nombre reservado con SOCIEDAD MINERA SANTA FE (VISTA CONJUNTA INGRESO CORTE N°732-2026 AMPARO)

San Miguel, diecisiete de junio de dos mil veintiséis.

Vistos:

Primero: Que comparece nombre reservado, chileno, soltero, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado que deduce acción de protección en contra de la Sociedad Minera Santa Fe SpA., RUT N° RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, debido a la ejecución de actividades ilegales de extracción de áridos en el cerro Lonquén, Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad en la comuna de San Bernardo, que afectan de manera directa sus derechos fundamentales a la vida, la integridad física y psíquica, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y a desarrollar una actividad económica lícita, consagrados en los numerales 1°, 8° y 21° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que dichas actividades generan graves impactos en el medio ambiente, la salud pública y a la infraestructura critica nacional, realizándose sin la debida autorización y evaluación ambiental, contraviniendo las normativas vigentes, lo que en su parecer amerita la intervención urgente de esta Corte.

Refiere como antecedentes generales que la empresa Sociedad Minera Santa Fe SpA., se encuentra desarrollando una actividad ilegal de extracción de áridos en el sector del Cerro Lonquén, comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, el cual es un Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad que alberga flora y fauna nativa que, está siendo rápidamente devastada. Además, la actividad se ubica debajo de una línea de transmisión que abastece al Sistema Nacional de Energía, colocando en riesgo el suministro de energía de la población. Agrega que esta actividad, pese a los impactos significativos que genera al medio ambiente, la salud y seguridad de las personas, no cuenta con la aprobación de ningún organismo competente.

Indica que la actividad se emplaza en el predio denominado “Parcela 3, El Rodeo”, Rol SII N° 2595-73, ubicado en zona rural, conforme a la cartografía oficial del Servicio de Impuestos Internos, de la que se observa el perímetro de los predios superpuestos en el Cerro Lonquén, lo que permite dimensionar el área que abarca el cerro y que está siendo afectada por la actividad de extracción, lo que de acuerdo con mediciones efectuadas mediante polígono en el software ArcGIS Earth, el área aproximada del terreno intervenido corresponde a 328.035 m², equivalente a 32,8 hectáreas en proyección horizontal, a lo que añade que de acuerdo con la topografía propia del Cerro Lonquén, caracterizada por pendientes de diversa magnitud, la superficie real afectada sería levemente superior, dado que el programa calcula el área en proyección plana y no sobre el relieve, lo que incrementa la superficie efectiva en zonas con inclinación significativa.

Indica que de acuerdo con registros fotográficos y audiovisuales obtenidos en el lugar, se ha podido constatar que la empresa no solo ejecuta labores de extracción, sino que también procesa el material extraído mediante maquinaria tipo chancadora móvil, para posteriormente trasladarlo fuera del predio en camiones de alto tonelaje para su venta. Adjunta fotografías al efecto.

Señala que el Cerro Lonquén se encuentra reconocido oficialmente como Sitio Prioritario Cerro Lonquén (SP2-095), conforme a la Estrategia Regional de Biodiversidad de la Región Metropolitana, abarcando una superficie aproximada de 4.296 hectáreas, siendo el principal objeto de protección la conservación de los ecosistemas mediterráneos nativos y de las especies de flora y fauna asociadas, muchas de las cuales se encuentran en categoría de amenaza.

Refiere que en ese territorio se han registrado 79 especies de plantas, entre ellas 23 árboles, 27 arbustos, 2 epífitas, 5 suculentas y 22 herbáceas bulbosas. De éstas, 30 son endémicas, 41 nativas y 8 introducidas, lo que evidencia la alta vulnerabilidad ecológica del área, a lo que agrega que las comunidades vegetales predominantes corresponden al Matorral Espino-Litre y al Matorral Tebo-Colliguay, formaciones que cumplen funciones esenciales de refugio de biodiversidad, estabilización de suelos y provisión de servicios ecosistémico, como también que entre las especies vegetales de mayor relevancia se encuentran los bosques espinosos mediterráneos interior, compuestos principalmente por Acacia caven y Prosopis chilensis, clasificada esta última como “Vulnerable” conforme al Decreto N°13 de 2013 del Ministerio del Medio Ambiente (en adelante, “D.S N°13/2013”). Asimismo, se desarrolla el bosque esclerófilo mediterráneo andino, integrado por Quillaja saponaria y Lithraea caustica, destacando además, la presencia de la Alstroemeria pulchra, especie endémica de Chile central y catalogada “En Peligro (EN)”, junto con Gilliesia graminea y Porlieria chilensis (guayacán), ambas clasificadas como Vulnerables (VU). En la fauna, resalta la presencia del zorro culpeo (Lycalopex culpaeus), también en categoría Vulnerable, lo que refuerza el alto valor ecológico del sitio como hábitat funcional.

Menciona también que la fauna de vertebrados del Cerro Lonquén está compuesta por 96 especies, distribuidas en 23 mamíferos, 9 reptiles, 1 anfibio y 63 aves, lo que equivale al 52,5 % de las especies descritas para Chile central, de las cuales 67 son nativas, 16 endémicas, 10 introducidas y 3 de origen indeterminado, según la clasificación de la IUCN (2012). Este nivel de biodiversidad hace que el sitio sea de altísima relevancia para la conservación regional, especialmente considerando las presiones derivadas del crecimiento urbano.

Señala que la intervención del Cerro Lonquén mediante la actividad de extracción de áridos que ejecuta Sociedad Minera Santa Fe SpA. constituye una amenaza crítica y directa para las especies que habitan en este ecosistema único, afectando los equilibrios ecológicos y los procesos naturales del área, puesto que estas faenas generan impactos ambientales significativos, tales como:

• Aumento de material particulado y polvo en suspensión, • Emisión de gases contaminantes y de efecto invernadero (GEI), • Alteración del suelo y del agua, • Pérdida de cobertura vegetal y degradación del paisaje natural.

Precisando que tales efectos no solo comprometen la supervivencia de especies en categoría de amenaza, como Alstroemeria pulchra y el zorro culpeo, sino que también deterioran los ecosistemas que sustentan la biodiversidad local. El aumento de polvo y material particulado afecta la reproducción y comportamiento de las especies y dañan la flora endémica, alterando su capacidad fotosintética y el equilibrio biológico del ecosistema y asimismo, las excavaciones generan erosión, pérdida de nutrientes y desestabilización del terreno, afectando las funciones ecológicas del cerro.

Agrega que por otra parte, se constató que el proyecto no se encuentra registrado en el Catastro de Unidades Fiscalizables del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), lo que confirma que se trata de una actividad irregular, sin control ni supervisión ambiental. La ejecución de una faena extractiva de esta magnitud en un Sitio Prioritario para la Conservación, sin Resolución de Calificación Ambiental y sin evaluación de sus impactos, vulnera los artículos 10 letra i) y 11 letra d) de la Ley N°19.300, infringiendo además los principios preventivo y precautorio que son pilares fundamentales de la mencionada ley, por lo que en consecuencia, las actividades desarrolladas por Sociedad Minera Santa Fe SpA. en el Cerro Lonquén carecen de toda legalidad ambiental, y al mismo tiempo ponen en riesgo de daño irreversible un ecosistema de altísimo valor ecológico, comprometiendo su conservación y los servicios ecosistémicos que presta a la comunidad.

Refiere que en el último mes (noviembre de 2025), la actividad de extracción de áridos desarrollada por Sociedad Minera Santa Fe SpA se ha expandido aceleradamente hasta alcanzar el sector del Cerro Lonquén donde se emplaza las líneas de transmisión eléctrica denominadas “Alto Jahuel – Polpaico 500Kv” y “Línea de entrada a Alto Jahuel 2x500 kV Exp. 017/20102”, operada por la empresa Transelec S.A., las que forman parte del Sistema Eléctrico Nacional y constituye una infraestructura esencial para la seguridad del suministro energético en la Región Metropolitana y otras zonas del país, en las que además se establecieron fajas de servidumbre y seguridad.

Explica que la superposición de la faena extractiva con la línea de transmisión ha pasado de ser una preocupación potencial a una situación de riesgo inminente para la seguridad de los habitantes del sector y de toda la Región Metropolitana, puesto que la extracción de áridos se está realizando directamente bajo las torres de alta tensión, en vulneración de las normas técnicas y de seguridad, provocando la remoción de material y excavaciones dentro de la faja de servidumbre, lo que compromete la estabilidad de los taludes y de las torres, aumentando el riesgo de fallas estructurales, interrupción del suministro eléctrico e incluso el colapso de la infraestructura.

Señala el recurrente que ha vivido toda su vida en el sector de El Romeral, Parcela N°4, comuna de San Bernardo, a aproximadamente dos kilómetros del Cerro Lonquén y desde el inicio de las faenas extractivas de áridos en su ladera, el entorno ha cambiado drásticamente, ya que existe un el ruido constante, vibraciones del suelo y tránsito incesante de camiones de alto tonelaje, lo que ha alterado profundamente la tranquilidad del sector, afectando la salud, bienestar y calidad de vida.

A ello se suma, que en el mismo predio, mantiene una maestranza mecánica que constituye su principal fuente de ingresos, por lo que los impactos derivados de la faena —como la contaminación del aire, el ruido industrial y la alteración del terreno— han comprometido también su actividad económica, amenazando directamente la estabilidad de su sustento familiar.

Destaca que dicha actividad se emplaza en una zona ya declarada saturada por contaminación atmosférica, conforme al Decreto N°67 de 2014, que “Declara Zona Saturada por Material Particulado Fino Respirable MP2,5 como concentración de 24 horas, a la Región Metropolitana”, y al Decreto N°131, que “Declara Zona Saturada por Ozono, Material Particulado Respirable, Partículas en Suspensión y Monóxido de Carbono, y Zona Latente por Dióxido de Nitrógeno”, ambos del Ministerio del Medio Ambiente, explicando que estos contaminantes se asocian directamente con enfermedades respiratorias crónicas, cardiovasculares y con un aumento en la mortalidad prematura, como también que el metano es un potente gas de efecto invernadero y, además, un precursor del ozono troposférico, contaminante que se forma a nivel del suelo y constituye un componente fundamental del smog, por lo que la continuidad de la extracción de áridos en el Cerro Lonquén representa una amenaza cierta, grave y actual a su salud y a la de su familia.

Refiere que el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, aprobado por Resolución N° 20 de 1994, establece una regulación específica para la extracción de áridos dentro de la Región Metropolitana. Así, en su artículo 6.2.3 dispone que dichas actividades deberán calificarse previamente, estando condicionadas a la presentación de un plan de manejo y recuperación de suelos, así como de estudios de transporte y de incidencia territorial y a su vez, el artículo 6.2.3.1 del mismo instrumento indica que las actividades extractivas de áridos solo se permitirán “exclusivamente en los cauces de los ríos” señalados en dicha disposición, limitando, además, su desarrollo en zonas rurales o de valor ambiental.

Señala que en el caso de Minera Santa Fe, la faena se ejecuta en el Cerro Lonquén, a una distancia aproximada de 1.305 metros del río Maipo, esto es, fuera de los cauces autorizados y, por tanto, en un territorio donde la normativa expresamente prohíbe este tipo de explotación.

Añade que la actividad extractiva desarrollada por Sociedad Minera Santa Fe SpA. dentro del sitio prioritario para la conservación Cerro Lonquén se ejecuta sin haber sido sometida al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ( “SEIA”), infringiendo lo dispuesto en los artículos 10 letra i) y 11 letra d) de la Ley N°19.300, puesto que la primera disposición establece que deberán someterse al SEIA los “proyectos de desarrollo minero, incluidos los de carbón, petróleo y gas, comprendiendo las prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y disposición de residuos y estériles, así como la extracción industrial de áridos o greda”. Y, por su parte, el artículo 3 letra i.5.1) del Reglamento del SEIA en adelante, “RSEIA”) precisa los criterios objetivos que determinan cuándo una extracción de áridos adquiere carácter industrial y, por tanto, se encuentra comprendida en dicha causal, señalando que:

“i.5.1 Tratándose de extracciones en pozos o canteras, la extracción de áridos y/o greda sea igual o superior a diez mil metros cúbicos mensuales (10.000 m³/mes), o a cien mil metros cúbicos (100.000 m³) totales de material removido durante la vida útil del proyecto o actividad, o abarca una superficie total igual o mayor a cinco hectáreas (5 ha);”

Manifestando que en el presente caso, mediante la superposición de imágenes capturadas el 24 de octubre de 2025 en el programa Google Earth Pro, se comprobó que el área intervenida por Minera Santa Fe supera las cinco hectáreas, lo que permite afirmar razonablemente que la actividad corresponde a una extracción industrial.

Sin perjuicio de lo anterior, resulta evidente que la recurrida no ingresó y no podrá ingresar al al SEIA debido a que el proyecto es incompatible territorialmente, por lo cual no es posible que obtenga una Resolución de Calificación Ambiental favorable, por tanto, no hay forma alguna de que el proyecto pueda desarrollarse en este sitio de forma licita.

Indica en conclusión, que la actividad de extracción de áridos que lleva a cabo Sociedad Minera Santa Fe SpA en el Cerro Lonquén está generando una perturbación grave y permanente de sus derechos fundamentales, particularmente su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, junto con su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, además de restringir su libertad para desarrollar una actividad económica licita.

Las condiciones ambientales que esta actividad ilegal impone son insalubres y peligrosas, afectando directamente su salud, la de su familia y de toda la comunidad cercana. El aumento de material particulado, polvo en suspensión, ruido y vibraciones, sin haber ingresado al SEIA, agrava la situación, vulnerando su derecho a la vida, integridad física y psíquica, además de su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

A esta situación se suma que el Cerro Lonquén, es un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad. El hecho de que la actividad extractiva se ejecute sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental, en un área de tan alto valor ecológico, no solo contraviene las normas ambientales vigentes, sino que también genera impactos irreversibles en el ecosistema local, ya que la actividad extractiva implica ineludiblemente la corta y afectación a las especies nativas, muchas de las cuales se encuentran en peligro o en categoría vulnerable. Asimismo, genera un daño al paisaje y a los servicios ecosistémicos de la zona, comprometiendo el equilibrio ecológico, lo que constituye una grave amenaza a su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Expone además que por otro lado, la infraestructura critica está siendo gravemente comprometida por la actividad extractiva que se realiza bajo las torres de una línea de transmisión eléctrica de alta tensión sin cumplir con las distancias mínimas de seguridad establecidas por la normativa.

Segundo: Que evacuando el informe la Superintendencia del Medio Ambiente señala que en relación con lo solicitado, la Superintendencia ha recepcionado dos denuncias en contra de la Unidad Fiscalizable “EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS MINERA SANTA FE - SAN BERNARDO” en que se alega la extracción de áridos y polución producto de dicha actividad, denuncias que fueron individualizadas bajo los expedientes ID 445-XIII-2024 y 1051-XIII-2025, donde cabe mencionar que las personas denunciantes no coinciden con la parte recurrente o recurrida en autos de protección.

Agregando que en cuanto al estado actual de las denuncias, la Superintendencia a través del ORD. N°: Siden-RM- 584-2024, de fecha 18 de marzo de 2024 y ORD. N°: Siden-RM-1898-2025, de 12 de noviembre de 2025 informó a las personas denunciantes que su denuncia fue incorporada al proceso de fiscalización de la SMA. Así también, en lo que respecta a la denuncia en materia de polución, los antecedentes fueron derivados a la SEREMI de Salud, Región Metropolitana, para su conocimiento en el marco de sus competencias conforme el artículo 14 de la Ley N°19.880.

Señala finalmente que con relación al proceso de investigación, las actividades de fiscalización se encuentran priorizadas para el primer trimestre del año 2026.

Tercero: Que informando la Ilustre Municipalidad de San Bernardo expone que de acuerdo con la documentación que cuenta en su poder, la empresa Sociedad Minera Santa Fe SpA. ejerce su actividad en inmueble con Rol Predial 2595-73 correspondiente a la comuna de San Bernardo, propiedad que se encuentra inscrita a fojas 63, número 30 del año 2021, año de descubrimiento de la mina, correspondiente al Conservador de Bienes Raíces y Conservador de Minas de San Bernardo.

Que en virtud de lo anterior, informa que la empresa Sociedad Minera Santa Fe SpA., RUT RUT reservado, no registra extracción de áridos dentro de los excedentes de la actividad minera que fue entregada por concesión minera, que se encuentra inscrita bajo el Rol Minero N°13401-0208-4, NANO 1/20, correspondiente a Concesiones de Exploración código 1983 “Constituida”, a lo que añade que a la actividad minera indicada no corresponde el cobro del derecho municipal indicado en el artículo 26 Numeral 12 de la Ordenanza N° 13 sobre Derechos municipales y lo regulado en la Ordenanza Municipal N° 44, sobre “Extracción de áridos desde pozos lastreros ubicados en inmuebles de propiedad particular, comuna de San Bernardo” por lo que la actividad debe ser fiscalizada y regulada por el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN).

Agregando que la empresa recurrida paga sus derechos a Sernageomin desde el año 2022 a la fecha, y no a esa Municipalidad.

Finalmente señala que consultado el ente fiscalizador sobre infracciones a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley N° 18.695) y/o Decreto N° 2.385 de 1996, que fija el texto refundido del Decreto Ley N° 3.063 sobre Rentas Municipales, no se registran infracciones.

Concluye de lo anterior que la mencionada municipalidad no tiene los antecedentes solicitados por la parte recurrente.

Informe que posteriormente fue complementado manifestando que, según los registros con que cuenta dicha Municipalidad en fiscalización de 30 de diciembre de 2025, profesionales de Sernageomin constataron en la faena “Nano 1 al 20” operación de equipos de chancado y harneo, acopios de material pétreo, así como carguío y transporte material de camiones, como también que durante la fiscalización, el titular indicó que parte del material estéril generado en las labores se procesa y comercializa como “basalto” “maicillo” y “base esterilizada”, materiales utilizados habitualmente como áridos o insumos para construcción, a lo que adiciona que la empresa recurrida cuenta con autorización para minería extractiva de multimetales de “cinc, oro, plata, plomo y cobre”, mas no cuenta con las debidas autorizaciones para extracción de áridos como se indica en la Ordenanza Municipal N° 44 sobre “Extracción de áridos desde pozos lastreros ubicados en inmuebles de propiedad particular, comuna de San Bernardo”, por lo que en concordancia con lo señalado en la Ordenanza Local N° 13 sobre “Derechos Municipales”, la empresa se encontraría en incumplimiento por la extracción de áridos sin la competente autorización ni patente municipal que permita su funcionamiento.

Cuarto: Que informando la Corporación Nacional Forestal, por intermedio de la directora regional Metropolitana, señala que en relación con lo solicitado “respecto a la obligación de contar con un plan de manejo respecto de especies arbóreas presentes en el cerro Lonquén y, particularmente, en el lugar de la cantera, que poseen la característica de ser “bosque nativo”. Asimismo, que informe si Minera Santa Fe incurre en una infracción a la Ley N°20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.", expone que con fecha 17 de noviembre de 2025, personal fiscalizador de la Corporación, concurrió al predio Parcela N° 3, El Rodeo, Lo Herrera, Cerro Lonquén, Rol de Avalúo 2595-73, de la comuna de San Bernardo, a fin de efectuar el procedimiento de fiscalización correspondiente, ocasión en la que se levantó Acta de Infracción N° 34216, de fecha 17 de noviembre de 2025 y se elaboró el Informe Técnico de Corta No Autorizada en Bosque Nativo N° 15/2008-20/25, de fecha 18 de noviembre de 2025, que adjunta, que contienen en detalle, los aspectos técnicos de la fiscalización, dentro de lo cual destaca a modo de resumen, que en el sector se pudo detectar la existencia de un bosque nativo compuesto principalmente por la especie arbórea Espino (Acacia caven), el cual, producto de la realización de faenas mineras, extracción de áridos y remoción profunda de laderas, se intervino en una superficie de 1,75 hectáreas, la cual no contaba con un Plan de Manejo que la autorizara, vulnerando con ello el artículo 5° de la Ley 20.283, motivo por el cual se citó al represente legal de la empresa y se presentará ante el tribunal competente (Juzgado de Policía Local de San Bernardo), la respectiva denuncia.

Quinto: Que informando la Sociedad Minera Santa Fe SpA, como antecedentes preliminares señala que las actividades desarrolladas por la sociedad minera en el sector Cerro Lonquén no constituyen una faena desconocida, clandestina o ajena al control del Estado, sino que, por el contrario, se encuentran en conocimiento y bajo fiscalización de todos los organismos sectoriales con competencia, cada uno dentro del ámbito de sus atribuciones legales.

Explica que la faena minera denominada “Nano 1 al 20” cuenta con Declaración Minera y Plan de Cierre aprobados por el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) mediante Resolución Exenta N° PDM-91.1_1926, de fecha 8 de mayo de 2025, lo que autoriza expresamente la ejecución de actividades extractivas bajo el régimen de pequeña minería y método de explotación a cielo abierto, con producción acotada y plazo determinado.

A lo que agrega que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha tomado conocimiento formal de la actividad en virtud de denuncias ingresadas por terceros, instruyendo procedimientos de fiscalización y realizando una inspección ambiental en terreno con fecha 2 de diciembre de 2025, oportunidad en que se constató el estado operacional de la faena y la colaboración total del titular, requiriendo el envío de información complementaria, destacando que no se decretaron medidas urgentes y transitorias, no se ordenó paralización alguna, ni se constató riesgo al medioambiente o salud de las personas, encontrándose actualmente dichas denuncias en etapa de análisis y priorización conforme a la ley orgánica de dicho servicio.

Asimismo, refiere que la Corporación Nacional Forestal (CONAF) efectuó fiscalización directa en el predio lo cual consta el Acta de Infracción N°34216, de fecha 17 de noviembre de 2025, resultando en la elaboración de Informe Técnico de Corta No Autorizada en Bosque Nativo N°15/2008-20/25 de fecha 18 de noviembre de 2025. En esta se denuncia la corta de bosque nativo tipo espinal en una superficie acotada de 1,75 hectáreas, por tanto, se citó al representante legal a comparecer ante el Juzgado de Policía Local conforme a la Ley N° 20.283, sin que en dicho acto se haya declarado daño ambiental irreversible ni afectación que exceda el marco administrativo.

Añade que la Ilustre Municipalidad de San Bernardo, junto a su Dirección de Obras Municipales, informó que la actividad desarrollada por la recurrida corresponde a una faena minera amparada por concesión vigente, que no se encuentra sujeta a patente municipal por extracción de áridos y respecto de la cual no se registran infracciones a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades ni a la normativa de rentas municipales, reconociendo expresamente que la fiscalización de dicha actividad corresponde a Sernageomin y a los órganos ambientales sectoriales.

Indica luego que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), informa que la demandada se encuentra actualmente elaborando una Declaración de nombre reservado (DIA) para las etapas posteriores del proyecto, en consideración a la eventual configuración de causales de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental asociadas a la evolución de la actividad, lo que no solo descarta cualquier hipótesis de ocultamiento o elusión deliberada, sino que da cuenta de una conducta activa y colaborativa del titular, orientada a someter sus futuras fases operacionales al escrutinio ambiental que corresponda.

Manifiesta que de todo lo anterior se puede afirmar, sin ambigüedad, que la institucionalidad pública se encuentra plenamente informada, actuando y ejerciendo sus potestades en el ámbito de sus competencias, lo que por sí solo contradice las imputaciones de ilegalidad, arbitrariedad o ausencia de control que se formulan en el recurso.

Explica para descartar la hipótesis de elusión conforme al literal i.1 del artículo 3 del Reglamento del SEIA que la faena corresponde a un proyecto de minería metálica de pequeña escala, con una producción proyectada claramente inferior a 5.000 toneladas/mes, circunstancia que la sitúa fuera de las tipologías del artículo 10 de la Ley N° 19.300.

Refiere en relación con la imputación fundada en el literal p) del artículo 10 de la Ley N° 19.300 que la legislación ambiental chilena no prohíbe la ejecución de proyectos en áreas protegidas, y el literal antes indicado únicamente exige el sometimiento al SEIA cuando el proyecto se emplace en un área colocada bajo protección oficial, “en los casos en que la legislación respectiva lo permita”. Explicando que dicha disposición no impone, por sí sola, el ingreso mediante un Estudio de nombre reservado, sino que la determinación del instrumento de evaluación depende exclusivamente de la concurrencia de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley y, en el caso concreto, el sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad Cerro Lonquén no constituye un área colocada bajo protección oficial, según el listado vigente aprobado por el Ministerio del Medio Ambiente.

Precisa para descartar la afectación de componentes ambientales y de generación de efectos adversos significativos ambientales, que dichas afirmaciones no se encuentran respaldadas por constataciones técnicas ni administrativas, y resultan contradichas por los propios antecedentes levantados por los órganos fiscalizadores.

Señala en que en el marco de denuncias formuladas por terceros, la Superintendencia del Medio Ambiente efectuó una inspección ambiental en terreno, verificando el estado operacional de la faena, la forma de ejecución de las actividades y la colaboración del titular durante todo el procedimiento, inspección en la cual no se decretaron medidas urgentes y transitorias, no se ordenó paralización alguna de la faena, ni se constató la existencia algún riesgo al medio ambiente, afectación grave a la salud de la población, ni incumplimiento de instrumentos ambientales vigentes. Por el contrario.

Precisa en cuanto a la intervención de vegetación y manejo conforme a normativa forestal que la Corporación Nacional Forestal (CONAF) ejerció sus atribuciones de fiscalización y control, constatando la existencia de bosque nativo tipo espinal intervenido en una superficie aproximada de 1,75 hectáreas, dentro de un área total de aproximadamente 4,62 hectáreas, representando aproximadamente un 37.88% del total. Dicha constatación dio lugar al inicio de un procedimiento sancionatorio conforme a la Ley N° 20.283, lo que demuestra que la situación denunciada ha sido abordada a través del mecanismo institucional específico y legalmente previsto.

Luego en cuanto a lo referente a las emisiones de metano, esta alegación resulta técnicamente infundada, puesto que el metano es un gas que se genera, principalmente, por procesos de descomposición anaeróbica de materia orgánica y no en la remoción de roca y suelo mineral.

Señala que la maquinaria utilizada en la operación corresponde a una de reciente fabricación y de alto estándar técnico, que se encuentra debidamente inspeccionada, mantenida y operativa, conforme a las pautas técnicas del fabricante. A ello se suma que dichos equipos incorporan sistemas de control y mitigación de polvo integrados de origen, lo que contribuye a minimizar la generación y dispersión de material particulado durante las faenas.

Posteriormente señala, en relación con los supuestos impactos ambientales como tales como material particulado, ruido, vibraciones y afectación a la salud de las personas. Estas afirmaciones carecen de sustento técnico y no se acompañan antecedentes que permitan establecer una relación causal directa entre las faenas desarrolladas por mi representada y los efectos alegados.

Indica también la inexistencia de afectación o riesgo para la infraestructura eléctrica de alta tensión, puesto que dicha imputación carece de todo sustento fáctico y técnico, y resulta contradicha por los antecedentes objetivos que se acompañan a estos autos, puesto que conforme a los levantamientos topográficos y planimétricos realizados en terreno, las torres de alta tensión y sus respectivos tendidos eléctricos se emplazan a una distancia significativa respecto del área efectivamente intervenida por la faena, existiendo entre ambos una zona continua no intervenida, que actúa como franja de resguardo natural.

Por último refiere que el recurso es extemporáneo, por cuanto el recurrente ha tenido conocimiento efectivo y previo de la existencia, ubicación y operación de la faena desde hace varios años, circunstancia que se explica por su vínculo laboral y operativo anterior, a través de una empresa de su entorno familiar que prestó servicios de manera continua a la recurrida.

Sexto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quienes incurren en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Séptimo: Que el recurrente por medio de esta acción manifiesta que la recurrida se encuentra desarrollando una actividad ilegal de extracción de áridos en el sector del Cerro Lonquén, comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, el cual es un Sitio Prioritario para la conservación de la biodiversidad que alberga flora y fauna nativa , además de ubicarse la actividad debajo de una línea de transmisión que abastece al Sistema Nacional de Energía, colocando en riesgo el suministro de energía de la población. Señala finalmente que el actuar de este genera significativos impactos al medio ambiente, en especial a la salud y seguridad de las personas, como además que tampoco cuenta con la aprobación de los organismos competentes.

Octavo: Que en primer termino debe señalarse que la argumentación del recurrido en cuanto a la extemporaneidad del recurso no puede ser acogida, por cuanto las acciones a que hace referencia el demandante en su presentación son de naturaleza permanente.

Noveno: Que del examen de los antecedentes demuestra, se colige que la extracción de áridos ejecutada por la recurrida constituye una actividad ilegal, desde que, como se lee en el Acta de fiscalización de 5 de diciembre de 2025, evacuada por SERNAGEOMIN, el permiso sectorial otorgado por esa autoridad mediante Resolución Exenta N° PDM-91.1_1926 no contempla el procesamiento ni la comercialización de áridos, a la vez que tampoco permite el uso de una planta de chancado como método de operación de la instalación, actividades todas cuyo ejercicio práctico por parte de la recurrida fue observado por el funcionario fiscalizador del citado ente gubernamental.

Refrenda la referida ilegalidad, la circunstancia de que la Municipalidad de San Bernardo, mediante Decreto Exento N° 1515, de 10 de marzo de 2026, dispuso la clausura “inmediata de la propiedad, faena minera ‘Nano 1 al 20’, ubicada en la Parcela N°3, El Rodeo, comuna de San Bernardo, empresa Sociedad Minera Santa Fe SpA., RUT N°RUT reservado, Actividad: ‘Extracción de materiales áridos y/o excedentes de la actividad minera y que se destinan a la construcción’; indicando además, que las actividades de ‘Planta Procesadora de áridos’ y ‘Comercialización de Materiales Pétreos’, debido a que no cuenta con la respectiva Patente Municipal que autorice su funcionamiento”.

La realización de la mentada actividad extractiva y de comercialización resulta asimismo arbitraria, desde que no se advierte una motivación que razonablemente justifique la operación de la actividad explotada por la recurrida, más allá del mero afán de obtener un beneficio económico, sin respetar para ello la normativa que regula la actividad económica de que se trata. En otras palabras, la parte recurrida no ha hecho valer antecedente alguno que demuestre la existencia de un motivo, racional y lógico, que justifique la explotación por su parte, de manera irregular y clandestina, de un negocio debidamente regulado y que, por consiguiente, exige la previa obtención de diversos permisos y autorizaciones que garanticen el respeto y debido resguardo de los derechos e intereses de terceros y del medio ambiente.

Por otra parte, la lectura del proceso pone de manifiesto que el accionar del recurrido quebranta, además, la garantía del N° 8 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En efecto, mediante el Ord. N° 227/2025, de 27 de noviembre de 2025, la Directora Regional Metropolitana de la CONAF informó a esta Corte que, efectuada una fiscalización en el inmueble de que se trata, se estableció que en la realización de las faenas de “extracción de áridos y remoción profunda de laderas, se intervino en una superficie de 1,75 hectáreas, la cual no contaba con un Plan de Manejo que la autorizara, vulnerando con ello el artículo 5° de la Ley 20.283”, motivo por el cual citó al representante de la empresa e indicó que se cursaría una denuncia ante el Juzgado de Policía Local competente.

Asimismo, el SERNAGEOMIN informó que, en la fiscalización realizada el 5 de diciembre de 2025, se detectó, entre otros hallazgos, que la recurrida no sólo lleva a cabo una actividad extractiva, de procesamiento y de comercialización de áridos que no cuenta con las autorizaciones pertinentes, sino que, además, en su ejercicio la recurrida no cuenta con los elementos necesarios para prevenir la dispersión del polvo que inevitablemente genera un proceso como el descrito. En efecto, en el Acta de fiscalización remitida a esta Corte se lee que durante “el recorrido por el sector de la Planta de Chancado, se constató que los aspersores de los equipos de chancado se encuentran en malas condiciones, lo que provoca una deficiente captación de polvo y expone a los trabajadores a material particulado en suspensión”.

Finalmente, la señalada transgresión se deduce de lo expuesto por la propia recurrida, en cuanto informó a esta Corte que con “fecha 01.04.2026, se presentó ante el SEIA la Declaración de nombre reservado del proyecto ‘Extracción y nombre reservado desde Cantera en Cerro Lonquén, San Bernardo’” y que “Mediante Resolución Exenta N° 20261300193, de fecha 09.04.2026, la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental (Región Metropolitana) acogió a trámite dicha DIA, confirmando la existencia de un procedimiento administrativo técnico vigente para conocer y resolver la materia ambiental”.

De lo referido se sigue, como es evidente, que la propia recurrida reconoce, de manera implícita, que la actividad extractiva que llevaba a cabo requería, de manera previa a su ejecución, de la aprobación pertinente de los organismos ambientales competentes, la que, sin embargo, no recabó oportunamente, sino sólo después de la presentación de la acción de autos y, más aun, de que se dispusiera la clausura de la faena de que se trata.

Refuerza dicha convicción la circunstancia de que la recurrida explica, en la misma presentación que, a propósito de la tramitación de dicha DIA, diversas autoridades efectuaron observaciones, entre las cuales: “La SEREMI de Salud Región Metropolitana, mediante Ord. N° 1193, de fecha 29.04.2026 (remitido electrónicamente el 06.05.2026), formuló observaciones a la DIA, incluyendo requerimientos de aclaración sobre compatibilidad entre eventuales actividades (mineral/áridos), observaciones en ruido/vibraciones (identificación y correcta ubicación de receptores) y emisiones atmosféricas (balance de masa, parámetros/áreas de tronadura, inclusión del transporte en emisiones, correcciones metodológicas), observaciones a PAS sanitarios (incl. PAS 138) y anuncio de mantener pendientes pronunciamientos sectoriales mientras no se respondan satisfactoriamente sus observaciones”.

Como se sigue de lo dicho, la autoridad sanitaria ha solicitado a la empresa que efectúe diversas aclaraciones en torno a materias propias de su competencia, entre ellas una referida a emisiones atmosféricas, vale decir, en la misma línea de la irregularidad detectada por el SERNAGEOMIN en la fiscalización de 5 de diciembre de 2025, respecto del mal estado de los aspersores situados en el sector de la Planta de Chancado, lo que reafirma la vulneración de la garantía constitucional mencionada más arriba.

En las anotadas condiciones resulta forzoso concluir que la actividad de que se trata, amén de ilegal y arbitraria, infringe el derecho de la actora a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, desde que por su intermedio no sólo se ha afectado extensamente el bosque nativo existente en el lugar, sino que, igualmente, su ejercicio genera una abundante e inevitable contaminación atmosférica mediante la producción de polvo, cuya emisión, empero, no ha sido controlada a través de los medios idóneos existentes y exigidos para tal fin.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Sociedad Minera Santa Fe SpA., sin costas, solo en cuanto se dispone que la recurrida sólo podrá ejecutar nuevamente la actividad económica de que se trata en el evento de que todas las autoridades competentes, municipales y ambientales, aprueben los permisos y otorguen las autorizaciones que a cada una de ellas corresponda.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del ministro Sr. Farías Pino.

N°4263-2025 Protección Pronunciada por la primera sala de esta Corte de Apelaciones integrada por los ministros señor Carlos Farías Pino, señor Danilo Quezada Rojas y el señor Carlos Hidalgo Herrera, quien no firma no obstante que concurrió a la vista y posterior acuerdo de la causa, por haber terminado su periodo de suplencia.