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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 426-20197 may 2019

nombre reservado CONTRA DE PLASTICOS nombre reservado S.A.

Fecha
7 de mayo de 2019
Corte
Corte de Apelaciones de San Miguel
Resultado
Acogida
Cita
Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol N° 426-2019, sentencia de 7 de mayo de 2019

Resumen

Se acoge el recurso de protección y se ordena a la empresa paralizar sus faenas entre las 21:00 y las 7:00 hasta adoptar medidas que cumplan los niveles de presión sonora del Decreto Supremo N° 38 de 2011, por la contaminación acústica que afecta a los vecinos.

Texto íntegro

Santiago, siete de mayo de dos mil diecinueve.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece don nombre reservado y don nombre reservado, quienes interponen recurso de protección en contra de Plásticos nombre reservado S.A., representada por don nombre reservado, por la vulneración de las garantía constitucionales consagradas en los numerales 8, 1 y 21 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público o la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, lo anterior por ser vecinos circundantes al inmueble de propiedad de la empresa recurrida.

Exponen que la recurrida funciona desde el 10 de febrero del año 1996 en el domicilio de domicilio reservado: fabricación de otros artículos de plástico, 513990: venta al por mayor de otros enseres domésticos N.C.D., 749990: otras actividades empresariales N.C.P., y agregan que desde el año 2014 su tranquilidad y salud física y psíquica se ha visto afectada por la periódica y permanente contaminación acústica que la recurrida emite sin fiscalización alguna, día y noche, los 365 días del año. Indican que la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo ha omitido realizar fiscalizaciones periódicas al mencionado domicilio, como también la Superintendencia de Medio Ambiente.

Señalan que por dicha contaminación acústica ellos no pueden hacer uso de los diferentes espacios de sus propiedades, obligándolos a encerrarse al interior de sus propios dormitorios, lo que les ha provocado una sordera irreversible, úlceras gastrointestinales, cefaleas, colon irritable, hipertensión, migrañas, insomnio agudo permanente, y dañando en forma seria y aguda su salud psíquica, con crisis de angustia y pánico, estrés severo o agudo; gatillante de enfermedades crónicas como psoriasis, dermatitis aguda, depresión exógena severa, vómitos, irascibilidad, irritabilidad, trastornos de la personalidad, síndrome del trastorno agudo del sueño, tensión nerviosa, síndrome de movimiento Involuntario de las extremidades.

Exponen que han agotado todas las instancias de dialogo ante la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo y todos sus esfuerzos han sido infructuosos, rechazo que se produce por el Director de Obras Municipales de la referida Municipalidad, don nombre reservado, arquitecto, quien por resolución de 1 de octubre del año 2014, señaló en respuesta a la solicitud de 28 de agosto del mismo año que, de acuerdo a lo informado por la Dirección de Administración y Finanzas, la empresa recurrida, cumple con todas las normas legales y sanitarias para su funcionamiento, y que el personal del Departamento de Fiscalización recorrió un solo día el recinto donde se encuentra domiciliada la recurrida en el mes de septiembre del año 2014 y que ese día no se detectaron ruidos molestos, anotando que el horario de funcionamiento de la empresa era de las 08:00 a las 18:00 hrs, y que la recurrida no realizaba trabajos en la noche. Exponen que todo lo indicado es falso, indican a modo de ejemplo que la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo no ha advertido que según la ficha de zonificación de la comuna, realizada en el mes de julio del año 2007, la recurrida se encuentra domiciliada en un Suelo clasificado como "Zona H", donde los usos del suelo permitidos son: vivienda, comercio, oficina, equipamiento, áreas verdes, talleres artesanales inofensivos. Industria y/o bodegas inofensivas: y cuyos usos excluidos son todos los no mencionados anteriormente, lo que denota un evidente ilegalidad en el actuar de la recurrida.

Indican que la contaminación acústica de la recurrida produce un exceso de decibeles sobre todo cuando en dicha empresa se encienden o abren válvulas como de calderas, que producen un ruido ensordecedor, muy superior a 70 decibeles, semejante al ruido que produce una "turbina de avión comerciar", no respetando la ley que ha preestablecido los niveles máximos permisibles de presión sonora corregidos, como lo indica explícitamente el artículo 10, del Título IV, Niveles máximos permisibles de presión sonora corregidos, del decreto N° 38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

Refieren que otra ilegalidad se produce en la ocupación máxima de suelo que para la "Zona H" es del 60% del suelo, y la recurrida ocupa más del 90% del suelo.

Exponen que una cuarta ilegalidad consiste en el horario de funcionamiento de la fábrica, ya que funciona durante todo el día y toda la noche, presumiblemente en dos turnos, extendiéndose su jornada de funcionamiento después de las 18:00 hrs.

Indica que en atención a lo establecido en la ficha de zonificación de la comuna de Lo Espejo regulada y aprobada por la Dirección de Obras Municipales, y lo contenido en el Decreto N° 38/ 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, el actuar de la recurrida es ilegal y en cuanto a la arbitrariedad, entendida como la carencia de racionalidad en el actuar u omitir, la conducta de la recurrida se debe considerar de esta forma, ya que ella suscribió un compromiso con la autoridad municipal a través de su Dirección de Obras Municipales, conociendo de antemano la zona dentro de la cual se encuentra establecida y, los usos y capacidad de ocupación de suelo para la zona H, según ficha de zonificación de la comuna de Lo Espejo y según Plano Regulador de la comuna, y conociendo los requisitos que la Ley General de Urbanismo y Construcción establecía para el desarrollo e instalación de una industria para desarrollar actividades productivas, elaborando un proyecto para dicha actividad, procediendo luego por mero capricho y afán de lucro a instalar uno diferente, ya que la recurrida cuenta con un Permiso de edificación N° 314, de 7 de septiembre del año 2004, con destino galpón y el destino real que la recurrida ejecuta es según el código de actividades 252090: fabricación de otros artículos de plástico. 513990: venta al por mayor de otros enceres domésticos y 749990: otras actividades empresariales; no ha tenido nunca ni ha sido usado el inmueble de la recurrida como destino el de galpón.

A continuación, indica que los hechos descritos constituyen vulneración a la Garantía Constitucional establecida en el N° 8° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, consistente en "El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones especificas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente".

Expresan que dicha garantía está siendo conculcada diariamente por la recurrida, quien infringe la normativa legal administrativa contenida en el D.S. N° 38 del Ministerio del Medio Ambiente que establece la norma de emisión de ruidos generados por fuentes que indica, elaborada a partir de la revisión del Decreto N° 146, de 1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Agrega que se vulnera la Ley N° 20.285, que establece el acceso a la información pública, específicamente el artículo 10 que consagra el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos, acuerdos y a toda información elaborada con presupuesto público, pero en la especie, no han podido tener acceso a la información respecto al Certificado de Calificación de Actividad o de Calificación Técnica que emite el SEREMI de Salud Metropolitano competente, para informarse si la recurrida es un taller o industria, y si es inofensiva, molesta o peligrosa.

También invoca como vulnerada la garantía consagrada en el N° 1 del artículo 19 de la carta fundamental, esto es, "el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona", pues precisa que dicha garantía se extiende más allá de la protección de la vida en un sentido estricto y comprende también la totalidad (integridad) de los aspectos que la constituyen, por lo que los hechos materia del recurso amenazan y perturban seriamente dicha garantía por la contaminación acústica que emite la recurrida, emitiendo decibeles mayores a los permitidos por ley para la zona donde se encuentra emplazada; lo que les ha provocado los daños a la salud física y síquica antes indicados.

En tercer lugar, indica que la recurrida vulnera la garantía contenida en el numeral 21 del artículo 19, esto es "el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen", toda vez que la recurrida les impide desarrollar actividades comerciales en sus domicilios, como por ejemplo jardines infantiles, restaurantes, fuentes de soda, almacenes, peluquerías, etc., dada la contaminación acústica que produce.

Expone que la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo ha tenido una débil actuación a través de las escasas fiscalizaciones llevadas a cabo, frente a los incumplimientos de la recurrida y las diversas denuncias y solicitudes de fiscalización presentadas.

En cuanto al plazo para reclamar del acto ilegal, señala que la contaminación acústica que provoca la recurrida ha sido permanente desde el año 2014 y hasta el día de hoy, durante todo el día y la noche, y también las demás ilegalidades que comete la recurrida continúan hasta el día de hoy, por lo que se encuentra dentro de plazo para su interposición.

Finaliza su presentación solicitando que se acoja la acción interpuesta y, en definitiva, que se adopten, de inmediato, todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección y cautela de sus derechos afectados; disponiendo que la recurrida se someta a un estudio de impacto ambiental y, en especial, se sirva ordenar el cese o paralización de las faenas de la empresa Plásticos nombre reservado S.A. mientras se realice el referido estudio y, en todo caso, mientras ésta no cumpla con medidas urgentes de mitigación de ruido como, por ejemplo, que los muros, paredes y murallas tanto internos como externos de la recurrida tengan revestimientos fonoabsorbentes; colocar pantallas acústicas de mitigación de ruido entre el foco emisor y los elementos receptores (sus muros que deslindan con los de la recurrida), que tengan la altura precisa para reducir el nivel sonoro producido por el emisor en las tachadas de nuestras casas, puesto que el índice de aislamiento acústico puede bajar hasta 40 decibeles dB(A), o las medidas que se sirvan decretar, con costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

- Copia de Formulario de Denuncias (Ley de Urbanismo y Construcciones) de la Dirección de Obras Municipales, Departamento de Inspección, de 28 de agosto de 2014, a nombre de don nombre reservado.

- Copia simple de respuesta a solicitud, ORD DOM 900/207/114/2014, emitida por Director de Obras Municipales de la Municipalidad de Lo Espejo, de 1 de octubre de 2014.

- Copia de Ficha de Zonificación de la comuna de Lo Espejo emitida por la Dirección de Obras Municipales de esa municipalidad, de fecha de revisión julio del año 2007.

nombre reservado: Que informa al tenor del recurso don nombre reservado, abogado, quien pide su rechazo, con costas.

En primer término, indica que el recurso es extemporáneo, toda vez que conforme se lee en el mismo, los ruidos molestos ocurren desde hace cuatro años a la fecha y, desde esa época, ha estado sufriendo él, su familia y amigos, los efectos perniciosos a su salud física y psíquica, por lo que el plazo contemplado en el numeral 1 del Auto Acordado que regula la tramitación y fallo del recurso de protección se ha excedido con creces, habiendo incluso recurrido a servicios públicos reclamando en contra de su parte, solicitando revisiones, inspecciones y fiscalizaciones.

Asimismo, indica que el recurso es improcedente, atendido que se trata de una acción que persigue reprimir actos u omisiones que afecten garantías constitucionales cuando el afectado no tiene otro procedimiento o vía de solución para restablecer el imperio del derecho y siempre que tenga derechos indubitados lo que, en la especie, no ocurre.

Hace presente que el actor ha comparecido en diversas instancias municipales e incluso en noviembre del año 2018 presentó una denuncia ante Carabineros, quienes remitieron el parte N° 465 al Juzgado de Policía Local de Lo Espejo, lo que dio lugar a la causa rol 9103-4-2018, en la cual el representante legal de su parte compareció a prestar declaración. Agrega que, ante la existencia de la denuncia ante el tribunal de policía local, es manifiesto que los derechos del recurrente no son indubitados, pues, para que prospere su denuncia, deberá probar la existencia de ellos, pudiendo su representada ser absuelta de la misma.

Expone que esta materia está regulada por la Ordenanza Municipal número 8, de 29 de julio de 1999, en la que están establecida las infracciones, el procedimiento, tribunal competente y sanciones ante la existencia de ruidos molestos, siendo improcedente que esta materia sea conocida por esta Corte.

En cuanto al fondo del recurso, indica que no es efectivo que su parte haya incurrido en ninguna de las imputaciones hechas por el recurrente, ya que desde los inicios de su funcionamiento ha cumplido con todas sus obligaciones legales y reglamentarias para el desarrollo de su giro, contando con todas las patentes, autorizaciones y permisos, sin que haya sufrido ninguna sanción.

Agrega que tiene inicio de actividades registrada en el Servicio de Impuestos Internos, que también cuenta con patente comercial y recepción final de las obras construidas en el predio, dado por la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo, cumpliendo con la normativa para su funcionamiento y además tiene las autorizaciones sanitarias correspondientes, emanadas de la SEREMI de salud.

Indica que resulta inverosímil que los padecimientos del recurrente se deban a supuestos ruidos molestos causados o que tengan su fuente en la actividad de su parte.

Señala que en cuanto a la garantía del numeral 21 del artículo 19, no se ha acreditado en el recurso cuáles actividades económicas han llevado adelante los recurrentes y, por como se lee, parecieran ser que solo son eventuales o posibles en el futuro, siendo cuestionable entonces que haya algún derecho efectivamente afectado por los hechos de que trata el recurso.

Acompaña a su informe:

1. Copia de la causa rol 9103-4-2018, del Juzgado de Policía Local de Lo Espejo.

2. Copia de parte policial N° 467, de 25 de noviembre de 2018.

3. Resolución exenta 76733, de 19 de diciembre de 2012, emanada de la SEREMI de Salud de la Región Metropolitana.

4. Copia solicitud N° 62349, de 24 de diciembre de 2009, para regularizar la actividad de fábrica de envases plásticos, calificada de inofensiva.

5. Datos tributarios de la empresa Plásticos nombre reservado S.A.

6. Certificado de recepción definitiva N°17/2008, de Ilustre Municipalidad de Lo Espejo.

7. Certificado DOM N° 407-2016.

8. Copia de Patente comercial de Plásticos nombre reservado S.A.

9. Ficha de zonificación de la comuna de Lo Espejo, Zona H.

10. Resolución exenta N° 17552 de 29 de agosto de 1997, del Servicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana.

Tercero: Que informa, asimismo, don nombre reservado, Director de Obras de la Municipalidad de Lo Espejo, quien indica que la propiedad ubicada en domicilio reservado, cuenta con permiso de edificación, de fecha 7 de septiembre del 2004, y recepción final, de 15 de agosto del 2008, con destino galpón. Añade que, de acuerdo al Plan Regulador Comunal vigente, la propiedad en cuestión se encuentra inserta en la Zona H, y que para dicho inmueble los destinos permitidos son: vivienda, comercio, oficina, equipamiento, áreas verdes, talleres artesanales inofensivos, industria y/o bodegas inofensivas y adjunta certificado de informes previos.

Cuarto: Que emite informe don nombre reservado, Superintendente del Medio Ambiente, quien indica que la entidad a la que representa no ha llevado adelante actividades de fiscalización y tampoco ha recibido denuncias.

Agrega que, en consideración al oficio remitido por esta Corte, se ha solicitado la realización de una actividad de fiscalización, para que sea desarrollada por la División de Fiscalización de esa Superintendencia, actividad que se verá reflejada en el informe técnico de fiscalización ambiental respectivo, que dará cuenta del cumplimiento o incumplimiento de la norma de emisión por parte de la recurrida.

Dando cumplimiento a lo resuelto por la primera sala de esta Corte, el 8 de marzo del año en curso acompañó el informe técnico de fiscalización ambiental que da cuenta que el NPC obtenido excede el nivel máximo permisible para la zona en período nocturno. Respecto a ello, se señaló que el 21 de marzo pasado los antecedentes fueron derivados a la división de sanción y cumplimiento de la Superintendencia para que se evalúe iniciar un procedimiento sancionatorio por los hechos verificados en el acta de fiscalización ambiental.

Quinto: Que, finalmente, informa doña nombre reservado, Secretaria Regional Ministerial de Salud, quien adjunta copia de la Resolución Exenta N° 076733, de 19 de diciembre de 2012, en que se informa favorablemente la actividad de fábrica de artículos plásticos con impresión serigráfica a desarrollarse en el local ubicado en domicilio reservado, de la comuna de Lo Espejo y además se adjunta copia de la Resolución Exenta N° 004842, de 30 de marzo de 2010, en la que se certifica que la actividad de fábrica de envases plásticos es calificada de inofensiva, siempre y cuando siga controlando sus molestias dentro de sus propio predio e instalaciones Sexto: Que, en primer término, se desestimará la alegación de extemporaneidad de la acción constitucional deducida que alega la recurrida, por cuanto si bien es cierto que las molestias y padecimientos que los recurrentes arguyen comenzaron a producirse hace más de cuatro años, el principal reproche que formulan a la empresa recurrida -emisión de ruidos superiores a los permitidos- se ha sucedido en el tiempo, por lo que cada vez que se superan los niveles máximos de emisión de ruidos que el ordenamiento jurídico permite, se genera la vulneración constitucional que los actores esgrimen.

Por otro lado, los otros dos actos reprochados por la parte recurrente -estar instalada la fábrica en zona no permitida y superar el nivel máximo permitido de ocupación del suelo-, son de efectos permanentes en el tiempo, es decir, se prolongan hasta la fecha, al decir de los recurrentes, por lo que la acción constitucional intentada no precluye mientras los efectos continúen produciéndose, de tal manera que el presente arbitrio constitucional no resulta extemporáneo y, por ello, la alegación que se examina será rechazada.

Séptimo: Que en cuanto al fondo de la acción deducida, es del caso recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

Octavo: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal cuando, fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha sido motivo de la acción cautelar.

Noveno: Que, en consecuencia, para la procedencia de la acción tutelar deducida se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) existencia de la acción u omisión reprochada; b) ilegalidad o arbitrariedad de esa conducta; c) directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegidas por esta vía; d) posibilidad material y jurídica de la Corte de brindar la protección debida mediante la adopción de medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Décimo: Que se desestimará la alegación de la recurrida de inexistencia de un derecho indubitado de los actores como para accionar por la vía sub iúdice por existir actualmente una causa ante el Juzgado de Policía Local de Lo Espejo (rol 9103-4-2018), pues la posibilidad de accionar por otras vías para obtener la protección del bien jurídico que se reclama no excluye la interposición de la acción constitucional sub lite, que permite adoptar medidas de resguardo inmediatas para amparar el ejercicio de las garantías fundamentales que se estiman conculcadas.

Undécimo: Que en cuanto al primer requisito de procedencia de la acción constitucional en análisis, de la relación efectuada por la recurrente en su libelo recursivo aparece que los actos reprochados por ésta son, según hemos dicho, tres, a saber: i) emisión de ruidos cuyos decibeles son superiores a los permitidos por la normativa vigente; ii) estar instalada la fábrica, según ficha de zonificación de la comuna de Lo Espejo, en suelo clasificado como Zona H, donde los únicos usos de suelo permitidos son vivienda, comercio, oficina, equipamiento, áreas verdes, talleres artesanales inofensivos, industria y/o bodegas inofensivas, y iii) superar el nivel máximo permitido de ocupación del suelo que, para la Zona H, es de 60%, siendo que ocupa con la fábrica construida más del 90% del suelo.

Duodécimo: Que el segundo requisito de procedencia de la acción constitucional sub iúdice es, según hemos dicho, la ilegalidad o arbitrariedad de tales conductas, para la cual corresponde analizar si las acciones reprochadas contravienen alguna norma del ordenamiento jurídico aplicable en este caso, o si la recurrida se ha excedido en el ejercicio de las facultades que la ley le confiere, o ha actuado de manera caprichosa o irracional.

Decimotercero: Que, desde ya, se desestimará la alegación de ilegalidad de los actos consistentes en el funcionamiento de la fábrica en una zona cuyo uso de suelo impediría la realización de las actividades que la recurrida ejecuta y de tener un nivel de construcción superior al permitido, por cuanto no existe antecedente alguno en esta causa que permita acreditar tales aseveraciones.

En efecto, según consta en Ordinario DOM N° 900/62/2019, que el Director (S) de Obras Municipales remite a esta Corte, “la propiedad cuenta con Permiso de Edificación N° 314 de fecha 07 de septiembre del 2004 y Recepción Final N° 17 de fecha 15 de agosto del 2008, con destino galpón (se adjunta plano de arquitectura y fotocopia de dichos documentos). De acuerdo al Plan Regulador Comunal vigente, la propiedad en cuestión se encuentra inserta en la Zona H, se deja presente que las exigencias establecidas en las condiciones de edificaciones son las mismas que correspondían al año 2004, cuando se emitió el Permiso de Edificación respectivo. Respecto a la zonificación correspondiente para dicho inmueble los destinos permitidos son: Vivienda, comercio, oficina, equipamiento, áreas verdes, talleres artesanales inofensivos, industria y/o bodegas inofensivas”.

Por su parte, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, mediante Ordinario N° 772, de 5 de febrero del año en curso, informó a esta Corte que “En relación al oficio del antecedente, y en cumplimiento de lo solicitado, adjunto copia de la Resolución Exenta N° 076733 de fecha 19.12.2012 en que se informa favorablemente la actividad de fábrica de artículos plásticos con impresión serigráfica a desarrollarse en el local ubicado en domicilio reservado. A su vez, adjunto copia de la Resolución Exenta N° 004842 de fecha 30.03.2010, en la cual se certifica que la actividad de fábrica de envases plásticos, ubicada en domicilio reservado [sic], comuna de Lo Espejo, es calificada de inofensiva, siempre y cuando siga controlando sus molestias dentro de su propio predio e instalaciones”.

Decimocuarto: Que, en cuanto a la emisión de ruidos molestos, cuyos decibeles superarían, a juicio de la recurrente, el máximo permitido por el ordenamiento jurídico, es del caso señalar que don nombre reservado, Superintendente del Medio Ambiente (S), mediante Ordinario N° 1126, de 12 de abril de 2019, informó a esta Corte, en lo que interesa, que “con fecha 15 de marzo de 2019, la Superintendencia del Medio Ambiente recibió el Oficio Ord. N° 001618, del 13 de marzo de 2019, de la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud de la Región Metropolitana, en la cual se da cuenta de la actividad de fiscalización subprogramada, realizada en las dependencias de la fábrica de plásticos, domiciliada en domicilio reservado. En dicha actividad de fiscalización se fiscalizó el cumplimiento del D.S. N° 38/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, verificando la superación de la norma. La actividad de fiscalización fue realizada el día 25 de enero de 2019. Se adjunta al presente oficio la respuesta el Acta de Inspección Ambiental levantada por la SEREMI de Salud, así como el Of. Ord. N° 001618, del 13 de marzo de 2019, por medio se remitió a esta SMA dicha acta. Se debe señalar también que, con fecha 21 de marzo de 2019, los antecedentes fueron derivados a la División de Sanción y Cumplimiento de la SMA, para que se evalúe iniciar un procedimiento sancionatorio por los hechos verificados en el Acta de Fiscalización Ambiental”.

Decimoquinto: Que, por su parte, el Ordinario N° 001618, de 13 de marzo de 2019, de la Secretaría regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, señala, en lo pertinente, lo siguiente:

“Respecto al ID N° 468-XIII-2018 e ID N° 37-XIII-2019, que dice relación con denuncia en contra de Fábrica de plástico, ubicada en domicilio reservado, con fecha 25 de enero de 2019, personal técnico de esta SEREMI de Salud visitó las viviendas de ambos afectados Sr. nombre reservado, a fin de obtener el Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) según el procedimiento descrito en el D.S. N° 38/11 del MMA, constatando que el domicilio (colindante y vinculante al N° 9291-A) del Sr. nombre reservado, corresponde a la peor condición procediendo a realizar la medición del ruido denunciado.

Se informa que de acuerdo al IPT de Lo Espejo, y sus respectivas modificaciones, la zona donde se emplaza el receptor corresponde a una Zona H del citado IPT, cuyos usos de suelo permitidos, restringidos y prohibidos serían homologables a Zona II del D.S. N° 38/2011 del MMA. Finalmente, se informa que el NPC obtenido excede el nivel máximo permisible para dicha zona en período nocturno”.

Decimosexto: Que el “Acta de Inspección Ambiental” de la Superintendencia del Medio Ambiente, emitida por don nombre reservado, “encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la inspección”, de 25 de enero del año en curso, en el acápite relativo a “hechos constatados y/o actividades realizadas”, refiere que “Con fecha 25 de enero del 2019, siendo las 01:00 horas, personal técnico de la Seremi de Salud R.M. visitó domicilios vecinos, con el objetivo de realizar actividades de fiscalización ambiental relacionados con ruidos provenientes de esta actividad, los cuales han sido denunciados a la Superintendencia del Medio Ambiente SMA y cuya fiscalización ha sido encomendada a esta SEREMI de Salud R.M. a través de oficio N° 48 de fecha 07 de enero 2019 y cuyo código de identificación de denuncia por parte de la SMA corresponde a 468-XIII-2018. Al momento de las visitas se realizaron mediciones de ruido en uno de los domicilios, dado que, de acuerdo a análisis, era el lugar de mayor exposición al momento de las visitas. Las mediciones de ruido se realizaron de acuerdo al procedimiento establecido en el D.S. N° 38/11 del MMA. Los resultados de las actividades de fiscalización ambiental realizados serán informados a la SMA para su evaluación (…)”.

En la correspondiente “Ficha de Evaluación de Niveles de Ruido”, la “Tabla de Evaluación” consigna los siguientes datos:

Receptor N° 1 NPC [dBA]: 52 Ruido de Fondo [dBA]: 0 Zona DS N°38: II Período: Nocturno Límite [dBA]: 45 Estado: Supera Decimoséptimo: Que el artículo 7° del Decreto Supremo N° 38, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, que “Establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica, elaborada a partir de la Revisión del Decreto N° 146, de 1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia”, que encabeza el párrafo IV, titulado “Niveles máximos permisibles de presión sonora corregidos”, preceptúa lo siguiente:

“Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla Nº 1:

Decimoctavo: Que, así las cosas, debiendo someterse la recurrida al referido Decreto Supremo N° 38/2011 que dispone que los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán superar, en la zona en que se encuentra emplazado el inmueble en que funciona la fábrica, de 45 dB(A), de veintiuna a siete horas, resulta, entonces, que la recurrida ha vulnerado con su actuar dicho límite máximo, al constatarse un nivel de presión sonora corregido de 52 dB(A).

Decimonoveno: Que, asentada la ilegalidad de la actuación reprochada, se ha producido la vulneración al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, contemplado en el numeral 8° del artículo 19 de la carta fundamental, al superar la recurrida el nivel máximo de nivel de presión sonora corregido que el ordenamiento jurídico permite emitir en el horario que va desde las veintiuna horas de un día y hasta las siete horas del día siguiente.

Vigésimo: Que, asimismo, la recurrente ha conculcado con su actuar el derecho de propiedad de los actores garantizado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al verse expuestos sus inmuebles a la inmisión de ruidos molestos.

En efecto, clásicamente se ha señalado que el dominio o propiedad, definido en el artículo 582 del Código Civil, presenta las siguientes características: es un derecho real, absoluto exclusivo y perpetuo.

El carácter absoluto del derecho de propiedad significa que el dueño puede ejercitar sobre la cosa todas las facultades posibles y le otorga un poder soberano para usar, gozar y disponer de ella a su arbitrio, sin que nadie pueda impedírselo. Sin embargo, este carácter absoluto tiene limitaciones que emanan de la ley y del derecho ajeno, para que la propiedad cumpla adecuadamente su función social.

La doctrina tradicional ha distinguido entre restricciones al dominio genéricas y específicas. Las primeras, nacen del concepto y naturaleza misma del derecho de propiedad y pueden ser de naturaleza positiva -afectan el ejercicio del dominio y se encuadran en la teoría del abuso del derecho-, o de naturaleza negativa -limitan la facultad de excluir-. Las restricciones específicas, legales o por razón del interés social, en cambio, son establecidas por causas externas a la naturaleza intrínseca del derecho de propiedad, y siempre obedecen en último término a la función social de la propiedad, y en atención al interés directo en virtud del cual se establecen se subclasifican en limitaciones legales de utilidad pública (seguridad, salubridad y ornato público, defensa nacional, economía social, patrimonio artístico o histórico nacional y servidumbres administrativas) y de utilidad privada (relación de vecindad).

En las relaciones de vecindad, el ejercicio de las facultades inherentes al dominio implica, muchas veces, sobrepasar los confines del propio inmueble, como ocurre con las emisiones de humo, calor o ruidos. Cuando estas emisiones penetran en la esfera de un bien ajeno podemos hablar de inmisiones, es decir, de invasiones o injerencias en el predio vecino, las cuales, en principio, no pueden ser impedidas, salvo que superen el nivel de tolerancia generalmente aceptado. En el caso de las inmisiones de ruidos, nuestro ordenamiento jurídico señala expresamente cuál es el límite máximo permitido.

En los casos en que las inmisiones superen el margen de lo aceptable -cuyo es el caso en análisis-, se produce una afectación del derecho ajeno, al verse limitado el propietario colindante en el ejercicio pleno de su derecho de dominio.

Vigesimoprimero: Que, finalmente, la conculcación de la garantía consagrada en el numeral 1° del artículo 19 de la carta fundamental -derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de los actores- será desestimada, por cuanto si bien es cierto que la emisión de ruidos molestos puede significar una afectación de tal derecho, no se ha acreditado en el caso de marras la lesión que los actores arguyen, a través de la correspondiente información de salud que dé cuenta del daño biológico esgrimido en el correspondiente libelo recursivo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales de 24 de junio de 1992, se acoge, con costas, la acción constitucional deducida por don nombre reservado y don nombre reservado en contra de la Plásticos nombre reservado S.A., representada por don nombre reservado, y se dispone:

1) Que Plásticos nombre reservado S.A. deberá paralizar todas sus faenas entre las veintiuna horas de cada día y las siete horas del día siguiente, hasta que adopte las medidas de mitigación adecuadas para el cumplimiento de los niveles permisibles de presión sonora corregidos establecidos en el Decreto Supremo N° 38, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente.

2) Que la Superintendencia del Medio Ambiente y la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana deberán fiscalizar el cumplimiento por parte de Plásticos nombre reservado S.A. de la paralización de faenas ordenada en el numeral precedente y de los niveles máximos permisibles de presión sonora corregidos, establecidos en la normativa vigente, una vez ejecutadas las obras de mitigación ordenadas, y siempre que acredite con el respectivo certificado de la autoridad sanitaria que el local en que funciona cuenta con sistemas suficientes para aislar los ruidos emitidos y que estos se ajustan al máximo legal y reglamentario permitido en relación con el lugar y horario de funcionamiento de la empresa. Al efecto, profesionales de la referida Secretaría Regional Ministerial se constituirán en diversas fechas en domicilio reservado, lugar de funcionamiento de Plásticos nombre reservado S.A., entre las veintiuna horas de un día y las siete horas del día siguiente.

Se previene que la Ministro señora Liliana Mera Muñoz estuvo por rechazar la alegación de extemporaneidad planteada por la parte recurrente, en relación a dos de los actos reprochados por aquélla, esto es, estar instalada la fábrica en zona no permitida y superar el nivel máximo permitido de ocupación del suelo, teniendo únicamente presente que no existe en autos algún antecedente que permita determinar que los recurrentes tuvieran noticias de tales situaciones con más de 30 días de antelación a la fecha de interposición del recurso.

Redacción del Abogado Integrante señor Adelio Misseroni Raddatz y de la prevención su autora.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

N°Protección-426-2019.

Pronunciada por la Primera Sala de esta Corte presidida por la ministra Liliana Mera Muñoz e integrada por la ministra Dora Mondaca Rosales y por el abogado integrante Adelio Misseroni Raddatz.