nombre reservado con SUSESO Y CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES

San Miguel, veintiocho de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS:

PRIMERO: Que doña nombre reservado, interpone acción constitucional de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, y de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES, a fin de que esta Corte adopte las medidas necesarias para reestablecer el imperio del derecho, ante el actuar ilegal y arbitrario de las recurridas, consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° R-01-F-141683-2025, que confirmó el rechazo del pago del subsidio por incapacidad laboral por licencia médica, por no existir un vínculo laboral vigente entre la señora nombre reservado y las entidades contra las que dirige la acción.

Sostiene que en dicha decisión la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) prescindió de los antecedentes esenciales del caso, vulnerando el principio de motivación del acto administrativo establecido en el artículo 11 de la Ley N° 19.880, así como los artículos 14 y 15 del DFL N° 44 de 1978, que garantizan la continuidad del subsidio cuando la licencia se inicia durante la vigencia del vínculo laboral.

Indica que la aludida repartición desestimó los hechos reales que acreditan su condición de trabajadora activa al momento del inicio de sus licencias, aplicando una interpretación estrictamente formalista que desconoce el principio de primacía de la realidad, propio del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Omisión que la ha privado injustamente del subsidio que le corresponde, afectando gravemente su sustento económico, estabilidad emocional y derecho a la integridad física y psíquica.

Manifiesta que el 16 de octubre de 2025, la Superintendencia de Seguridad Social dictó la resolución más arriba señalada, notificada con igual fecha a la recurrente, sin que a la data de interposición del recurso los actos de que da cuenta hubieran cesado.

Explica que se desempeñó como trabajadora dependiente en la Caja de Compensación Los Andes desde el 18 de julio de 2013, manteniendo una relación laboral estable, cuya duración se pactó en forma indefinida, continua e ininterrumpida, sin ser objeto de amonestaciones, sumarios ni sanción disciplinaria alguna. Asevera que por el contrario, su trayectoria se encuentra respaldada por registros internos, reportes de productividad y la trazabilidad que generan sus gestiones dentro del sistema institucional, además de encontrarse reconocido su desempeño en forma constante por sus superiores, especialmente en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.

Relata que el 10 de abril de 2025 se encontraba cumpliendo sus labores habituales, accediendo al sistema institucional mediante sus credenciales personales, las cuales se encontraban habilitadas y plenamente vigentes, permitiendo la realización de afiliaciones a través de la plataforma de su empleadora, lo que da cuenta objetiva y verificable que se encontraba ejerciendo sus funciones laborales de manera activa y efectiva.

Sostiene que en horas de la tarde de ese día, producto de una grave descompensación de salud mental, se le otorgó la licencia médica N°21106152 por un período de 30 días, entre el 10 de abril y el 9 de mayo de 2025, lo que consta de su historial de licencias médicas.

Asevera que la aludida descompensación no fue un episodio aislado o fortuito, sino que se enmarca en un proceso clínico previo y progresivo de su salud mental y física, pues ya en enero y marzo de 2025 se encontraba en tratamiento médico por un cuadro de “osteoporosis severa”, que había motivado la emisión de una licencia médica anterior, aceptada sin objeciones.

Afirma que el tratamiento por osteoporosis conllevó un deterioro físico evidente como también una afectación emocional, conductual y psíquica significativa de acuerdo a la evaluación de su médico tratante. Así, la progresión del cuadro clínico junto a la carga laboral que venía soportando, desencadenó una crisis que hizo médicamente recomendable la emisión de una licencia médica de carácter psiquiátrico, a fin de resguardar su integridad mental y emocional.

Esgrime que pese a lo referido, ni el 10 de abril de 2025 ni en los días inmediatamente anteriores, fue notificada en forma alguna del término de su contrato de trabajo, omisión que según asevera, implica que “jurídicamente la relación laboral se encontraba vigente.” Agrega que su empleadora tenía conocimiento previo y directo de su situación de salud, pues anteriormente había presentado licencias médicas donde ambas patologías se vinculan.

Agrega que resulta especialmente grave y revelador, que su empleadora, la Caja de Compensación Los Andes, informara posteriormente que no procedía el pago del subsidio por licencia médica a la COMPIN, argumentando que no existía vínculo laboral vigente al momento de su emisión.

Situación que, según aduce, evidencia una contradicción desde que por un lado el mismo día en que se otorgó la licencia se encontraba realizando funciones institucionales y por otro, la institución pretende desconocer dicha relación para justificar el rechazo del pago del subsidio, que ellos mismos deben pagar.

Explica que el hecho que sea la propia entidad empleadora la que primero permite y valida el desarrollo de funciones laborales, para luego sostener que no existe relación contractual, revela un comportamiento “internamente contradictorio e injustificado y posiblemente con un interés económico de la Caja Los Andes.” Añade que dicho actuar evidencia una estrategia unilateral, ilegal y arbitraria de su ex empleadora, orientada a eludir una obligación previsional legítimamente generada.

Prosigue señalando que el 10 de mayo de 2025 se extendió el reposo dado que su cuadro médico había empeorado.

Además, destaca que las licencias médicas presentadas se encontraban debidamente aprobadas por el órgano competente, esto es, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), entidad técnica y fiscalizadora del sistema de salud, encargada de verificar la procedencia de este tipo de reposo laboral. En particular, la licencia médica N° 21106152, evaluada conforme al procedimiento establecido y resuelta favorablemente, reconociéndose su justificación médica y el derecho a percibir el subsidio por incapacidad laboral correspondiente. Por lo tanto, no existía razón alguna para que dicho beneficio fuera denegado, menos aún por su empleadora, quien carece de competencia para invalidar administrativamente una decisión emitida por la COMPIN “sin un debido proceso y sobre todo cuando se advierte con el interés económico de la Caja de Los Andes.”

Relata que cuando se encontraba en uno de los momentos más críticos de salud física y emocional, su empleadora la desvinculó, negando la relación laboral y consecuentemente el reconocimiento humano mínimo que se espera de una institución en circunstancias tan delicadas, después de 10 años de trabajo continuos. Decisión que no sólo la dejó sin sustento económico cuando más lo necesitaba sino que profundizó de manera significativa el deterioro de su salud mental, afectando gravemente su estabilidad emocional, autoestima y bienestar general, además de afectar directamente su recuperación médica.

Continúa expresando que con fecha 16 de octubre de 2025, la Superintendencia de Seguridad Social (SUCESO) dictó la resolución Exenta N° R-01-F-141683-2025, confirmando el rechazo del pago de los subsidios por las licencias médicas, reiterando que no existía vínculo laboral vigente. Decisión que, según sustenta, ignoró la nueva documentación que presentó, reproduciendo los mismos argumentos formales utilizados por la Caja Los Andes, sin realizar un análisis objetivo, fundado y conforme a la realidad de los hechos.

Explica que dicho acto es arbitrario e ilegal, pues se dictó prescindiendo de los antecedentes esenciales del caso, vulnerando el principio de motivación del acto administrativo establecido en el artículo 11 de la Ley N° 19.880, así como los artículos 14 y 15 del DFL N° 44 de 1978, que garantizan la continuidad del subsidio cuando la licencia se inicia durante la vigencia del vínculo laboral, detallando que dicha resolución no puede ser considerada jurídicamente como una mera reposición de lo ya resuelto mediante la Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-88486-2025, sino que corresponde a un acto administrativo nuevo, distinto y autónomo, toda vez que su contenido amplía sustancialmente el objeto inicial del procedimiento administrativo.

Afirma que la resolución impugnada no se limita a revisar los mismos antecedentes ya conocidos, sino que incorpora la evaluación de nuevas licencias médicas, la N° 119681099-0 y N° 120862961-8, además de las previamente reclamadas N° 21106152 y N° 21361208 ampliando el marco fáctico y jurídico sobre el cual la autoridad administrativa debía pronunciarse.

Asevera que la denegación del subsidio por incapacidad laboral, específicamente el derivado de las licencias médicas N° 21106152 N° 21361208, N° 119681099-0 y N° 120862961-8 por la Caja de Compensación Los Andes y la SUSESO, aun cuando habían sido debidamente aprobadas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), representa una infracción directa e ineludible al artículo 15 del DFL N° 44 de 1978 que establece que "aun cuando haya terminado el contrato de trabajo", siempre que la licencia médica se haya iniciado durante la vigencia de la relación laboral, y una infracción a las Circulares N° 3432 de 2019 y N° 3788 de 2023 de la SUSESO, que instruyen expresamente el pago del subsidio por licencias continuas cuando se mantiene el mismo cuadro clínico, y conforme al principio de continuidad del vínculo laboral y a la práctica jurídica consolidada en materia laboral y previsional, el despido no produce efectos inmediatos desde el mismo día en que se comunica o ejecuta, sino que su efecto se proyecta al día siguiente de su notificación o ejecución formal, lo que implica que, incluso en el evento de haberse producido una desvinculación el día 10 de abril de 2025, lo que no ocurrió, el vínculo laboral seguiría vigente durante todo ese día, conservando la trabajadora todos sus derechos, incluyendo el acceso al subsidio por incapacidad laboral si el reposo médico se inicia en esa misma fecha.

Califica de arbitraria la conducta de la Caja de Compensación Los Andes y de la SUSESO, ya que permitieron que desarrollara sus funciones el 10 de abril de 2025, con acceso a sistemas informáticos internos mediante credenciales activas y la generación de trámites institucionales de afiliación trazables ante la propia SUSESO.

Sin embargo, con posterioridad, la misma institución -actuando en su doble calidad de empleadora y administradora del subsidio- afirmó contradictoriamente que la relación laboral no existía en esa misma fecha, pese a existir un correo electrónico institucional en el que se admite explícitamente que su desvinculación se produjo el 10 de abril, utilizando esta afirmación para denegar el pago de un subsidio previamente aprobado por la COMPIN, y en lugar de acatar la resolución del órgano técnico, COMPIN, la Caja de Compensación actúa en defensa de sus propios intereses económicos, afectando el derecho a la integridad física y psíquica, establecida en el artículo 19 N°1 y el derecho de propiedad, establecido en el artículo 19 N°24, ambos de la Constitución Política de la República.

Por lo expuesto y demás argumentos que vierte en su recurso, pide se acoja la acción constitucional deducida en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el actuar arbitrario e ilegal de ellas, que perturbó el legítimo ejercicio de su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, además del derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales de su persona como recurrente. Asimismo, solicita se ordene a la recurrida, dejar sin efecto la resolución exenta N° R-01-F-141683-2025 de 18 de octubre de 2025, debido a que es un acto ilegal y arbitrario, además de ordenar de forma inmediata, el pago del subsidio correspondiente o bien que se adopte otra medida. También solicita se ordene a la recurrida que adopte todas las medidas necesarias y conducentes a la protección y efectiva tutela de las garantías constitucionales lesionadas o amenazadas en su ejercicio, por los actos ilegales y arbitrarios reclamados, dirigidos a restablecer el imperio del derecho en la situación fáctica alegada.

SEGUNDO: Que informa al tenor del recurso, la abogado Romina Andrea Ugalde Rañileo, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, institución que “previo a referirse al fondo del asunto,” solicitó el rechazo del recurso, con costas, por falta de oportunidad en el ejercicio de la acción.

Expone al efecto, que el arbitrio en análisis fue interpuesto el 29 de octubre de 2025, sin embargo, la señora nombre reservado, concurrió a la Superintendencia en cuatro oportunidades a saber: la primera, el 7 de mayo de 2025, ocasión en la que reclamó contra la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, ante el acto de esta última que califica de ilegal y arbitrario, consistente en “el no pago del subsidio por incapacidad laboral derivado de la Licencia Médica N° 21106152, extendida por 30 días, desde el 10 de abril de 2025 al 9 de mayo del mismo año, ocasión en la que se rechazó el reclamo por no existir vínculo laboral vigente, lo que consta en la resolución exenta N° R-01-UJU-70505-2025 de fecha 26 de mayo de 2025; luego, por presentación de 9 de mayo de 2025, recurrió nuevamente a ese organismo fiscalizador, solicitando se reconsidere el dictamen N° R-01-UJU-70505-2025 de fecha 26/05/2025, mediante el cual se confirmó lo resuelto por la C.C.A.F Los Andes, en orden a mantener el no pago del subsidio por incapacidad laboral, por no existir vínculo laboral vigente, resolución exenta N° R-01-UNAAD-79217-2025 de fecha 9 de junio de 2025. Después, en una tercera oportunidad, el 23 de junio de 2025, concurre nuevamente la señora nombre reservado, solicitando se reconsidere el dictamen N° R-01-UJU-70505-2025 de fecha 26/05/2025, mediante el cual se confirmó la resolución de la COMPIN Región Metropolitana, que mantuvo el rechazo de las licencias médicas N°s 21106152 y 21361208, por un total de 60 días a contar del 10/04/2025, por no existir vínculo laboral vigente, rechazándose el reclamo, lo que consta en la resolución exenta N° R-01-UNAAD-88486-2025 de fecha 27 de junio de 2025. Por último; el 4 de septiembre de 2025 la señora nombre reservado, presentó un recurso de reposición en contra de la Resolución Exenta N° R-01-UJU-70505-2025 y, además, reclamó por el rechazo de las licencias médicas N°s 119681099- 0 y 120862961- 8, por 60 días, a contar del 9 de junio de 2025, rechazándose el recurso de reposición interpuesto y mantuvo la Resolución Exenta N° R-01-UJU-70505-2025, de 26 de mayo de 2025, lo que consta en la resolución exenta N° R-01-F-141683-2025 de 16 de octubre de 2025.

Afirma que la recurrente tomó conocimiento del acto administrativo que impugna el 27 de junio de 2025, siendo notificada por correo electrónico el mismo día, por lo que la acción constitucional deducida es extemporánea además de ser mal utilizada. Ello porque se busca la autorización de licencias médicas que, por razones médicas, fueron rechazadas en todas las instancias administrativas previstas en el ordenamiento jurídico, por un organismo competente.

Agrega que el hecho de haber reclamado ante la Superintendencia de modo alguno significa que el plazo para recurrir de protección se suspenda. Ello por cuanto si bien de acuerdo al artículo 54 de la Ley N° 19.880 la regla general en materia de acciones jurisdiccionales intentadas en contra de actos de la Administración, exige el agotamiento de la vía administrativa, por supremacía constitucional, no es aplicable a la acción de protección, por cuanto ésta, conforme a lo estatuido en el artículo 20 de nuestra Carta Política, se debe ejercer, “sin perjuicio, de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”, por lo que la acción de protección no es una vía de impugnación subsidiaria de otras que pueda contemplar el ordenamiento jurídico, sean estas administrativas o judiciales.

En subsidio, alega la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social, ya que dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Precepto que, en opinión de la recurrida que informa, no está amparado por la acción cautelar en análisis. Así, las materias relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, así como el pago de subsidios por incapacidad laboral, pertenecen al campo de la seguridad social y, por tanto, se encuentran expresamente excluidas del ámbito de protección constitucional.

Por lo expuesto, pide el rechazo de la acción de protección deducida en contra de la SUSESO.

También en subsidio de lo referido, y respecto del fondo del recurso, se explaya sobre al marco regulatorio del derecho a licencia médica, contemplado en el artículo 149 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, que en lo pertinente transcribe, además de las normas que especifican los requisitos para gozar de licencia médica y aquellos requeridos para gozar del subsidio estatuido en el D.F.L. N° 44 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Luego pormenoriza el D.S. N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de Licencias Médicas, que en lo atingente dispone: “…Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -COMPIN- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud -Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Reitera que en lo relativo al subsidio por incapacidad laboral, las normas que regulan su otorgamiento se encuentran contenidas en el D.F.L. N° 44 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Prosigue aseverando que en lo concerniente a la señora nombre reservado, efectivamente concurrió el 7 de mayo último pasado ante la Superintendencia de Seguridad Social, reclamando contra la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el no pago del subsidio por incapacidad laboral derivado de la Licencia Médica N° 21106152 extendida por 30 días desde el 10 de abril de 2025 al 9 de mayo del mismo año.

Indica que en el Sistema de Información de FONASA (SIF), se registra que la licencia médica reclamada fue autorizada con derecho a pago de subsidio por incapacidad laboral por la COMPIN Región Metropolitana. Sin embargo, por Carta N° 11206/2025 SUSESO, de 13 de mayo de dos mil veinticinco, la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, indicó que no accedió al pago del subsidio reclamado, debido a que la interesada se encontraba desvinculada desde el 10 de abril de 2025.

Tras lo anterior, expone los objetivos esenciales de la licencia médica y reproduce lo pertinente de la Circular N° 3.778 de 20 de octubre de 2023 de la Superintendencia informante, que reza: “se debe rechazar la respectiva licencia médica cuando ésta ha sido emitida el mismo día de término de la relación laboral o bien posteriormente, aun cuando la fecha de inicio del reposo sea anterior a la fecha de término de la relación laboral. En estos casos el interesado deja de tener la calidad de trabajador, por lo que no tiene que justificar ausencia ni remuneración", teniéndose a la vista copia del finiquito, en el que se consigna que la relación laboral con la empresa se extendió hasta el 10 de abril de 2025, misma fecha de emisión de la licencia médica y no antes como exige la normativa vigente sobre la materia, motivo por el que se rechazó dicha licencia como también la siguiente, añadiendo que “no existen licencias médicas inmediatamente previas a la reclamada.”

Agrega que por resolución exenta N° R-01-UJU-70505-2025 de 26 de mayo de 2025, la SUSESO determinó que: “Se rechaza el reclamo interpuesto. Instrúyase a la COMPIN Región Metropolitana rechazar las Licencias Médicas N°s 21106152 y 21361208, por no existir vínculo laboral vigente a la fecha de su emisión con la empresa RUT N° RUT reservadoConfírmase lo obrado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, en cuanto a no acceder al pago del subsidio derivado de la licencia médica reclamada, por la misma razón ya expuesta.”

Esgrime que con posterioridad, el 29 de mayo de 2025, la señora nombre reservado concurrió nuevamente ante la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando reconsideración del Dictamen N° R-01-UJU-70505-2025 de fecha 26/05/2025, que confirmó lo resuelto por la Caja de Compensación Asignación Familiar Los Andes, precedentemente señalado, que mantuvo la decisión de no pago del subsidio por incapacidad laboral derivado de la Licencia Médica N° 21106152 (por 30 días, desde el 10 de abril de 2025 al 9 de mayo del mismo año), por no existir vínculo laboral vigente.

Aduce al respecto que la recurrente no acompañó ningún nuevo antecedente que tenga el carácter de fundante y amerite realizar un nuevo estudio de lo resuelto por la aludida repartición, requisito indispensable para aquello.

Atendido lo referido, por Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-79217-2025 de 9 de junio de 2025, la SUSESO determinó: “Rechácese la solicitud de reconsideración de la Resolución Exenta N°R-01-UJU-70505-2025 de fecha 26 de mayo de 2025…”

A continuación, relata que el 23 de junio de 2025, la señora nombre reservado concurrió por tercera vez ante la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando reconsideración de la Resolución N° R-01-UJU-70505-2025 de 26 de mayo de 2025 recién señalada, que mantuvo el rechazo de las licencias médicas N°s 21106152 y 21361208, por un total de 60 días a contar del 10 de abril de 2025, por no existir vínculo laboral vigente.

Indica al respecto, que no se acompañaron nuevos antecedentes fundantes que ameriten realizar un nuevo estudio de lo resuelto por el Servicio.

Expresa que el artículo 59 de la Ley N° 19.880 otorga a quien tenga legitimación activa, la posibilidad de recurrir contra actos de la Administración a través del Recurso de Reposición, que debe interponerse en el plazo de cinco días ante el mismo órgano que dictó la resolución que se impugna. Plazo para cuyo cómputo ha de estarse al artículo 25 de la Ley precitada, conforme al cual “se entiende como días inhábiles los días sábados, domingos y los festivos.”

Sostiene que, en este caso, la resolución recurrida se notificó el 26 de mayo de 2025, por lo que conforme indica la profesional informante, el plazo para deducir el recurso de reposición ante la entidad fiscalizadora venció el 30 de mayo del año en curso. Término que según asevera, expresamente se indica en el último párrafo del resuelvo. Así las cosas, “…la actual presentación de la recurrente…” fue deducida fuera del plazo señalado en el artículo 59 en relación al artículo 25, ambos de la Ley N° 19.880. Lo que acorde al artículo 8° del Código Civil no puede ser desconocido.

En otro orden de ideas, señala que no se acompañaron antecedentes que den cuenta de la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor en los términos del artículo 45 del Código Civil, de modo que “iniciado el plazo de cinco días, éste discurre sin interrupciones hasta consumarse,” razón por la que por Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-88486-2025 de 27 de junio de 2025 se rechazó el recurso de reposición interpuesto por doña nombre reservado, “por haberse presentado fuera del plazo legalmente establecido.”

Adiciona que en una cuarta oportunidad, el 4 de septiembre de 2025, la señora nombre reservado concurrió ante la Superintendencia de Seguridad Social, interponiendo recurso de reposición en contra de la Resolución Exenta N° R-01-UJU-70505-2025 de 26 de mayo de 2025 que rechazó el reposo indicado en las licencias médicas N°s 21106152 y 21361208, por un total de 60 días a contar del 10 de abril de 2025, por no existir vínculo laboral vigente, determinación de la que la recurrente discrepa.

También reclama por el rechazo de las licencias médicas N°s. 119681099-0 y 120862961-8, por 60 días, a contar del 9 de junio de 2025.

Prosigue reseñando las resoluciones recaídas en las reclamaciones intentadas en contra de la respectiva resolución.

Detalla que sobre esta última impugnación y alegación se rechazó el recurso de reposición por ser extemporáneo, y en relación con las licencias médicas N°s. 119681099- 0 y 120862961- 8, con indicación de reposo a contar del 9 de junio de 2025, por lo que corresponde confirmar su rechazo por el mismo motivo que las licencias anteriores, esto es no existir vínculo laboral, dictándose la resolución exenta N° R-01-F-141683-2025 de fecha 16 de octubre de 2025 que resuelve: “En mérito de lo antes indicado, no corresponde acoger la reposición formulada, por doña nombre reservado, razón por la cual, se mantiene a firme, la citada Resolución Exenta N° R-01-UJU-70505-2025, de 26 de mayo de 2025”. En consecuencia, y conforme a los antecedentes tenidos a la vista, se constata que la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes no efectuó el pago del subsidio por incapacidad laboral derivado del reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas, atendido que la interesada no mantenía vínculo laboral vigente al momento de su emisión, por lo cual el rechazo de las licencias médicas se encuentra plenamente ajustado a derecho, toda vez que la señora nombre reservado fue desvinculada con fecha 10 de abril de 2025, según consta del finiquito acompañado, debidamente suscrito por las partes, informándoles expresamente la Caja de Compensación que: “Nuestra entidad no generó el subsidio de ésta, debido a que la recurrente se encontraba sin vínculo laboral a contar del 10 de abril de 2025, conforme a la información proporcionada por el ex empleador y registrada en su base de datos institucional. Por tanto, no corresponde justificar ausencia laboral ni remuneración que reemplazar, conforme al artículo 1° del Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud”, disponiendo esta norma que la licencia médica constituye el derecho del trabajador a ausentarse o reducir su jornada laboral durante un período determinado, en cumplimiento de una indicación profesional certificada, reconocida por el empleador y autorizada por la autoridad competente, “durante cuya vigencia podrá gozar de un subsidio especial o de la remuneración regular de su trabajo”, y, a su vez, la Circular N° 3.778, de 12 de octubre de 2023, de la aludida Superintendencia, instruye como ya se ha dicho, que: “Se debe rechazar la respectiva licencia médica cuando ésta ha sido emitida el mismo día del término de la relación laboral o con posterioridad, aun cuando la fecha de inicio de reposo sea anterior a la fecha de término de la relación laboral. En estos casos el interesado deja de tener la calidad de trabajador, por lo que no tiene que justificar ausencia ni remuneración que reemplazar desde la fecha en que el empleador le comunica el término de los servicios”. Al respecto, la licencia médica N° 21106152 fue extendida el mismo día del término del vínculo laboral -10 de abril de 2025-, configurándose plenamente la hipótesis normativa antes señalada, no correspondiendo el pago del subsidio por incapacidad laboral, por cuanto la beneficiaria carecía de la calidad de trabajadora dependiente al momento de su emisión.

Argumenta que la Superintendencia de Seguridad Social cuenta con las facultades legales para ejercer el control administrativo y técnico en materia de licencias médicas, conforme a lo establecido en los artículos 2°, 3°, 27 y 38 de la Ley N°16.395, modificada por la Ley N°20.691 de 2013. Precisa que dichas atribuciones comprenden la supervigilancia en los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como la calidad y oportunidad de las prestaciones.

Sostiene que no se ha cometido ilegalidad o arbitrariedad en su actuación, y la Superintendencia de Seguridad Social, se limitó a resolver la situación de la señora nombre reservado, dentro del ámbito de sus competencias, sosteniendo que las resoluciones impugnadas se encuentran debidamente fundadas en los antecedentes que constan en el expediente administrativo, no constituyendo actos caprichosos o carentes de fundamento racional. Del mismo modo, sostiene la inexistencia de vulneración de derechos constitucionales, argumentando que no existe derecho alguno sobre eventuales subsidios sin contar previamente con una licencia médica autorizada, y que la sola emisión de una licencia por parte de un profesional de la salud no implica el nacimiento automático de tal derecho, en particular del derecho de propiedad, ya que, de ser así, el legislador no habría contemplado causales de rechazo de las mismas.

Atendido lo referido y demás fundamentos esgrimidos en su informe, pide el rechazo de la Acción de Protección interpuesta, solicitando sea desestimada en todas sus partes, con costas.

TERCERO: Que por su parte, la abogado Inés Riquelme Arao en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, informa al tenor del recurso solicitando su rechazo.

Señala al efecto que la entidad con las atribuciones para controlar y fiscalizar las Cajas de Compensación es la Superintendencia de Seguridad Social, dentro de la esfera de su competencia y en conformidad a la ley, siendo dichas reparticiones entidades de previsión social y corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, para lo cual se rigen por la Ley N°18.833, sus reglamentos, respectivos estatutos y supletoriamente por las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil.

Indica que la Superintendencia de Seguridad Social, en uso de las atribuciones que le confieren las Leyes N° 16.395 y 18.833, impartió instrucciones a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.) en su calidad de administradoras del Régimen de Subsidios por Incapacidad Laboral, mediante el Oficio N° 7.249 de 2019, en el cual se estableció un nuevo modelo de gestión, basado en la estimación de los déficits que se generan mensualmente en las C.C.A.F. con motivo del pago de los subsidios por incapacidad laboral y sus correspondientes cotizaciones previsionales, derivados de licencias médicas de origen común.

Agrega que el pago de las licencias médicas por las Cajas de Compensación, se rige por el D.F.L. N° 44, que en sus artículos 4° y 6°, definen los requisitos que deben cumplir los beneficiarios de las Cajas de Compensación y FONASA para tener derecho al pago del Subsidio por Incapacidad Laboral, que en resumen son: 1. Tener 6 meses de afiliación a un régimen previsional; 2. Reunir en ese mismo lapso a lo menos 3 meses de cotizaciones; 3. Tener una licencia médica autorizada por la COMPIN, y de conformidad a la Circular N° 2358 de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), que refunde y actualiza instrucciones a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar sobre la administración del régimen de subsidios por incapacidad laboral, entidades que deben velar por la observancia de la normativa vigente y cumplimiento de los requisitos establecidos para el correcto cálculo y pago de dichos subsidios.

Relata que la Caja de Compensación, recibió y dispuso los procedimientos administrativos habituales, para la tramitación en la COMPIN Metropolitana Central de las Licencias Médicas, recepcionando desde la COMPIN la resolución que autorizó las licencias médicas, extendidas por el periodo discontinuo que va desde el 2 de enero de 2015 hasta el 24 de marzo de 2025, por lo cual, esta entidad procedió a generar los subsidios respectivos, los cuales se encuentran pagados por medio de efectivo y transferencia electrónica respectivamente. Sin embargo, la Contraloría Medica rechazó las licencias médicas N°s 4-21106152, 4-21361208 y 3-120862961, por el periodo continuo desde el 10 de abril de 2025 al 7 de agosto del mismo año, bajo el motivo “Licencia Mal Extendida”, razón por la cual no se generó el pago del correspondiente subsidio, no pudiendo la Caja de Compensación modificar una resolución emitida por un médico contralor de la COMPIN, dado que la entidad que se encuentra facultada para autorizar, rechazar, reducir o ampliar el período de reposo o cambiarlo de total a parcial o viceversa es la Comisión Médica Preventiva e Invalidez.

Sostiene que la recurrente se encuentra sin vínculo laboral desde el 10 de abril de 2025, según la información tenida a la vista y registrada en su base de datos institucional, confirmada, además, a través del área de Recursos Humanos de la Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes, por lo que no tendría que justificar ausencia laboral ni remuneración que reemplazar. De modo que, de acuerdo a lo indicado en el Compendio de Normas sobre Licencias Médicas, Subsidios por Incapacidad Laboral y Seguro SANNA, Libro III Subsidio por Incapacidad Laboral de Origen Común, Título I, punto 10, que establece: “…conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del D.F.L. N°44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social: Los subsidios durarán hasta el término de la correspondiente licencia médica, aun cuando haya terminado el contrato de trabajo.

Por lo anterior, es posible autorizar licencias médicas presentadas por una persona que se encuentra cesante, cuando ésta se inicia antes de la fecha del término de sus servicios y se trata de un reposo continuo y por el mismo cuadro clínico. Dicho criterio se debe aplicar al "mismo diagnóstico" y también al mismo "cuadro clínico".

Por tanto, se debe rechazar la respectiva licencia médica cuando ésta ha sido emitida el mismo día de término de la relación laboral o bien posteriormente, aun cuando la fecha de inicio de reposo sea anterior a la fecha de término de la relación laboral. En estos casos el interesado deja de tener la calidad de trabajador, por lo que no tiene que justificar ausencia ni remuneración que reemplazar, desde la fecha en que el empleador le comunica del término de los servicios”, siendo la información anteriormente expuesta, presentada ante la Superintendencia de Seguridad Social, con los datos de la licencia 4-21106152 a esa fecha, por medio de la Carta N° 11206/2025 SUSESO, de fecha 13 de mayo de 2025, y referente a la licencia 119681099-0, señalan que no existe registro en su sistema respecto de la licencia reclamada.

CUARTO: Que el abogado de la recurrente evacua el traslado, respecto de la extemporaneidad, afirmando que no existe un acto único ni una decisión terminal notificada en junio de 2025, existiendo una secuencia de actos sucesivos, con efectos acumulativos y proyección temporal, dictados y cada uno de ellos incidió en aspectos distintos del proceso, involucrando nuevas licencias médicas, nuevos antecedentes clínicos, distintas hipótesis de hecho y nuevos fundamentos administrativos, lo que impide fijar el inicio del plazo en la fecha aislada que sugiere la recurrida, siendo la última actuación administrativa relevante y que constituye el acto final, definitivo y plenamente lesivo para la recurrente, la Resolución Exenta N° R-01-F-141683-2025, de 16 de octubre de 2025, resolución que no se limita a reiterar decisiones previas, sino que amplía el objeto administrativo, incorporando otras licencias médicas (N° 119681099-0 y 120862961-8), evaluando nuevos antecedentes médicos y fácticos, configurando un acto administrativo autónomo, con efectos jurídicos propios, actuales y concretos, debiendo entonces contarse el plazo de 30 días, desde el 16 de octubre, desconociéndose que el plazo del recurso no corre mientras la propia autoridad mantiene abierto el procedimiento, analiza nuevos antecedentes o resuelve materias adicionales derivadas del mismo caso.

En cuanto a la improcedencia, el recurso interpuesto no se funda en la eventual conculcación del derecho a la seguridad social, sino en los efectos concretos e inmediatos que el actuar ilegal y arbitrario de la Superintendencia de Seguridad Social ha generado sobre otras garantías fundamentales sí amparadas por el artículo 20, específicamente las consagradas en el artículo 19 N°1 integridad física y psíquica y N°24 derecho de propiedad.

Por lo expuesto y demás argumentos que vierte en su informe, solicita lo más arriba indicado.

QUINTO: Que para dilucidar el asunto sometido a la decisión de esta Corte es necesario señalar que la acción de protección contenida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, debe ser ejercida ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que provoquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y/o garantías a que dicha norma se refiere, para que en su caso, se adopten las providencias necesarias en el restablecimiento del imperio del derecho, asegurándose la debida protección del perjudicado.

De lo que se sigue que se trata de un procedimiento extraordinario, de emergencia, cuyo objetivo es remediar pronta y eficazmente los efectos lesivos de un actuar ostensiblemente contrario al ordenamiento jurídico o carente de fundamento o caprichoso, reparándose así el amago provocado a derechos o prerrogativas derivadas de situaciones ciertas y definidas y, por ello, con resguardo constitucional preferente. Todo ello sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los Tribunales correspondientes.

SEXTO: Que teniendo presente lo anterior, primeramente ha de dilucidarse la extemporaneidad alegada, respecto de la cual, del mérito de los antecedentes allegados a la causa y especialmente lo aseverado por los intervinientes en estrados, es inequívoco que la última resolución de la Superintendencia de Seguridad Social que se pronuncia sobre el rechazo de las licencias médicas de la señora nombre reservado data del 16 de octubre de 2025, por lo que el recurso interpuesto el 29 de octubre, lo fue dentro del plazo de 30 días que señala el numeral primero del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, razón por la que necesariamente se desestimará la alegación de extemporaneidad del recurso.

SEPTIMO: Que, en cuanto a la improcedencia del recurso alegada por la Superintendencia de Seguridad Social, del claro tenor del artículo 20 de la Constitución Política de la República y del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema que “regula la tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental,” es inconcuso que es la Corte ante la que se sustancie la acción constitucional cautelar, a la que compete determinar si los hechos que en ella se señalan “pueden constituir vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.” Lo que necesariamente lleva a desestimar la alegación en comento.

OCTAVO: Que en cuanto al fondo, de los dichos de los intervinientes ante estrados y en sus respectivas presentaciones, es incuestionable que discrepan respecto a la época o fecha hasta la cual se extendió la relación laboral existente entre la señora nombre reservado y la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes. Como consecuencia de ello, si a dicha data, la trabajadora tenía -en carácter de indubitado-, el derecho a percibir el subsidio por incapacidad laboral acorde a las licencias médicas que motivan esta acción.

NOVENO: Que ciertamente, dichos asuntos requieren ser ventilados y, en definitiva, determinados en un procedimiento contradictorio, de lato conocimiento, en el que los interesados expongan lo pertinente a sus respectivos derechos e intereses y rindan la prueba atingente a aquello. Cuestión que nítidamente excede la competencia de esta Corte a través de la acción de protección entablada.

DÉCIMO: Que por consiguiente, habiéndose concluido en lo que antecede que ésta no es la vía para determinar la procedencia del subsidio por incapacidad laboral de la recurrente con motivo de las licencias médicas señaladas en el libelo recursivo, lleva necesariamente a rechazar el recurso de protección deducido.

En mérito de lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, SE DECLARA:

I.- QUE SE RECHAZA la excepción de extemporaneidad opuesta por la Superintendencia de Seguridad Social.

II. QUE SE RECHAZA la alegación de improcedencia planteada por la Superintendencia de Seguridad Social, y III. QUE SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Anótese, regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Redactada por la Ministro María Soledad Espina Otero.

Rol 4129-2025 Protección.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los Ministros señora María Soledad Espina Otero y señor Carlos Hidalgo Herrera y abogado integrante señor Juan Francisco Reyes Taha, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo, por encontrarse ausente.