Protección contra Ilustre Municipalidad de La Pintana

En Santiago, a ocho de julio de dos mil diecinueve VISTOS Y TENIENDO PRESENTE PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, Presidente de la Federación Regional Metropolitana de Funcionarios Asistentes de la Educación R.A.F. N°93020050, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de La Pintana, representada legalmente por su alcaldesa doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal de haberle efectuado un descuento en su remuneración del mes de mayo último, lo que vulnera la garantía constitucional de la libertad de trabajo consagrada el articulo 19 N° 24 (sic) de la Constitución Política de la Republica.

Expone que el 17 de mayo del año en curso, al revisar el depósito correspondiente a su remuneración del mes de Mayo, notó baja sustancial en éste. Señala que fue afectado por un descuento de $273.945, sin que haya existido un aviso previo ni menos aún una autorización. Indica que, al averiguar el motivo de dicho descuento, se le informó que éste correspondía al concepto de BIENIOS, los cuales llevaba percibiendo por más de 25 años.

Alega que la situación planteada es completamente arbitraria e ilegal, ya que existen dictámenes de la Contraloría General de la Republica, en específico e dictamen número 93.999 del año 2015, además del artículo 58 del Código del Trabajo, que disponen que el empleador puede descontar de las remuneraciones de los trabajadores sumas o porcentajes determinados destinados a efectuar pago de cualquier naturaleza en la medida que hayan sido autorizados por escrito por el trabajador".

Finalmente solicita ordenar que se adopten de inmediato todas las providencias necesarias para restablecer el imperio de derecho.

SEGUNDO: Que, informando al tenor del recurso, el abogado Julio Villalobos Villarroel, en representación de la Municipalidad de La Pintana, alega, en primer término, que la acción ejercida no es la vía procesal idónea para conocer el asunto debatido. Previa reseña de la historia fidedigna de la Constitución, expresa que la jurisprudencia judicial ha señalado reiteradamente que asuntos que por su naturaleza son de lato conocimiento quedan al margen de la acción constitucional, por ser ajenos a la naturaleza del procedimiento. Señala que el recurso de protección fue establecido como un mecanismo de emergencia, rápido y eficaz frente a manifiestas violaciones o atropellos flagrantes de determinados derechos.

Luego, respecto de la garantía cuya vulneración se denuncia, expresa que lo señalado por el recurrente no dice relación con las alegaciones vertidas. Indica que, en todo caso, si la garantía realmente invocada corresponde al derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 número 24 de la Constitución, específicamente respecto a su propiedad en la remuneración, no existe derecho indubitado al pago de bienios a los no docentes. Sostiene que no existe una norma expresa que disponga su pago, si no que ha sido la Contraloría General de la República quien ha fijado a través de su jurisprudencia administrativa las directrices para su otorgamiento y mantención. Previa cita legal del artículo 420 del Código del Trabajo, indica que los tribunales laborales son quienes, a través de un juicio de lato conocimiento, deben determinar la procedencia del pago de los bienios demandados.

En cuanto a la supuesta ilegalidad y arbitrariedad en la que ha incurrido su representada, expone que la misma ha estado a los criterios establecidos por el propio dictamen invocado por el recurrente. Indica que, según el dictamen referido, resulta improcedente que las municipalidades, en los contratos laborales que celebren con los empleados regulados por el Código del Trabajo, estipulen una asignación de experiencia o análoga naturaleza. En efecto, expone que según el dictamen N° 93.999 “los servidores a que se refiere el aludido reglamento de mejoramiento económico, que satisfagan los requisitos enunciados en el antedicho dictamen N° 21.281, de 2009, complementado por su similar N° 21.751, de 2011, esto es, que hayan pactado la respectiva asignación de experiencia con anterioridad a fecha de emisión del primero de tales pronunciamientos tendrán derecho a continuar percibiendo el aquel beneficio”. Criterio que fue reiterado por el dictamen N° 23.537 de 2016.

Indica que de los documentos acompañados, el recurrente pretende hacer valer su supuesto derecho al pago de los bienios en el Memorándum N° 1303/194 de 6 de mayo de 1994, sin embargo, reitera que la Contraloría General de la República ha dispuesto que si tales derechos no se encontraban incorporados en términos formales y explícitos, ay sea a través de un Reglamento o en las cláusulas de los contratos de trabajo, los funcionarios tenían derecho a recibirlo sólo hasta el 23 de abril de 2009, en que se fijó el criterio a aplicar mediante el Dictamen N° 21.281. Alega que tampoco es posible entender que respecto de los bienios existió una clausula tacita incorporada a los contratos de trabajo.

Señala que el señor nombre reservado este ingreso al Municipio, el 08 de septiembre de 1988, para desempeñarse como camillero de ambulancia; luego se realizaron las siguientes modificaciones en su contrato:

- 07 de diciembre de 1988, se modifica su contrato de trabajo, pasando a ser este indefinido;

- 01 de abril de 1989 se modifica su contrato en el sentido de disminuir la Jornada ordinaria de trabajo de 48 a 40 horas y aumentando su remuneración en $5.000;

- 30 de junio de 1989 se modifica su contrato aumentando su renta bruta mensual a la suma de $33.000;

-06 de septiembre de 1989 se modifica su contrato aumentando su renta bruta mensual a la suma de $35.000;

-15 de septiembre de 1989 se modifica el contrato en el sentido de que el trabajador podrá percibir viáticos en las mismas condiciones y montos que los funcionarios de la Administración Municipal, cuando expresamente se autorice por Decreto Alcaldicio, asimilado, al grado 20 de la escala de sueldos municipal.

-01 de diciembre de 1989 se modifica el contrato aumentando la remuneración bruta mensual a la suma de $40.646;

-14 de noviembre de 1990 se modifica el contrato en el sentido de aumentar el Sueldo Base en un 25% pagándose por $50,807, y se modifica la asignación única, por concepto de Movilización y Colación aumentándose en un 25 %, quedando en $ 3.442 mensuales;

-30 de noviembre de 1990 se modifica el contrato aumentando el sueldo base a la suma de $65.003;

-29 de noviembre de 1991 se modifica el contrato en el sentido de aumentar el sueldo base a la suma de $76.704 y también la asignación de movilización y colación a la suma de $4.062;

- 01 de marzo de 1993 se modifica el contrato aumentando la renta bruta mensual a la suma de $120.089;

- 01 de agosto de 2001, mediante el cual se aumenta la renta a la suma de $ 310.390;

A su vez, en su carpeta funcionaria constan los siguientes decretos:

- Decreto Alcaldicio N° 1303/264 de fecha 04 de julio de 1995 en el que consta la modificación del contrato de trabajo respecto de la funciona nombrándose al señor nombre reservado como Encargado de Bodega e Inventario;

- Decreto Exento N° 1704/241/165 de abril de 1997, en el que se destina al recurrente desde el Departamento de Salud y Educación a la Dirección de Servicios Operativos Generales;

- Decreto Exento N° 1712/37/682 de fecha 31 de agosto de 1998, donde se autoriza al recurrente a asistir al curso de Administración de Bodegas y Almacenamiento;

- Decreto Alcaldicio N° 1303/456 de fecha 01 de agosto de 2001, mediante el cual se aprueba la modificación de contrato de fecha 01 de agosto de 2001, aumentando su remuneración a la suma de $ 310.390 pesos;

Indica finalmente que, de esta manera, de los antecedentes señalados se advierte que el recurrente no cumple con el requisito determinado por la Contraloría General de la Republica, esto es, que los Bienios se hayan incorporados formal y explícitamente en sus contratos, pidiendo conforme a lo informado, el rechazo del recurso en todas sus partes.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto ilegal o arbitrario -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- que impida, amague o perturbe ese ejercicio;

CUARTO: Que en la especie el recurrente ha acudido a sede jurisdiccional alegado que el 17 de mayo, su empleadora, le efectuó un descuento de sus remuneraciones, correspondiente al concepto de bienios, lo que afecta su garantía constitucional, consagrada en el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que por su parte la recurrida ha señalado que ese concepto no existe una norma expresa que disponga su pago, tampoco se encuentra válidamente incorporado en términos formales o explícitos, en su contrato de trabajo, o Reglamento Municipal, y tampoco el recurrente cumple con el requisito determinado por la Contraloría General de la República para su pago.

SEXTO: Que, conforme a lo anterior, puede advertirse la existencia de una controversia en cuanto a la procedencia del pago del bienio y sobre si se cumplen o no los requisitos para su pago, materia discutida que impide que el recurrente sea un titular de un derecho de carácter indubitado respecto del cual corresponda adoptar alguna medida.

En efecto, el recurso de protección de garantías constitucionales tiene por objeto proteger el legítimo ejercicio de derechos que estén indubitados, y no de aquellos que se encuentran en discusión o que constituyan una mera expectativa. De esta manera dicho conflicto no resulta susceptible de ser solucionado por la presente vía, pues excede el ámbito de este recurso, que es meramente cautelar, sumario, no contradictorio, y no un juicio declarativo de derechos.

SEPTIMO: Que, de acuerdo a lo razonado, el recurso de protección incoado no puede prosperar.

De conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se RECHAZA el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 12 por don nombre reservado, en contra de la I. Municipalidad de la Pintana.

Déjese copia autorizada del presente fallo en los autos ingreso corte N°4080-2019-PROT.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Rol N° 4081-2019- PROT.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel integrada por las ministros Sra. María Carolina Catepillan Lobos, Sra. Sylvia Pizarro Barahona y Sra. Carmen Gloria Escanilla Pérez.