nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

C.A. de San Miguel San Miguel, veinticuatro de marzo de dos mil veintiséis Al escrito folio N°10: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el abogado Juan Carvajal Silva, en representación de nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, interpone acción constitucional de protección en contra de la Municipalidad de San Miguel, representada por su alcaldesa, por los actos que califica de ilegales consistentes en el Decreto Alcaldicio N°1568, de 11 de septiembre de 2025 y el Decreto Alcaldicio N°1800, de 30 de septiembre de 2025, por medio de los cuales se dispuso la medida disciplinaria de destitución, lo que estima vulnera los derechos fundamentales reconocidos en los numerales 19 N°2, Nº3 inciso 5º y N°24 de la Constitución Política de la República.

Refiere que mediante el Decreto Alcaldicio N°1081, de 10 de agosto de 2023 se elevó a sumario administrativo la investigación sumaria que había sido instruida previamente por el Decreto Alcaldicio N°559 en la que se buscaban responsabilidades administrativas de los funcionarios implicados en los hechos denunciados el 2 de junio de 2023 en la Oficina de Género del municipio. Adiciona que en el mismo proceso se ordenó acumular los procedimientos disciplinarios derivados el Decreto Alcaldicio N°611/2023 a raíz de denuncias por hechos constitutivos de acoso laboral.

Sostiene que el 23 de abril de 2025 presentó descargos incluyendo las declaraciones de los testigos nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos testigos presenciales que mantenían una relación directa con los hechos al desempeñarse en el mismo departamento. Precisa que igualmente se rindió prueba testimonial de cargo, que correspondían a exfuncionarios o a funcionarios que no se desempeñaban en la misma unidad, por lo que carecían de una relación directa y cotidiana con los hechos investigados.

Asevera que el 10 de julio de 2025, la Municipalidad emitió el Decreto Alcaldicio N° 1197, mediante el cual se dejó sin efecto la designación del Fiscal Instructor anterior y se nombró en su reemplazo a nombre reservado quien le negó la copia de los antecedentes de la investigación al estimarla como una diligencia reiterativa y dilatoria. Afirma que tal actuación es arbitraria y constituye una vulneración al derecho de defensa, al denegar el acceso a la información necesaria para verificar un aspecto del procedimiento consistente en la correcta y completa entrega del expediente al nuevo fiscal.

Arguye que la decisión no considera la prueba testimonial ofrecida, omisión que constituye una arbitrariedad que lesiona el debido proceso. Agrega que interpuso recurso de reposición fundado en la omisión de la prueba testimonial aportada no obstante mediante el decreto alcaldicio N°1800 se rechazó la reposición y se ratificó la medida disciplinaria de destitución.

Sostiene que se omitió considerar las circunstancias atenuantes, como la irreprochable conducta anterior, así como las calificaciones sobresalientes, argumentación que fue rechazada fundado en que la reiteración, permanencia y gravedad de las conductas constituyen una infracción grave al principio de probidad administrativa y a la dignidad funcionaria, que amerita por si sola aplicar la sanción de destitución.

Afirma que se omitió ponderar que los hechos denunciados tienen una data superior a dos años y que no han existido nuevas denuncias y que los denunciantes ya no comparten espacio laboral lo que torna en arbitrarias las resoluciones.

Pide que se deje sin efecto la sanción de destitución aplicada mediante el Decreto Alcaldicio N°1568, de 11 de septiembre de 2025 y el Decreto Alcaldicio N°1800, de 30 de septiembre de 2025 y ordene en su lugar la absolución de la funcionaria o la aplicación de una sanción administrativa que sea proporcional a los hechos, pide la inmediata reincorporación de la funcionaria y el pago de las remuneraciones que ha dejado de percibir desde que se decretó su destitución hasta su efectivo reintegro, con costas.

Segundo: Que la abogada de la Municipalidad recurrida informa que el sumario administrativo que dio origen al procedimiento se originó con denuncias por hechos constitutivos de acoso laboral, en el que se acumularon diversos procedimientos.

Explica que el 19 de agosto de 2024, el fiscal instructor remitió a la recurrente el pliego de preguntas que debía responder, el 9 de abril de 2025 declaró cerrada la investigación del procedimiento y en la misma oportunidad se formularon los siguientes cargos: “Cargo 1: El día 31 de enero de 2023 y según denuncia y declaración de fs. 24, 119 y 120, respectivamente, en circunstancias que el funcionario nombre reservado, de dotación del Departamento de Computación procedía la instalación de nuevos equipos computacionales asignados a determinado personal del nombre reservado. de Recursos Humanos, en donde Ud. no estaba considerada, pese a las explicaciones de Troncoso, ante su solicitud de que también se le instalara uno de estos aparatos, reacciona en forma desmedida y elevando su tono de voz le pide que le demuestra el por qué su equipo no sería reemplazado, todo ello con una actitud prepotente y una clara falta de respeto con éste, además de espetarle que él no era nadie, haciendo alusión a su calidad jurídica y que además no era profesional ni jefatura, ya que solo pertenecía al escalafón técnico por lo que todo lo que éste dijera o hiciera no tenía ninguna importancia; invisibilizando maliciosamente su labor profesional, además de amenazarlo de una manera soberbia, al decirle que se pondría en contacto con su Jefatura para denunciar una presunta falta de Troncoso, en su contra, lo que cumplió pero sin resultados; inventando en consecuencia situaciones inexistentes, injuriosas que dañan irremisiblemente la reputación del denunciante, para, finalmente en una actitud arrogante, megalómana y vulgar, lo echa de estas oficinas. Lo anterior se desprende de la denuncia hecha por el afectado a fs. 24, ratificada por las testigos nombre reservado a fs. 124 a 129 y nombre reservado a fs.152 y 153, las cuales ratifican lo manifestado por nombre reservado agregando esta última que Ud. se burló de este funcionario por no cambiarle su computador, diciéndole que él no era nadie. Del mismo modo la testigo nombre reservado, ratifica lo expuesto por el denunciante, agregando a fs. 126, que al enterarse que el afectado la había denunciado a la ACHS, cita a reunión a sus compañeros de trabajo y les manifiesta en forma irónica que Ud. es experta y tiene un magister en denuncias de acoso. Su actuar desmedido en contra del funcionario Troncoso, es ratificado además por don nombre reservado. de Personal el que ratifica a fs. 45, que a raíz del cambio de computadores, Ud. vociferaba en contra de este funcionario alzando la voz, maltratando verbalmente a este, humillándolo y denostándolo, al decirle quién eres tú, yo solo hablo con las jefaturas, aparte de exigirle a nombre reservado en forma autoritaria que solicitara una anotación de demérito en contra de Troncoso. La conducta desarrollada por Ud. tipifica de modo manifiesto la falta denominada Maltrato Laboral, descrita en el Artículo 5º Nro. 2 del "Reglamento para la Prevención, Sanción y Reparación de Situaciones de Acoso Sexual, Acoso Laboral y Discriminación en el ámbito Municipal"; conducta que vulnera además gravemente el principio de probidad administrativa, consagrado en el Art. 58 letra g) del "Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales", en relación con el Art. 54 y 64 N°8 de la Ley N°18.575 "Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado". Del mismo modo dicha conducta ha infringido gravemente el Art. 58, letras b) y c) y el Art. 82, letras a) y 1), del ya mencionado Estatuto Administrativo.

Luego el “CARGO N°2: Con fecha enero de 2021, se produce la fusión del Departamento de Personal y Remuneraciones, oportunidad en que se genera un ambiente no propicio para trabajar, hasta el día de presentación de estas denuncias, conforme lo expresan las personas identificadas como denunciantes, quienes sindican como ofensores a Ud. y nombre reservado, ya que ambos, conforme denuncia y declaración, corrientes a fs. 5, 6 y 145 y siguientes, realizan comentarios en contra de nombre reservado, burlándose de su cuerpo debido a su sobrepeso y ropa holgada que debía utilizar, realizando actos como simular un movimiento grande y saltar de sus sillas, cuando este se paraba y volvía a sentarse, lo descalificaban además por su apellido mapuche (nombre reservado), nombrándolo como "Porno", diciéndole además que debía usar en la cabeza un hueso, como cavernícola y usar tanga como leopardo, ya que le correspondía hacerlo por ser mapuche y que además, debía sentarse en una pica y salir a quemar camiones Y bosques con su familia, además de practicar la ley del hielo en contra de este funcionario, diciendo frases como "había una mosca obesa hablándome", sin responderle finalmente; simulando en consecuencia que éste no existía a raíz de lo cual al momento de la denuncia este funcionario se encuentra con tratamiento psiquiátrico, por crisis de ansiedad y depresión, a raíz además de los constantes gritos e intimidación sufridos por el denunciante, emanados de su persona. Del mismo modo y debido al maltrato y ambiente hostil en que se desempeña, desea salir de ese espacio, porque además teme que nombre reservado lo ataque físicamente, por cuanto en su trabajo diario, este lo gritaba y se mostraba muy agresivo con él. Ud. en su relación con sus compañeros de trabajo, mantuvo un trato vejatorio en contra de estos, tratándolos de inútiles, especialmente a nombre reservado, denuncia y declaración de fs.5, 6 y fs. 152 y 153, respectivamente, a la cual entre otras cosas, le sacó en cara el hecho de no ser esta profesional, ridiculizando su trabajo, minimizándolo maliciosamente, poniendo en riesgo su situación laboral, y dañando su reputación laboral injustificadamente; como también trató de inútiles al resto de sus compañeros incluido su Jefe(S) nombre reservado, sintiéndose todos discriminados arbitrariamente, acosados y maltratados laboralmente. Conductas que afectaron directamente a Jacqueline, nombre reservado y nombre reservado; las cuales fueron reiterativas y permanentes en el tiempo, no fue un solo acto, un solo día, sino que se repitieron en el tiempo, creando un pésimo ambiente laboral. Con respecto a nombre reservado, según declaración de fs. 122 y 123, este es removido del nombre reservado. De Personal hacia otro lugar en la Municipalidad, sin justificación alguna y al volver este en marzo de 2022, Ud. se encarga de que le designen más funciones de las que le corresponden, sobrecargándolo laboralmente, en forma arbitraria y desproporcionada, lo que termina afectado su salud mental, el cual nuevamente es removido de dicho departamento, por calumnias injustificadas hechas por Ud. en contra de este funcionario, respecto a su desempeño laboral, en tanto Ud. y Hormazábal, manipulaban al resto del equipo para aislar a estas personas denunciantes, amenazándolos e intimidándolos en forma permanente. Tal es así, que el 11 de abril de 2023 se genera una pelea entre Ud. y Hormazábal en contra del nombre reservado. nombre reservado, tratándolo de "weon y mira las weas que haces tứ", quedando muy afectada la denunciante nombre reservado, quien es testigo de esta agresión; a consecuencia 6 de lo cual le sube la presión, además el funcionario nombre reservado sufre un ACV, quedando en esa fecha internado en la UTI. Las denuncias en su contra hechas por los afectados ya individualizados, son ratificadas en toda su extensión por los testigos nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en declaraciones corrientes a fs. 124, 127, 128, 129, 130, 131 y 148, 149 y 150. La conducta desarrollada por Ud. en contra de los funcionarios denunciantes, tipifica de modo manifiesto la falta denominada Acoso Laboral, descrita en el Artículo 5° Nro. 2 del "Reglamento para la Prevención, Sanción y Reparación de Situaciones de Acoso Sexual, Acoso Laboral y Discriminación en el ámbito Municipal"; atentando en consecuencia contra la dignidad e integridad psicológica de los (a) funcionarios afectados, causándole a su vez, menoscabo, maltrato y humillación a éstos, con ocasión de sus acciones discriminatorias, las que además dañaron su reputación, dignidad e imagen, en lo personal, familiar y laboral; conductas todas que se encuentran plenamente insertas en la figura jurídica de acoso laboral, contemplada en el Art. 2° del Código del Trabajo. La conducta referida, vulnera además gravemente el Principio de Probidad Administrativa, consagrado en el Art. 58 letra g) del Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales", en concordancia con el Art. 54 y 64 N°8 de la Ley N°18.575 "Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado". Del mismo modo con la ejecución por su parte de dichas conductas ha infringido gravemente el Art. 58, letras b) y c) y el Art. 82, letras a) y 1), del ya mencionado Estatuto Administrativo para Funcionarios.

Y el CARGO N°3: “Expresa el afectado, nombre reservado según se desprende de sus denuncias rolante a fs. 41 a 49, 260 a 266 y 299 a 310 desde el primer momento en que ingresó, el 12 de Abril de 2021 al Departamento de Personal y Recursos Humanos, Ud. mantuvo una actitud hostil y poco profesional hacia la persona de nombre reservado, generándole un sentimiento de intimidación y temor a contradecirla, haciéndole caer en una sumisión tácita, siendo objeto además de comentarios hechos por Ud. que menospreciaban su trabajo y su capacidad laboral, generando un ambiente de constante presión y ansiedad en éste, agravada dicha conducta por el hecho de que siempre se jactaba de su título profesional de Ingeniera en RR.HH., menoscabando y desmereciendo al denunciante y a los demás funcionarios del Departamento, sin perjuicio que este era su superior jerárquico, todo apoyado en su constante argumentación de que contaba con el respaldo de la Administración. Del mismo modo Ud se dirigió al denunciante en forma y tono despectivo, diciendo que su presencia en el equipo no era necesaria, que sus funciones eran pocas e irrelevantes y que éste no le llegaba ni a los talones a su persona, comentarios todos hechos en presencia de sus compañeros de trabajo y que tuvieron como objetivo, anularlo y eliminarlo de su camino para obtener el cargo de éste, Jefe (S) del Departamento, tal como se demuestra cuando Ud. procedió, a nombrar a dos funcionarios en tareas específicas del nombre reservado. sin consultarle la opinión al Jefe (S) de éste Departamento, como también cuando lo manipuló para que le pidiera al Jefe del Departamento de Computación una anotación de demérito en contra del funcionario nombre reservado, al no instalarle un computador a Ud. sin corresponderle y sin reconocer su propia actitud en contra del mencionado funcionario. Continuamente Ud. realizó "comentarios sarcásticos" sobre la persona del denunciante respecto a su desempeño, dirigiéndose a él con frases como "esto no es para ti" o "no sé cómo lograste entrar aquí", así como también ignoró deliberadamente sus aportes y su presencia en reuniones de trabajo, restándoles importancia a sus intervenciones, aparte de ser anuladas y ridiculizadas, como asimismo, hubo más de una ocasión en las que Ud. hizo gestos de burla cuando el denunciante 7 intentaba expresar su opinión, descalificándolo, menoscabándolo, refiriéndose a él con sarcasmos, falta de consideración y humillaciones, haciéndolo sentir como un funcionario sin valor ni autoridad, relegándolo a un nivel inferior, sin posibilidad de aportar ideas o soluciones ya que eran anuladas o ridiculizadas por Ud., en una actitud arrogante, dictatorial y prepotente por su parte; todo lo cual generó en éste un desgaste psíquico, emocional y físico, sintiendo miedo e inseguridad al realizar sus tareas, desprotegido y sin apoyo; lo que en definitiva le desencadenó un accidente cerebro vascular ACV, el 16 de abril de 2023, quedando internado con riesgo vital en la Clínica Alemana, según documentos rolantes de fs. 50 a fs. 58. De las graves faltas descritas precedentemente, realizadas por Ud. en contra del denunciante nombre reservado, fueron testigos los funcionarios que se indican, quienes las ratifican en toda su extensión: nombre reservado, a fs.148 a 151 nombre reservado, a fs.187 Norma Steembecker a fs. 291 a 295 y nombre reservado a fs. 200 a 202. Las conductas desarrolladas por Ud. en contra del funcionario nombre reservado, tipifican palmariamente la falta denominada Acoso Laboral, descrita y sancionada en el Artículo 5° Nro. 2 del "Reglamento para la Prevención, Sanción y Reparación de Situaciones de Acoso Sexual, Acoso Laboral y Discriminación en el ámbito Municipal"; atentando en consecuencia contra la dignidad e integridad psicológica del funcionario afectado, causándole en menoscabo, maltrato y humillación a éste, con ocasión de sus acciones discriminatorias, las que además dañaron su reputación, dignidad e imagen, en lo personal, familiar y laboral; conductas todas que constituyen una agresión y hostigamiento reiterados contra el denunciante y que se encuentran además sancionadas plenamente en la figura jurídica denominada Acoso Laboral, contemplada en el Art. 2°, del Código del Trabajo y actos de discriminación, contemplados en el inciso 7° del mismo artículo y Código. La conducta referida, vulnera además gravemente el Principio de Probidad Administrativa, consagrado en el art. 58 letra g) del "Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales", en concordancia con el Art. 54 y 64 N°8 de la Ley N°18.575 "Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado". Del mismo modo dichas conductas ha infringido gravemente el Art. 58, letras b) y c) y el Art. 82, letras a) y l), del ya mencionado Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.”

Explica que el 23 de abril de 2025, luego de otorgarle copia del expediente, la recurrente presentó sus descargos, se abrió un término probatorio por el plazo de 20 días hábiles y se aceptaron las diligencias solicitadas consistentes en la toma de declaraciones de testigos.

Ratifica que mediante el Decreto Alcaldicio N°1197, de 10 de julio de 2025, se dejó sin efecto la designación del fiscal Jilberto Hernández Cancino, y en su lugar se designó a don nombre reservado. Argumenta que el recurso de protección no es la vía idónea para impugnar procedimientos reglados, como lo es un sumario administrativo tramitado conforme a la Ley N°18.883, proceso en el que a la funcionaria se garantizó su derecho a defensa, Sobre la irreprochable conducta anterior refiere que la misma resulta improcedente ya que la Contraloría General de la República, en su Dictamen N°49.580, de 22 de octubre de 2008, ha sido clara en rechazar esa posibilidad cuando se constata una grave contravención al principio de probidad, cuya sanción está expresamente establecida en la ley. Asimismo, las calificaciones sobresalientes que habría obtenido la recurrente no constituyen una causal legal de exima de responsabilidad cuando se ha infringido gravemente el principio de probidad administrativa Precisa que el artículo 123, inciso segundo, de la Ley N°18.883 prescribe que la medida disciplinaria de destitución procede cuando los hechos constitutivos de una infracción vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, de lo que desprende que se encuentra obligada a aplicar la destitución en caso de acreditarse tal infracción, sin margen para considerar circunstancias atenuantes, antecedentes funcionarias o años de servicio, ya que la propia norma impone una consecuencia jurídica única e ineludible para este tipo de faltas.

Sobre la entrega del expediente refiere que el 11 de abril de 2025 solicitó y se le otorgó copia del expediente sumarial, lo que le permitió evacuar sus descargos garantizando el pleno ejercicio de su derecho a defensa y el respeto del debido proceso.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que en los presentes autos se impugnan dos Decretos Alcaldicios, N°1.568 y N°1.800, el primero que resuelve destituir a la recurrente y el segundo que rechaza la reposición interpuesta en relación al primero.

Quinto: Que al respecto cabe señalar que la recurrente persigue que esta Corte se pronuncie nuevamente sobre aspectos de fondo ya analizados y resueltos en el marco de un procedimiento disciplinario formal, intentando sustituir el criterio de la autoridad administrativa en la valoración de los antecedentes que dieron lugar a la medida de destitución aplicada.

En efecto, consta que la Municipalidad de San Miguel, a través de los decretos alcaldicios, actuó en el ejercicio legítimo de su potestad disciplinaria ajustándose a derecho y a los principios de juridicidad y debido proceso administrativo.

Del análisis de los antecedentes de la investigación sumaria queda de manifiesto que la recurrente pudo hacer uso de todos los derechos que le confiere la Ley N°18.883, sobre la base de un debido proceso, por cuanto, mediante el sumario administrativo incoado, tuvo derecho a la defensa, pudo prestar declaración, fue debidamente notificado, realizó los correspondientes descargos, rindió prueba al efecto, la que fue analizada en las resoluciones impugnadas, e hizo uso de los recursos administrativos correspondientes.

De esta forma, la irregularidad denunciada vinculada a la falta de entrega del expediente no es tal, toda vez que, consta que recibió los antecedentes en forma previa a que evacuara sus descargos, de lo que se sigue que en la dictación y posterior impugnación se cumplieron todas las formalidades del procedimiento administrativo que la ley exige.

Sexto: Que cabe destacar que el recurso de protección no constituye una vía idónea para impugnar procedimientos reglados, como lo es el sumario administrativo tramitado conforme a la Ley N°18.883, toda vez que dicho procedimiento contempla las garantías necesarias para el ejercicio del derecho a la defensa, la autoridad competente, la formulación de cargos, emplazamiento adecuado, recepción de prueba, etapa de descargos, recursos administrativos como el de reclamación y reposición.

Séptimo: Que en cuanto al cuestionamiento que hace la recurrente respecto de la sanción aplicada, aparecen suficientemente desarrolladas por la recurrida, en los dos decretos objeto de este recurso, las razones que tuvo a la vista para ponderar las circunstancias atenuantes alegadas, descartando la posibilidad de relativizar la medida adoptada, considerando la reiteración de los hechos, su extensión temporal, y los bienes jurídicos afectados, ejercicio que efectuó dentro del ámbito de sus atribuciones y teniendo por configurada infracciones que vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, que solo admite la aplicación de la sanción impuesta.

Octavo: Que, conforme a lo razonado, la presente acción constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte sobre la materia, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de San Miguel.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Protección N°4151-2025.