nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE

San Miguel, once de junio de dos mil veintiséis.

Al escrito de folio 26: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que María Elena Arce González, abogada, en representación de nombre reservado, interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de El Bosque, fundado en los Decretos Alcaldicios N°03573/2025, de 16 de octubre de 2025, que le aplicó la medida disciplinaria de destitución, y N°03690/2025, de 24 de octubre de 2025, que rechazó el recurso de reposición deducido en su contra.

Expone que el proceso sumarial se instruyó a raíz de un oficio de la Contraloría General de la República que ordenó investigar a funcionarios que registraron movimientos migratorios fuera de Chile mientras hacían uso de licencias médicas, formulándosele a la recurrente un cargo único por infracción al principio de probidad administrativa, fundado en dos viajes realizados durante períodos de licencia médica: uno a Brasil, entre el 11 y el 23 de febrero de 2023, mientras hacía uso de una licencia por enfermedad grave de su hija menor, respecto del cual sostuvo que tuvo por finalidad adquirir y aplicar un tratamiento de casco 3D para la menor de edad; y otro a Neuquén, Argentina, entre el 21 y el 25 de septiembre de 2023, durante licencias médicas por patología psiquiátrica y otra de tres días, respecto del cual alegó que obedeció a un control médico dermatológico y a un cambio de ambiente terapéutico sugerido por su médico.

Señala que en sus descargos solicitó expresamente la apertura de un término probatorio para acreditar la justificación médica de los viajes, la ausencia de dolo, mala fe o beneficio patrimonial indebido, y su trayectoria funcionaria intachable, petición que fue rechazada por la fiscal instructora mediante resolución de 7 de octubre de 2025, al igual que la reposición deducida en su contra.

Afirma que el Decreto Alcaldicio N°03690/2025 convalidó un procedimiento viciado por la denegación del derecho a prueba, omitió pronunciarse de manera razonada sobre solicitudes procesales esenciales de la defensa y no ponderó adecuadamente la gravedad de la falta a la luz de los antecedentes invocados, tales como la justificación médica de los viajes, la ausencia de dolo y su trayectoria de catorce años de servicio con evaluaciones sobresalientes. Sostiene que ello vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso y derecho de propiedad, consagradas en el artículo 19 N°2, N°3 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Por último, hace presente que comunicó formalmente a la recurrida su estado de embarazo mediante correo electrónico de 23 de octubre de 2025.

Solicita que se deje sin efecto la sanción de destitución y el decreto que rechazó la reposición, se ordene su reincorporación inmediata al cargo y funciones que desempeñaba en la Municipalidad de El Bosque, y se disponga el pago de todas las remuneraciones y demás haberes laborales y previsionales dejados de percibir desde la fecha de su destitución hasta su efectiva reincorporación.

Segundo: Que, al evacuar informe, Patricio Peñaloza Velásquez, abogado y director subrogante de Asesoría Jurídica de la Ilustre Municipalidad de El Bosque, solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto, con expresa condena en costas.

Sostiene que los hechos expuestos por la recurrente son parciales e imprecisos, y que la acción no se dirige realmente a cuestionar la legalidad de la decisión adoptada, sino el mérito de la sanción impuesta en el sumario administrativo, materia ajena al recurso de protección. Añade que la recurrente se encontraba sujeta al estatuto administrativo para funcionarios municipales contenido en la Ley N°18.883, por tratarse de una relación estatutaria y no regida por el Código del Trabajo.

Expone que el 26 de mayo de 2025 se instruyó sumario administrativo respecto de la recurrente mediante Decreto Alcaldicio Exento N°01538/2025, a raíz del Oficio Confidencial E82804/2025 de la Contraloría General de la República, el que contenía una nómina de personas con salida o permanencia en el extranjero mientras hacían uso de licencia médica.

Señala que la recurrente fue sancionada con destitución por haber viajado fuera del país durante el goce de licencias médicas, y que el recurso deducido pretende que la Corte se pronuncie sobre el mérito de dicha sanción y sobre el contenido del sumario administrativo, lo que no correspondería en esta sede cautelar.

Refiere que no se han vulnerado las garantías constitucionales invocadas por la recurrente. En cuanto a la igualdad ante la ley, afirma que no ha existido trato desigual respecto de otros funcionarios en igual situación, ni aplicación de una sanción sin sustento legal, puesto que la destitución se encuentra contemplada en la Ley N°18.883. Respecto del debido proceso, señala que la recurrente fue notificada del sumario, compareció, formuló peticiones y defensas y ejerció el recurso de reposición que franquea la ley, por lo que el procedimiento fue racional y justo. En cuanto al derecho de propiedad, indica que no existe un derecho de propiedad sobre la función pública misma, sino solo sobre los intereses anexos al empleo, y que la pérdida del cargo constituye la consecuencia de una sanción disciplinaria legalmente impuesta, no de un acto arbitrario.

Agrega que la actuación municipal se desarrolló en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República, particularmente mediante el Oficio E89569/2025, sobre procedimientos disciplinarios destinados a determinar y hacer efectivas responsabilidades por hechos observados en el Consolidado de Información Circularizada N°9 de 2025. Refiere que dicho oficio distingue entre la facultad de COMPIN o ISAPRES para investigar el uso indebido de licencias médicas y la atribución de los órganos de la Administración para establecer y sancionar la responsabilidad administrativa de sus funcionarios por los mismos hechos, especialmente cuando éstos pueden constituir infracción al deber de probidad.

Añade que la Contraloría también ha señalado que la probidad administrativa alcanza a toda actividad funcionaria e incluso a conductas privadas que puedan afectar el prestigio del servicio.

Sostiene además que la recurrente no agotó la vía administrativa pertinente, pues no consta reclamo alguno ante la Contraloría General de la República conforme al artículo 138 inciso final de la Ley N°18.883, lo que estima relevante dado que dicho órgano sería el encargado del control de legalidad de los actos administrativos. Invoca al efecto jurisprudencia, según la cual no corresponde en sede de protección revisar controversias propias de la legalidad ordinaria, ni examinar el mérito, oportunidad o conveniencia de decisiones administrativas dictadas dentro de competencias legalmente delimitadas, máxime cuando el asunto puede ser conocido por la autoridad contralora.

Señala que la Municipalidad de El Bosque es una corporación autónoma de derecho público sujeta al principio de juridicidad, y que el alcalde, en su calidad de jefe superior del servicio, se encuentra legalmente facultado para instruir sumarios y aplicar sanciones disciplinarias conforme a la Ley N°18.883. Afirma que el acto administrativo impugnado se encuentra debidamente fundado, fue dictado por autoridad competente y dentro del ámbito de sus atribuciones, de manera que no existe omisión, resolución o actuación ilegal o arbitraria imputable a la Municipalidad que haya privado, perturbado o amenazado el ejercicio de los derechos invocados por la recurrente, razón por la cual solicita el rechazo íntegro del recurso, con costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quienes incurren en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que el artículo 8° de la Constitución Política exige a las autoridades y funcionarios públicos dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, debiendo observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.

Por su parte, el artículo 52 de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, consagra que el principio de probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.

A su turno, el artículo 58 letra g) de la Ley N°18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, impone a éstos la obligación de observar estrictamente el principio de probidad administrativa, mientras que el artículo 123 del mismo cuerpo legal prescribe que la medida disciplinaria de destitución procederá cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente dicho principio.

Quinto: Que, en este caso, la sanción cuestionada fue adoptada en un procedimiento administrativo tramitado conforme a las normas legales que resultan aplicables, con respeto al derecho a defensa de la recurrente, quien pudo exponer sus alegaciones que fueren pertinentes respecto del asunto sometido a la decisión de la autoridad administrativa, incluyendo al efecto la formulación de descargos.

En la especie, el hecho imputado “fue, ausentarse del domicilio autodeclarado para efectuar el reposo médico a que dio lugar las licencia médica extendida por 30 días, con fecha 02 de febrero del año 2023; licencia médica extendida por 30 días, emitida con fecha 23 de agosto del año 2023; y licencia médica extendida por 3 días, de fecha 26 de septiembre del año 2023”, fue acreditado mediante certificado de viajes emitido por la Policía de Investigaciones de Chile y reconocido por la propia recurrente, quien lo justificó invocando tratamiento de su hija y acción terapéutica. Sin embargo, tales argumentos no logran desvirtuar el hecho objetivo del incumplimiento del reposo prescrito, el cual fue utilizado para realizar dos viajes internacionales, que más allá de la finalidad que pueda perseguir las salidas del territorio nacional, es una conducta que quebranta la lealtad y honestidad exigibles a todo servidor público. En efecto, el uso del tiempo de reposo médico remunerado para fines ajenos al restablecimiento de la salud constituye una utilización desleal de un beneficio previsional financiado con recursos públicos, afectando el cumplimiento de los deberes funcionarios y la confianza institucional, sin que se advierta ilegalidad o arbitrariedad durante la tramitación del procedimiento sancionatorio que amerite acoger la acción constitucional en los términos que pretende la recurrente.

Sexto: Que, de otro lado, es necesario consignar que la presente vía cautelar no está destinada a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones verificadas durante la tramitación de un sumario administrativo, ni a revisar la ponderación probatoria o la graduación de la sanción disciplinaria aplicada. El recurso de protección es una acción constitucional de naturaleza cautelar cuyo objeto es restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que amenacen, perturben o priven del legítimo ejercicio de derechos y/o garantías constitucionales, de modo que el control judicial que por esta vía se ejerce se limita a determinar si concurre una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, sin que resulte procedente sustituir el criterio de la autoridad administrativa ni revisar el mérito de sus decisiones disciplinarias.

En este sentido, la infracción a la probidad administrativa que ha resultado acreditada obliga a la autoridad a imponer la sanción de destitución prevista en la ley, sin que resulte procedente que en esta instancia jurisdiccional se revise la ponderación de la medida si no aparece vicio de ilegalidad o falta de razonabilidad de la actuación.

Séptimo: Que, atendido lo precedentemente expuesto, se hace innecesario analizar la afectación de algún derecho o garantía constitucional de la recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de El Bosque.

Acordada con el voto en contra del abogado integrante señor Rodrigo Azócar Simonet, quien estuvo por acoger el recurso deducido, dejar sin efecto la resolución impugnada y retrotraer el procedimiento disciplinario al estado de recibir la prueba oportunamente ofrecida por la recurrente, debiendo la autoridad sustanciadora continuar su tramitación y dictar posteriormente la resolución que en derecho corresponda, sobre la base de las siguientes consideraciones:

1° Que, del examen de los antecedentes de la causa, se advierte que la recurrente solicitó la apertura de un término probatorio en el procedimiento disciplinario, con la finalidad de acreditar antecedentes relevantes para su defensa.

2° Sin embargo, dicha solicitud fue rechazada por la autoridad sin fundamentos suficientes, privándola del ejercicio de una facultad esencial de defensa y afectando las garantías del debido proceso consagradas en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República.

3° Que la negativa de recibir la prueba ofrecida no constituye una mera irregularidad formal, toda vez que impidió a la recurrente aportar antecedentes destinados a controvertir los cargos formulados y/o acreditar circunstancias relevantes para la adecuada ponderación de los hechos investigados.

4° Que, en consecuencia, la decisión sancionatoria fue adoptada sin contar con todos los elementos de juicio necesarios para resolver fundadamente, vulnerándose las exigencias de un procedimiento racional y justo.

En efecto, el acto impugnado aparece dictado sobre la base de un procedimiento que no otorgó a la recurrente una oportunidad real y efectiva para acreditar los fundamentos de su defensa, circunstancia especialmente relevante si se considera que los antecedentes cuya incorporación se pretendía podían incidir tanto en la calificación jurídica de los hechos imputados como en la determinación de la gravedad de la conducta atribuida y, por ende, en la sanción finalmente aplicada.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°4176-2025 Protección