Protección contra Inspección Provincial del Trabajo Cordillera y solicita

Fojas 44/cuarenta y cuatro En Santiago, a veintitrés de marzo de dos mil dieciséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que a fojas 1 comparece don nombre reservado, en representación de la Corporación de Educación, Salud y nombre reservado, quien deduce acción de protección de garantías fundamentales en contra de Inspección Provincial del Trabajo Cordillera y solicita: que se acoja el recurso de protección deducido; y que se deje sin efecto la resolución de multa referida.

Indica que con fecha 11 de enero de 2016 la fiscalizadora doña nombre reservado notificó a la Corporación de Educación, Salud y nombre reservado la resolución N° 1738/15/72, resolución mediante la cual se condenaba a la recurrente a 6 multas administrativas por no declarar oportunamente cotizaciones previsionales, de salud y de cesantía; no entregar comprobantes de pago de remuneraciones; no escriturar contratos de trabajo y no llevar registro de asistencia ni determinación de horas de trabajo.

Refiere que al dictar dicha Resolución de Multa Administrativa la Fiscalizadora tomó como base el Acta de Constatación de Hechos de fecha 11 de diciembre de 2015, haciendo presente que si bien su parte contrarió los hechos expuestos en la misma, agregando que los trabajadores tienen contratos de prestación de servicios con la Corporación Municipal, igualmente se dejó constancia en dicha acta de las infracciones previamente referidas.

Agrega que sin perjuicio de las alegaciones y documentos hechos valer por la recurrente la recurrida condenó a la Corporación de Educación, Salud y nombre reservado a pagar las multas señaladas, todas las cuales se fundan en la existencia de un presunto vínculo laboral Añade que la fiscalizadora, con la actuación descrita, excedió sus atribuciones legales, por cuanto invadió el ámbito de conocimiento de los tribunales de justicia, que es a quienes corresponde el conocimiento de este tipo de materias, esto es, determinar la naturaleza del vínculo entre personas.

Señala que en la especie se dan los presupuestos fácticos de procedencia de la acción de protección, de conformidad al artículo 20 de la Constitución Política de la República, motivo por el cual el recurso puede ser interpuesto, sin perjuicio de otros derechos que se pueden hacer valer en sede administrativa o ante los tribunales de justicia.

Menciona que el actuar de la recurrida no sólo es ilegal y arbitrario sino además vulnerador de garantías constitucionales, a saber, los derechos consagrados en el artículo 19 N° 3 inciso 5° y N° 24 de la Carta Fundamental.

En cuanto a la garantía del artículo 19 N° 3 inciso 5° manifiesta que éste prescribe que nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales sino que por el tribunal que señale la ley y se encuentre establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho, expresando que de conformidad al artículo 420 letra a) del Código del Trabajo corresponde a los Tribunales del Trabajo conocer de las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales de trabajo.

Indica que sin perjuicio de ello la Inspección del Trabajo a través de su fiscalizadora resolvió respecto de la naturaleza jurídica del vínculo que une a la recurrente y los denunciantes, obrando fuera de las facultades establecidas en el artículo 505 del Código Laboral, tratándose de un asunto que excede la mera fiscalización, citando jurisprudencia al efecto.

Refiere que no corresponde a la recurrida, a través de sus fiscalizadores, resolver controversias jurídicas, como la naturaleza del vínculo contractual entre las partes, siendo ello un asunto que debe ser conocido por los tribunales de justicia y que en la especie la Inspección del Trabajo se atribuyó prerrogativas de los tribunales de justicia, resolviendo una cuestión controvertida que escapa su ámbito de competencia, dictando multas en base a ello y en consecuencia vulnerando la garantía del artículo 19 N° 3 inciso 5°.

Respecto del derecho de propiedad agrega que tras la fiscalización referida, y tras haberse determinado la naturaleza jurídica de la relación entre la recurrente y los denunciantes, la Inspección del Trabajo impuso a la recurrente una multa, afectando su derecho de propiedad lo que implica una privación de una suma de dinero sin que exista fundamento legal.

Añade, que si bien niega categóricamente que la relación jurídica con los denunciantes sea de índole laboral, es necesario considerar los fundamentos en que se basan las multas, a saber: No pago oportuno de cotizaciones de seguridad social; no escriturar contrato de trabajo, no entregar comprobante de pago de remuneraciones y no llevar libro de asistencia, señalando que un estudio acabado de tales hechos lleva a la conclusión necesaria que todos ellos se reconducen a un único hecho, esto es, la no escrituración del contrato.

Menciona que, en este escenario, la resolución que impone las 6 multas administrativas vulnera el principio non bis in ídem, en virtud del cual no puede sancionarse dos veces por un mismo hecho, vale decir, de imponerse la multa por no escriturar el contrato deberían dejarse sin efecto las restantes por emanar del primero.

Refiere que en consecuencia no cabe sino concluirse que la aplicación de las multas es ilegal y arbitraria y además vulneradora de garantías constitucionales.

En definitiva solicita que se acoja el recurso de protección deducido; y que se deje sin efecto la resolución de multa referida.

Acompaña los documentos guardados en la custodia N° 48-2016.

Segundo: Que a fojas 13 Don nombre reservado, Inspector Provincial del Trabajo Cordillera, informa al tenor del recurso de protección deducido, solicitando el rechazo del mismo, con costas y que se confirme: que el procedimiento administrativo se apegó estrictamente a derecho; que la fiscalizadora se encuentra investida como Ministro de Fe; que la multa se encuentra amparada con presunción de legalidad, imperio y exigibilidad; que la función fiscalizadora de la Inspección del Trabajo no implica juzgamiento y menos por una comisión especial; que en definitiva, la fiscalizadora no invadió el terreno jurisdiccional ni se abocó a la interpretación contractual, limitándose a corroborar presupuestos legales y a cursar las sanciones que en derecho corresponden por inobservancia a las normas legales.

En primer término, indica que es importante hacer presente que el recurrente no precisa en modo alguno cual es el objeto concreto del recurso, citando únicamente de forma genérica el artículo 20 de la Constitución y la necesidad del restablecimiento del derecho y protección del afectado.

Refiere además que debe considerarse que paralelamente al presente recurso de protección la recurrente presentó en sede administrativa solicitud de reconsideración de multa, fundándose en los mismos antecedentes, agregando que si bien el artículo 20 de la Carta Fundamental concede el recurso de protección sin perjuicio de otros derechos, en la especie queda de manifiesto que el recurrente busca transformar la acción constitucional en un medio de impugnación de un acto administrativo en circunstancias que la ley ha establecido múltiples canales formales de impugnación.

Añade que por lo demás la multa no se encuentra ejecutoriada, motivo por el cual no se han activado los mecanismos de cobro por parte de la Tesorería, sin que actualmente exista obligación de consignación para el caso de decidir impugnar la multa, motivo por el cual no existe perjuicio;

Señala que de conformidad a la normativa vigente corresponde a la Dirección del Trabajo la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral, siendo además la institución llamada, a través de sus fiscalizadores, a aplicar las sanciones correspondientes por infracciones a la legislación laboral y de seguridad social, haciendo presente además que los actos administrativos terminales, como la resolución de multa de autos, están revestidos de presunción de legalidad, imperio y exigibilidad y que los hechos en que se fundan las multas han sido constatados por una fiscalizadora de la Dirección del Trabajo.

Manifiesta que la Resolución de Multa impugnada fue cursada por la fiscalizadora nombre reservado, y que dicho acto administrativo sanciona a la Corporación Municipal de Educación, Salud y nombre reservado, tras haber sido sorprendida incurriendo en 6 infracciones laborales, Señalando que los hechos descritos constituyen infracciones a la normativa laboral vigente, motivo por el cual se procedió a aplicar las sanciones pecuniarias correspondientes.

Respecto de la presunta infracción al artículo 19 N° 3 inciso 5° manifiesta que en la especie no ha existido un juzgamiento, sino que sólo ha habido una fiscalización, y que no ha existido una comisión especial, por cuanto ni la Dirección del Trabajo ni los fiscalizadores constituyen comisiones especiales, sino que se trata de un servicio público expresamente establecido en la ley, estando dentro de sus facultades fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral, que es lo ocurrido en la especie.

En cuanto a la presunta infracción al artículo 19 N° 24, menciona que es atribución de la Dirección del Trabajo y sus fiscalizadores es fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral, y en su caso sancionar, las infracciones, motivo por el cual la recurrida no ha irrumpido en el terreno de la judicatura, sino que simplemente ha actuado dentro de sus facultades y cumpliendo sus obligaciones, y cursando las multas correspondientes.

En cuanto a haberse sancionado dos o más veces una misma conducta, expresa que los empleadores están sujetos a una serie de obligaciones de hacer a fin de salvaguardar los derechos de los trabajadores y que en la especie la recurrente estando obligada a efectuar una serie de actuaciones, no lo hizo, incurriendo en omisiones que deben ser sancionadas, haciendo presente que los hechos en que se fundan las multas no se desprenden de un solo hecho, sino que se trata de múltiples omisiones que aumentan exponencialmente la desprotección de los trabajadores.

En definitiva solicita el rechazo recurso, con costas y que se confirme: que el procedimiento administrativo se apegó estrictamente a derecho; que la fiscalizadora se encuentra investida como Ministro de Fe; que la multa se encuentra amparada con presunción de legalidad, imperio y exigibilidad; que la función fiscalizadora de la Inspección del Trabajo no implica juzgamiento y menos por una comisión especial; que en definitiva la fiscalizadora no invadió el terreno jurisdiccional ni se abocó a la interpretación contractual, limitándose a corroborar presupuestos legales y a cursar las sanciones que en derecho corresponden por inobservancia a las normas legales.

Acompaña como fundamento de sus alegaciones los documentos guardados en la Custodia N° 66-2016.

Tercero: Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, o amenace ese atributo.

Cuarto: Que en la especie, la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera, por medio de su fiscalizadora, doña nombre reservado, a través de la Resolución de Multa N°1738/15/72 de 31 de diciembre de 2015, procedió a sancionar a la Corporación Municipal de Educación , Salud y nombre reservado, por constatar hechos constitutivos de infracciones vinculadas a informalidad laboral en relación a una serie de dependientes, que fueron detalladas en el fundamento primero de este fallo. Las aludidas multas se cursaron en el marco de una fiscalización practicada a la recurrente.

Quinto: Que el artículo 505 del Código del Trabajo, establece que la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral, corresponde a la Dirección del Trabajo y; a su vez el artículo 1° letra a) del DFL N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, dispone que a la Dirección del Trabajo le corresponderá particularmente: “a) la fiscalización de la aplicación de la legislación laboral”.

De este modo, la calificación jurídica que de los hechos realiza la Dirección del Trabajo, en cuanto autoridad administrativa y que corresponde a los previstos por el legislador, no puede por sí misma constituir una ilegalidad, pues forma parte de la actividad administrativa.

Lo anterior, sin perjuicio de que si se incurre en un error en la calificación de los hechos, ella pueda ser controlada por el juez conociendo de una reclamación judicial, conforme lo autoriza el artículo 503 del Código del Trabajo o a través de la reconsideración administrativa que prevén los artículo 511 y 512 del mismo estatuto, que resulta ser la vía adecuada para resolver el fondo de la controversia ventilada en esta sede.

Sexto: Que de esta forma y encontrándose, por ahora, resguardados legalmente los derechos del recurrente mediante los actos de impugnación previstos al efecto en la legislación, de manera que las multas no están exigibles, aparece que el presente recurso de protección no es la vía legal para la impugnación y para revertir o anular lo obrado por la Dirección del Trabajo a través de sus órganos fiscalizadores. Adicionalmente ha de decirse que no corresponde, por el sólo hecho de que la autoridad administrativa haya interpretado jurídicamente hechos sujetos a su fiscalización, que se acoja un recurso de protección en su contra.

Séptimo: Que de esta manera, cabe concluir que el recurso de protección incoado en estos autos, no puede prosperar y debe ser desestimado.

Y VISTO, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre el recurso de protección, se declara, que se RECHAZA el deducido en lo principal del escrito de fojas 1 por don nombre reservado, en representación de la Corporación de Educación, Salud y nombre reservado, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera.

Acordada con el voto en contra del ministro don José Ismael Contreras Pérez, quien fue del parecer de acoger el presente recurso de protección, en virtud de los siguientes fundamentos:

a) El recurso de protección conforme el auto acordado de la Excma. Corte Suprema, es siempre procedente en cuanto reúna los requisitos mínimos que se han establecido, y que, en el caso en estudio fueron sorteados favorablemente con la admisibilidad decretada oportunamente por este tribunal como consta en estos autos. Esto, aun cuando existan otros medios de impugnación para el afectado, como el mismo auto acordado autoriza.

b) La recurrida al informar reconoció que impuso las multas por constatar infracciones labores de parte de la recurrente entre las que aparecen “no escriturar el vínculo laboral”, relación jurídica que la fiscalizadora la habría constatado “al reunirse en el caso los elementos que la configuran y de acuerdo a los principios de irrenunciabilidad y de primacía de la realidad”, esto no obstante la negativa inmediata y permanente del empleador para reconocer ese vínculo como laboral, Es decir, la recurrida reconoce que interpretó las características de la relación jurídica existente entre las partes y donde una de ellas la estimaba netamente civil, ante lo cual decidió la presunta controversia sobre la naturaleza del contrato que vinculaba a los fiscalizados, determinando que era laboral y luego aplicar las s correspondientes porque el contratante que se beneficiaba con los servicios del otro, habría incumplido sus obligaciones derivados del contrato de trabajo, que consideró existía entre los contratantes.

c) De esta forma, en concepto del disidente, la Fiscalizadora de la Inspección del Trabajo obró previamente - en este caso - como juez resolviendo una relación jurídica dudosa y luego, conforme a sus facultades reales aplicó la multa al considerar que se habían producido infracciones a la legislación laboral de parte de quien estimo como empleador en el contrato laboral constatado. Y así dicho fiscalizador, no obstante carecer de atribuciones jurisdiccionales se instituyó en una suerte de “comisión especial”, infringiendo el N°3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, como ha denunciado en su recurso al reclamante de autos, actuación, ésta, que linda en arbitrariedad e ilegalidad, al manifestarse sin atribución legal y por mera decisión de esa autoridad administrativa que obró en esos actos, excediendo sus atribuciones.

d) Derivado de lo anterior, evidentemente, como ha alegado el recurrente, se ha infringido también por la recurrida, al numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política, al haberse impuesto sanciones pecuniarias sin la existencia de un previo y justo proceso que determine la naturaleza de la relación jurídica existente entre los contratantes, y sin que obste al efecto que, a la fecha de la interposición de este recurso aún no eran exigibles dichas multas (por los recursos pendientes), toda vez que constituye una potencial y real amenaza, al derecho de propiedad del recurrente, al afectar, en su oportunidad, su patrimonio.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

ROL N°418-2016- Protección.

Redacción del ministro don José Ismael Contreras Pérez.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los Ministros señor José Ismael Contreras Pérez, señora Ana Cienfuegos Barros y señora Claudia Lazen Manzur.

En Santiago, a veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.