nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO (DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES)

San Miguel, veintisiete de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de la I. Municipalidad de Lo Espejo, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación del Decreto Alcaldicio que le impone la sanción de destitución, así como respecto del decreto alcaldicio que resuelve el recurso de reposición administrativo, deducido por el recurrente, en contra del primer acto administrativo señalado, los que vulnerarían su derecho a la integridad psíquica y al trabajo consagrados en la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrida procedió a su destitución por haber por haber salido del país mientras gozaba de licencia médica.

Explica que el 26 de mayo de 2025 se inició un sumario administrativo en base al oficio N°E82804 de la Contraloría General de la República, relativo a funcionarios con salida o permanencia en el extranjero mientras hacían uso de licencia médica. Refiere que su licencia abarcaba el periodo comprendido entre el 5 y el 18 de febrero de 2024, habiendo salido del país el día 12 de febrero.

Señala que en el proceso sumarial aportó antecedentes a la fiscal, a quien también le expuso que es madre de dos menores con Trastorno del Espectro Autista lo que influyó en su salida del país.

Indica que está en conocimiento de que el reposo solicitado en la licencia médica debía de realizarse íntegramente en su domicilio, y que lo incumplió por un periodo de 5 días hábiles, sin embargo, sostiene que la licencia médica fue otorgada por razones legítimas, bajo la prescripción de un médico tratante y que al momento de salir del país en febrero de 2024 no existía una normativa clara que prohibiera el uso de licencias médicas fuera de Chile, ya que solo a partir de septiembre de ese año la Superintendencia de Seguridad Social estableció explícitamente dicha restricción.

Hace presente la relevancia de la ley 21.545 y la ley 21.690, orientadas a proteger la igualdad e inclusión de personas con Trastorno del Espectro Autista y promover la inclusión laboral de personas con discapacidad, facilitando la conciliación entre vida familiar y laboral para quienes están a cargo de menores con estas condiciones o las padecen. Señala que la recurrida, en el caso en cuestión, invalida la argumentación relacionada con el Trastorno del Espectro Autista para justificar la destitución, y desconoce las disposiciones de orden litis y el artículo 66 quinquies del Código del Trabajo, el cual prohíbe utilizar motivos vinculados al Trastorno del Espectro Autista para destituir a funcionarios regidos por el estatuto administrativo y, si bien, la norma contempla las emergencias de menores con TEA, como madre y tutora, al tener la imposibilidad de salir del país durante el reposo, no habría podido socorrer a sus hijas ante un desborde emocional fuera del territorio nacional. Sostiene que esto justifica la interrupción parcial de la licencia médica por cinco días, sin perjuicio de lo cual, igualmente cumplió con la obligación de seguimiento permanente, establecida en el artículo 3 letra g) de la ley 21.545, en cuanto a estar disponible para cumplir con la obligación de seguimiento continuo de 2 menores con el padecimiento comentado, cuyo bien jurídico protegido la salud psíquica de las personas que se encuentra por sobre el Estatuto administrativo.

La recurrente sostiene que durante el sumario administrativo expuso estar en un contexto de hostigamiento laboral, aportando antecedentes tanto en el procedimiento como en el recurso de reposición, incluyendo la activación de un protocolo de fiscalización por acoso laboral en enero de ese año. Pese a ello, continuó cumpliendo sus funciones con sobrecarga laboral derivada de la rotación de personal en el Centro de Salud. Afirma que la fiscal administrativa desestimó estos argumentos y no consideró el contexto de vulneración, lo que finalmente culminó en su destitución, pese a haber explicado la relevancia del Trastorno del Espectro Autista (TEA/CEA) en el caso.

De la misma manera indica que durante el sumario administrativo, se le aplicaron dos anotaciones de demérito posteriores al incidente de la licencia médica: una por no aprobar un curso de tuberculosis y otra por atrasos leves. Sostiene que esas situaciones se usan para cuestionar su conducta, agregando que tales anotaciones son contradictorias con sus calificaciones, ya que, en los años 2023, 2024 y 2025 obtuvo un 96%, 97% y 97% respectivamente en lista 1, es decir, de excelencia.

La recurrente destaca que, además, el quedar sin su fuente laboral repercute en el derecho a la salud de sus hijas, quienes se atienden en el sistema privado debido a que en el público las listas de espera son de hasta un año. Así, sostiene que no solo se vulneran sus derechos a la salud y al trabajo, sino también el derecho a la salud de sus hijas.

Finalmente refiere que, según lo dispuesto en los artículos 156 y 157 de la ley 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, desde treinta días antes y hasta sesenta días después del acto eleccionario las medidas disciplinarias expulsivas a que estén sujetos los funcionarios públicos, cualquiera sea el régimen estatutario aplicable a los mismos, solo podrán decretarse previo sumario instruido por la Contraloría General, y en virtud de las causales que los respectivos estatutos contemplen y en su caso fue notificada dentro de ese tiempo, ya que las elecciones son el 16 de noviembre de 2024.

Por todo lo señalado solicita dejar sin efecto el decreto alcaldicio y su destitución, con costas.

Segundo: Que Gastón Abarca Martínez, abogado, en representación de la I. Municipalidad de Lo Espejo solicita que se rechace el recurso de protección, en todas sus partes, con costas.

Sostiene que el sumario administrativo contra la recurrente se inició por un oficio de la Contraloría General de la República, en el que se advertía la salida del país durante una licencia médica.

Refiere que luego, en la etapa indagatoria, se recibió declaración de la recurrente y se incorporó un oficio de la Policía de Investigaciones de Chile, dirigido a la Fiscal Sumariante de la I. Municipalidad de Lo Espejo, el cual informa sobre movimientos migratorios, de entrada y salida del país, relacionado con el informe “Consolidado de Información Circular Nº9, de 2025, sobre funcionarios y trabajadores que habrían salido del país estando con licencia médica entre los años 2023 y 2024”, dentro de las que se encuentra la funcionaria nombre reservado.

Refiere que, encontrándose agotada la etapa indagatoria del procedimiento disciplinario, por medio de la resolución de 28 de agosto de 2025, se resolvió declarar cerrada la etapa de investigación y el mismo día se formulan cargos por parte del Fiscal Sumariante en contra de la recurrente, del siguiente tenor:

“Cargo único: “En su calidad de funcionario/a de Ilustre Municipalidad de Lo Espejo, haber incurrido en una falta grave a la probidad administrativa, en virtud de lo establecido en el artículo 52 de la Ley Nº18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado en concordancia con el artículo 58 letra g) de la Ley Nº18.883 que Aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, al verificarse que viajó al extranjero en circunstancias de que se encontraba con indicación de reposo total por prescripción de licencia médica, en atención a que según licencia médica emitida por el facultativo nombre reservado de fecha 5 de febrero de 2024 a las 15:32 horas, se indicó reposo total laboral en su domicilio ubicado en domicilio reservado, cuyo inicio de reposo total correspondía desde el día 5 de febrero de 2024 y cuyo término de reposo correspondía al día 18 de febrero de 2024 en dichas circunstancias salió fuera del territorio nacional el día 12 de febrero de 2024 lo cual se pudo acreditar en virtud el certificado de viajes emitido por Policía de Investigaciones, en que se consigna su salida del territorio nacional el día 12 de febrero de 2024 y su entrada al territorio nacional el día 18 de febrero de 2024”. Lo anterior, según consta en los siguientes antecedentes, diligencias y elementos probatorios agregados al expediente sumarial: a) Oficio Nº E82804/2024 de fecha 22 de mayo de 2025 de la General de la República en Oficio, de fojas 01 y 02; b) Certificado de viajes de la Policía de Investigaciones de Chile, de fojas 353; c) Hoja de vida funcionaria, de fojas 205 y ss; d) Licencia médica, de fojas 574; e) Declaración indagatoria del inculpado, de fojas 277 y s. La referida conducta implica una infracción al artículo 13 y 52 de la Ley Nº18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado en concordancia con el artículo 58 letra g) de la Ley Nº18.883 que Aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, en concordancia con el artículo 21 del Decreto Supremo N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional.”

Indica dicha conducta implica una infracción al artículo 13 y 52 de la Ley Nº18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en concordancia con el artículo 58 letra g) de la Ley Nº18.883 que aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, en relación también al artículo 21 del Decreto Supremo Nº3 de 1984 del Ministerio de Salud, que, aprueba Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por la COMPIN e Instituciones de Salud Previsional.

Refiere que la recurrente presentó descargos en tiempo y forma a fojas 732 y siguientes y, el 6 de octubre de 2025, se dictó la Vista Fiscal, que sugirió la medida disciplinaria de destitución. De esta forma, se dicta Decreto Alcaldicio Nº4193, de 8 de octubre de 2025, que acoge el dictamen Fiscal de 6 de octubre de 2025, aplicando la medida de destitución en contra de la funcionaria nombre reservado, quien presentó un recurso de reposición en contra del mencionado decreto y, por medio del decreto alcaldicio Nº4309, de 16 de octubre de 2025, este fue rechazado en todas sus partes.

Hace presente que la recurrente prestó declaración durante la investigación y, luego de formulados los cargos, tuvo la oportunidad de realizar sus descargos, aportando la prueba documental que rindió al efecto, por lo tanto, desde la perspectiva del procedimiento sumarial, se cumplió con todas etapas exigidas por la Ley Nº18.833, así como con el estándar exigido por el principio del debido proceso.

Así, descarta la falta de fundamentación del decreto alcaldicio N°4193, ya que este se encuentra debidamente motivado al referirse expresamente al sumario administrativo, conteniendo los razonamientos y antecedentes que justifican la sanción. Durante el procedimiento, se resguardó el debido proceso y se evaluaron las alegaciones y pruebas presentadas por la funcionaria, acreditándose que viajó al extranjero durante un reposo médico, lo que vulneró el principio de probidad administrativa. Tampoco se presentó prueba de que el viaje formara parte de un tratamiento médico y la funcionaria no contaba con irreprochable conducta anterior sin configurarse alguna atenuante.

Señala que, conforme a dictámenes de Contraloría, la gravedad de la falta justifica la destitución, aun si hubiese existido atenuantes. Agrega que no se vulneraron derechos fundamentales como la libertad de trabajo, propiedad ni igualdad ante la ley, ya que la sanción se aplicó conforme a la normativa y de manera igualitaria a casos similares.

Por otra parte, indica que el artículo 3° de la Ley 19.880 establece que los actos administrativos gozan de presunción de legalidad, imperio y exigibilidad desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad, salvo suspensión por orden administrativa o judicial. Agrega que las municipalidades, están regidos por el principio de legalidad, gozando de presunción de legalidad o validez sus actos, por lo que corresponde a quien impugna el acto administrativo desvirtuar dicha presunción, demostrando la ilegalidad o arbitrariedad invocada.

Finalmente, solicita que se rechace, con costas, el recurso de protección por que la Municipalidad ha actuado conforme a derecho, respetando cabalmente los principios informadores del proceso administrativo sancionador.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que, para zanjar la presente acción constitucional, incumbe examinar si los hechos denunciados en el recurso son ilegales o arbitrarios, y, en el evento de serlo, si amenazan, privan o perturban una o más de las garantías fundamentales de la recurrente.

Del mérito de lo expuesto en el recurso y la lectura de los actos impugnados es posible establecer que las alegaciones de la recurrente corresponden a una reiteración de las formuladas en sede administrativa, las que cuestionan razones de mérito o de ponderación que no habrían sido consideradas o a las que no se les habría dado la importancia que la recurrente considera que tienen por parte de la autoridad al imponer la sanción de destitución.

Quinto: Que, en el caso de autos, la conducta que determinó la infracción y la aplicación de la sanción, fue hacer uso indebido de una licencia médica para fines particulares, como lo es un viaje al extranjero, lo que indudablemente genera afectación de carácter grave a la probidad y, por tanto, la recurrida al aplicar la medida de destitución actuó dentro de la esfera de sus atribuciones y en resguardo del interés general, teniendo especialmente presente que el artículo 8 de la Constitución Política exige a las autoridades y funcionaros públicos dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, debiendo, por tanto, observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo.

Sexto: Que, a mayor abundamiento consta de los antecedentes que el procedimiento disciplinario fue substanciado con respeto a las normas del debido proceso, asegurando el derecho a defensa, ya que se le permitió, como la misma recurrente reconoce, exponer sus argumentos ante la fiscal, presentar descargos, además de recursos respecto de las decisiones adoptadas, por lo que no se observa en esa tramitación alguna ilegalidad.

Séptimo: Que, en cuanto a la alegación fundada en la condición de Trastorno del Espectro Autista de las hijas de la recurrente, cabe señalar que los antecedentes invocados, aun cuando puedan dar cuenta de una situación familiar que exige especial atención y protección, no tienen la aptitud de desvirtuar el hecho objetivo que motivó la sanción, esto es, la salida del país durante el período en que la funcionaria se encontraba sujeta a reposo total domiciliario por licencia médica. Las normas que resguardan la inclusión, la igualdad de oportunidades y la conciliación entre vida familiar y laboral de quienes tienen a su cuidado personas con dicha condición no pueden entenderse como una autorización para incumplir las obligaciones propias del régimen estatutario, ni como una causal de exculpación automática frente a una infracción acreditada al principio de probidad administrativa.

Octavo: Que, a mayor abundamiento, la Corte Suprema ha sostenido en su jurisprudencia reiterada que el control que se ejerce por la presente vía impugnatoria no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones desplegadas dentro de un sumario administrativo, como en la especie, la proporcionalidad de la sanción aplicada al recurrente. Por ello, resulta erróneo intentar plantear que en esta instancia jurisdiccional se revise la ponderación de la decisión propuesta a la que arribó el funcionario a cargo de la investigación en la vista y, finalmente, por la autoridad disciplinaria al aplicar la medida sancionatoria.

Lo anteriormente indicado no es óbice para que el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la administración abarque la revisión de la legalidad y razonabilidad de la actuación, pero ello no puede importar, como se postula en la especie, que por esta vía cautelar se supervisen cuestiones de mérito involucradas en el ejercicio de dichas facultades (causas de la Excma. Corte Suprema roles N°18.823-2019, N° 97.284-2020, N° 150.201-2020, N° 135.620-2022 y N° 137.862-2022, entre otras).

Por todo lo indicado, se evidencia que no ha existido en la especie un actuar ilegal o arbitrario que conculque los derechos fundamentales de la actora o de sus hijas, motivo por el cual el recurso de protección necesariamente debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte sobre la materia, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la I. Municipalidad de Lo Espejo.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Protección N°4245-2025.