nombre reservado con AFP UNO S.A.

San Miguel, cuatro de marzo de dos mil veintiséis Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, Pablo Peñaloza Parra, abogado, deduce acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, venezolana, domiciliada en domicilio reservado, en contra de la Administradora de Pensiones Uno S.A. (AFP UNO), representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, con motivo del acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en rechazar su solicitud de restitución de fondos para extranjero, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Refiere que su representada solicitó ante la AFP UNO, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican.

Posteriormente, mediante correo electrónico de 16 de octubre de 2025, la administradora de fondos informó las razones de por qué la solicitud fue rechazada, consistente en que no se presentó certificado de afiliación del Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS) apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Invoca el artículo 1 en relación con el 7 de la Ley N°18.156, señalando que el recurrente ha dado cumplimiento íntegro a los requisitos establecidos en la ley. Afirma que la recurrida no indicó cuáles son los parámetros empleados para descartar el certificado de afiliación, incorporando requisitos que no están expresamente establecidos en la ley.

Dice que acompañó a su solicitud un certificado de afiliación, expedido por la autoridad venezolana competente, que puede ser verificado y consultado a través de un vínculo electrónico que inserta a su recurso.

Refiere que la conducta ilegal y arbitraria de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad de la recurrente, consagrados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Carta Fundamental, al realizar una interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado.

Pide que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable o el que la Corte estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, al tenor de lo solicitado, la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio Ordinario N°21021 de 6 de noviembre de 2025, informa que la recurrente no registra reclamo previo ante la Superintendencia respecto de los hechos que motivan la acción. Sin perjuicio de ello, refiere que la Ley N°18.156 es un régimen de excepción, de carácter restrictivo, aplicable solo a trabajadores extranjeros con calidad de técnicos o profesionales que cumplan copulativamente los requisitos señalados en su artículo 1°, esto es: (a) estar afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y (b) manifestar en el contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación.

Precisa que, según jurisprudencia administrativa de la Superintendencia, la cobertura de salud exigida debe ser integral e incluir prestaciones médicas y pecuniarias, debiendo acreditarse mediante certificación oficial emitida por la autoridad previsional competente del país de origen, debidamente legalizada o apostillada. Asimismo, indica que la afiliación debe existir antes del inicio de la relación laboral en Chile, y la voluntad de mantenerse en ella debe constar expresamente en el contrato o en un anexo.

Agrega que no resultan suficientes documentos genéricos sobre coberturas previsionales, cartolas de cotizaciones ni declaraciones juradas del propio afiliado, exigiéndose un certificado específico que acredite la cobertura completa por los riesgos señalados. Añade que incluso se ha aceptado, para estos efectos, la certificación emitida por la embajada o consulado respectivo en representación de la autoridad previsional del país de origen.

En consecuencia, informa que las AFP solo pueden acceder a solicitudes de devolución de fondos previsionales cuando los trabajadores extranjeros acrediten debidamente los requisitos legales y reglamentarios antes mencionados, reiterando que se trata de un régimen excepcional y de interpretación estricta.

Tercero: Que informa la recurrida, Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., solicitando el rechazo del recurso.

Explica que el 5 de septiembre pasado, la recurrente inició su trámite de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, en conformidad a la Ley N°18.516, respecto de los empleadores “SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL Y METALES SPA”, y “ESMAX RED LTDA”. Refiere que, posteriormente, se le informó el rechazo del ingreso indicando que el certificado de afiliación al sistema no cumple los criterios de aceptación para su solicitud.

Afirma que en materia laboral y previsional, rige en Chile, por regla general, el principio de territorialidad, esto es, que a los trabajadores que se desempeñen en Chile, se le aplican las leyes laborales y previsionales del país, salvo dos excepciones, una de ellas consistente en que el trabajador quede exento de cotizar, o bien en caso de haber enterado cotizaciones, puedan efectuar el retiro de los fondos previsionales acumulados, siempre que dé cumplimiento a las exigencias establecidas en la Ley N°18.156, sobre exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros.

Señala que, para aplicar dicha norma de excepción, los trabajadores extranjeros deben reunir las siguientes condiciones: (i) detentar la calidad de técnicos; (ii) encontrarse afiliados a un régimen previsional o seguridad social fuera de Chile, exigencia que debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte; (iii) en el contrato respectivo, el trabajador debe manifestar expresamente su voluntad de mantener su afiliación al sistema de seguridad social.

Menciona el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y añade que mediante el Oficio Reservado N°2966 de 3 de agosto de 2023, la División de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores informó a la Superintendencia de Pensiones una serie consideraciones. De conformidad a dicha normativa, los trabajadores extranjeros efectivamente pueden estar exentos de la obligación de cotizar en Chile, siempre que se encuentren actualmente afiliados a un régimen previsional o seguridad social fuera de Chile que les otorgue prestaciones en materias de enfermedad, invalidez, vejez o muerte, aunque el documento que acredite tal calidad, se encuentre debidamente legalizado y apostillado.

Sostiene que en ningún caso ha obstaculizado el ejercicio de derechos por parte de la recurrente, ni ha efectuado una interpretación antojadiza, restrictiva y/o formalista del marco normativo aplicable. Por el contrario, ha actuado conforme a las disposiciones legales vigentes.

Refiere específicamente a la situación de Venezuela, señalando que, si bien es efectivo que actualmente no existe representación diplomática venezolana acreditada ante el Gobierno de Chile, lo anterior no exime del cumplimiento de los requisitos de legalización establecidos en la ley. La ausencia de relaciones diplomáticas entre ambos países, es una circunstancia de hecho que no habilita a prescindir de una exigencia legal expresa.

Por tanto, afirma que la actuación de la AFP se ha ajustado estrictamente a la normativa vigente.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Sexto: Que, en este caso, la cuestión en debate es si la recurrente ha acreditado efectivamente su afiliación al régimen previsional de su país de origen.

Para ello, acompañó una “Constancia electrónica de cotizaciones” con vigencia hasta el 31 de octubre de 2025, sin que se encuentre debidamente apostillado.

Séptimo: Que conforme lo expresado, el documento no cumple con las exigencias contenidas en la Ley N°18.156 ni el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, sin que la situación del país de origen de la recurrente pueda eximir a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales.

Séptimo: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente.

Por otra parte, los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consisten en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias.

En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria. Por el contrario, el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, sin que se advierta afectación alguna de derechos fundamentales que pueda ser amparada por esta vía.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., sin perjuicio de su derecho a solicitarlo nuevamente con la documentación que corresponda.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-4103-2025