes, como vertederos o rellenos sanitarios, y no a puntos de acopio temporal dispuestos en la vía pública. Por su parte, afirma que el artículo 79 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones alude a la rehabilitación de barrios completos y es inaplicable a la gestión de residuos de una feria libre y, finalmente, que la Ley N°20.285 exige el ejercicio de una solicitud formal de información, la que la recurrente no acredita haber presentado ni haber sido denegada.

Concluye que no existe acto u omisión ilegal o arbitrario que sirva de sustento a la acción, toda vez que su actuar se ha ajustado en todo momento al marco normativo, respondiendo sus decisiones en materia de aseo y ornato a criterios técnicos, logísticos y presupuestarios, y que tampoco se ha acreditado la vulneración de las garantías invocadas, pues la mera presencia de basura no constituye contaminación en los términos de la Ley N°19.300, ni se han acompañado informes médicos o sanitarios que vinculen la situación denunciada con un riesgo concreto para la vida o integridad de la recurrente.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –contrario a la ley– o arbitrario –producto del mero capricho de quienes incurren en él–, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que según lo que se denuncia en la acción intentada, la parte recurrente califica como ilegal y arbitraria la omisión de la recurrida en el cumplimiento de sus deberes de aseo y limpieza en el sector donde se emplaza la feria libre en que aquella ejerce su actividad comercial.

Quinto: Que considerando el fundamento del recurso y lo informado por la recurrida, unido a los antecedentes acompañados, no es posible concordar con la recurrente en que haya sido constatada una omisión arbitraria o ilegal de su contraparte en el cumplimiento de sus deberes legales y reglamentarios en materia de aseo y ornato de la comuna de Melipilla, en relación con los desperdicios quedados al término de las ferias libres que en ella se instalan. Puntualmente, el libelo de protección se funda en las condiciones de desaseo o falta de higiene que habría percibido la recurrente el día 28 de diciembre de 2025, que la recurrida no refuta derechamente, pero que, para el caso de ser efectiva, explica en una posible contingencia que no le habría sido posible precaver, al menos no en términos tales para llegar a imputarle ilegalidad o arbitrariedad, por tratarse de tareas entregadas a una empresa que se adjudicó el servicio, junto con la frecuente acción de locatarios de las ferias y/o vecinos del sector que contribuyen a generar desechos o basura en contravención a las ordenanzas municipales que menciona.

Sexto: Que los antecedentes allegados demuestran que la recurrida mantiene en vigencia ordenanzas que se dedican a regular actividades de feriantes y vecinos o visitantes de la comuna ligadas a la generación, depósito y manejo de basuras y desperdicios y, por otro lado, mantener licitado el servicio de aseo una vez terminada la actividad de los feriantes. Cuestión distinta son sus labores de fiscalización, las que, como es natural, deben ser realizadas de manera idónea, pero que no alcanzan a verse infringidas por el hecho particularmente aludido como fundamento del recurso que se analiza.

Séptimo: Que, por consiguiente, de acuerdo de los antecedentes y a lo que se viene de considerar, consta que la recurrida ha argumentado y demostrado haberse abocado a cumplir con el deber de cuidar el aseo y ornato que tiene mandatado por la Ley N°18.965 por medio de la externalización del servicio y las fiscalizaciones respectivas.

Octavo: Que, en tales condiciones, al no haber quedado suficientemente acreditada la existencia de una omisión ilegal o arbitraria por parte de la recurrida que haya podido conculcar los derechos de la recurrente en los términos sostenidos en su recurso, y que es el presupuesto básico para que la presente acción constitucional pueda prosperar, esta deberá ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Melipilla y su Dirección de Aseo y Ornato.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°427-2026 Protección