nombre reservado con AFP MODELO S.A.

San Miguel, veintisiete de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., fundado en el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales en calidad de trabajadora extranjera, al amparo de la Ley N° 18.156.

Expone que el 27 de diciembre de 2025 solicitó ante AFP Modelo mediante el portal web respectivo, la devolución de sus fondos previsionales, petición que fue rechazada por correo electrónico de 2 de enero de 2026. Señala que la administradora fundó su negativa en que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no constituía un certificado válido, por no encontrarse firmado, apostillado o legalizado y por no señalar suficientemente las prestaciones cubiertas. Alega, sin embargo, que sí dio íntegro cumplimiento a los requisitos del artículo 1° de la Ley N°18.156, toda vez que se encuentra afiliada al sistema previsional venezolano y manifestó expresamente en el anexo de su contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación.

Sostiene que la decisión de AFP Modelo constituye una interpretación excesivamente formalista y restrictiva de la Ley N°18.156, al incorporar exigencias no previstas expresamente por el legislador. Afirma que la constancia electrónica acompañada permite verificar directamente, a través del portal oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, tanto su afiliación como las contingencias cubiertas, y que incluso el propio rechazo de la administradora reconoce implícitamente la existencia de tal afiliación al cuestionar únicamente su vigencia formal. Añade que la documentación fue posteriormente validada ante la embajada de Venezuela en Chile y legalizada y apostillada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que no existe fundamento fáctico ni jurídico suficiente para descartarla.

Refiere además que exigir formalidades adicionales imposibles o excesivas, en el contexto de la ausencia de representación diplomática efectiva y de las dificultades institucionales del país de origen, vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y de propiedad sobre sus fondos previsionales, al impedirle disponer de ahorros que le pertenecen.

Solicita que se acoja el recurso, se declare ilegal y arbitrario el rechazo de 2 de enero de 2026, se tenga por válida la documentación acompañada y se ordene a la recurrida efectuar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho dentro de un plazo de 5 días y proceder a la devolución de los fondos previsionales solicitados o dentro del plazo que esta Corte determine.

Segundo: Que, al evacuar informe, Rodrigo Montero Atria, abogado en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicita el rechazo íntegro del recurso de protección deducido por nombre reservado, con costas.

Expone que la recurrente presentó el 29 de diciembre de 2025 una solicitud de devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156, por las cotizaciones enteradas por su empleador RECAUDADORA STUDIO 3000 S.A. durante el período comprendido entre octubre de 2022 y abril de 2025. Señala que, para sustentar su petición, acompañó, entre otros antecedentes, su título profesional, una constancia electrónica de cotizaciones, una constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de fecha 7 de diciembre de 2022, y el contrato de trabajo con su respectivo anexo. Añade que AFP Modelo analizó tales documentos conforme a la Ley N° 18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, concluyendo que la solicitud debía ser rechazada.

Sostiene que no se acreditó el cumplimiento del requisito esencial previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, esto es, que la trabajadora se encontrara afiliada a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgara prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Explica que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” acompañada no constituye un certificado de afiliación idóneo, pues no individualiza específicamente las coberturas efectivas de la solicitante, no se encuentra firmada por su emisor y tampoco aparece debidamente apostillada o legalizada. Añade que, además, el documento emitido por la autoridad previsional venezolana carecía de vigencia suficiente para acreditar cobertura durante toda la relación laboral en Chile.

Agrega que tampoco se satisfizo el requisito contemplado en la letra b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, relativo a que el trabajador exprese en el contrato de trabajo su voluntad de mantener su afiliación al sistema previsional extranjero. Indica que, si bien el anexo contractual acompañado contiene cláusulas en que la recurrente declara poseer un título profesional extranjero y encontrarse afiliada a un sistema de previsión en Venezuela, también autoriza expresamente al empleador para efectuar descuentos previsionales y tributarios en Chile, lo que genera una manifestación de voluntad contradictoria y equívoca.

Afirma que su actuar no ha sido arbitrario ni ilegal, pues se limitó a aplicar estrictamente un régimen excepcional de devolución de fondos previsionales, cuyos requisitos son copulativos y de interpretación restrictiva. Señala que las Administradoras de Fondos de Pensiones se encuentran sujetas a la supervigilancia y fiscalización de la Superintendencia de Pensiones, la cual posee facultades legales para interpretar administrativamente la normativa del sistema con carácter obligatorio. Añade que, en consecuencia, AFP Modelo debía ceñirse al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, a los oficios interpretativos emanados de dicho órgano y a las exigencias de legalización o apostilla establecidas en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Tercero: Que, por último, la Superintendencia de Pensiones expone que revisado su sistema de gestión documental no consta reclamo alguno interpuesto por nombre reservado respecto de los hechos que motivan la presente acción, por lo que no obran en su poder antecedentes administrativos previos vinculados a la controversia. No obstante ello, señala que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales reguladas en la Ley N° 18.156 constituyen un régimen excepcional, aplicable sólo a trabajadores técnicos o profesionales extranjeros que acrediten copulativamente los requisitos del artículo 1° de dicho cuerpo legal.

En relación con los antecedentes específicos acompañados por la recurrente, informa que ésta presentó una constancia de cotizaciones emitida por la Embajada de Venezuela el 7 de diciembre de 2022 y legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile el 31 de marzo de 2023, además de dos constancias electrónicas de cotizaciones de fechas 10 de noviembre de 2025 y 28 de enero de 2026. Señala que, en principio, el certificado de afiliación emitido por la Embajada de Venezuela podría servir para acreditar el requisito de cobertura previsional sólo respecto del lapso comprendido entre el 21 de octubre y el 30 de noviembre de 2022, que es el período de vigencia del contrato de trabajo acompañado. Sin embargo, advierte que en ese contrato no consta declaración alguna de voluntad de la recurrente de mantenerse adscrita al sistema previsional venezolano, y que dicha voluntad sólo aparece en un anexo cuya fecha de suscripción es incierta, pues sólo indica “21 de julio” sin señalar año, figurando con autorización notarial recién de 21 de marzo de 2024, esto es, con posterioridad al término de la relación laboral. Por ello concluye que no existe certeza suficiente de que la trabajadora hubiese manifestado oportunamente tal voluntad durante la vigencia del vínculo laboral.

Agrega que las constancias electrónicas emanadas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales tampoco son idóneas para acreditar la cobertura previsional exigida por la ley, porque se refieren a períodos posteriores al término de la prestación de servicios, no están firmadas por quien las emite, no se encuentran apostilladas ni legalizadas, y además no individualizan de manera específica las coberturas efectivas de la recurrente ni el período concreto durante el cual habría estado protegida, limitándose a describir en forma genérica las coberturas del sistema previsional venezolano.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley-o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que el asunto que se somete al conocimiento de esta Corte, de conformidad con lo que se denuncia en la acción constitucional intentada, dice relación con el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales de la recurrente.

Séptimo: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

A su vez, el artículo 7 de la Ley N°18.156, establece que los trabajadores extranjeros que registre cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.

Octavo: Que, en relación con la afirmación de la recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto.

En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Noveno: Que conforme lo expresado, se concluye que la documentación aportada, consistente en una Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no tiene firma ni apostilla, no cumpliendo con las exigencias legales establecidas. Además, cabe tener presente que la situación del país de origen de la recurrente no exime a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales.

De lo expuesto, se sigue que no se verifica en la especie los requisitos previstos en la ley para el retiro de fondos previsionales en la forma solicitada.

Décimo: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por el recurrente.

Por otra parte, los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consisten en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias. En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria. Por el contrario, el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, sin que se advierta afectación alguna de derechos fundamentales que pueda ser amparada por esta vía, motivos por los cuales la presente acción constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°411-2026 Protección