nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES

San Miguel, veinte de febrero de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece el abogado Camilo González Delgado, quien interpone recurso de protección en favor de don nombre reservado, empleado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, corporación de derecho privado, sin fines de lucro, representada legalmente por don nombre reservado, en su calidad de Gerente General, ambos domiciliados en domicilio reservado, en razón del acto ilegal y arbitrario que vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 n°24 de la Carta Fundamental, al realizarle un descuento de $143.311 de sus remuneraciones del mes de noviembre del año pasado.

Informa que en el año 2016 su representado con la recurrida contrajeron un mutuo de dinero denominado “crédito social”, el cual debía pagarse en cuotas, pero transcurridos unos meses, perdió su trabajo y única fuente de ingresos, incurriendo en mora por el mutuo referido; señala que intentó regularizar la situación, pero la única opción que le ofrecieron fue “repactar la deuda” con todo el incremento artificial que eso conlleva y lo que lo dejaría en una situación financiera crítica; que la recurrida interpuso una demanda ejecutiva el 12 de junio de 2018, causa rol C-17467-2018 del 10° Juzgado Civil de Santiago, presentándose una excepción de prescripción extintiva la que se encuentra declarada, haciendo presente que al ser un juicio ejecutivo, no existe la oportunidad procesal para alegar la ilegalidad que aquí reclama, siendo esta la vía idónea para ello.

Expone que, no obstante lo anterior, y para la sorpresa de su representado, en la liquidación de sueldo del mes de noviembre del año 2023, se realizó un descuento de $143.311 solicitada por la recurrida pese a existir un juicio pendiente, por lo cual el recurrente pidió explicaciones de por qué se había realizado el descuento y como se determinó el monto, no recibiendo explicaciones o el porqué.

Sostiene que el actuar de la recurrida es un acto arbitrario, antojadizo y caprichoso e ilegal, tanto en la retención ordenada al empleador del recurrente como en la determinación del monto, constituyendo una autotutela, haciendo mal uso de los preceptos legales que regulan su funcionamiento, ya que si bien el artículo 22 de la Ley 18.833 faculta a las Cajas de Compensación a efectuar los denominados “descuentos por planilla” directamente de la remuneración de los trabajadores afiliados, esta facultad debe estar sujeta a la Constitución y las leyes; y porque al demandar y aplicar la cláusula de aceleración, decidió el cobro total de lo adeudado vía judicial, pero en forma paralela obtiene un pago parcelado y mensual semejante y superior a un pago en cuotas, además de estar cobrando una deuda que estaría prescrita.

Pide se declare como arbitrario e ilegal lo realizado por la recurrente, ordenándose que la recurrida deberá abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de sus remuneraciones; reembolsar los montos que indebidamente pudiesen ser descontados en un plazo de 5 días hábiles o el que S.S. determine con costas.

Segundo: Que evacúa informe doña Inés Riquelme Arao, abogada en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicitando su rechazó.

Señala que con fecha 30 de noviembre 2016 se le otorgó al señor nombre reservado, la operación de crédito código N° 03614516746, por un capital inicial de $5.089.329 a una tasa de Interés de 2.2%, pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota mensual de $157.731, cuyo primer vencimiento correspondía el 31 de enero 2017; que las cuotas de los meses de enero a septiembre de 2017, se pagaron con fecha 8 de febrero al 10 de agosto 2017; que la cuota del mes de octubre 2017 n° 10, fue abonada con fecha 21 de diciembre 2023 por la suma de $143.311; que a la fecha del informe la operación de crédito se encuentra en cobranza judicial, manteniendo en mora las cuotas de los meses de octubre 2017 a diciembre 2021 n° 10 a la n° 60.

Explica que no existe actuación ilegal o arbitraria por que los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley n° 18.833 que establece que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Indica que se encuentra efectuado el cobro de una deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita judicialmente, y para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, requiere que sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible, no siendo la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción la acción de protección, no pudiendo la parte recurrente pretender evadir el pago sus obligaciones a través del ejercicio de una acción constitucional, en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

Expresa que sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, Caja Los Andes ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente y dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros.

Pide el rechazo de la acción de protección incoada por cuanto ha perdido oportunidad toda vez que su representada ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución solicitados.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario –producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Asimismo esta acción de cautela de derechos constitucionales, constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

Cuarto: Que, atendido el informe de la recurrida, allanándose a la eliminación del cobro de las cuotas o descuento del crédito que motiva esta acción y a la restitución de lo cobrado indebidamente, resulta que no existe, en la actualidad, el hecho que se denuncia como vulneratorio, de modo que, y teniendo en consideración que el objetivo del recurso deducido es el restablecimiento de los derechos afectados, es evidente que no existe medida alguna que esta Corte pueda adoptar en los términos establecidos en la Carta Fundamental, por lo que en estas condiciones el recurso no puede prosperar, al haber perdido oportunidad; en consecuencia, se omitirá pronunciamiento respecto de las demás alegaciones planteadas en la tramitación de esta causa, En mérito de lo expuesto y, vistos, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Lo resuelto es sin perjuicio que la recurrida deberá informar a esta Corte sobre lo señalado en su informe en cuanto a eliminar el descuento y el reembolso de lo cobrado indebidamente en el plazo de 30 días. Ofíciese.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol 4120-2023 Protección