Protección contra Compañía General de Electricidad S

Fojas 142 (ciento cuarenta y dos)

En Santiago, a diecinueve de marzo de dos mil diecinueve.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que a fojas 4, don nombre reservado, abogado, con domicilio en domicilio reservado, deduce recurso de protección en su favor y en contra de la Compañía General de Electricidad S.A. (CGE), representada legalmente por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, de don nombre reservado, terrateniente, domiciliado en domicilio reservado, y de la Sociedad nombre reservado, sociedad del giro de su denominación, representada legalmente por doña nombre reservado, ambas con domicilio en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la amenaza de corte de luz que hoy existe sobre el inmueble de su propiedad y de otros parceleros que forman parte de los Condominios Los nombre reservado I y II, ubicados en el Km. 7 y 8 del Camino el Toro, comuna de Curacaví. Expresa que es propietario, en comunidad con su esposa, de la parcela 51, del Condominio denominado “Los nombre reservado II”, ubicado en el km 8, del Camino El Toro, comuna de Curacaví; que dicha propiedad la adquirieron por compraventa -escritura pública de 6 de setiembre de 2013- que hicieron a la sociedad recurrida nombre reservado, la que se obligaba, en la cláusula décima de la respectiva escritura, junto con el recurrente, a traspasar los derechos de servidumbre a CGE Distribuidora S.A. o sucesores, y facilitar los medios necesarios para el suministro de la misma en caso que la Compañía Eléctrica así lo requiera, y que, además, en la cláusula undécima, la recurrida constituía servidumbre eléctrica, continua y aparente en favor del predio de su dominio, imponiendo obligaciones de prorrata en el pago del “consumo que se contenga en la respectiva cuenta de la compañía eléctrica”. Indica que el señor nombre reservado, distribuye internamente la electricidad a los Condominios de parcelas ubicadas entre el Km. 7 y 8 del Camino El Toro, comuna de Curacaví, utilizando la servidumbre eléctrica que constituyó en su favor la sociedad nombre reservado, al momento de la compra; que el mismo señor nombre reservado es quien se encarga de entregar mensualmente una planilla interna con los consumos individuales y consumos prorrateables de la cuenta que llega a su nombre para que todos los parceleros abonen el monto en dinero que exige conforme a dicha planilla a la cuenta corriente de doña nombre reservado. Refiere que, si alguno de los parceleros no paga o se atrasa, el señor nombre reservado ejecuta actos de un verdadero proveedor de luz, ejerciendo cortes unilaterales y aplicando valores de reposición a su amaño. Refiere que un grupo de parceleros, en el año 2015, se unieron para denunciar en el Juzgado de Policía Local, en los términos de la Ley N° 19.496, a la sociedad nombre reservado, que es la persona con la que contrataron al momento de la compra, causa que se encuentra en tramitación, en esta Corte, bajo el ingreso N° 231-2018 (PL). Menciona que esta iniciativa se gesta a propósito de tener muchos de los parceleros serias dudas de los montos que se debían pagar. Al efecto, señala que algunos de los parceleros, cansados de la incertidumbre, comenzaron a pagar sólo los valores asociados a sus medidores, otros no pagaron más sus cuentas y otros mantuvieron el pago que indicaba en sus planillas el señor nombre reservado, lo que, en todo caso, denota la situación de desorden al interior de los Condominios Los nombre reservado I y II. Con todo, hace presente que este recurso tiene un objeto y causa a pedir distintos al mencionado procedimiento infraccional, que sigue su curso normal y que pretende la determinación correcta de la tarifa aplicada. Manifiesta que, dentro de las posibles soluciones, siempre se ha conversado entre los parceleros y los recurridos Sociedad nombre reservado y nombre reservado, la posibilidad de independizar las líneas y medidores de cada uno de los parceleros, señalando estos recurridos, de forma insistente, tanto por medios formales como informales, que la Compañía General Eléctrica S.A. (CGE) ha dado su negativa a poder independizar las líneas, aduciendo una serie de factores, al parecer técnicos, de lo que dicen tener registros, pero jamás se han exhibido. A juicio del actor, el real motivo por el cual CGE no entrega la independencia eléctrica a cada uno de los parceleros es la comodidad de facturar una sola cuenta, en vez de cerca de 70 medidores individuales con cuentas individuales; por otro lado, a los otros recurridos, Sociedad nombre reservado y nombre reservado, les interesa perpetuar este desorden, pues así todos los parceleros se hacen cargo de pérdidas y consumos que es imposible determinar, y exigiendo el pago mediante amenazas. Afirma que esta situación es nociva y genera estrés a cada parcelero dado que la electricidad es vital para la mantención de la parcela, para el uso del agua, y para las cuestiones más básicas, afectando la integridad psíquica y también física de quienes son propietarios de dichas parcelas y, con mayor angustia para quienes viven diariamente en sus parcelas. Añade que esta precaria situación tiene como correlato que el recurrido nombre reservado informó a todos los parceleros que CGE tiene en trámite y programación el corte de la luz para el día viernes 13 de julio (de 2018), existiendo una amenaza de corte general de la línea asociada a su cuenta Número de cliente [cuenta reservada]. En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, da cuenta que se amenaza, al menos, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, amparado en el N° 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y la igualdad ante la ley, amparado en el N° 2 del mismo artículo. Argumenta que el primero de ellos se conculca a través de la actitud nociva de los recurridos, que genera estrés a cada parcelero, dado que la electricidad es vital para la mantención de la parcela, para el uso del agua de pozo que consumen, y para las cuestiones más básicas y de primera necesidad para la vida; que la amenaza de corte es permanente y continua; y que CGE no cumple la norma respecto a la distribución e independencia de línea, en tanto a los otros recurridos les conviene mantener esta situación, pues les otorga un control absoluto y se benefician del pago a prorrata para no asumir pérdidas, mantenciones, y un sinfín de otras situaciones, puesto que la línea eléctrica termina precisamente donde ellos viven, en el kilómetro 9, beneficiándose del prorrateo de los parceleros que están dos kilómetros más abajo. De otro lado, el segundo de los derechos invocados se conculca toda vez que el recurrido CGE, no ha permitido la independencia de los medidores a cada uno de los parceleros, perpetuando una situación nociva que la empresa mencionada está en pleno conocimiento, ejerciendo una ejecución discrecional de la ley, discriminando a quienes son los verdaderos usuarios finales del recurso básico al no permitirles acceder a un servicio individual, permitiendo la facturación en un solo cobro que hoy está generando una situación perjudicial a todos quienes viven o descansan en ese lugar. Sostiene que la empresa de distribución de electricidad recurrida, debería estar obligada a entregar el servicio de forma individual, máxime tomando en cuenta que la propia recurrida nombre reservado, constituyó servidumbre eléctrica en su línea interna, y además en las escrituras de compraventa se obligaron las partes a traspasar dichos derechos de servidumbre a la recurrida CGE. Menciona que, si bien hoy existe regulación de la transmisión eléctrica, existe una penumbra respecto al marco regulatorio de la distribución eléctrica, habiendo sólo una ley general de electricidad que regula ciertos ámbitos. Por ejemplo y en lo concreto la afectación denunciada se encuentra en el artículo 125 de la Ley General de Electricidad que indica que: “En su zona de concesión, las empresas distribuidoras de servicio público estarán obligadas a dar servicio a quien lo solicite, sea que el usuario esté ubicado en la zona de concesión, o bien se conecte a las instalaciones de la empresa mediante líneas propias o de terceros, bajo las condiciones estipuladas en el artículo 126º. La obligación de dar suministro se entiende en la misma tensión de la línea sujeta a concesión a la cual se conecte el usuario”. Resulta, entonces, necesario resolver por qué razón la mencionada empresa de distribución no ha hecho, pese a los constantes requerimientos, la correspondiente separación de las cuentas eléctricas, tomando en cuenta que todas las circunstancias materiales se encuentran a su alcance, y no podría haber un hecho imposible de cumplir dado que el tendido eléctrico sí llega al punto donde es necesario. En definitiva, solicita tener por interpuesto recurso de protección para que en definitiva se reestablezca el imperio del derecho, subsanando las afectaciones a las garantías denunciadas, y se ordene a los recurridos cesar la amenaza de corte del suministro de energía eléctrica y se ordene a la recurrida Compañía General de Electricidad S.A. (CGE), iniciar los procesos de independencia para otorgar cuentas individuales a todos quienes son parte de los Condominios Los nombre reservado I y II, ubicados entre los kilómetros 7 y 8 del camino El Toro, comuna de Curacaví, con costas.

SEGUNDO: Que, a fojas 70, informan los recurridos don nombre reservado y nombre reservado, por intermedio del abogado don Cristián Gamboa Guzmán, afirmando que sus representados no han incurrido en una acción u omisión ilegal o arbitraria, como se pretende imputar en el presente recurso de protección. Destaca que el señor nombre reservado, a través del recurso de protección de autos, intenta llevar al conocimiento de esta Corte un asunto o tema de fondo materia de un juicio de lato conocimiento, que escapa por completo a la naturaleza de acción cautelar que tiene el recurso de protección, omitiendo además que, parte de los temas que denuncia, se han debido a que, sin justificación alguna, ha dejado de pagar el consumo eléctrico de la Parcela Nº 51, desde septiembre de 2018 [sic] (sólo efectuó un abono parcial de $1.500.000 con fecha 12 de julio de 2018), llegando a mantener pendiente un monto de más de $4.000.000 con nombre reservado. Agrega que el recurrente intenta utilizar el mecanismo del recurso de protección para resolver una asunto que no tiene la naturaleza de constitucional, en que lo pretendido es una declaración que en nada se relaciona con el amparo constitucional y las garantías y derechos que establece nuestra Carta Magna. Alega luego, la extemporaneidad del recurso. Señala que, de acuerdo a lo indicado por el recurrente, si bien no se precisa cual sería el acto u omisión arbitrario o ilegal que le causa vulneración de sus derechos constitucionales ni su fecha, pues sólo se menciona un mail de fecha 27 de junio de 2018 por el cual nombre reservado informó de las sumas que cada parcelero debía depositar para cubrir el monto de la factura enviada por CGE que informaba de un corte de luz para el 9 de julio de 2018 debido a los montos adeudados, dicho mail en modo alguno constituye la amenaza pretendida por el recurrente ni se condice con el relato de los hechos que menciona. Al efecto, indica que respecto de la primera garantía constitucional que el recurrente considera amenazada, esto es, la del Nº 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, única que se invoca respecto de sus representados, si bien el relato del recurrente es vago e impreciso, supone que ello se debería a las supuestas amenazas de corte de suministro eléctrico que el recurrente estima arbitrarias o ilegales, lo cual, ya fue materia de una acción judicial intentada en el año 2015 ante el Juzgado de Policía Local de Curacaví, que fue rechazada en primera instancia y que hoy está pendiente ante esta Corte. En consecuencia, si ya al mes de agosto de 2015, se puso en conocimiento de los tribunales la situación denunciada en el recurso de protección, ello es prueba indesmentible que las supuestas amenazas de corte o suspensión de la energía eléctrica que sirven de fundamento al recurso de protección datan desde hace varios años, de manera tal que resulta evidente la extemporaneidad de la acción de protección demandada en autos. Que, por otra parte, en relación a la segunda garantía constitucional invocada, esto es, la igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 Nº 2 de la Carta Fundamental, según se desprende claramente, el origen de lo que reclama, data desde la fecha que suscribió la escritura de compraventa del inmueble de su propiedad junto a su esposa (Parcela Nº 51), esto es, desde el 6 de septiembre de 2013, de manera tal que respecto de esta garantía constitucional, también la acción de protección resulta claramente extemporánea. Conforme a lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el Nº 1 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, que establece claramente que este debe ser deducido dentro del plazo fatal de 30 días corridos, debido a que se trata de un plazo de carácter fatal, el presente recurso debe ser rechazado, desestimado o declarado inadmisible, por ser claramente extemporáneo. En segundo lugar, derechamente alega la improcedencia del recurso por ser materia de lato conocimiento lo alegado por el recurrente. Expresa que en el caso de autos, el recurrente plantea una controversia de fondo que escapa por completo al ámbito del recurso de protección, pues las cuestiones que somete al conocimiento de esta Corte deben ser resueltas en un juicio de lato conocimiento, sea ello ante la justicia ordinaria o ante la arbitral. Explica que todo lo que se refiere a las diferencias que el recurrente denuncia en relación a las supuestas amenazas de suspensión o corte de energía eléctrica, ya han sido puestas en conocimiento del Juzgado de Policía Local del Curacaví en una acción por supuesta infracción a la Ley Nº 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, proceso que lleva una tramitación de aproximadamente 3 años y que hoy se encuentra pendiente ante esta Corte, con el recurso de apelación interpuesto por el propio señor nombre reservado (el recurrente) en contra de la sentencia de primera instancia que rechazó la denuncia y querella infraccional y la demanda civil de indemnización de perjuicios. Agrega que, en ese proceso, también se ha discutido sobre la procedencia de los cobros por concepto de energía eléctrica que se hacen mensualmente a los parceleros y que muchos de ellos, no han pagado en todo o parte, siendo el recurrente precisamente, quien mantenía hasta antes la interposición de la presente acción de protección, la deuda de mayor cuantía. Que, en este sentido, hace presente, que el señor nombre reservado, posterior a septiembre del año 2015 y hasta el día 12 de julio de 2018 (un día después de interponer la acción de protección), no obstante haber incurrido en su parcela Nº 51 en importantes consumos mensuales de energía eléctrica, no efectuó pago alguno, llegando a acumular una deuda de más de $4.000.000 con el recurrido don nombre reservado hasta el mes de julio de 2018, que se viene generando desde fines de 2015, y que sólo un día después de haber interpuesto la presente acción de protección, esto es, el día 12 julio de 2018, procedió a pagar un total de $1.500.000, situación que demuestra la mala fe del recurrente, indicando éste como razón o motivo del pago “pago luz parcela 51 ajustado a valor kilowats”. Por otra parte, en cuanto a la independencia eléctrica que el recurrente reclama, afirma que ello también es un tema de fondo que escapa por completo a la naturaleza cautelar de la acción de protección, debiendo ser discutido en una acción de lato conocimiento de naturaleza civil, sea ello ante los tribunales ordinarios de justicia o ante la justicia arbitral, según corresponda. A continuación, argumenta en torno a que sus representados han actuado en todo momento con estricto apego a la Ley y al Reglamento de Parcelación respectivo y no han incurrido en ninguna acción u omisión ilegal o arbitraria, como se intenta imputar sin fundamento alguno en el recurso que informa. Refiere que, efectivamente, mediante escritura pública de fecha 6 de septiembre de 2013, nombre reservado Ltda. celebró con el señor nombre reservado y con su “esposa” doña nombre reservado un contrato de compraventa, por la cual estos últimos adquirieron el Lote A-51 (parcela Nº 51) de la parcelación llamada “Los nombre reservado II” ubicado en el Kilómetro 8 del camino El Toro, de la comuna de Curacaví. Además de lo indicado por el recurrente en las cláusulas Décimo y Décimo Primera, se señaló que las partes establecen expresamente que los diversos predios de la parcelación compartirán los gastos de energía eléctrica a prorrata que corresponda a cada parcela o lote, conforme al consumo indicado en su medidor particular, debiendo además concurrir en iguales partes con las restantes parcelas o lotes al pago de los gastos fijos, impuesto al valor agregado y cualquier otro ítem distinto del consumo que se contenga en la respectiva cuenta de la Compañía Eléctrica. Asimismo las partes establecen expresamente que serán de cargo exclusivo del predio dominante los mayores costos derivados de ampliaciones de energía eléctrica solicitada por sus necesidades, así también como los gastos de trasformadores, fusibles, medidores e instalaciones de los mismos, como también los costos ocasionados por accidentes o casos fortuitos, tales como caídas de postes, debiendo en todo caso concurrir con las demás parcelas o lotes a los gastos de manutención de la postación eléctrica. Se faculta expresamente a la constituyente o su sucesor en el dominio para suspender el suministro eléctrico en caso de retardo en el pago de los gastos referidos, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar. Añade que, en la cláusula Séptima del referido contrato se estableció que: “(…) El comprador declara conocer y aceptar el Reglamento de Copropiedad y Orden Internos del Loteo, el que fue reducido a escritura pública con fecha veintisiete de octubre de mi novecientos noventa y nueve, en la Notaría Pública de Santiago de don nombre reservado, instrumento público que se entiende formar parte integrante del presente Contrato de Compraventa, para el efecto del conocimiento que las partes tienen de él…”. En relación a lo anterior, en dicho Reglamento se establece expresamente lo siguiente: “Artículo Décimo Cuarto: Los consumos de electricidad serán medidos con medidores o remarcadores individuales en cada parcela, siendo su costo de instalación, reparación o recambio de cargo y costo de cada parcelero, quienes deberán solicitar la potencia requerida a la empresa Río Maipo (…) Cada parcelero estará obligado a concurrir al pago de la factura que mensualmente emita la citada empresa eléctrica en la proporción que le corresponda conforme a la lectura que arroje su medidor individual. Asimismo estará obligado a concurrir a prorrata con los demás parceleros al pago de todos los ítems diversos al consumo que contenga dicha factura, tales como cargos fijos, Impuestos al Valor Agregado… La vendedora estará expresamente facultada para suspender el suministro de energía eléctrica a cualquiera de los parceleros en caso de mora o simple retardo en el pago que de la proporción que corresponda a su parcela en la factura emitida por la compañía de electricidad”. En consecuencia, asegura que la forma en que han actuado sus representados, se encuentra en total concordancia con lo pactado por las partes en el contrato de compraventa respectivo y lo estipulado en el Reglamento de Parcelación, en virtud de lo cual se habilita a que en caso de no pago, pueda ser suspendida o cortada la energía eléctrica a quien no pague por ella y por los demás conceptos incluidos dentro de la factura que envía CGE todos los meses a nombre de don nombre reservado. Sostiene que en este caso cobran plena aplicación los artículos 1545 y 1546 del Código Civil, en cuando a que el contrato de compraventa celebrado por escritura pública con fecha 6 de septiembre de 2013 es ley para las partes y el mismo debe ejecutarse de buena fe. Debido a lo antes señalado, el recurrente está obligado a pagar los montos que le han sido informados mensualmente por don nombre reservado, asociados a los consumos de energía eléctrica y a la proporción a prorrata que le corresponde respecto de todos los montos y conceptos facturados por CGE. En este punto, manifiesta que, como pareciera que el recurrente insiste en que los montos que le han sido cobrados por el consumo eléctrico de su parcela, como los demás conceptos facturados por CGE y particularmente por el prorrateo por las “pérdidas” de energía, no le serían oponibles, ello ha sido discutido latamente en la acción deducida ante el Juzgado de Policía Local de Curacaví, lo que demuestra nuevamente que la acción de protección no es la vía para discutir ello, ya que es un tema de fondo que requiere una acción de lato conocimiento y además, si entiende que lo cobrado no se ajusta a las obligaciones que le impone el contrato de compraventa y el Reglamento de Parcelación, ello deberá ser discutido en un juicio de lato conocimiento de naturaleza civil, como ya había indicado. En consecuencia, el actuar de sus representados no puede ser catalogado de arbitrario o ilegal, sino que por el contrario, ello se apega por completo a la ley, al contrato de compraventa y al Reglamento de Parcelación. Es por lo anterior, que las supuestas amenazas de corte de energía eléctrica que alega el recurrente, no pueden ser catalogadas de arbitrarias ni ilegales, ya que ha sido el recurrente el que no ha cumplido con su obligación de pagar lo informado por don nombre reservado mensualmente. A mayor abundamiento, hace presente que la energía eléctrica que llega a la parcela de propiedad del recurrente, al igual que al resto de las parcelas, es a través de una línea de carácter privado, circunstancia del todo usual en zonas rurales, pero ello en modo alguno habilita al recurrente a no pagar las sumas que le son obligatorias legal y contractualmente, si es que hubiera actuado de buena fe en el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, rechaza por completo que exista un cobro excesivo al recurrente, toda vez que el valor que se le cobra representa el valor que proporcionalmente y a prorrata le corresponde respecto del valor total de la factura que mensualmente emite CGE, calculado de acuerdo al consumo que arroja cada uno de los medidores individuales de los parceleros, afirmando que la sumatoria de todos los cobros hechos al recurrente, en conjunto con el resto de los propietarios de Los nombre reservado II y Los nombre reservado I, totaliza el valor de la factura correspondiente que ha emitido CGE mensualmente, de manera tal que mal podría existir un cobro excesivo a lo cobrado por la referida empresa. Explica que, si se multiplica el consumo de cada remarcador (medidor) individual por el valor del Kilowatts (kw) que cobra CGE evidentemente que existe una diferencia, la cual tiene su explicación en una serie de factores técnicos. Al efecto, hace presente que la parcelación a la cual pertenece la parcela Nº 51 de propiedad del recurrente tiene un sistema eléctrico de distribución privado, que se alimenta desde una línea de CGE, en 12 kV (12.000 Volts), ubicada en el Camino El Toro (km 7), Curacaví. Desde esta línea privada, en media tensión, se alimentan más de 50 empalmes, monofásicos y trifásicos, cada uno correspondiente a una parcela; y en cada empalme se instala un transformador de 12 kV a 380 V, si es trifásico y a 220 V, si es monofásico; abajo de cada transformador se instala un medidor remarcador, que registra el consumo de energía en kilowatt-hora (kWh) de cada empalme. En cuanto al método de cobro interno que se realiza al recurrente, al igual que al resto de los propietarios de la parcelación Los nombre reservado I y Los nombre reservado II, señala que CGE emite una sola factura a nombre de don nombre reservado, por el consumo total de la Línea, medido en un compacto de medida ubicado en el Camino del Toro, y el método utilizado para repartir el costo de la factura entre todas las parcelas, consiste en calcular la proporción de cada empalme, con el total de energía consumida, medida por los remarcadores y pagar en esta misma proporción, la facturación de CGE. Respecto al principal cuestionamiento que realiza el recurrente, en cuanto a los cobros que se le realizan mensualmente por concepto de energía eléctrica, debido a que la energía medida y cobrada por CGE es muy diferente a la suma de la energía medida por los remarcadores individuales, refiere que, aún si se asumiera que todos los remarcadores individuales funcionan correctamente, lo cual estima que en todo caso no ocurre, existen varias razones para que la energía total medida por CGE sea mayor a la suma de las medidas de todos los remarcadores individuales. Estas razones se deben a:

I. Pérdidas Técnicas. Dado que los remarcadores están ubicados en el lado de baja tensión de los transformadores, las siguientes pérdidas de energía no estarán incluidas en la medición:

· Pérdidas por transformación: En cada transformador de 12/0,38 kV (trifásico) o 12/0,22 kV (monofásico), se producen pérdidas de energía, que son proporcionales al consumo, es decir, a mayor consumo, mayores pérdidas en el transformador.

· Pérdidas en la línea: Las pérdidas en la línea, son proporcionales a la resistencia eléctrica de los conductores y a la longitud de la línea.

· Pérdidas por desbalance de fases: Si un sistema trifásico, con cargas monofásicas, está desbalanceado, se producirá una recarga en alguna de las 3 fases de la línea, provocando un aumento en las pérdidas, además de otros problemas, como por ejemplo, operación de los fusibles de la fase que se encuentra sobrecargada.

II. Pérdidas No Técnicas.

Las pérdidas no técnicas son aquellas no atribuibles a pérdidas técnicas o que no tienen una justificación teórica, tales como alguna de las siguientes:

· Consumos clandestinos o conexiones sin medidor a la línea de distribución.

· Menor medición en medidores, ya sea por falla o por intervención de terceros.

· Errores de medición, etc.

Por otra parte, hace presente que cada factura de CGE incluye una serie de otros cobros (además de la energía) que debe ser prorrateado entre los distintos propietarios de la parcelas, como por ejemplo cargo fijo, arriendo de medidor, cargo único sistema troncal, etc., pues de lo contrario estos valores tendrían que ser asumidos por don nombre reservado, lo que claramente no corresponde y además iría en contra de la forma y metodología de cobro que se encuentra expresamente contemplada el Reglamento de Parcelación, cuyo artículo “Décimo Cuarto” indica que: “Cada parcelero estará obligado a concurrir al pago de la factura que mensualmente emita la citada empresa eléctrica en la proporción que le corresponda conforme a la lectura que arroje su medidor individual.- Asimismo, estará obligado a concurrir a prorrata con los demás parceleros al pago de todos los ítems diversos al consumo que contenga dicha factura, tales como cargos fijos, Impuesto al Valor Agregado…”. Conforme a lo anterior, insiste en que no existe acto u omisión ilegal o arbitrario que pudiera siquiera constituir una amenaza que vulnere las garantías contempladas el Nº 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. En cuanto a la amenaza de corte de luz informada por don nombre reservado en email de fecha 27 de junio de 2018, en cuanto a que CGE “…tiene en trámite y programación el corte de luz para este próximo 13 de julio, existiendo una amenaza de corte general de la línea asociada a su cuenta Número de cliente [cuenta reservada]”, efectúa las siguientes precisiones: a) El email al que hace referencia el recurrido, guarda relación con las Facturas de CGE y con el corte anunciado por dicha compañía para el 9 de julio de 2018, no el 13 de julio de 2018. b) El señor nombre reservado, no ha efectuado ninguna amenaza de corte de luz, sino simplemente comunicó que debido a que existían dos facturas impagas, CGE anunciaba un corte de luz. c) El que esas facturas estuvieran impagas, se debe a que el recurrente adeudaba cerca de $4.000.000 (de meses anteriores) al señor nombre reservado y que una parte de los parceleros le adeudaban también de meses anteriores otros montos que en su totalidad ascendían a más de $13.600.000, situación que le hacía imposible pagar la última factura emitida por CGE Nº 10353379, por un monto total de $6.097.400. Agrega que, luego del 27 de junio de 2018, muchos de los parceleros que adeudaban al señor nombre reservado pagaron todo o parte de la deuda, por lo que se pudo efectuar dos pagos a CGE que evitaron el corte de luz. Al efecto, según lo dispuesto en el artículo 141 de la “Ley General de Servicios Eléctricos”, las empresas distribuidoras de energía eléctrica (como lo es CGE) están facultadas para efectuar el corte de suministro después de haber transcurrido 45 días desde el vencimiento de la primera boleta o factura impaga. En consecuencia, el haber anunciado el señor nombre reservado la programación de un corte de energía por no pago de facturas, no puede ser considerada una amenaza que pueda llegar a constituir una privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías consagrados en los Nºs 1 y 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, pues ello obedece a las razones antes explicadas y al hecho que CGE legalmente tiene la facultad expresa de efectuar cortes de energía en caso de no pago. En cuanto a la segunda garantía constitucional supuestamente amenazada, esto es, la igualdad ante la ley, amparada en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, hace presente, pese a no ser sus representados los recurridos en cuanto a dicha garantía constitucional, que el hecho que cada parcelero de “Los nombre reservado I” y “Los nombre reservado II”, entre los que se encuentra el recurrente, no cuente con un medidor individual proporcionado por la compañía eléctrica correspondiente, en este caso CGE, sino que con un medidor general cuyo cliente es don nombre reservado, con el cual luego se hace un cobro a prorrata del consumo de electricidad, es algo conocido por el recurrente al menos desde la fecha en que firmó la escritura de compraventa de la parcela A-51 de la cual es dueño junto su “esposa”; es decir, al menos desde el día 6 de septiembre de 2013, don nombre reservado tiene conocimiento que el predio por él adquirido no cuenta con independencia eléctrica, sino que su cuenta de electricidad depende del medidor común y del cobro a prorrata que se le haga en virtud de la cuenta mensual emitida por CGE, lo que es posible constatar de la escritura pública de compraventa de 6 de septiembre de 2013, cláusula séptima ya referida, en relación al artículo 14 del reglamento de copropiedad del loteo, también citado. Entonces, prosigue, el recurrente sabía que la parcela que adquirió no contaba con un medidor o remarcador individual y propio, con el cual la compañía de electricidad, que en su tiempo fue Río Maipo y hoy es CGE, pudiera cobrarle directamente su consumo de electricidad y otros ítems asociados a dicho consumo, por lo que el alegar hoy, a través de la presente acción cautelar, que se le está vulnerando su derecho de igualdad ante la ley, es en primer lugar extemporáneo y además escapa por completo a la naturaleza del recurso de protección. Resumiendo, afirma que el presente recurso de protección debe ser rechazado en todas sus partes, por las siguientes razones: a) Es claramente extemporáneo; b) En el recurso de protección se intenta que esta Corte conozca y se pronuncie de un asunto o materia de lato conocimiento, que escapa por completo a la naturaleza cautelar de la acción de protección, y, c) No existen actos u omisiones arbitrarios o ilegales que generen en el recurrido la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 Nºs 1º y 2º de la Constitución Política de la República.

Pide rechazar el recurso de protección interpuesto en todas sus partes, con costas.

A fojas 111, conforme a lo establecido en fallo de 2ª instancia en causa ROL 231-2018 Policía Local, hace presente que sus representados no son ni pueden ser proveedores del servicio de distribución de energía eléctrica que alega el recurrente, por lo que no podrían vulnerar los derechos alegados por el actor [a tener presente por sala de fondo]

TERCERO: Que a fojas 116 informa al tenor del recurso el abogado don Sebastián Venegas Salazar, en representación de Compañía General de Electricidad S.A., solicitando el total rechazo del recurso de protección, con costas. En lo que dice relación con la imputación que el actor realiza a su representada, destaca lo liviano y vago tanto del relato como de las imputaciones efectuadas. Al efecto, indica que la tan “ansiada independencia” a la que alude el recurrente, no se ha visto reflejada en la presentación de solicitudes formales por su parte ante CGE para lograr este cometido. A mayor abundamiento, la única solicitud en el sentido ya indicado de la cual tiene registro su representada, es la efectuada el 24 de julio de 2018 por doña nombre reservado, quien se presentó en sus oficinas comerciales alegando la necesidad de individualizar y facturar los consumos de cada parcela (58 en total), que hasta ese día se encontraban asociadas a un empalme de media tensión con medición indirecta y tarifa AT 4.3. Que, ante esta solicitud, se le planteó la posibilidad de evaluar la medición mediante un totalizador con un convenio de facturación individual, previo levantamiento en terreno, posibilidad que fue aceptada, comprometiendo el envío de los antecedentes necesarios. Posteriormente, con fecha 16 de enero de 2019, en conversación telefónica mantenida con doña nombre reservado, se les solicita reactivar el proyecto, requiriendo su representada los antecedentes necesarios para dar lugar a dicha solicitud. Según lo ya expuesto, solicita al recurrente acompañe a este proceso o a sus oficinas comerciales, antecedentes que den cuenta de la solicitud por él efectuada a fin de obtener la ansiada independencia por él invocada. En virtud de lo indicado, solicita que el recurso sea rechazado por la inexistencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal de parte de CGE. Sin perjuicio de lo expuesto, hace presente que la acción cautelar de autos ha sido deducida en forma temeraria, pretendiendo resolver por esta vía un asunto que tiene que ser discutido en vía ordinaria o administrativa. Asimismo, la posibilidad de interponer un recurso de protección, asociado a este tipo de asuntos, sólo tiene objeto en la medida que exista una acción u omisión de tal modo ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguna garantía constitucional, que resulte necesario adoptar una medida de urgencia, cautelar, que permita restablecer el imperio del derecho. Todos los antecedentes relacionados con los hechos expuestos por el recurrente, especialmente tomando en consideración la naturaleza del acto cuya ilegalidad se imputa, permiten concluir que el objeto perseguido con la interposición de este recurso, no es más que una impugnación encubierta y por cierto improcedente. Finalmente, expresa que el recurrente se dirige en contra de su representada, aludiendo a la negativa de CGE a efectuar gestiones que tengan como resultado el individualizar los consumos y cobros de cada parcela. A ese respecto, no puede estimarse que está actuando como titular de un derecho indubitado, pues como ya se indicó, no cuentan con registros de que el recurrente de autos haya presentado ante CGE una solicitud en los términos expuestos, por lo que es posible afirmar, con certeza, que el recurrente no es titular de un derecho indubitado. Solicita rechazar en todas sus partes el recurso de protección deducido en contra de su representada, con expresa condenación en costas.

CUARTO: Que con relación a la extemporaneidad alegada por los recurridos, será rechazada, atendido que el acto que motiva la presentación del recurso de protección es el aviso efectuado por don nombre reservado con respecto a que CGE tiene en trámite y programado el corte de la luz para el viernes 13 de julio de 2018, y encontrándose interpuesto el recurso el 11 de julio del mismo año, no ha transcurrido el plazo de 30 días que señala el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia. Asimismo, en cuanto a la petición de que CGE disponga la independencia y se otorgue cuentas individuales al recurrente en sus medidores de energía eléctrica, como la supuesta amenaza o agravio se mantiene, también se rechazará la extemporaneidad a este respecto.

QUINTO: Que para analizar el resto de las alegaciones del recurrente es preciso tener presente lo dicho en el considerando precedente, en cuanto a los hechos que sirven de justificación para la presente acción constitucional, por cuanto se han planteado una serie de cuestiones que sirven de contexto y de fundamento a lo anterior, pero que no forman parte del petitorio del recurso interpuesto.

SEXTO: Que, de esta manera, y centrado en lo medular de la acción interpuesta, cabe tener en cuenta que la recurrida ha sostenido que el actor al 12 de julio de 2018 adeuda más de $2.500.000.- Además, en la escritura pública de compraventa de 6 de septiembre de 2013, que nombre reservado celebró con el recurrente, nombre reservado, y su señora, nombre reservado, por la cual éstos adquirieron el lote A-51 de la parcelación Los nombre reservado II, ubicado en el kilómetro 8 del camino El Toro de la comuna de Curacaví, se estableció en la cláusula undécima que las partes compartirán los gastos de energía eléctrica a prorrata que corresponda a cada parcela o lote, conforme al consumo indicado en su medidor particular, debiendo, además, concurrir en iguales partes con las restantes parcelas o lotes al pago de los gatos fijos, impuestos al valor agregado y cualquier otro ítem distinto del consumo que se contenga en las respectivas cuentas de la Compañía Eléctrica. Se agrega que se faculta al constituyente o su sucesor en el dominio para suspender el suministro eléctrico en caso de retardo en el pago de los gastos referidos, sin perjuicio de las acciones civiles o penales. Por su parte, en la cláusula séptima se indica que el comprador declara conocer y acepta el Reglamento de Copropiedad y Orden Interno del Loteo, el que fue reducido a escritura pública el 27 de octubre de 1999, que se entiende formar parte integrante del Contrato de Compraventa. Y el referido Reglamento, agregado a fojas 51, dispone, en el artículo décimo cuarto que la vendedora estará expresamente facultada para suspender el suministro de energía eléctrica a cualquiera de los parceleros en caso de mora o simple retardo en el pago de la proporción que corresponda a su parcela en la factura emitida por la compañía de electricidad.

SEPTIMO: Que, en consecuencia, el recurrente al concurrir voluntariamente a un sistema de control de uso de la energía eléctrica, así como de pago y efecto de los mismos, ha de instar por los canales que corresponda para el cambio de sistema. Además, las razones que sirven de fundamento a su petición no pueden ser conocidas en un procedimiento de protección, atendida su naturaleza, por lo que deberá, si lo estima procedente, interponer las acciones que corresponda en un procedimiento de lato conocimiento. De esta manera, la recurrente no puede alegar que tenga un derecho indubitado que merezca ser protegido por esta vía, y, en todo caso, no se constata que haya habido alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, por parte de la recurrida, por lo que este capítulo será rechazado.

OCTAVO: Que respecto a la petición de la recurrente de que CGE disponga la independencia y se otorgue cuentas individuales al recurrente en sus medidor de energía eléctrica, teniendo presente que, por una parte, existe un sistema que fue aceptado por la recurrente, y probablemente por los demás integrantes de la comunidad de la que forma parte, deberá antes que nada tomarse los acuerdos que corresponda para que se realicen las peticiones correspondientes ante dicha empresa; y, en segundo lugar, por las razones ya expuestas tampoco existe un derecho indubitado que merezca protección constitucional.

NOVENO: Que, en consecuencia, al no existir derecho o garantía constitucional amenazada ni conculcada la acción constitucional deducida en autos será rechazada.

DECIMO: Que los antecedentes agregados a la causa han sido valorados de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

Por estas consideraciones, citas legales, y atendido lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida en lo principal de fojas 4 por don nombre reservado en contra de la Compañía General de Electricidad, nombre reservado y de Sociedad nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Diego Simpértigue Limare.

Rol N° 4193-2018-pro No firma el ministro señor Simpertigue.

Pronunciada por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de nombre reservado Miguel, integrada por los ministros señor Diego Simpértigue Limare, señora María Stella Elgarrista Alvarez y señora Catalina González Torres.

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