Ir al contenido
BuscadorConstitucional

Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 421-201416 dic 2014

nombre reservado CONTRA DEL COLEGIO PARTICULAR MELIPILLA Y DE SU SOSTENEDORA nombre reservado

Fecha
16 de diciembre de 2014
Corte
Corte de Apelaciones de San Miguel
Resultado
Acogida
Cita
Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol N° 421-2014, sentencia de 16 de diciembre de 2014

Resumen

Se acoge el recurso de protección y se deja sin efecto la expulsión y cancelación de matrícula de la alumna, al presumirse que fue expulsada por emitir una opinión en Facebook, afectando su libertad de expresión.

Texto íntegro

Foja: 49 Cuarenta y Nueve San Miguel, a dieciséis días del mes de Diciembre del año dos mil catorce.

VISTOS:

A fojas 1 comparece doña nombre reservado, en representación legal de su hija nombre reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra del Colegio Particular Melipilla y sostenedora nombre reservado, sosteniendo que el día 28 de octubre del año en curso, su hija en conjunto con varios compañeros de curso comentaron una publicación en Facebook en la cual una compañera hacía alusión al posible paro de profesores.

El día 29 de octubre, en horario de clases, su hija fue llamada a la inspectoría del colegio, donde la sostenedora intentó obligarla a abrir dicha red social, a lo que su hija se negó, acto seguido llamaron a su compañera Sofía, quien había realizado la publicación, que bajo amenaza de ser expulsada tuvo que abrir su Facebook extrayendo el colegio el texto íntegro de lo “chateado” por los estudiantes.

Una vez obtenida la información anterior, la citaron al colegio y le notificaron que su hija había sido expulsada, haciéndole firmar su hoja de vida y a la semana siguiente de lo sucedido, además de dejar sin colegio en el mes de noviembre a su hija, le notificaron que ésta no podía asistir a la gira de estudios que estaba programada para los días 17 al 23 de diciembre del año en curso, por no ser alumna del colegio, paseo que se financió en gran parte por el trabajo realizado por ella y sus compañeros, al que además asistirán dos personas que no forman parte del plantel estudiantil.

Señala que su hija era una alumna ejemplar en el colegio y el único motivo de su expulsión es su apoyo a la reforma educacional emitidas por medio de Facebook, sin recibir hasta la fecha ninguna notificación formal de los motivos específicos que dieron lugar a su expulsión.

Concluye señalando que los hechos anteriormente descritos constituyen una vulneración a la garantía constitucional del artículo 19 N°12, derecho a la libertad de emitir opinión, 19 N°5 derecho a la inviolabilidad del hogar y a toda forma de comunicación privada, 19 N°3 derecho al debido proceso legal (no se siguió el procedimiento establecido en artículo 22 y siguientes del Reglamento del colegio); 19 N°2 Igualdad ante la ley (ya que solo su hija y la compañera fueron expulsadas y muchas comentaron); 19 N°24, todos de la Constitución Política de la República, solicitando se ordene a los recurridos hacer cesar la medida de expulsión permitiendo que vuelva a clases con normalidad, asistir a las evaluaciones, a paseos de curso y giras de estudios, actividades extra programáticas, etc y se instruya a los recurridos que sus facultades disciplinarias no pueden ser ejercidas vulnerando las garantías constitucionales de los alumnos, declarando que su actuar es ilegal y arbitrario, con costas.

A fojas 15, doña nombre reservado, en representación de Sociedad Educacional Colegio Melipilla Ltda, informa que el día 29 de octubre del año en curso, y habiendo tomado conocimiento a través de un grupo de estudiantes acerca de las publicaciones realizadas por las alumnas nombre reservado y nombre reservado en redes sociales, en el denominado “muro” de su cuenta, la que es abierta al público de la red social y no constituye comunicación privada, éstas fueron citadas a la oficina de Inspectoría General, accediendo la alumna nombre reservado en forma voluntaria a abrir su cuenta, tomándose conocimiento de la falta de respeto hacia su persona y profesores del colegio, lo que atenta contra la convivencia pacífica dentro del establecimiento educacional y constituyen una falta grave, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento de Convivencia Escolar, esto es, “agresión física, verbal escrita y psicológica que se realice a través de cualquier medio y que afecte la vida normal de otros (s) compañeros(a) o persona (s) de la comunidad educativa, haciendo presente además que la alumna nombre reservado, sin perjuicio de su situación académica se encontraba en situación de condicionalidad desde el 2 de septiembre del año en curso, por haber abierto una botella de tequila e ingerir alcohol en el establecimiento.

Ante los hechos descritos, se citó a la madre el día 29 de octubre, y ésta ante la información entregada por su hija, decidió retirarla voluntariamente del colegio, por lo que no fue necesario la aplicación de una medida disciplinaria, la que podía consistir en la cancelación de matrícula a fin de año o la petición de reubicación inmediata, como tampoco se redactó una Carta de Medida y Sanción Disciplinaria, ni se anotó la comisión de la falta grave en la hoja de vida de la estudiante.

Agrega que la Inspectora General del Establecimiento doña nombre reservado, al ingresar al día posterior el día 30 de octubre de 2014 al portal online SIGE (Sistema de Gestión del Ministerio de Educación) evidenció la existencia de una colisión de inscripciones de la alumna nombre reservado, por encontrarse ya matriculada en el liceo Hermanos Sotomayor Baeza, lo que manifiesta la intención de parte de la recurrente de matricular a la alumna en otro establecimiento.

Concluye sosteniendo que no existe acción u omisión arbitraria toda vez que no existe aplicación de una medida disciplinaria en contra de nombre reservado, ya que fue su madre quien retiró voluntariamente a su hija y luego la matriculó en otro establecimiento; que no existe vulneración al derecho a emitir opinión, que aquello se fomenta en instancias participativas dentro del establecimiento, lo que en el hecho ocurrió es que se profirieron insultos hacia su persona y autoridades del colegio; que no hubo una violación a la comunicación privada ya que la alumna nombre reservado voluntariamente accedió a abrir su cuenta de Facebook; en lo relativo al debido proceso, igualdad ante la ley y derecho de propiedad, manifiesta que no podría haberse seguido un procedimiento ya que la madre fue quien retiró a su hija del establecimiento, por lo que no resultaba aplicable el Reglamento respectivo, no existiendo por ende un trato diverso de su hija con otras alumnas en la misma situación, solicitando que el recurso sea rechazado ya que no se aplicó ninguna sanción en contra de la alumna, por lo que la acción deducida carece de todo fundamento.

A fojas 28 se trajeron los autos en relación.

Considerando 1°) Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio;

2°) Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha sido motivo de la acción cautelar;

3°) Que la recurrente ha estimado como ilegal y arbitrario la decisión del Colegio recurrido, quien ha procedido a expulsar y cancelar la matrícula de la estudiante por actos realizados en la red social Facebook donde ésta hace alusión a la reforma educacional y criticaba a algunos profesores, sin que se haya procedido a notificar formalmente tal decisión habiendo tan solo existido una comunicación verbal;

4°) Que informando el recurso la recurrida reconoce los hechos, solo en lo referido a que una compañera de la hija de la recurrente procedió voluntariamente a abrir su cuenta de Facebook al haber sido citada ambas a la Inspectoría General para que explicaran la publicación realizada en la red social donde se proferían insultos a su persona y a determinados profesores, y que comunicada tal situación a la madre de la alumna personalmente esta habrá concurrido al Colegio y decidido retirar voluntariamente a su hija, con lo cual no existe ningún acto arbitrario o ilegal del cual deba responder, solicitando, en consecuencia, el rechazo de esta acción cautelar;

5°) Que con el objeto de dilucidar la acción constitucional sometida al conocimiento de esta Corte, menester resulta verificar si el hecho que se imputa a la recurrida reviste el carácter de arbitrario o ilegal, y si como consecuencia de esto se ha vulnerado alguna garantía constitucional protegida por esta acción cautelar;

6°) Que toda medida disciplinaria de cualquier naturaleza que fuere debe realizarse dentro de un procedimiento previamente establecido, donde los afectados con la medida puedan ejercer debidamente el derecho a defensa. Si ello no fuere materialmente posible, como sucede en el caso de autos, toda vez que la recurrida manifiesta que la recurrente en conocimiento de los hechos que se imputaban a su hija decidió voluntariamente retirarla del Colegio, menester resulta haber acreditado que tal situación se haya realizado en forma libre y voluntaria y no bajo presión de ninguna naturaleza, y evidentemente no está acreditado en autos que el retiro de la alumna haya sido de la forma como lo plantea la recurrida, no obstante señalarse que, a la fecha, aparece matriculada en otro Colegio, en la medida que ello no es óbice para sostener que la expulsión de la alumna o su retiro voluntario se haya realizado respetando los cauces legales y constitucionales;

7°) Que con lo razonado y no encontrándose acreditado que la recurrente haya voluntariamente retirado a su hija del Colegio, dable es presumir fundadamente que la misma ha sido expulsada del Colegio por emitir una opinión en la red social Facebook, afectando con ello la garantía fundamental resguardada en el Estatuto Político en el numeral doce del artículo 19 en lo referido a la libertad de emitir opinión, sin censura previa, con lo cual la expulsión que ha sido objeto la hija de la recurrente constituye un acto ilegal y arbitrario por parte de la recurrida y en tal virtud merece el amparo constitucional, lo que faculta a esta Corte a adoptar medidas en ordena reestablecer el imperio del derecho, como se dispondrá en lo resolutivo;

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, el recurso de protección interpuesto a fojas 1 por doña nombre reservado en favor de su hija la estudiante doña nombre reservado y se declara que se deja sin efecto la medida de expulsión y cancelación de matrícula del establecimiento educacional dictada en contra de esta última por la Dirección del Colegio Particular Melipilla, sin costas.

Regístrese y en su oportunidad, archívense.

Redactó Manuel Hazbún Comandari Abogado Integrante.

Rol Corte N° 421 – 2014 PRO Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, presidida por la Ministro señora María Teresa Díaz Zamora e integrada por la Ministro señora Carmen Gloria Escanilla Pérez y el Abogado Integrante señor Manuel Hazbún Comandari.

San Miguel, a dieciséis de diciembre de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.