nombre reservado con nombre reservado

San Miguel, diecisiete de febrero de dos mil veintiséis.

A folios N° 16, 17 y 18: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, comerciante, quien deduce recurso de protección en contra de la nombre reservado, representada por don nombre reservado, por estimar que dicha entidad ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario consistente en prohibirle el ingreso al recinto ferial, tanto a su persona como a su vehículo particular, medida que le impediría continuar desarrollando la actividad comercial que ejerce en dicho lugar desde hace más de veinte años.

Expone que con fecha 29 de septiembre de 2025 sostuvo un altercado verbal con un guardia de seguridad del recinto, a raíz del cual fue detenido, decretándose posteriormente, en audiencia de control de detención ante el 10° Juzgado de Garantía de Santiago, la suspensión condicional del procedimiento por el plazo de un año, sin que exista condena penal en su contra ni pérdida de derechos civiles.

Señala que, a raíz de dicho incidente, la administración de la recurrida le prohibió el acceso al recinto ferial sin resolución fundada, sin procedimiento previo ni notificación formal, afectando con ello el uso del local que ocupa y de su vehículo de trabajo —marca Hyundai New Tucson, patente CXSV-54-7—, impidiéndole continuar con su actividad comercial y generándole un grave perjuicio económico.

Sostiene que tal actuación vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 N° 2, N° 21 y N° 24 de la Constitución Política de la República, relativas a la igualdad ante la ley, al derecho a desarrollar una actividad económica lícita y al derecho de propiedad.

Solicita se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando el cese de la prohibición de ingreso impuesta, con costas, solicitando además orden de no innovar mientras se tramite el recurso.

Segundo: Que, evacuando el informe ordenado, comparecen nombre reservado y Valentina Gómez Carreño, abogados, en representación de la recurrida, solicitando el rechazo del recurso con costas, por estimar que el libelo se construye sobre una versión incompleta e imprecisa de los hechos y atribuye a su parte actuaciones que no serían ilegales ni arbitrarias, sino medidas razonables, necesarias y proporcionales adoptadas en cumplimiento de deberes de seguridad y, especialmente, para dar cumplimiento a una resolución judicial vigente dictada por el 10° Juzgado de Garantía de Santiago. Explican la naturaleza y funcionamiento del nombre reservado nombre reservado, señalando que su administración se organiza a través de distintas entidades y que la gestión general se encuentra encargada a Administradora de Mercado S.A. (ADMERC), la cual mantiene equipos de vigilancia y seguridad y aplica reglamentos internos obligatorios para propietarios, locatarios, arrendatarios, usuarios, trabajadores y visitantes. Sostienen, además, que el recurrente no tendría la calidad de accionista de la sociedad indicada en el recurso, y que su vínculo con el Mercado sería el de arrendatario de un tercero, motivo por el cual su permanencia se encuentra condicionada al estricto cumplimiento de los reglamentos internos. A continuación, citan normas del Reglamento de Tránsito y del reglamento de conductas y sanciones del Mercado, destacando disposiciones sobre conducción prudente, fiscalización por personal de seguridad, y sanciones como prohibición de ingreso en casos de insultos, amenazas o agresiones, así como la tipificación de faltas graves vinculadas a excesos de velocidad, riñas y agresiones a guardias.

En cuanto a los hechos, afirman que éstos habrían ocurrido el 28 de septiembre de 2025 y que el actor fue sorprendido conduciendo a exceso de velocidad al interior del recinto, reaccionando con extrema violencia frente a la fiscalización de un vigilante, profiriendo amenazas de muerte y aludiendo a portar armas, lo que motivó la intervención de Carabineros y su detención. Añaden que el episodio no sería aislado, refiriendo antecedentes de conflictos previos con personal de seguridad.

Respecto del procedimiento penal, señalan que el recurrente fue formalizado por amenazas condicionales y que, en audiencia pública, con asistencia de defensor, aceptó la suspensión condicional del procedimiento, quedando sujeto —con su consentimiento— a una condición consistente en prohibición de acercarse a la víctima, indicando que el domicilio fijado correspondería al lugar de trabajo de ésta en el Mercado. En tal contexto, sostienen que la administración informó verbalmente la prohibición de ingreso al actor como consecuencia necesaria del cumplimiento de la condición judicial y del deber de protección del trabajador.

Argumentan, finalmente, que no existiría afectación de garantías constitucionales, pues la medida tendría sustento reglamentario y judicial, no sería caprichosa, y respondería a la obligación legal del empleador de proteger la vida y salud de los trabajadores (artículo 184 del Código del Trabajo), reforzada —según indican— por instrumentos internacionales sobre seguridad y salud laboral y violencia y acoso, existiendo una resolución penal vigente.

Tercero: Que el recurso de protección previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de naturaleza cautelar y urgente, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías expresamente allí señaladas, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que importen privación, perturbación o amenaza en su ejercicio.

En tal sentido, su procedencia exige la constatación de una afectación actual o inminente a una garantía protegida por dicha norma, derivada de una actuación contraria a derecho o carente de razonabilidad, correspondiendo a esta Corte —de verificarse tales presupuestos— adoptar las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al afectado, sin que esta vía cautelar tenga por objeto sustituir los procedimientos ordinarios establecidos por el legislador para la declaración y resolución de controversias de lato conocimiento.

Cuarto: Que, conforme a los antecedentes allegados a estos autos, aparece que en causa seguida ante el 10° Juzgado de Garantía de Santiago, el recurrente fue formalizado por el delito de amenazas y, en dicha audiencia, aceptó la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento, decretándose por el tribunal competente con la condición consistente en la prohibición de acercarse a la víctima, fijándose como domicilio de ésta el que corresponde al recinto del nombre reservado nombre reservado, lugar donde el afectado desempeña sus funciones laborales.

De este modo, la prohibición de ingreso al recinto adoptada por la administración recurrida aparece como consecuencia directa y necesaria de la referida resolución judicial, desde que permitir el acceso del actor al lugar de trabajo de la víctima importaría contravenir la condición fijada por el tribunal de garantía, circunstancia que excluye la arbitrariedad o ilegalidad que se denuncia en el recurso.

Quinto: Que, en efecto, el cumplimiento de las condiciones impuestas en una suspensión condicional del procedimiento constituye una obligación jurídica para el imputado, quien las acepta voluntariamente para acceder a dicha salida alternativa, no pudiendo posteriormente desconocer sus efectos por la vía cautelar del recurso de protección.

En tal contexto, la medida adoptada por la recurrida no constituye una decisión autónoma o caprichosa, sino una actuación razonable destinada a dar cumplimiento a una resolución judicial vigente y a evitar su eventual infracción, particularmente considerando que la víctima desempeña sus funciones en el mismo recinto respecto del cual se solicitó el ingreso del actor.

Sexto: Que, además, el propio Código Procesal Penal contempla un mecanismo específico para revisar o modificar las condiciones impuestas en una suspensión condicional del procedimiento. En efecto, el artículo 238 ter inciso final de dicho cuerpo legal faculta al imputado para solicitar al tribunal que decretó la medida la modificación de las condiciones impuestas, cuando existan circunstancias que lo justifiquen. En consecuencia, si el recurrente estima que la condición relativa a la prohibición de acercamiento —en cuanto repercute en su actividad económica o acceso al recinto— resulta desproporcionada o requiere adecuación, la vía idónea para ello es solicitar su modificación ante el tribunal penal competente, y no la presente acción cautelar, que no puede alterar ni dejar sin efecto una resolución judicial firme dictada en el ámbito de un procedimiento penal.

Séptimo: Que, en atención a lo expuesto en los considerando precedentes, el recurso de protección deducido no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4159-2025.