nombre reservado con SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR

San Miguel, veintisiete de agosto de dos mil veintiséis.

Al folio 12: Téngase presente.

Vistos y considerando:

Primero: Que Claudio Muñoz Plaza, abogado, en representación de nombre reservado, interpone acción constitucional de protección en contra del Hospital Psiquiátrico El Peral, representado por su director nombre reservado, y en contra del Servicio de Salud Metropolitano Sur, representado por nombre reservado, por la dictación del Ordinario N°196, de 12 de diciembre de 2025 y de la Resolución TRA N°446/8/2025, de 10 de octubre de 2025, respectivamente, que declararon vacante su cargo por situaciones de salud que afectaron a su representada. Estima que dichas decisiones constituyen actos ilegales y arbitrarios que vulnerarían sus garantías establecidas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente se desempeñó en el cargo de Auxiliar grado 20° Escala Única de Sueldos (EUS) y que, en los últimos años, hizo uso de licencias médicas por enfermedad común y también de licencias derivadas de su situación de gravidez y posterior parto, llegando a padecer depresión posparto, lo que le generó numerosas licencias entre los meses de mayo y septiembre de 2024. Agrega que, no obstante, a la fecha de los hechos desarrollaba normalmente sus funciones en el hospital y mantenía a su hija de dos años en el jardín infantil del propio establecimiento.

Relata que el 12 de diciembre de 2025 fue notificada personalmente del Ordinario N°196, emitido por el director del Hospital Psiquiátrico El Peral, que le informó que, a contar del 13 de diciembre de 2025, su cargo quedaba vacante en virtud de la declaración de salud irrecuperable emitida por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, supuestamente materializada en la Resolución TRA N°446/8/2025. Sostiene que dicho ordinario se funda en un antecedente falso, por cuanto la Resolución N°145056/2024 de la referida comisión declaró expresamente que su representada presenta una condición de salud recuperable.

Añade que, en el mismo acto, se le notificó la Resolución TRA N°446/8/2025, de 10 de octubre de 2025, del Servicio de Salud Metropolitano Sur, que declaró vacante su cargo por salud incompatible, por haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. Afirma que dicha resolución no expresa ningún otro fundamento y que, tratándose en parte de licencias por depresión posparto, comprendidas a su juicio en el Título II del Libro II del Código del Trabajo, no se satisface el estándar mínimo de motivación exigido a un acto administrativo de esta naturaleza.

En cuanto a las arbitrariedades que denuncia, expresa, en primer término, que el Ordinario N°196 se sustenta en la falsa afirmación de que su salud sería irrecuperable, en circunstancias de que el informe de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, vinculante para el servicio, declaró lo contrario. En segundo término, afirma que la Resolución TRA N°446/8/2025 carece de fundamentación, limitándose a una motivación meramente formal, con infracción de los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880.

En tercer término, sostiene que el solo hecho de haber hecho uso de licencia médica por más de seis meses en dos años no habilita por sí solo al jefe superior del servicio para calificar la salud como incompatible con el cargo, pues el inciso tercero del artículo 151 de la Ley N°18.834, incorporado por la Ley N°21.050, exige un informe previo de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez cuyo pronunciamiento resulta vinculante para el servicio, de manera que, habiéndose declarado la salud de su representada como recuperable, no procede aplicar la causal de salud incompatible.

Añade que los actos impugnados han vulnerado su derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, al privarla del cargo grado 20° de la planta de auxiliares y de las garantías inherentes a su carrera funcionaria, así como su derecho a la igualdad ante la ley, previsto en el artículo 19 N°2 de la misma Carta, por haberse producido una discriminación arbitraria al calificar su salud como irrecuperable e incompatible pese al pronunciamiento técnico que la declaró recuperable. Expresa, asimismo, que ha sufrido el agravio de perder su única fuente laboral en vísperas de las fiestas de fin de año y el beneficio que le permitía mantener a su hija en el jardín infantil del hospital.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso y se deje sin efecto el Ordinario N°196 y la Resolución TRA N°446/8/2025, así como todo acto que de ellos se derive, retrotrayendo su situación estatutaria al estado previo a su dictación, disponiendo su reincorporación a las mismas funciones, cargo y beneficios, y el pago de todas las remuneraciones y estipendios que le correspondan, debidamente reajustados entre la fecha de su separación y la de su efectivo reingreso.

Segundo: Que evacúa informe al tenor del recurso Roberto Fárez Uribe, abogado, en representación de las recurridas Servicio de Salud Metropolitano Sur y Hospital Psiquiátrico El Peral, solicitando el íntegro rechazo del recurso, con costas.

Sostiene que no ha existido acto ilegal ni arbitrario, pues un acto es arbitrario cuando carece de razonabilidad y de fundamentación suficiente, y es ilegal cuando no reúne los requisitos legales o es contrario a la normativa vigente, situaciones que no concurren en la especie, ya que las recurridas actuaron conforme a la ley. Detalla que efectivamente la recurrente siempre desempeñó sus funciones en el Hospital Psiquiátrico El Peral, a contar del año 2005, en la calidad jurídica de contrata, en la planta de Auxiliares, del Hospital Psiquiátrico El Peral.

Explica que el artículo 150 de la Ley N°18.834 contempla, entre las causales de declaración de vacancia, la salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo, y que los artículos 151 y 152 regulan, respectivamente, la vacancia por salud incompatible y por salud irrecuperable. Precisa que se trata de dos situaciones distintas, pues si la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez determina que la salud del funcionario es irrecuperable tiene aplicación el artículo 152, mientras que, si califica su salud como recuperable, tiene lugar el artículo 151.

Agrega que la jurisprudencia de la Contraloría General de la República ha sostenido que, en el evento de que el informe de la comisión estime que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo, y que las modificaciones introducidas por la Ley N°21.050 no derogaron la causal de vacancia por salud incompatible, la que se justifica en la necesidad de velar por la continuidad de la función pública.

Señala que, en el caso concreto, concurrieron todos los requisitos del artículo 151, pues la recurrente hizo uso de licencias médicas por 241 días, superando el plazo de seis meses; las licencias fueron concedidas en los dos últimos años; no tuvieron su origen en accidentes en actos de servicio, enfermedades profesionales ni en la protección de la maternidad; y su salud fue declarada recuperable por la comisión competente. Concluye que el director del Servicio de Salud Metropolitano Sur, en uso de sus atribuciones, cumplió todos los requisitos para la declaración de vacancia por salud incompatible.

Añade que el acto fue debidamente notificado por el Hospital Psiquiátrico El Peral y que no es efectivo que se hayan invocado distintas causales, pues la notificación comunica que la cesación se produjo por aplicación del artículo 151. Refiere que, con el fin de evitar decisiones arbitrarias, el hospital cuenta con un Comité de Ausentismo que revisó el caso y que, mediante el Informe Solicitud de Aplicación del Artículo 151 por Ausentismo Prolongado, de 31 de julio de 2025, constató 241 días de licencias médicas en los últimos dos años y el impacto de su ausencia en la carga laboral del equipo, solicitando la aplicación de la referida norma, todo lo cual se confirma en el Informe de Ausentismo Detallado de la misma fecha.

Hace presente que la decisión se adoptó conforme al principio de servicialidad del Estado, consagrado en el artículo 1° de la Constitución Política de la República, y que la Resolución TRA N°446/8/2025 fue tomada de razón por la Contraloría Concluye que no existe afectación al derecho de igualdad ante la ley, pues el servicio adoptó la misma decisión respecto de otros funcionarios en igual situación, ni al derecho de propiedad, toda vez que la estabilidad en el cargo subsiste en la medida que no concurra una causal de cesación, la que en la especie se configuró conforme a derecho.

Tercero: Que Katteryne Beatriz Díaz Candia, abogada, en representación del Hospital Psiquiátrico El Peral, evacúa informe solicitando el íntegro rechazo de la acción, por no concurrir acto ilegal ni arbitrario alguno.

Expone que la recurrente se desempeñó como funcionaria de planta del hospital, en el cargo de Auxiliar grado 20° de la Escala Única de Sueldos, y que, durante los dos años previos a los actos impugnados, hizo uso de licencias médicas por un período superior a seis meses, circunstancia objetiva y no controvertida. Agrega que, en cumplimiento del inciso tercero del artículo 151 de la Ley N°18.834, el jefe superior del servicio requirió previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación sobre la irrecuperabilidad de su salud, y que dicha comisión declaró que su salud era recuperable, antecedente ponderado por la autoridad al ejercer la facultad legal correspondiente.

Señala que el artículo 150 letra a) de la Ley N°18.834 establece como causal de vacancia la salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo, y que el artículo 151 faculta al jefe superior del servicio para considerar como salud incompatible el uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, previo requerimiento del informe de la comisión.

Sostiene que no existe ilegalidad, pues la autoridad dio estricto cumplimiento a los artículos 150 letra a) y 151, ejerciendo una potestad legal expresa. Añade que tampoco existe arbitrariedad, ya que la resolución impugnada expresa los antecedentes fácticos y los fundamentos jurídicos que habilitan la declaración de vacancia, cumpliendo el estándar de fundamentación de los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880.

Precisa que la declaración de salud recuperable no suprime la facultad de declarar la vacancia por salud incompatible, pues la comisión no emite un pronunciamiento de compatibilidad funcional con el cargo, sino únicamente un antecedente técnico sobre la recuperabilidad clínica del funcionario. Agrega que entender lo contrario dejaría sin aplicación la causal de vacancia por salud incompatible, así como los principios de continuidad del servicio público y de servicialidad del Estado.

Concluye que los actos recurridos fueron dictados dentro del ámbito de las atribuciones legales de la autoridad, con debida fundamentación y persiguiendo un fin legítimo, sin que se configure vulneración alguna de garantías constitucionales.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –contrario a la ley– o arbitrario –producto del mero capricho de quienes incurren en él–, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que según lo que se denuncia en la acción intentada, la parte recurrente califica como ilegal y arbitraria, tanto la dictación del Ordinario N°196, de 12 de diciembre de 2025, del Hospital Psiquiátrico El Peral, como de la Resolución TRA N°446/8/2025, de 10 de octubre de 2025, del Servicio de Salud Metropolitano Sur.

Sexto: Que las normas que regulan la situación de la recurrente están contenidas en la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, que en su artículo 150 dispone: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo; b) Pérdida sobreviniente de alguno de los requisitos de ingreso a la Administración del Estado; c) Calificación del funcionario en lista de Eliminación o Condicional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50, y d) Por no presentación de la renuncia, según lo señalado en el artículo 148, inciso final.”

Por su parte, el artículo 151 del mismo cuerpo legal establece que: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”

Como se observa de la normativa transcrita y de los antecedentes expuestos, la causal de cese en el cargo de la recurrente corresponde a salud incompatible, declarado por el Servicio de Salud Metropolitano Sur, toda vez que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez declaró recuperable la salud de la recurrente.

Séptimo: Que es del caso señalar que, la duración de sus ausencias con motivo de las licencias médicas, 241 días, ciertamente se enmarca en la situación prevista en el inciso primero del artículo 151 del Estatuto Administrativo precedentemente transcrito y citado en ambos actos materia del recurso.

De lo anterior, necesariamente se sigue que la recurrida Servicio de Salud Metropolitano Sur actuó dentro de la esfera de sus atribuciones, en un caso expresamente facultado por el ordenamiento jurídico para hacerlo, lo que impide calificar su accionar como ilegal. A su vez, tampoco resulta arbitrario, desde que de su lectura se comprueba que en la Resolución cuestionada se expresa claramente el motivo por el que se arriba a la conclusión que la salud de la recurrente es incompatible con el cargo para el que fue contratada y la consecuente declaración de vacancia del cargo que sirve, cumpliendo con el estándar de fundamentación exigido por los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. De esta manera, se constata que la entidad recurrida en mención se ha limitado a ejercer sus facultades sin que se divise ilegalidad ni arbitrariedad en su ejercicio.

Por su parte, en lo que toca al recurrido Hospital Psiquiátrico El Peral, desde ya se dirá que su acto, materializado en el Ordinario N°196, no tiene mayor alcance que el de una finalidad de comunicación a una decisión ya formal y expresamente adoptada.

Octavo: Que, a mayor abundamiento, se debe tener en consideración el principio de servicialidad consagrado en el artículo 1° de la Carta Fundamental, en virtud del cual, la Administración del Estado debe cumplir las necesidades públicas en forma continua y permanente mediante los servicios públicos.

En este sentido, uno de los requisitos para acceder a la función pública es contar con una salud compatible con el desempeño del cargo, ello en armonía con el objetivo de dicha labor que corresponde a prestar el servicio de atención pronta y eficiente a los usuarios, lo que conforme a la situación fáctica descrita no aparece cumplida, pues el estado de salud de la funcionaria no ha permitido la labor permanente y continua, a la que está obligada la Administración del Estado.

Noveno: Que más allá de la discrepancia entre el Ordinario N°196 del Hospital recurrido y el acto administrativo contenido en la Resolución N°446 emanada del Servicio de Salud Metropolitano Sur, la causal que los funda y que es su razón es única y exclusivamente aquella contemplada en el artículo 151 del Estatuto Administrativo, esto es, la de tener una salud incompatible con el ejercicio del cargo de cuya vacante se trata.

Lo anterior no se ve empañado con la imprecisión o discrepancia que se contiene en el referido oficio Ordinario N°196, en cuanto alude a la “salud irrecuperable” de la recurrente, puesto que aparece de manifiesto que este acto -según se adelantó más arriba- no tuvo otro afán que cumplir a modo de comunicación por parte del Hospital Psiquiátrico El Peral de lo ya determinado y resuelto por la autoridad competente a quien era su funcionaria -la recurrente-, y que, como se ha señalado reiteradamente, fue la aplicación de la causal de vacancia por salud incompatible.

Más allá de ese yerro -que pudo causar una confusión inicial- lo cierto es que no queda duda que la declaración de vacancia reclamada en autos obedeció única y exclusivamente a los presupuestos de la figura de salud incompatible con el cargo regulada en el artículo 151 de la Ley N°18.834.

Décimo: Que, atendido todo ello y no bastando para entender conculcadas las garantías constitucionales invocadas en el recurso los términos en que ha argumentado su promotor, el libelo no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Hospital Psiquiátrico El Peral y del Servicio de Salud Metropolitano Sur.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°42-2026 Protección