Protección contra Resolución Nº4561/15/29

98/noventa y ocho San Miguel, veintisiete de agosto de dos mil quince.

Vistos:

Que a fojas 10, con fecha 08 de julio del año en curso, don Guillermo Caro Molina, abogado, en representación de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto, recurre de protección en contra de la Resolución Nº4561/15/29, dictada por la Fiscalizadora de la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera, doña nombre reservado, cuyo Director es don nombre reservado.

Expone el recurrente que con la referida resolución se ha cometido un acto ilegal y arbitrario que perturba y amenaza el legítimo ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Política de la República, en su artículo 19, N°3, inciso 5o y N°24. Agrega que la Fiscalizadora doña nombre reservado, con fecha 8 de Junio de 2015, notificó a su representada, la resolución N°4561/15/29 de 30 de Mayo de 2014, mediante la cual se le condena a una multa administrativa de 40 UTM, por el siguiente hecho: “No otorgar la titularidad en el cargo a profesionales de la educación”.

Señala que para el pronunciamiento de la referida resolución, la Fiscalizadora tomó como antecedente el Acta de Constatación de Hechos de 26 de mayo de 2015: "No otorgaría titularidad en el cargo a profesionales de la educación: l)(Media) don nombre reservado, RUT RUT reservado que al 31 de Julio de 2014, se ha desempeñado como docente de aula durante tres años continuos, en calidad de contratado, por una jornada de trabajo de 36 horas cronológicas de trabajo semanal, según el siguiente detalle: contratos de Trabajo: 1/03/2011 (44 Horas cronológicas semanales), 1/3/2012 (42 Horas cronológicas semanales), 1/03/2013 (44 Horas cronológicas semanales), 1/03/2014 (36 Horas cronológicas semanales) y 2) (Básica) doña nombre reservado, RUT: RUT reservado-B, que al 31 de Julio de 2014, se ha desempeñado como docente de aula durante tres años continuos, en calidad de contratado, por una jornada de trabajo de 39 horas cronológicas de trabajo semanal, según el siguiente detalle: Contratos de trabajo: 1/03/2011 (39 Horas cronológicas semanales), 1/3/2012 (39 Horas cronológicas semanales), 1/03/2013 (40 Horas cronológicas semanales), 1/03/2014 (39 Horas cronológicas semanales.” Que su representada, lejos de allanarse a los hechos constatados, los contravino señalando que los reclamantes no tienen derecho a la titularidad de sus horas en la cantidad expresada por ellos, sino a una inferior. Dicho de otro modo, los reclamantes requieren que se califique la naturaleza jurídica de todas sus horas a contrata, como de plazo indefinido, por tener, en concepto de aquellas- acceso a la titularidad de tales horas, situación que su representada desconoce. Afirma que la Inspección del Trabajo, por sí y ante sí, califica la naturaleza jurídica de la relación laboral al determinar que se le deben reconocer tales y cuales horas como titulares, o sea, contrato de plazo indefinido por esas horas y no un contrato de plazo fijo como lo sostiene su representada, dado que todas las horas no pueden ni deben pasar a titulares por no reunirse en la especie todos los requisitos legales para que aquello proceda.

Indica que con la actuación anterior, la Fiscalizadora ha excedido sus atribuciones legales, al invadir el ámbito de conocimiento de los Tribunales de Justicia, a quienes corresponde el conocimiento de estas materias, imponiendo una multa claramente ilegal y arbitraria.

Que corresponde a la Dirección del Trabajo la interpretación de la legislación laboral, más no hay norma alguna que entregue a este órgano administrativo la facultad de interpretar los contratos existentes entre las partes de una relación contractual, sea civil o laboral, y menos aún, el de sancionar cuando la interpretación a la que ha llegado sea distinta de la sostenida por los entes fiscalizados.

Por lo anterior solicita se deje sin efecto la multa impuesta, por cuanto la Inspección del Trabajo ha aplicado una multa haciendo una interpretación del vínculo contractual que liga a su representada con los trabajadores denunciantes, lo que escaparía a la competencia y autoridad conferida por la Ley a este órgano administrativo.

Señala que el artículo 420, letra a) del Código del Trabajo dispone que las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales de trabajo serán de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo y la Inspección del Trabajo, a través de su Fiscalizadora y al decidir respecto de una situación controvertida, cual es la naturaleza del vínculo jurídico que une a su representada con los trabajadores denunciantes, ha obrado fuera de sus facultades, contenidas en el artículo 505 del Código del Trabajo, puesto que se trata de una materia que excede a la mera fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y de su interpretación.

Agrega que, asimismo, al haber la Fiscalizadora dictado la resolución ilegal y arbitraria que impuso multa a su representada, arrogándose prerrogativas propias de los Tribunales de Justicia, se ha afectado el derecho de propiedad consagrado en la Constitución Política de la República en su artículo 19, N°24. Siendo así, no cabe sino concluir que la aplicación de la multa es ilegal y arbitraria, y que ha amenazado el derecho de propiedad, siendo impuesta por una comisión especial, sin observación a los principios del derecho sancionador contenidos en la Constitución Política de la República.

A fojas 76, don Pablo Andrés Moreira Lumbrera, abogado, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera, informa sobre el presente recurso de protección, indicando que se ha interpuesto esta acción cautelar de indudable significación en la protección de los derechos y garantías fundamentales, en contra de una resolución de multa administrativa, en circunstancias que la Ley contempla como recurso natural en contra de dicha resolución, la reclamación administrativa, o la reclamación judicial según lo dispone el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo, en relación con el inciso segundo del artículo 503 del mismo cuerpo legal. Alega que la pretensión del recurrente se circunscribe al cuestionamiento del mérito de lo resuelto por el Inspector Provincial del Trabajo Cordillera, con lo cual espera se proceda a dejar sin efecto la Resolución de Multa N°4561/2015/29-1, ordenándole pronunciarse sobre la existencia de un error al imponer la infracción y si su representada ha excedido sus facultades de fiscalización al constatar la infracción que origina el curse de la multa. Es decir lo que busca la recurrente es que se resuelva una cuestión de fondo, cuestión que escapa del margen de esta acción cautelar, y en estas condiciones, el recurso de protección se está utilizando como un mero sustituto procesal de acciones judiciales ordinarias, establecidas en procedimientos específicos y reglados, que la legislación contempla en forma expresa para cautelar los derechos del recurrente y que protegen suficientemente bien los derechos que se dicen conculcados.

En subsidio de lo señalado precedentemente, refiere que con fecha 26 de Mayo de 2015, la Fiscalizadora dependiente de la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera, doña nombre reservado, aplicó a la empresa reclamante la multa N°4561/15/29-1, la que fue notificada mediante carta certificada ingresada en la oficina de Correos de Chile el día 03 de Junio de 2015, según consta de la correspondiente guía de despacho.

Respecto de ella, la recurrente solicitó reconsideración mediante presentación de fecha 08 de Julio de 2015, situación que a su juicio constituye un contrasentido pues conforme a dicha presentación reclama administrativamente de la multa, acogiéndose a dicho procedimiento, pero al mismo tiempo acude a la vía jurisdiccional mediante el recurso de protección presentado el mismo día 08 de Julio de 2015.

En fundamento a su pretensión señala el D.F.L N° 1 de 1997 del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 19.070 que aprobó el estatuto docente de las Leyes que la complementan y modifican y el artículo 69 del Decreto Supremo N°453 de 1992, reglamentario del estatuto docente.

Indica que de las normas señaladas se infiere que los titulares ingresan a las dotaciones previo concurso público, en tanto que los contratados son aquellos que se incorporan sin concurso público para labores transitorias, experimentales, optativas, especiales o de reemplazo de titulares.

En tal sentido resulta contrario a la norma y al principio de primacía de la realidad las actuaciones de las Corporaciones Municipales, quienes suscriben con los docentes sucesivas contrataciones a plazo fijo para funciones de carácter permanente que como tales debieran ser provistas por concurso público, por tal motivo y a fin de subsanar dichas irregularidades es que con fecha 31 de enero de 2015 se ha publicado en el Diario Oficial la Ley 20.804, que renueva la vigencia de la Ley 19.648 sobre acceso a la titularidad de los docentes a contrata.

Que habiendo constatado la Fiscalizadora que existiría un contrato previo que no se ajusta a la nueva normativa y a la realidad de la relación laboral correspondía que se cursara la multa de la forma que ha sido impuesta, no existiendo en tal sentido una vulneración a lo dispuesto en el artículo 420 letra a) como pretende la reclamante, ya que existe una norma que por su contenido obliga a actualizar los contratos de trabajo, lo que en autos no ha ocurrido.

Señala que no se ha impuesto a la reclamante una multa en situación ilegal o arbitraria, como sería si fuera manifiestamente infundada o pronunciada por órgano incompetente, ya que actuando la Inspección del Trabajo dentro de las facultades concedidas en el artículo 505 del Código del Trabajo, y constatando la existencia de una infracción, mediante la verificación de la documental y de lo dicho por las partes, este servicio ha debido cumplir con su mandato legal e imponer la multa.

Por lo anteriormente expuesto, afirme que el recurso interpuesto es absolutamente improcedente, toda vez que no cumple con ninguno de los requisitos y supuestos que la propia Carta Fundamental exige para su interposición y viabilidad, no habiendo afectación ni aún en grado de amenaza de los derechos y garantías constitucionales invocadas por la recurrente, por lo que la acción deberá ser rechazada en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

A fojas 96, se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye a una acción de carácter tutelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado por un acto u omisión arbitrario o ilegal que le prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Que, como se desprende de lo anotado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario lo que significa que sea producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Segundo: Que al tenor de lo expuesto no resulta posible entender que en el actuar de la funcionaria en contra de quien se recurre, exista ilegalidad o arbitrariedad alguna, puesto que no se cuestiona la facultad que le entrega la Ley en orden a fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral, como también a informar sobre las infracciones que tomen conocimiento e imponer las multas que sean procedentes.

Si en el ejercicio de tales facultades incurriere la recurrida en actos que merecieren reparos, la propia Ley contempla un procedimiento de reclamación ante la autoridad administrativa y luego ante el Tribunal respectivo. De esta manera el derecho a una judicatura competente, ante la cual analizar, debatir y acreditar los hechos de la controversia, que invoca la recurrente, se encuentra plenamente asegurado, por lo que no resulta pertinente que renunciando a ella, la recurrente haga uso de esta acción constitucional, que en el presente caso no puede ser el sustituto de un procedimiento que de mejor manera garantiza el ejercicio de sus derechos.

Tercero: Que no pudiendo concluirse que la funcionaria recurrida se haya constituido como una comisión especial para juzgar los hechos que constató, como se sostiene en el recurso, tampoco es posible estimar que su actuar haya vulnerado el derecho constitucional contemplado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política, en términos tales que esta vía resultara la única adecuada para poner fin a tales vulneraciones.

En efecto, la mera aplicación de una multa administrativa en modo alguno puede ser considerada como atentatoria de la actividad económica que desarrolla la recurrente, ni menos que se le prive o amenace injustamente de parte su patrimonio, por lo que sobre la base de estos hechos, tampoco el recurso puede prosperar.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre "Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales", se RECHAZA el interpuesto a fojas 10 de estos antecedentes.

Acordada con el voto en contra de la Abogado nombre reservado Sra. Gabriela Huarcaya Bode, quien estuvo por acoger el recurso de protección, teniendo para ello presente, que si bien es cierto y reconociendo de manera indubitada que la acción de protección es una medida cautelar que permite adoptar remedios rápidos y expeditos, dejando a salvo las acciones ordinarias; aun cuando la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera tiene facultades para fiscalizar y aplicar multas, en el presente caso debió primeramente interpretar los contratos de los denunciantes para dictar la resolución recurrida, lo que escapa a la competencia conferida por ley a este órgano administrativo y que claramente es del ámbito del conocimiento y resolución de los Tribunales de Justicia. Por estimar que en el presente caso la resolución que aplica la multa afecta el patrimonio de la Corporación recurrente y sólo para los efectos que no se aplique la sanción hasta que los Tribunales de Justicia competentes se pronuncien sobre el fondo de la cuestión.

Redactado por la Ministro Sra. Adriana Sottovia Giménez y el voto disidente su autora.

Regístrese, comuníquese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

N° 414-2015 - PROT.

Pronunciada por las Ministras de la Cuarta Sala Sra. nombre reservado, Sra. nombre reservado Sra. Gabriela Huarcaya Bode.

San Miguel, veintisiete de agosto de dos mil quince, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.