nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

San Miguel, cuatro de marzo dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, a favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, e interpone recurso de protección en contra de la AFP Plan Vital S.A., por el acto ilegal y arbitrario del 29 de septiembre de 2025, consistente en el rechazo del retiro de fondos para extranjero, lo que infringe las garantías de los numerales 2, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho que expone.

Refiere que mediante el portal web correspondiente, solicitó a la recurrida, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, lo que fue contestado mediante correo electrónico del 29 de septiembre de 2025, que informó que se rechazó su solicitud, debido a que no acompañó certificado o constancia de afiliación válida, vigente y susceptible de validación, que logre acreditar que la recurrente se encuentra afiliada a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile.

Asevera que pese a cumplir con los requisitos legales para acceder a la devolución de los fondos, en la especie, los artículos 1° y 7 de la ley 18.156, la recurrida no accedió a lo requerido, debido a la interpretación formalista de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador, esto es, que el trabajador técnico o profesional extranjero pueda disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen.

En este estado de cosas, pide que la AFP recurrida proceda a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Segundo: Que informa al tenor del recurso la AFP recurrida, expresando que el 23 de septiembre de 2025, el actor realizó una solicitud de devolución de fondos previsionales de conformidad a la ley N°18.156.

Sin embargo, la documentación presentada, especialmente, los documentos denominados “constancia electrónica de cotizaciones” y “declaración bajo fe de juramento”, no permite tener por cumplido el requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, referido a la acreditación de cobertura previsional en el extranjero, lo que motivó el rechazo de la solicitud, lo que fue oportunamente informado al recurrente por comunicación del 29 de septiembre del año 2025.

En cuanto a la “constancia electrónica de cotizaciones” señala que conforme a lo indicado en el Oficio Ordinario N° 12.954, emitido con fecha 15 de julio de 2025 por la Superintendencia de Pensiones, que responde a una consulta realizada por distintas administradoras de fondos, indicando que para cumplir con el requisito de la letra a) del artículo 1° de la ley 18.156, el trabajador debe acreditar mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país de origen, que efectivamente contó con cobertura por todos los riesgos exigidos, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, y que dicha certificación debe venir legalizada o apostillada, según las normas del Convenio de la Haya y el Código de Procedimiento Civil. El oficio en cuestión agrega que la constancia electrónica y declaraciones juradas, no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero las certificaciones electrónicas mientras no hayan sido legalizadas o apostilladas ni contengan mención específica de los riesgos cubiertos. Asimismo, señala que las declaraciones juradas del afiliado, incluso si están notariadas o apostilladas, no tienen valor probatorio suficiente para efectos previsionales, ya que, no emanan de la autoridad previsional competente del país de origen.

En esa línea, agrega que la Ley 18.156 es una norma de excepción y por tanto debe ser interpretada de forma restrictiva, aplicándose solo en el supuesto de que se cumplan todas las exigencias copulativas que establece, esto es, el cumplimiento de todos los requisitos copulativos exigidos por la Ley 18.156 y el Compendio de normas de la Superintendencia de Pensiones que son tres: a) Que detenten la calidad de "técnicos", a lo menos. b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y c) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

En mérito de lo anterior, asegura que no ha existido ningún acto u omisión arbitrario, ni menos aún alguna vulneración a las garantías establecidas en el artículo 19 N°2 y N°24 de las Constitución Política de la República, toda vez que se ha seguido lo indicado por la Ley y los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones en la revisión de la solicitud y de los antecedentes.

Por todo lo señalado, pide en definitiva, el rechazo de la acción interpuesta, con costas.

Tercero: Que, informó la Superintendencia de Pensiones en los siguientes términos.

Expresa que la ley N°18.156, que establece beneficios de exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales, es un régimen de excepción sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que, además, den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de la ley N°18.156.

Conforme a lo anterior, el artículo 1° de la citada ley prescribe: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

Agrega que conforme al artículo 7° de la ley precitada “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por ello, la ley N°18.156 faculta a ciertos extranjeros para eximirse de la obligación de cotizar o para obtener la devolución de los fondos previsionales que hubieran enterado en una AFP, siempre y cuando acrediten el cumplimiento de todos los requisitos copulativos exigidos en el artículo 1° de ese cuerpo legal.

En este punto, refiere que la normativa aplicable a la materia que motiva la presente acción constitucional, establece que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales es un régimen de excepción sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que, además, den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, requisitos que no cumple la recurrente, toda vez que no acompañó a su solicitud los documentos necesarios para acceder a la devolución de fondos.

Por lo anterior, no cabe más que concluir, que, analizado el caso de autos, en conformidad a los antecedentes y a la normativa expuesta, no ha existido ningún acto arbitrario e ilegal, que pueda privar, amenazar o perturbar, algunas de las garantías de la recurrente.

Cuarto: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, uno o más de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, como se señala ut supra, el acto impugnado mediante la presente acción constitucional es la negativa de AFP Plan Vital de acceder a la petición de la actora -trabajadora extranjera- de devolverle los fondos previsionales que depositó en la referida AFP, comunicada mediante correo electrónico del 29 de septiembre de 2025.

Por consiguiente, el objeto de la presente controversia consiste en determinar si la referida negativa resulta arbitraria e ilegal.

De la comunicación recurrida se colige que el motivo del rechazo fue por no cumplir con lo dispuesto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156.

Sexto: Que, el artículo 1° de la Ley N° 18.156 dispone lo siguiente: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

A su vez, el artículo 7° del mismo cuerpo normativo, preceptúa: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Séptimo: Que, corresponde a la Superintendencia de Pensiones, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 7° del artículo 47 de la Ley N° 20.255, el numeral 3° del artículo 94 del D.L. N° 3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N° 101 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, interpretar administrativamente las normas del Sistema de Pensiones, razón por la cual y en ejercicio de dicha facultad, dicho organismo ha emitido una serie de disposiciones, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para la correcta aplicación de la Ley N°18.156. De esta manera, el órgano fiscalizador ha generado una jurisprudencia administrativa especialmente encaminada a uniformar criterios de exigencias en los casos en que la legislación concede beneficios de carácter excepcional a los trabajadores.

Conforme a lo indicado, el N° 1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Asimismo, mediante el Oficio N° 21.480 de la Superintendencia de Pensiones, de 20 de septiembre de 2017, la misma ha instruido: “[…] se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 […]”. En esta misma línea, ha indicado el Oficio N° 23208, de 15 de diciembre de 2023: “Ahora bien, el mencionado certificado de afiliación a un régimen de seguridad social en su país debe venir debidamente apostillado y si dicho documento es ratificado por la Oficina Consular de su país, deberá constar que el certificado ha sido extendido en representación de la autoridad competente de la seguridad social de ese país”.

Octavo: Que, las normas en cuestión deben ser interpretadas de manera restrictiva, por cuanto, la Ley N° 18.156 es de carácter excepcional y, como tal, debe aplicarse solo cuando se cumplen todos sus requisitos. Al efecto, la ley dispone que se otorgará el derecho de devolución de los fondos previsionales en la medida de que “a) el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte”.

Sin embargo, los documentos que fueron acompañados por el actor al impetrar el beneficio rechazado no tienen la aptitud para acreditar los requisitos del artículo 1° tantas veces referido.

Noveno: Que, de tal forma, no se advierte acto u omisión arbitrario o ilegal, por cuanto, la decisión adoptada por la recurrida se encuentra debidamente fundada en la normativa vigente, no existiendo un actuar caprichoso o antojadizo, ya que, la Superintendencia de Pensiones ha fijado una interpretación obligatoria para las AFP y en tal sentido, no puede apartarse de lo dispuesto por el ente fiscalizador sin incurrir en responsabilidad administrativa. Cabe considerar además que la recurrente no se encuentra imposibilitada de obtener la documentación legalizada que se le exige dado que, según se indica por la Excma. Corte Suprema en causa rol 54.247-2025 “… el trámite puede realizarse en las sedes consulares de países que mantienen relaciones con Venezuela, como Colombia o Perú, o a través del portal web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, presentando los documentos físicos a través de terceras personas.”

Décimo: Que, así las cosas, las exigencias formuladas por la recurrida, encuentran sustento en la ley, y en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, a cuya fiscalización se encuentra sujeta la Administradora recurrida, lo que descarta que su actuación se haya apartado de la legalidad vigente y haya vulnerado las garantías constitucionales invocadas como conculcadas, como sostiene la actora; de contrario, su decisión se ajusta al procedimiento fijado en la Ley N° 18.156, para atender solicitudes de la naturaleza como la efectuada por el recurrente, motivo bastante para desestimar el recurso de protección, que se examina, al no existir, en la práctica, actuación alguna que deba ser corregida por este medio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de AFP Plan Vital.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol 4102-2025 Protección