Protección contra Prefectura de Carabineros de Chile del Maipo

Santiago, a trece de octubre de dos mil diecisiete.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que el 18 de agosto de 2017, se tuvo por deducido recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en contra de la Prefectura de Carabineros de Chile del Maipo, representada por su nombre reservado Sr. nombre reservado, respecto de la resolución del 12 de julio de 2017 Nº 110 de dicha repartición, correspondiente a la Oficina de Seguridad Privada O.S.10, que al autorizar su desempeño como Asesor de seguridad privada y capacitador en materias inherentes a la seguridad, lo hizo solo por el plazo de seis meses, condicionando su renovación futura a presentar los antecedentes comerciales que justifiquen el haber solucionado deudas impagas.

El recurrente expone que la Ley 20.575 dispuso que el sistema de registro comercial y la información que el mismo recopila, no puede ser utilizada por terceros, y solo lo es para la evaluación del riesgo comercial en los procesos de otorgamiento de crédito, estándole vedado a la autoridad fiscalizadora de seguridad privada utilizar esta información para justificar el cumplimiento de la idoneidad cívica, moral y profesional de los solicitantes como el recurrente. La exigencia de este certificado se encuentra fuera de los casos autorizados por ley, al tiempo que el condicionar la renovación del permiso ya concedido a que solucione una deuda pendiente en aquel antecedente, importa que la autoridad fiscalizadora extienda sus competencias, asumiendo incluso el rol de cobranza de un determinado crédito.

En cuanto a las garantías afectadas, sostiene el recurrente verse privado y/o perturbado arbitrariamente de su derecho al respeto y protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia, por el uso de la información comercial de la manera que expuso. También invoca como fundamento la afectación de la garantía constitucional para desarrollar una actividad económica. Aun cuando en algunos pasajes de su presentación refiere habérsele discriminado a través del acto administrativo contra el que reclama, no invoca afectado el derecho a la igualdad como fundamento jurídico de su petición.

Aun cuando no solicita que el recurso sea acogido, termina requiriendo que se deje sin efecto la resolución recurrida y se reemplace por “una nueva resolución donde se me autorice desempeñar mi actividad de asesor de seguridad y capacitador en temas inherentes a seguridad privada, por el tiempo que señala en el reglamento (dos años)”.

Junto con el recurso acompañó copia de la resolución Nº 110 del 12 de julio de 2017 que le informa haber dictado la resolución 199/17 que le concede autorización para iniciar actividades como asesor y capacitador en temas de seguridad, al tiempo de que expone que no acreditó lo requisitos académicos exigidos en materias de control de emergencia, protección de instalaciones y sistemas de comunicación y enlace, y que concede la autorización por seis meses hasta diciembre 2017, lo anterior “por mantener antecedentes comerciales”.

2°) El recurrido evacua informe el 21 de septiembre pasado, solicitando el rechazo del arbitrio intentado. nombre reservado, Coronel de la Prefectura de Carabineros Maipo expone que el 8 de mayo de 2017 el recurrente presentó solicitud para ser autorizado a desarrollar actividades como asesor y capacitador en temas de seguridad. Reconoce el informante que el recurrente fue autorizado solo por seis meses para desarrollar tales actividades, todo por no haber cumplido a cabalidad el requisito de idoneidad moral al mantener antecedentes que no se especifican en la resolución recurrida, concediéndole el plazo estimado como prudencial para regularizar las observaciones que contiene su certificado de anotaciones comerciales. Tal decisión se adoptó en el marco de las competencias otorgadas a tal Prefectura como autoridad fiscalizadora, referidas a la organización del sistema de seguridad privada, las que exigirían la acreditación por el solicitante del requisito de la idoneidad moral, el que se justifica con el certificado de antecedentes comerciales del peticionario, sus socios y de la empresa en su caso, asi como el certificado de deudas previsionales de la misma.

Desarrollando el marco normativo de la actividad que pretende desarrollar el actor, expone que la L.O.C. de Carabineros de Chile le encomienda a la Institución la fiscalización y control de las actividades de vigilancia privada, la que se extiende a la totalidad de las actividades de seguridad privadas por efecto del D.L. 3607. La autorización para dedicarse a tales actividades exigen acreditar la idoneidad cívica, moral y profesional del solicitante, asi como la de las personas que por intermedio de las personas naturales o jurídicas que desarrollen tal actividad se desempeñen como nochero, portero, rondín u otras de similar carácter. La exigencia legal se precisa en el D.S. N°93 de 1985 del Ministerio de Defensa, que para conceder las autorizaciones se podrá requerir cualquier antecedente que a juicio de la Prefectura se estime importante para formarse una cabal opinión del requirente. Luego, sobre la exigencia de justificar las idoneidades que exige la norma, tanto respecto de personas naturales como jurídicas - resumiendo los criterios de jurisprudencia judicial y administrativa que invoca pero no precisa- se ha interpretado la facultad de la entidad fiscalizadora para requerir antecedentes y luego valorarlos, todo formarse juicio sobre el cumplimiento de tales requisitos. Refiriéndose a la colisión entre tales exigencias de justificar los requisitos para conceder o denegar tal autorización, y el carácter reservado de la información comercial, cita el Dictamen 45.145 del 26 de julio de 2012 que les facultaría a exigir tal información en relación al personal que se desempeñe en el ámbito de la seguridad privada, lo que constituye una excepción especial a las restricciones del art. 2 del Código del Trabajo.

Termina, concluyendo que el cumplimiento o no de las obligaciones pecuniarias es una conducta que puede ser valorada para reputar que una persona es apta o no para ejecutar determinada actividad, valoración que no constituye por sí misma una discriminación arbitraria, y que en la especie, el solicitante se encuentra autorizado para desempeñarse en calidad de asesor y capacitador, en el plazo referido, a condición de subsanar las observaciones del informe comercial que fue presentada por el solicitante.

3º) Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Conocidamente los presupuestos de esta acción cautelar son que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. De suerte tal, que cuando los anteriores requisitos se reúnen, la acción permite la adopción de ciertos resguardos que evitan los efectos de un acto arbitrario o ilegal que haya afectado el ejercicio de un derecho indiscutido. En consecuencia, este arbitrio, tanto por su naturaleza y fines, como por las circunstancias procesales en que se tramita solo puede tener por objeto la adopción de medidas urgentes de seguridad y tutela frente a conflictos de orden constitucional.

4º) El acto supuestamente ilegal y arbitrario, correspondería al materializado en la comunicación del Prefecto del Maipo que notifica al recurrente que su solicitud de acreditación como asesor y capacitador en materias de seguridad privada ha sido aceptada, por un tiempo preciso, condicionando su renovación a la presentación de un nuevo certificado de antecedentes comerciales que de cuenta que las obligaciones han sido repactadas, renegociadas o novadas.

5º) Que, como se viene analizando los presupuestos de hecho admitidos por las partes no se condicen con las infracciones o amenazas a los derechos constitucionales que se denuncian y que justificaría la intervención de esta Corte.

Como cuestión primera, el mismo acto que se ataca da cuenta que ha concedido al recurrente el derecho a registrarse e iniciar actividades en las materias para las cuales requiere habilitación especial, razón por la que está gozando ya del ejercicio efectivo de la garantía a desarrollar una actividad económica.

6°) Que en relación a la infracción al derecho a la vida privada por la utilización de un registro especial para fines comerciales, ha sido el propio solicitante el que ha incorporado al tiempo de requerir su evaluación - entre otros antecedentes - este certificado o el boletín comercial, todo conforme la exigencia del art. 6° del Decreto 93 de 1985 del Ministerio de Defensa el que faculta a la autoridad fiscalizadora a requerir al peticionario “cualquier antecedente que, a juicio de la respectiva comandancia de Guarnición, se estimen importante para formarse una cabal impresión del requirente (…)”.

Entonces, al aportar el solicitante el boletín comercial, sometiéndose al sistema de evaluación para obtener la acreditación especial que solicita, no se configura infracción legal a la reglamentación relativa al tratamiento de los datos personales que regula la Ley 20.575. La restricción planteada por el solicitante no aplica en este caso porque el propio artículo 5 dispone que el uso de la información comercial para fines diversos de la evaluación comercial sea factible.

Por otra parte, el desarrollo del recurrente en orden del uso de la información por el mismo proporcionada no se vincula con el núcleo esencial de derechos que consagra el art 19 N° 4 de la Carta fundamental, pues la información ha sido no solo aportada por el solicitante para los fines del informe técnico relativo a su petición, sino que tampoco se ha alegado ni menos demostrado que esta información usada para restringir la autorización que pidió, afecte su honra o lo descalifique con publicidad de modo de afectar la garantía invocada.

Si a ello sumamos que al defender su petición en sus alegaciones el día de la vista de la causa, el recurrente no solo reconoce la existencia de una deuda registrada en su reporte sobre comportamiento comercial, sino que además expuso su causa y razones- vinculando el registro a una deuda de estudios universitarios que reconoce pero que declaró no pagará - no se comprende cuál es el atentado a la privacidad y honra que ahora reclama, máxime cuando ha contribuido con ese y otros antecedentes como su extracto de filiación y antecedentes para que se conformara la carpeta que se sometió a evaluación.

7°) Que haciéndonos cargo ahora de la soslayada alegación a la garantía del principio de igualdad, que no invocó como garantía conculcada o amenazada pero que atraviesa sus alegaciones escritas y orales, ni remotamente ha justificado que la autoridad fiscalizadora hubiere resuelto respecto de otro peticionario otorgar la acreditación que obtuvo por la extensión máxima sin cumplir con todas las exigencias. Todo lo contrario, resulta que el permiso temporal y condicionado que se ha concedido ya resulta en extremo generoso respecto de quien no ha satisfecho la justificación regular de todos los parámetros que se imponen a la recurrida analizar.

8º) Que en relación al derecho de ejercer una actividad económica, como ya se ha precisado la autorización ha sido otorgada, no obstante no cumplir con todos los requisitos reglamentarios, generando este acto en aquella parte no impugnada el derecho a explotar tal actividad comercial. Ahora si lo reclamado es la amenaza a la pérdida de la autorización al vencimiento del plazo concedido para regularizar lo que le ha sido observado, es necesario tener presente que este tipo de actividad por su naturaleza está sujeta a permanentes controles y verificaciones, concediéndole a la autoridad fiscalizadora – en casos fundados – el poder revocar la autorización concedida, por lo que no puede alegar la incorporación de la autorización a su patrimonio como si se tratara de un derecho adquirido. La extensión de la vigencia de la autorización corre desde un mínimo a un plazo máximo de dos años, encontrándose entonces siempre condicionada a mantener las condiciones de su otorgamiento, y a permanente evaluación.

9°) Que como razón adicional, no puede soslayarse el recurrente requirió y obtuvo provisionalmente la autorización para desempeñarse asesorando y certificando a particulares en las competencias y destrezas para que desarrollen labores propias de la fuerza policial como son la prevención de delitos y la seguridad de bienes o personas, por lo que sus competencias técnicas y personales deben ser comprobadas a fin de resguardar el fin último del proceso de certificación que por su intermedio se ejecuta. En la misma medida han de comprenderse la satisfacción de las exigencias de información que pueden colisionar en alguna medida con el derecho a la reserva de antecedentes. En este caso, todo de conocimiento y libre elección de quien aspira a obtener la autorización para desempeñarse en tales materias.

Por estas razones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia, Sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional planteada por don nombre reservado, sin costas.

Redacción de la Fiscal Judicial señora nombre reservado.

Regístrese y notifíquese.

Rol Protección N° 4205-2017.

Pronunciado por la Tercera Sala integrada por las Ministras señora Claudia Lazen Manzur y señora Carmen Gloria Escanilla Pérez y la Fiscal Judicial Carla Troncoso Bustamante.