Protección contra Ilustre Municipalidad de Calera de Tango

En Santiago, a seis de abril de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que a fojas 9 comparece Doña nombre reservado quien interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango, representada por su Alcalde Sr. Erasmo Valenzuela, y solicita que se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de la mismo en cuanto su actuar ilegal y arbitrario, con costas.

Indica que ostentaba el cargo de funcionaria municipal de la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango, en la ejercía funciones de administrativa con grado 16.

Refiere que con fecha 26 de octubre de 2015, ante la presencia del ministro de fe correspondiente, se constituyó la organización denominada “Asociación de Funcionarios Calera de Tango”, y que actualmente, y hasta el 26 de octubre de 2017, despliega el cargo de tesorera de dicha asociación, haciendo presente que el mismo día de la elección, en una reunión personal sostenida con el Alcalde Sr. Valenzuela, se le informó sobre la creación de dicha organización, de conformidad al artículo 12 de la Ley Nº 19.296.

Añade que los miembros de la organización han sido víctimas de acoso laboral por parte de las nuevas autoridades del Municipio, viendo vulnerados sus derechos como funcionarios públicos y miembros de la asociación de funcionarias, señalando que en su caso particular la Jefatura de Recursos Humanos puso término a su contrato, a pesar de estar sujeta a fuero funcionario por ser parte de la directiva de la referida organización.

Señala que si bien no ha sido notificada formalmente de la desvinculación, mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2016 se enteró de la decisión alcaldicia.

Manifiesta que el actuar de la recurrida implica una vulneración a lo autorizado por la anterior dirección del servicio; una afectación del fuero sindical; y una violación al artículo 25 de la Ley Nº 19.296, haciendo presente que a pesar de que su contrata termina el 31 de diciembre por el sólo ministerio de la ley ello no resulta procedente en la especie por gozar de fuero.

En cuanto al referido fuero menciona que la recurrida se encuentra imposibilitada de poner término a su contrato de trabajo, a menos que medie autorización judicial previa, la que sólo se puede otorgar en el caso que se trate de las causales de vencimiento del plazo convenido para la duración del contrato, o conclusión del trabajo que dio origen al mismo.

Expresa que en este escenario el actuar de la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango es ilegal, arbitrario y vulnerador de garantías constitucionales, específicamente aquellas del artículo 19 Nº 2, 3, 15, 16, 19, 24 y 26, indicando, respecto del derecho consagrado en el numeral 2° que se la ha tratado de forma distinta que otros directores, por el sólo hecho de que su cargo es a contrata.

Indica que existe numerosa jurisprudencia, tanto judicial como administrativa, que resuelve que la renovación de un empleo a contrata no puede ser un acto ilegal, de conformidad al artículo 3 letra c) y 10 del Estatuto Administrativo, debiendo respetarse los plazos y fuero.

Refiere que si bien las contratas son empleos esencialmente transitorios cuya duración máxima es el 31 de diciembre de cada año, deconformidad al artículo 25 de la Ley Nº 19.296 los directores de las asociaciones de funcionarios gozan de fuero, esto es de inamobilidad en sus cargos desde la fecha de su elección y hasta 6 meses después en que cesen en él, sin hacer distinción del tipo de contratación, por lo que se debe entender aplicable también a los cargos a contrata.

Agrega que debe entenderse que el artículo 10 del Estatuto Administrativo fue derogado tácitamente por el artículo 25 de la Ley Nº 19.296.

En definitiva solicita que se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de la mismo en cuanto su actuar ilegal y arbitrario, con costas Acompaña como fundamento del recurso los documentos rolantes de fojas 1 a 8.

Segundo: Que a fojas 30, doña nombre reservado, Alcaldesa (S) de la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango informa al tenor del recurso de protección solicitando: que se rechace, con costas, el recurso interpuesto por carecer de motivos que lo hagan plausible; por no haberse acreditado actos ilegales y arbitrarios; porque la recurrente incumplió con las obligaciones establecidas por la ley; y porque que la decisión de no renovar la contrata se ajustó a derecho y forma parte de una facultad discrecional establecida por la ley. Asimismo y para el caso de acogerse el recurso pide se exima a su parte del pago de las costas por haber tenido motivo plausible para litigar.

Previa referencia al recurso de protección indica que la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango se encuentra regulada por la Constitución, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, debiendo ajustar su actuar a dichos cuerpos normativos, haciendo presente que el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales establece el marco jurídico aplicable a las personas que se desempeñan en las municipalidades, prescribiendo las formas como alguien puede prestar servicios para una Municipalidad.

Refiere que la prestación de servicios puede darse mediante cargos de planta, cargos a contrata, cargos bajo el Código del Trabajo y contratación a honorarios, agregando que cualquiera sea la modalidad, la Municipalidad, para vincularse con su personal debe contar debe contar con las facultades que le permitan dicha vinculación y con los recursos necesarios, los que se definen en el presupuesto municipal y deben ser aprobados por la normativa aplicable.

Añade que no se trata de una vinculación asimilable a la que deriva de un contrato de trabajo, donde tanto empleador como trabajador tienen plena autonomía para la contratación, sin perjuicio de la normativa mínima establecida a favor de los trabajadores.

En cuanto a los cargos a contrata señala que se encuentran establecidos en el artículo 2º inciso 2º de la Ley Nº 18.883; que se trata de cargos transitorios; que se trata de funcionarios de carácter público, como lo ha sostenido la jurisprudencia y Contraloría General de la República; que en consecuencia, de conformidad al artículo 1º la Ley Nº 18.883 se rigen por dicha ley en todo lo que sea compatible con la naturaleza del cargo; que el vínculo existente entre el municipio y el funcionario a contrata nace con su nombramiento, y no es de carácter contractual, sino que legal o reglamentario; que no se aplican a su respecto las normas del Código del Trabajo; que se les aplican las normas relativas a la cesación de servicios de los funcionarios públicos; y que es la Contraloría General de la República la que tiene la competencia exclusiva para informar los asuntos relativos al Estatuto Administrativo y vigilar su cumplimiento.

Señala que la recurrente se encontraba bajo la modalidad de contrata, de conformidad al Decreto Alcaldicio Nº 2858 de fecha 30 de noviembre de 2015 y que si bien la recurrente ha alegado ser miembro del directorio de la Asociación de Funcionarios Municipales de la Municipalidad de Calera de Tango ésta no ha cumplido con las obligaciones legales que le otorgan fuero.

Expresa que de conformidad al artículo 12 de la Ley Nº 19.296, el directorio de la asociación debe comunicar por escrito a la jefatura superior de la respectiva repartición la celebración de la asamblea de constitución y nómina del directorio al día hábil siguiente, lo que se aplica también a los cambios de directorio, y que de conformidad al artículo 20 los funcionarios que fueran candidatos al directorio y que reúnan los requisitos para ser elegidos gozarán del fuero previsto en el artículo 25 desde que se comunique por escrito a la jefatura superior de la respectiva repartición la fecha en que deba realizarse la elección y hasta ésta última o desde la presentación de la candidatura. Refiere que dicha comunicación debe darse a la jefatura superior con una anticipación no superior a 30 días contados hacia atrás desde la fecha de la elección y que una copia de dicho aviso debe remitirse, por carta certificada a la Inspección del Trabajo.

Agrega que el fuero no tendrá lugar cuando no se realicen todas las comunicaciones que ordena la ley y que en la especie no se envió comunicación escrita a la jefatura superior, lo que de hecho fue reconocido por la propia recurrente quien dio cuenta que la información se entregó de manera verbal, motivo por el cual la recurrente no gozaba de fuero, por incumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.

Señala que en este escenario, y careciendo la recurrente de fuero, se procedió a no renovar su contrata, mediante Decreto Alcaldicio de fecha 30 de noviembre de 2016, manifestando que no se renovó ninguna de las contratas municipales para el año 2017, terminando la vinculación de estos con la municipalidad el 31 de diciembre de dicho año.

Menciona que la no renovación de las contratas para el año 2017 dice relación con las necesidades de reestructuración del personal y adecuaciones para dar fiel cumplimiento a la Ley Nº 20.992, expresando que se ordenó al Departamento de Administración y Finanzas que efectuara las notificaciones por carta certificada, en el último domicilio registrado por cada funcionario, remitiéndose dichas misivas 30 de noviembre.

Expresa que la decisión adoptada por la municipalidad dice relación con lo dispuesto en el Oficio Nº 85.700- 2016 de 28 de noviembre de 2016 de la Contraloría, en el que establece criterios complementarios para la aplicación de los Dictámenes Nº 22.766 y 23.518, indicando que dicho ente dispuso que el acto administrativo mediante el cual se materialice la decisión de no renovar una contrata debe contener el razonamiento y expresión de los hechos y derechos que lo fundamentan.

Agrega que el oficio dispone que puede servir de fundamento para no renovar la contrata, entre otros la modificación de funciones del órgano o su reestructuración, que hagan innecesarios los servicios o requieran que preste funciones diversas; y nuevas condiciones presupuestarias o de dotación que obliguen a reducir personal. Asimismo señala que la Contraloría dispuso que el acto que decide no prorrogar una contrata debe dictarse a más tardar el 30 de noviembre del año respectivo; que dicho acto debe notificarse mediante la remisión de su texto íntegro; en los 5 días siguientes en que quedó totalmente tramitado el acto; mediante carta certificada al domicilio del interesado.

Añade que la recurrente no gozaba de fuero, atendido que no dio cumplimiento a los requisitos legales para gozar de dicho beneficio; que la recurrida al no renovar la contrata cumplió con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la ley; que no existe acto ilegal, arbitrario ni vulnerador de garantías constitucionales; por lo que la acción constitucional debe ser rechazada.

En definitiva pide que se rechace con costas el recurso interpuesto por carecer de motivos que lo hagan plausible; por no haberse acreditado actos ilegales y arbitrarios; porque la recurrente incumplió con las obligaciones establecidas por la ley; y porque que la decisión de no renovar la contrata se ajustó a derecho y forma parte de una facultad discrecional establecida por la ley. Asimismo y para el caso de acogerse el recurso pide se exima a su parte del pago de las costas por haber tenido motivo plausible para litigar.

Acompaña como fundamento de sus alegaciones los documentos de fojas 18 a 29.

Tercero: Que de conformidad a lo ordenado por esta Corte, a fojas 45 informa la Inspección del Trabajo Maipo indicando que la Asociación de Funcionarios Municipales de la Municipalidad de Calera de Tango se constituyó el 16 de octubre de 1996; que con fecha 26 de octubre de 2016 se realizó reelección de directores, lo que se efectuó ante la Ministro de Fe Jeannette Muñoz, funcionaria del Servicio de Registro Civil e Identificación; que la recurrente aparece como directiva electa; que no existen antecedentes en dicha inspección que la asociación informara a la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango la oportunidad en que se llevó a cabo el proceso eleccionario o que se haya efectuado una comunicación de una eventual candidatura.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado por un acto u omisión arbitrario o ilegal que le prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Quinto: Que el Recurso de Protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye a una acción de carácter tutelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado por un acto u omisión arbitrario o ilegal que le prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Sexto: Que del mérito de autos se desprende que la recurrente no ha probado la existencia, primero de un acto ilegal o arbitrario par parte de la Municipalidad de Calera de Tango en contra de la recurrente, y lo segundo, de un derecho preexistente e indubitado de aquellos que deben ser protegidos por esta vía cautelar, motivos por el cuales no concurren los presupuestos de procedencia de la Acción Constitucional deducida, debiendo rechazarse el recurso interpuesto.

Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre "Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales", SE RECHAZA el Recurso de Protección interpuesto a fojas 9 de estos antecedentes, sin costas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Carlos Espinoza Vidal.

Rol 42- 2017 - PROT.

Se deja constancia que no firman no obstante haber concurrido a la vista de la causa y fallo, por encontrarse ausentes la Ministro señora María Stella Elgarrista Álvarez y el abogado integrante señor Carlos Espinoza Vidal.

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