nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO

San Miguel, catorce de abril de dos mil veintiséis.

Al folio 13: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo, representada por su alcaldesa, por haber dictado los Decretos Alcaldicios Nº4192 y Nº4331, de 8 y 16 de octubre de 2025, respectivamente, mediante los cuales se dispuso su destitución del cargo e inhabilidad para ejercer funciones públicas por cinco años. Esta actuación la considera ilegal y arbitraria, ya que carece de motivación suficiente, desconoce el principio de proporcionalidad y desestima su trayectoria funcionaria, vulnerando con ello los derechos fundamentales consagrados en los artículos 19 Nº2, 9 y 16 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se dejen sin efecto aquéllos y se ordene su reincorporación.

Expone que se desempeñó por más de trece años como funcionaria de salud primaria en el CESFAM Dr. Julio Acuña Pinzón, sin anotaciones de demérito, y que en octubre de 2023 solicitó días compensatorios para un viaje familiar, los que inicialmente fueron autorizados y luego revocados de forma sobreviniente, generándole un cuadro ansioso que derivó en licencia médica. Señala que, durante el período de dicha licencia viajó fuera del país, hecho que posteriormente motivó el rechazo de la licencia en 2025 por incumplimiento de reposo, antecedente que fue utilizado por la Municipalidad para instruir un sumario administrativo y, finalmente, aplicar la sanción de destitución.

Indica que, el procedimiento disciplinario culminó con la dictación del Decreto Alcaldicio Nº4192 que acogió la vista fiscal e impuso la sanción máxima, la cual fue confirmada mediante el Decreto Nº4331 que rechazó su reposición, sin ponderar su irreprochable conducta anterior ni el contexto emocional del hecho. Alega que, la autoridad calificó automáticamente su conducta como infracción grave a la probidad administrativa, sin un análisis individualizado ni consideración de circunstancias atenuantes, infringiendo normas de la Ley Nº18.575 y Nº18.883.

Sostiene que, los actos impugnados vulneran su derecho a la protección de la salud al sancionar el uso de una licencia médica; su derecho a la libertad de trabajo al privarla de su empleo e impedirle ejercer funciones públicas; y su derecho a la igualdad ante la ley al no considerar su trayectoria ni circunstancias personales, configurándose una sanción desproporcionada y arbitraria.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declaren ilegales y arbitrarios los decretos impugnados, se deje sin efecto la destitución y la inhabilidad, y se disponga su reincorporación al cargo o a uno de similar naturaleza.

Para acreditar sus alegaciones, la parte recurrente incorpora al proceso los siguientes instrumentos: 1) carta dirigida a la alcaldesa de 16 de octubre de 2025; 2) solicitud de días compensatorios autorizada de octubre de 2023; 3) declaración en el proceso sumarial de 4 de junio de 2025; 4) resolución de sumario de 16 de octubre de 2025; 5) copias de notificaciones de 9 y 16 de octubre de 2025; y 6) pronunciamiento de rechazo de licencia médica de 26 de septiembre de 2025.

Segundo: Que informa al tenor del recurso Santiago nombre reservado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo. Solicita el rechazo íntegro del recurso de protección, con costas, sosteniendo que los Decretos Alcaldicios Nº4192, de 8 de octubre de 2025, y Nº4331, de 16 de octubre de 2025, fueron dictados conforme a derecho y dentro de un procedimiento disciplinario regular.

Expone que, la versión de los hechos sostenida por la recurrente no se ajusta a lo obrado en el expediente sumarial, pues el procedimiento se inició por Decreto Alcaldicio Nº2266, se recibió declaración de la funcionaria, se incorporó el certificado de viajes de la Policía de Investigaciones, se formularon cargos, se presentaron descargos y, finalmente, se evacuó vista fiscal que propuso la destitución. Señala que, el cargo formulado consistió en haber viajado al extranjero mientras se encontraba con licencia médica y reposo total, conducta que estima acreditada con el Oficio de la Contraloría General de la República, el certificado de movimientos migratorios, la licencia médica y los demás antecedentes del sumario.

Controvierte la alegación de falta de debido proceso, aduciendo que se observaron todas las etapas esenciales del sumario administrativo, con respeto a la bilateralidad, contradicción, derecho a defensa y oportunidad para rendir prueba. Alega que, tampoco existe ausencia de motivación, desde que el decreto sancionatorio se funda en el sumario, en los cargos y en la vista fiscal, remisión que estima suficiente conforme al criterio de la Contraloría General de la República. Argumenta que, la conducta atribuida a la funcionaria vulnera gravemente el principio de probidad administrativa previsto en los artículos 13 y 52 de la Ley Nº18.575, en relación con el artículo 58 letra g) de la Ley Nº18.883 y el artículo 21 del Decreto Supremo Nº3 de 1984 del Ministerio de Salud, por cuanto implicó incumplir el reposo total prescrito y desnaturalizar la finalidad de la licencia médica.

Refiere que, si bien se reconoció la irreprochable conducta anterior de la funcionaria, no se configuró colaboración eficaz con la investigación, pues su actuación se limitó al ejercicio de su defensa. Añade que, aun concurriendo una atenuante, ésta pierde influencia cuando se verifica una causal legal directa de destitución por falta grave a la probidad, según dictámenes del ente contralor, de modo que la sanción aplicada no vulnera el principio de proporcionalidad. Sostiene que, en consecuencia, tampoco se afectan los derechos a la salud, a la libertad de trabajo ni a la igualdad ante la ley, pues la destitución deriva de un procedimiento legalmente tramitado y la Municipalidad ha aplicado igual criterio sancionatorio a funcionarios que han incurrido en la misma conducta.

Invoca la presunción de legalidad, imperio y exigibilidad de los actos administrativos consagrada en el artículo 3 de la Ley Nº19.880, así como los artículos 6 y 7 de la Constitución, afirmando que correspondía a la recurrente desvirtuar dicha presunción, lo que no habría ocurrido en autos.

Por estas razones, solicita que se rechace el presente recurso, con expresa condena en costas.

Para acreditar sus alegaciones, la recurrida incorporó al proceso los siguientes instrumentos: 1) Decreto Alcaldicio Nº2266, de 23 de mayo de 2025, que instruye sumario administrativo; 2) Decreto Alcaldicio Nº4192, de 8 de octubre de 2025, que aplica sanción; y 3) Decreto Alcaldicio Nº4331, de 16 de octubre de 2025, que resuelve el recurso de reposición.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal —contrario a la ley— o arbitrario —producto del mero capricho de quienes incurren en él—, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que el artículo 8° de la Constitución Política exige a las autoridades y funcionarios públicos dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, debiendo observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Por su parte, el artículo 52 de la Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, consagra que el principio de probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. A su turno, el artículo 58 letra g) de la Ley Nº18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, impone a los funcionarios la obligación de observar estrictamente el principio de probidad administrativa, mientras que el artículo 123 del mismo cuerpo legal prescribe que la medida disciplinaria de destitución procederá cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente dicho principio.

Quinto: Que, en este caso, la sanción cuestionada fue adoptada en un procedimiento administrativo tramitado conforme a las normas legales que resultan aplicables, con respeto al derecho a defensa de la recurrente. En efecto, el procedimiento sumarial fue iniciado por Decreto Alcaldicio Nº2266, en el marco del cual se recibió declaración de la funcionaria, se incorporó el certificado de viajes de la Policía de Investigaciones de Chile, se formularon cargos, se presentaron descargos y se evacuó vista fiscal que propuso la destitución, quedando de manifiesto que la recurrente pudo exponer sus alegaciones en todas las etapas del sumario. Además, con posterioridad a la dictación del Decreto Alcaldicio Nº4192, la recurrente ejerció el recurso de reposición contemplado en la ley, siendo este resuelto mediante el Decreto Nº4331, que lo rechazó. En consecuencia, no se advierte vicio de ilegalidad alguna en la sustanciación del procedimiento disciplinario que justifique la intervención de esta sede cautelar.

Sexto: Que el hecho imputado —haber viajado al extranjero mientras se encontraba haciendo uso de una licencia médica con reposo total prescrito— fue reconocido por la propia recurrente, quien lo justificó invocando un complejo contexto personal y familiar. Sin embargo, tales argumentos no logran desvirtuar el hecho objetivo del incumplimiento del referido reposo, el cual fue utilizado para realizar un viaje internacional, conducta que quebranta la lealtad y honestidad exigibles a todo servidor público. En efecto, el uso del tiempo de reposo médico remunerado para fines ajenos al restablecimiento de la salud constituye una utilización desleal de un beneficio previsional financiado con recursos públicos, afectando el cumplimiento de los deberes funcionarios y la confianza institucional, configurándose de ese modo una infracción grave al principio de probidad administrativa en los términos exigidos por el artículo 123 de la Ley Nº18.883. Acreditada la ocurrencia de dicho hecho, la autoridad se encontraba en el imperativo legal de aplicar la sanción de destitución, sin que pueda aplicar otra medida correctiva ni analizar las circunstancias que eventualmente podrían aminorar la responsabilidad funcionaria, pues al estar asignada por la ley una sanción específica para las infracciones graves a la probidad, la jefatura está en el imperativo de disponerla. Por consiguiente, la alegación de falta de proporcionalidad de la sanción de destitución carece de sustento legal en el contexto de una infracción de esta naturaleza y entidad.

Séptimo: Que, en lo relativo a la supuesta ausencia de motivación, cabe señalar que el decreto sancionatorio se funda en el sumario administrativo instruido al efecto, en los cargos formulados y en la vista fiscal que propuso la destitución, remisión que resulta suficiente conforme a los criterios sostenidos por la Contraloría General de la República. La motivación del acto administrativo sancionatorio no exige una argumentación exhaustiva autónoma cuando el fundamento de la decisión se encuentra en el expediente sumarial que le sirve de base, del cual la recurrente tuvo pleno conocimiento y acceso durante toda la tramitación del procedimiento. No se advierte, por tanto, arbitrariedad en la fundamentación de los decretos impugnados; por el contrario, aparecen debidamente justificados.

Octavo: Que, de otro lado, es necesario consignar que la presente vía cautelar no está destinada a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones verificadas durante la tramitación de un sumario administrativo, ni a revisar la ponderación probatoria o la graduación de la sanción disciplinaria aplicada. El recurso de protección es una acción constitucional de naturaleza cautelar cuyo objeto es restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que amenacen, perturben o priven del legítimo ejercicio de derechos y/o garantías constitucionales, de modo que el control judicial que por esta vía se ejerce se limita a determinar si concurre una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, sin que resulte procedente sustituir el criterio de la autoridad administrativa ni revisar el mérito de sus decisiones disciplinarias. En este sentido, la infracción a la probidad administrativa que ha resultado acreditada obliga a la autoridad a imponer la sanción de destitución prevista en la ley, sin que resulte procedente que en esta instancia jurisdiccional se revise la ponderación de la medida si no aparece vicio de ilegalidad o falta de razonabilidad de la actuación.

Noveno: Que, atendido lo precedentemente expuesto, se hace innecesario analizar la afectación de algún derecho o garantía constitucional de la recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo.

Sin perjuicio de lo anterior, remítanse estos antecedentes al Ministerio Público para los efectos a que haya lugar, atentos a lo dispuesto en los artículos 470 N°8 del Código Penal y 175 letra b) del Código Procesal Penal.

La señora Secretaria de esta Corte velará por el íntegro y oportuno cumplimiento de lo antes decretado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°4086-2025 Protección