nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA Y OTRO

San Miguel, cinco de mayo de dos mil veintiséis.

Al escrito de folio 29: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado; nombre reservado, cédula Nacional de Identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado; nombre reservado, cédula Nacional de Identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado; nombre reservado, cédula Nacional de Identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado; nombre reservado, cédula Nacional de Identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado; Doña nombre reservado, cédula Nacional de Identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado, cédula Nacional de Identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado; nombre reservado, cédula Nacional de Identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, y nombre reservado, cédula Nacional de Identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado; todos vecinos de la comuna de Melipilla, interponen acción constitucional de protección en contra de nombre reservado y la Ilustre Municipalidad de Melipilla, por los actos y omisiones arbitrarias consistentes en la afectación de los derechos a la vida e integridad física y psíquica, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, al agua y al saneamiento y a los derechos de la naturaleza.

Refieren que son habitantes de la localidad rural de Codigua, y el recurrido, propietario del predio ubicado en el Sector de Santa Elba, con acceso por domicilio reservado, desarrolla normas de envergadura sin contar con las autorizaciones legales pertinentes, consistentes en la excavación de un tranque intrapredial y la extracción masiva de áridos.

Denuncian que la extracción se ejecuta sin contar con los permisos de la Dirección de Obras Hidráulicas, exigido por el artículo 6° del Código de Aguas, sin una autorización ambiental, ya sea mediante una Declaración o Estudio de Impacto Ambiental, sin los permisos de la Municipalidad de Melipilla para el cambio de uso de suelo y para el desarrollo de actividades industriales en un sector rural, entre otras.

Añaden que producto de las excavaciones, se produjo el afloramiento de aguas subterráneas y sin contar con derechos de aprovechamiento de aguas inscritos y sin la autorización de la Dirección General de Aguas (DGA), procedió a instalar motobombas para extraer aguas, destinándolas presumiblemente al lavado de áridos y al llenado del tranque, lo que constituye una infracción grave a lo dispuesto en los artículos 56 y siguientes del Código de Aguas.

Afirman que las faenas han generado contaminación acústica, atmosférica, vibraciones por el tránsito de camiones de alto tonelaje y degradación de infraestructura vial.

Aseveran que la Municipalidad, investida de facultades fiscalizadoras y de policía local ha tenido conocimiento pleno y reiterado de las actividades.

Denuncian que la Municipalidad no ha aplicado las medidas sancionatorias y coercitivas a su alcance, tales como multas, órdenes de demolición o la interposición de denuncias penales por daños ambientales y contra la salubridad pública. Su actuación ha sido dilatoria y permisiva, configurando una omisión grave que ha facilitado y perpetuado la situación de ilegalidad.

Piden se declare la ilegalidad y arbitrariedad de las acciones de extracción de áridos, extracción de aguas subterráneas y construcción de tranque, declare la ilegalidad y arbitrariedad de la omisión de la Municipalidad de Melipilla en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras y de protección ambiental, ordene al recurrido el cese inmediato y definitivo de toda actividad, ordene al municipio que ejerza sus facultades fiscalizadoras y sancionatorias, remita los antecedentes a la Superintendencia del Medio Ambiente, a la Dirección General de Aguas, al Servicio de Evaluación Ambiental y al Servicio de Impuestos Internos, para los fines investigativos y sancionatorios que estimen pertinentes, con costas.

Segundo: Que la Dirección General de Agua informa que, con ocasión de la denuncia y antecedentes remitidos por la Ilustre Municipalidad de Melipilla, abrió el procedimiento de fiscalización FO-1305-88 para investigar presuntas infracciones asociadas a la construcción de un tranque intrapredial y la extracción no autorizada de aguas subterráneas en el sector de Codigua, comuna de Melipilla.

Añade que mediante el Acta de Inspección en Terreno N° 6849, de fecha 24 de abril de 2025, personal de la Unidad de Fiscalización constató que: “Punto 1 (P1): existencia de un tranque de riego artificial, con una superficie aproximada de 10.754 m² y un volumen estimado de 50.000 m³, sin autorización de la Dirección General de Aguas. − Punto 2 (P2): presencia de una zanja excavada desde la cual se produce afloramiento de aguas subterráneas, habilitada con siete (07) motobombas diésel de 9 HP cada una. − Punto 3 (P3): descarga de las aguas afloradas hacia un canal de derrame de uso no determinado, presumiblemente conectado al Canal Ex Clavo o ramal de Codigua”.

Explica que, como consecuencia de estas constataciones, mediante la Resolución DGA RMS (Exenta) Nº753, de 2 de mayo de 2025, se ordenó la paralización temporal de la extracción de aguas subterráneas. Agrega que el 28 de abril de 2025, el propietario del predio, presentó descargos dentro del plazo legal, el 14 de noviembre de 2025, se abrió un término probatorio, y en la actualidad el expediente permanece en tramitación.

Informa que el 14 de noviembre de 2025, personal de la Unidad de Fiscalización de la Dirección General de Aguas, se constituyó nuevamente en la Parcela Nº6, y se verificó que el tranque artificial previamente observado se encontraba completamente construido, manteniendo dimensiones concordantes con lo constatado en la inspección inicial del 24 de abril de 2025. El cuerpo de agua se encontraba formado y en proceso de estabilización, con taludes definidos y bermas laterales visibles. Asimismo, en el punto de inspección P2 se constató que la extracción de aguas subterráneas se encontraba paralizada, no observándose afloramientos habilitados ni conducción activa hacia el canal de derrame y en el interior de un garaje del predio se verificó la presencia de las motobombas diésel encontrándose deshabilitadas y fuera de operación.

Concluye que el procedimiento sancionatorio FO-1305-88 se encuentra en tramitación y en etapa de prueba, continuará desarrollando las diligencias pendientes y recopilando los antecedentes necesarios para resolver conforme a las disposiciones del Código de Aguas, dentro del ámbito de sus competencias legales.

Tercero: Que la abogada de la SEREMI de Salud informa que se constituyó en el lugar de los hechos y elaboró dos actas de fiscalización, la N°0383720, en que se constató que se recorren lugares aledaños a la vivienda y no se visualiza polvo en suspensión, ni tránsito de permanente de camiones con áridos, de acuerdo al acta Nº0383760 en la que no se constata la presencia de polvo en suspensión o ruido atribuible a la actividad de extracción de áridos y el acta Nº0383761 que verifico: “deficiencias sanitarias respecto a el servicio higiénico que utiliza un trabajador, se encuentra a más de 75 mts. De distancia, b) no cuenta con punto de hidratación cercano al lugar de la faena, c) no acredita actas de entrega y capacitación sobre e.p.p. adecuado a la actividad. 4. No acredita resolución sanitaria que autoriza el sistema particular de alcantarillado.”

Cuarto: Que la Municipalidad de Melipilla informa que, en materia ambiental, la legitimación activa de la acción de protección no lo transforma en una acción popular.

Agrega que en el recurso no se mencionan omisiones arbitrarias o ilegales en que habría incurrido el Municipio con motivo de los hechos que se relatan y afirma que el municipio no cuenta con las atribuciones, competencias y facultades legales y sectoriales, para realizar fiscalizaciones de manera permanente, realizar inspecciones sorpresas, mediciones de calidad del aire en las zonas residenciales, ni sancionar infracciones detectadas.

Concluye que las omisiones imputadas no están dentro de la esfera de atribuciones de las Municipalidades.

Quinto: Que la Superintendencia del Medio Ambiente informa que ha recibido en sus sistemas internos cuatro denuncias vinculadas a los hechos invocados en el recurso, las que fueron incorporadas en el proceso de planificación de fiscalización, iniciándose la investigación correspondiente.

Sexto: Que nombre reservado, informa que es dueño del Lote Dos de la subdivisión de la Parcela número Seis del Proyecto de Parcelación “Santa Elba y Santa Laura” ubicado en la comuna de Melipilla, el que adquirió por escritura pública de compraventa de 25 de noviembre de 2013, y es dueño además de derechos de aguas del canal Codegua, para el riego del inmueble de su propiedad.

Explica que suscribió un contrato de obra destinado a la ejecución de un tranque acumulador de aguas de 50.000 metros cúbicos, ello dentro de un tramo de terreno del inmueble de propiedad. La capacidad y volumen del tranque de riego en construcción, no cumple con aquellas exigencias establecidas por el legislador en el artículo 294 letra a) del Código de Aguas.

Denuncia que los hechos que sirven de fundamento a la acción constitucional se producen el 24 de octubre de 2024, fecha de la primera denuncia, motivada por el supuesto tránsito de camiones, daños a puentes y extracción ilegal de áridos, de lo que se deriva la extemporaneidad de la presente acción constitucional, toda vez que los hechos que la motivan ocurren el 24 de octubre del año 2024 y la acción fue ingresada el día 6 de noviembre del año 2025.

Séptimo: Que, el recurso de protección, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos indubitados y preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

En este contexto, resulta que actúa ilegalmente tanto el que se aparta de la preceptiva vigente que lo obliga, como aquél que desconoce el derecho y obra contra ley o, sin seguir lo que ella manda. A su vez, actúa arbitrariamente el que decide y obra a su antojo, por mero capricho, sin razones o argumentos que apoyen su conducta.

Octavo: Que el asunto que se somete al conocimiento de esta Corte, dice relación con las acciones y omisiones que las recurrentes califican de ilegales y arbitrarias consistentes en la realización de obras de construcción de un tranque de regadío, la extracción de áridos y la ausencia del ejercicio de las potestades de fiscalización y sanción por parte del ente edilicio.

Noveno: Que, fluye de lo señalado por las entidades informantes, que los hechos denunciados por los recurrentes dieron origen a diversos procedimientos administrativos, ante distintos organismos sectoriales, los cuales se encuentran en actual tramitación para determinar la existencia de una actuación ilegal en la actividad que desarrolla la recurrida.

Décimo: Que, en consecuencia, de los antecedentes expuestos, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, no se avizora la existencia de algún derecho indubitado en favor de las recurrentes que sea posible de cautelar por ésta vía excepcional, pues los hechos que sirven de sustento al recurso de protección se encuentran discutidos, controvertidos y, además, bajo el imperio del derecho desde que diversos organismos sectoriales han iniciado los procedimientos administrativos que resultan pertinentes para determinar la existencia de las infracciones.

Undécimo: Que, de este modo, la resolución del conflicto existente entre las partes, excede la competencia de esta Corte a través del recurso de protección, por lo que la acción constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional interpuesta por los recurrentes en contra de nombre reservado y la Ilustre Municipalidad de Melipilla.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N°4250-2025 Protección.