nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

En San Miguel, a treinta de julio de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Que comparece don nombre reservado, en representación convencional de doña nombre reservado e interpone recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada legalmente por don nombre reservado, por el descuento que la recurrida instruyó a su nuevo empleador, acto ilegal que vulnera el legítimo ejercicio de su representada consagrados en los numerales 3, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Relata que el 8 de julio de 2016 su representada obtuvo un crédito de consumo de la recurrida por la suma de $2.342.557, pactado en 60 cuotas mensuales y sucesivas de $205.414.

Añade que los referidos pagos se realizarían por medio de descuentos efectuados por su empleador de dicha época pero que finalmente solo se pagaron 26 de las 60 cuotas pactadas, razón por la cual su representada se acercó a la Caja recurrida con la finalidad de negociar el saldo pendiente, oportunidad en la que la recurrida le negó la posibilidad de negociar, limitándose a informarle que se había iniciado un procedimiento de cobro judicial en su contra el que se sustancia bajo el rol C-643-2018 ante el 2 Juzgado de Letras de Buin.

Explica que el 23 de diciembre de 2019 comenzó a trabajar como secretaria y en abril del año en curso se percató que su remuneración contenía un descuento por concepto de créditos por la suma de $76.640 pesos, descuento que - de acuerdo con lo informado por su empleador - fue instruido por la recurrida en virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Cajas de Compensación.

Alega que dicho descuento es ilegal y arbitrario toda vez que se trata de una deuda largamente prescrita pues se funda en un pagaré de julio de 2016, buscando así la recurrida corregir la desidia y negligencia con la que actuó en el ejercicio de sus acciones legales tendientes a perseguir el cobro del referido crédito en su oportunidad.

Argumenta que el acto recurrido constituye una infracción a su derecho a la igualdad ante la ley puesto se le ha puesto en una situación de desventaja con relación a los demás deudores civiles, al proceder en forma ilegal a cobrar en sede extrajudicial una deuda prescrita.

Asimismo, estima que el acto recurrido vulnera el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República toda vez que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 583 del Código Civil, la recurrente tendría un derecho de propiedad sobre el derecho a recibir una remuneración completa que emana de su contrato de trabajo.

Finalmente señala que el acto recurrido afecta el derecho de libertad de trabajo de la recurrente, garantizado por el artículo 19 N°16 de la Constitución Política de la República por privarle de la integridad de su remuneración.

Previa cita de jurisprudencia de tribunales superiores de justicia pide que su recurso sea acogido y que se adopten las medidas necesarias para reestablecer el imperio del derecho, especialmente ordenando a la recurrida el reintegro y devolución de las sumas descontadas a la recurrente con intereses legales y reajustes que correspondan hasta el momento efectivo de devolución y que se abstengan de realizar en lo sucesivo de nuevos descuentos, con costas.

Que, el 26 de mayo del año en curso, comparece don Sergio Abarca Vargas, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, quien informa al tenor del recurso, solicitando el rechazo de la acción constitucional impetrada.

Indica que el descuento practicado en la remuneración de la señora nombre reservado tiene su origen en un préstamo que la recurrente solicitó el día 8 de julio de 2016 por la suma de $2.334.997 pagadero en 60 cuotas mensuales de $85.558 cada una, operación registrada bajo el folio 02501153691, cuyo primer vencimiento se verificó el 31 de agosto de 2016.

Añade que las cuotas 1 a 5 de agosto a diciembre de 2016 fueron pagadas a través de descuento en las remuneraciones de dichos meses de conformidad al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley 18.883.

Las cuotas de enero a marzo de 2017 fueron pagadas a través del seguro de cesantía contratado por la Sra. nombre reservado, cesándose en el pago de las cuotas posteriores, por lo que se dedujo demanda ejecutiva ante el 2 Juzgado de Letras de San Bernardo.

Añade que las cuotas 9 a 25 correspondientes a los meses de abril a agosto del año 2017 fueron pagadas en el periodo que va de enero de 2018 a diciembre de 2019 a través del sistema de recaudación intercajas y que de la misma forma que hizo la recaudación de la cuota N°26 en su remuneración de abril de 2020 respecto de la cual se recurre.

Agrega que es completamente falso que la recurrida haya concurrido a las oficinas de su representada para reprogramar la deuda, explicando que la reprogramación es una forma viable de solucionar la morosidad existente y dar término a la acción ejecutiva en curso.

Explica que, atendido el carácter social del crédito otorgado, el hecho que se haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el mutuo celebrado con la recurrente no obsta a la obligación legal de la Caja de Compensación de efectuar los descuentos de las cuotas adeudadas.

Indica que al momento de la interposición del recurso de protección la recurrente aún mantiene una morosidad por las cuotas de los meses de octubre de 2018 a abril de 2020 y aún se encuentran pendiente de vencimiento las cuotas de mayo de 2020 a julio de 2021, encontrándose en consecuencia el crédito plenamente vigente resultando ajustado a derecho su recaudación de conformidad al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley 18.833.

Agrega que la recurrente yerra al señalar que la acción para perseguir el pago de la deuda existente se encontraría prescrita toda vez que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 2492 y siguientes del Código Civil la prescripción alegada debe ser declarada judicialmente y no opera de pleno derecho, añadiendo que la vía cautelar no es la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción.

Asimismo agrega que el plazo de prescripción aplicable en la especie sería de 5 años el que no se encontraría cumplido, haciendo hincapié en que aún hay cuotas pendientes de vencimiento y añadiendo que en cualquier caso aun hallándose prescrita ello no obstaría la facultad de la Caja para hacer los descuentos puesto que el mutuo de la cual emana la obligación de la recurrente no se extinguiría por una eventual declaración de prescripción que únicamente se refiere a la acción ejecutiva para obtener el pago del pagaré firmado como garantía de ese mutuo.

Sostiene que encontrándose expresamente reconocida en el artículo 22 de la Ley 18.833 la facultad de la Caja para proceder en la forma que lo ha hecho no corresponde declarar que el acto ha sido ilegal ni arbitrario.

Previa cita de jurisprudencia referente a lo expuesto pide tener por evacuado el informe solicitado y rechazar el recurso de protección incoado.

Considerando:

1°) Que la acción de protección contenida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República debe ser ejercida ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que provoquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías a que dicha norma se refiere, para que en su caso, se adopten las providencias necesarias en el restablecimiento del imperio del derecho, asegurándose la debida protección del perjudicado. De lo que se sigue, que se trata de un procedimiento extraordinario, de emergencia, cuyo objetivo es remediar pronta y eficazmente los efectos lesivos de un actuar ostensiblemente contrario al ordenamiento jurídico o carente de fundamento o caprichoso, reparándose así el amago provocado a derechos o prerrogativas derivadas de situaciones ciertas y definidas y, por ello, con resguardo constitucional preferente. Todo ello sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los Tribunales correspondientes.

2°) Que en la especie el acto que se estima ilegal y arbitrario es el descuento efectuado por la CC. Los Andes la qu en su informe especifica que lo ha hecho a través de un tercero, y en virtud del convenio intercajas ede cuotas de un préstamo otorgado en el año 2016 por la suma de $2.342.557incluido interés, reajuste y seguro, pactado en 60 cuotas mensuales, iguales y sucesivas cada una de $205.414, las que a la fecha se encuentran prescritas y no se ha iniciado acción para el cobro de las mismas.

Tales descuentos, conforme lo expone la recurrida, sirvieron para el pago parcial del crédito, existiendo a la fecha 34 cuotas pendientes.

3°) Que el artículo 22 de la Ley N°18.833 dispone que, “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”. A su turno el artículo 22 de la ley 17.322 sobre Cobro de Cotizaciones Previsionales, prescribe que: “Los empleadores, como asimismo sus representantes legales, mandatarios y trabajadores que, por cuenta de ellos descuenten de las remuneraciones de sus trabajadores cualquiera suma a título de cotizaciones, aportes o dividendos de las obligaciones de éstos a favor de las instituciones de seguridad social, estarán obligados a declarar y a enterar esos descuentos y sus propias imposiciones y aportes dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones”

4°) Que la recurrida reconociendo el descuento en los términos planteados en la acción constitucional, afirma que en el caso de autos, el cobro del crédito social fue requerido por la Caja de Compensación Los Andes, a su nombre, en virtud del convenio que se celebró entre varias Cajas de Compensación para la ubicación y cobro de las deudas morosas, no obstante, si bien acompaña el contrato que celebra con Dimacofi, lo cierto es que revisados los antecedentes no se aprecia actuación alguna de dicha institución para los efectos del cobro de la deuda. De hecho revisados los antecedentes de la causa 643-2018, iniciada ante el 2° juzgado de letras de Buin para los efectos del cobro del pagaré en que se documentó la duda se constata que la ejecutante es la recurrida de autos.

5°) Que lo anterior resulta importante por cuanto se encuentra acreditado que la recurrida ha iniciado las acciones judiciales pertinentes para el cobro de la deuda que motiva las retenciones reclamadas. Dicha demanda fue notificada a la recurrente con fecha 09 de junio de 2018, sin que dedujera excepciones a la ejecución, siendo esa la vía idónea para hacer valer la prescripción que alega en esta acción constitucional 6°) Por otra parte, si bien la Excma. Corte Suprema ha sostenido en el ingreso de dicha Corte N° 18930-2018 en el que expuso: “Segundo: Que las Cajas de Compensación están obligadas, al menos, a dar noticias e información previas de sus determinaciones al afectado, tras el transcurso de un extenso tiempo, como el que sucede en la especie, entre la exigibilidad de la obligación y su cobro, y no actuar de improviso haciendo uso de una potestad unilateral consignada en la Ley N° 18.833, de 26 de septiembre de1989, que Establece el Estatuto Legal para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.). Más todavía cuando, como en la especie, se ha perseguido judicialmente el pago de la obligación.

7°) Que en la especie no se efectuó un cobro inoportuno ni sorpresivo dado que la recurrente ya estaba notificada de una acción de cobro en su contra, habiendo sido ésta quien no hizo efectivos los medios de defensa que existían en su favor, por la vía que correspondía, 8°) Que, de lo expuesto, surge que el actuar de la recurrida aparece ajustado a la ley sin que se haya actuado de manera arbitraria o sin fundamentos vulnerando alguna de las garantías alegadas en este recurso, por el contrario dio a la recurrente la debida oportunidad de defenderse, sin que lo haya hecho, de manera que en la oportunidad pertinente, esto es conocida la nueva relación laboral de ésta hizo uso de la facultad que le confiere el artículo 22 de la ley 18.883 razón por la cual el recurso de protección no puede prosperar.

Y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige en la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en representación convencional de doña nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese y comuníquese en su oportunidad.

Redacción: Ministro Dora Mondaca Rosales Rol 4268-2020-Protección Pronunciada por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministras señoras María Teresa Letelier Ramírez, María Alejandra Pizarro Soto y Dora Mondaca Rosales.